Sentencia Social 170/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 344/2025 de 19 de diciembre del 2025

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del proceso de conflicto colectivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan únicamente en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.-El sindicato demandante considera que la empresa ha procedido a realizar de forma unilateral cambios relevantes en la estructura de las agencias financieras de la entidad de tal modo que se afecta tanto al sistema de remuneración variable y a los complementos funcionales del personal de las oficinas vinculadas a esas agencias y a la clasificación profesional y movilidad funcional por reclasificación de oficinas. Se afirma que tal medida, que afecta directamente a los resultados de las oficinas de referencia, al sistema de remuneración variable y a la clasificación de las oficinas, constituye una modificación sustancial de condiciones de trabajo adoptada fuera del procedimiento del artículo 41 ET y que ello vulnera el derecho de la demandante a la negociación colectiva por cuanto que no se le ha permitido desarrollar una negociación informada con relación a tales cambios.

Comencemos examinando si, a la vista de la prueba practicada, cabe apreciar o no la existencia de una modificación sustancial de condiciones de trabajo, como se afirma, con carácter principal en la demanda.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 41.2 ET, las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo podrán afectar a las condiciones reconocidas a los trabajadores en el contrato de trabajo, en acuerdos o pactos colectivos o disfrutadas por estos en virtud de una decisión unilateral del empresario de efectos colectivos. Entre las condiciones que tienen la consideración de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, entre otras, prevé el citado precepto el sistema de remuneración y cuantía salarial.

Según expresa la STS de 7-6-2023, rec. 201/2021, el art. 41 es aplicable cuando la condición de trabajo de que se trate esté reconocida con carácter consolidable y no sea de determinación periódica discrecional a cargo de la empresa, razón por la que la modificación sustancial requerirá la concurrencia de las razones que exige el apartado 1 de aquel precepto legal, lo que no es el caso cuando la propia retribución variable es de configuración discrecional y periódica por parte de la entidad empleadora, siendo que la alteración del sistema seria discrecional de la empresa si no se tratase de un sistema invariable o consolidable ( STS 26-3-2021, rcud. 3037/2018).

Pues bien, atendiendo a los hechos que han resultado acreditados, esta Sala no puede compartir la afirmación de nos encontremos ante una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Y ello por los siguientes motivos:

1º.- En primer lugar, consta que en la demandada, Unicaja Banco, han venido conviviendo, desde la fusión por absorción de Liberbank en agosto de 2021, dos tipos de agencias financieras. Las que seguían el sistema Liberbank, con autonomía contable; y las que ya existían en Unicaja Banco, que funcionaban vinculadas a determinadas oficinas de esa entidad, denominadas oficinas de soporte, contabilizando estas las operaciones de las agencias en sus propios balances y afectando a sus resultados. En cualquier caso, todas esas agencias reconocen ambas partes son empresas externas, que actúan como intermediarios en la comercialización de productos financieros de Unicaja Banco y que disponen de su propia normativa (Ley 12/1992, sobre el contrato de agencia; y RD 84/2015, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. Esto es, la decisión que ahora se reclama sea considerada como una modificación sustancial (dotar de independencia contable a la totalidad de las agencias, sin que sus resultados estuvieran vinculados a las de las oficinas de la red de Unicaja) ya era una práctica que se venía desarrollando en todas las agencias que seguían el sistema Liberbank.

2ª.- Se afirma en demanda que aquella decisión empresarial puede afectar a la retribución variable del personal de las oficinas de soporte. Tal afectación potencial, que se reconoce por todas las partes, no puede ser considerada, sin embargo, como una modificación sustancial. Y ello por cuanto el sistema de retribución variable implantado por la empresa permite ajustar los objetivos durante el ejercicio. Así se desprende de la página 11 del documento obrante al descritos nº 51. Esto es, no se modifica el sistema de incentivos sino que la unificación del sistema contable de las agencias pudiera afectar, potencialmente, a los resultados de ciertas oficinas (las denominadas de soporte), con lo que la afectación es sobre una expectativa a percibir la variable. Ahora bien, las condiciones de fijación de tal retribución no varían. No cabe hablar, por tanto, de una variación de carácter sustancial sino de una decisión empresarial tendente a unificar el tratamiento contable de las agencias sin afectación real del sistema implantado de retribución variable.

3ª.- También se afirma en la demanda que esa misma decisión empresarial afecta al sistema de clasificación de las oficinas, lo que también podría tener relevancia a los efectos clasificación profesional y retribuciones de los directores, subdirectores o gerentes de las oficinas de soporte. Dejando a un lado que el sistema de clasificación anual de oficinas no se varía, y sin perjuicio de lo que luego se señalará al respecto de las garantías adicionales implantadas por la empresa, lo cierto es que los complementos funcionales reconocidos a los directores, subdirectores o gerentes de la red de oficinas están vinculados al nivel de la oficina en la que prestan servicios (descriptor nº 7, página 9). Y, siendo ello, así, la mera afectación de la cuantía de tales complementos derivada de una reclasificación anual del nivel de la oficina conforme a los criterios aprobados por la empresa no puede ser considerada como una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Esto es, la eventual modificación de un complemento meramente funcional, motivado por la práctica unificadora que su cuestiona y sin afectación de las reglas de clasificación de la red de oficinas, no ha de imponer la necesidad de acudir al mecanismo del art.41 ET.

En conclusión, no cabe afirmar la nulidad de la práctica empresarial por incumplimiento de lo dispuesto en el art.41 ET y al no apreciarse una modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo.

CUARTO.-Pronunciamiento aparte requiere la pretensión relativa a la vulneración de derechos fundamentales en su vertiente de negociación colectiva, información y consulta. Como ya indicamos en la SAN de 28-10-2024, dictada en procedimiento de Tutela de Derechos Fundamentales 282/2024 relativo a la misma empresa:

"[...] El derecho a la negociación colectiva aparece configurado en el art. 2.2 d) de la LOLS como parte del contenido esencial del derecho a la libertad sindical. Hemos señalado en nuestra SAN de 16-2-2024 -autos 298/2023- que:

"1.- se vulnera el derecho a la libertad sindical cuando se priva a una organización sindical del derecho a participar en una negociación colectiva a la que se encuentra llamado - en este sentido cabe citar la SAN de 11-11-2.016 -proceso 270/2016 - en la que recordábamos que "la doctrina constitucional, por todas STCo. 73/1984 , 9/1986 , 39/1986 , 184/1991 y 213/1991 y la jurisprudencia social, por todas STS 11-11-2015, rec. 331/14 ; STS 18-05-2016, rec. 150/15 y STS 14-07-2016, rec. 270/15 han defendido que la exclusión de un sindicato, que ostente la representatividad exigible, de la negociación colectiva, entendiéndose como tal aquellas negociaciones, que afectan a las condiciones de trabajo de los trabajadores, constituye vulneración del derecho de libertad sindical en su vertiente funcional a la negociación colectiva, garantizados por los arts. 7 , 28.1 y 37.1 CE , así como en el art. 2.2.d LOLS ".

Por lo tanto, para que se vulnere el derecho a la negociación colectiva de una determinada organización sindical debe existir un previo deber de negociar por parte de aquel a quién se impute la vulneración del derecho fundamental.

En el presente caso debemos de tener en cuenta lo siguiente:

1º.- tras un proceso de negociación que trae causa del acuerdo de mediación alcanzado en el SIMA en fecha 27-2-2.023 la empresa demandada y las organizaciones demandadas alcanzan un acuerdo en fecha 27-12-2.023 de cuyo contenido se da cuenta en el HP 3º;

2º.- en el referido acuerdo se estipula: "Adicionalmente, y en relación con la remuneración asociada a (i) puestos de responsabilidad, (ii) los efectos derivados del Modelo de Distribución Objetivo y (iii) planes de carrera, las partes acuerdan lo siguiente:... En caso de que se produjera una modificación del Modelo de Distribución Objetivo que tuviera impacto en las condiciones aquí reguladas, la Empresa abrirá un proceso de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras con objeto de adecuar las condiciones pactadas a las modificaciones operadas en el Modelo";

3º.- en fecha 1 de marzo y posteriormente en fecha 28 de mayo rectificando lo anterior la empresa ha presentado ajustes en el modelo en los que recalca que no afectarán ni al modelo de carrera profesional ni a las retribuciones de los afectados, por lo que únicamente solicita informe.

Y en este estado de cosas, por parte de la organización sindical actora debería si quiera haberse aportado un indicio con arreglo al art. 181.2 de la LRJS de que tales ajustes con arreglo a lo estipulado en el acuerdo influirían en tales condiciones, lo cual no aparece si quiera referido de forma explícita en la demanda, en la que de forma difusa se hace referencia a diversas peticiones de información que en modo alguno acreditan, como se ha dicho, siquiera indiciariamente, que la empresa debiese dar apertura a un proceso de negociación.

Por otro lado, hemos de señalar que no habiéndose solicitado la tutela por vulneración del derecho a la información ex arts. 10 de la LOLS en relación con el art. 64 E.T, no procede valorar la pertinencia o impertinencia de las peticiones de información efectuadas, lo que nos ha de llevar a rechazar el pedimento principal de la demanda[...]".

Pues bien, en el presente caso tampoco cabe apreciar la vulneración de derechos fundamentales alegada en la demanda. Así, lo que consta acreditado es que el cambio en parte de las agencias financieras tendente a dotarlas de autonomía contable, no puede tener cabida en el pacto de negociación contenido en el punto 3.2 del Acuerdo colectivo de 27 de diciembre de 2023. Tal punto hace referencia a un cambio en el "modelo de distribución u organización de oficinas que contemplara la existencia de oficinas satélite, oficinas dependientes de otras o similar".En el presente supuesto, sin embargo, se impone un cambio que no afecta a la distribución de oficinas sino a las agencias financieras externas que, como hemos visto, tienen autonomía respecto de la red de oficinas de Unicaja Banco. Y tampoco consta en forma alguna que se haya variado el Modelo de Distribución Objetivo de los complementos funcionales antes referidos.

Lo que sí se ha probado es que la empresa ha venido informando a la RLPT de los cambios introducidos en el régimen contable de las agencias en las distintas reuniones de la Comisión de Relaciones Laborales, celebradas en fechas 29 de julio, 24 de septiembre y 7 de noviembre de 2025. Es más, en esta última reunión la empresa comunicó que la producción de las agencias se siguiera computando durante ese último trimestre a las oficinas de soporte, manteniéndose los objetivos de estas; y que a efectos de clasificación de oficinas las de soporte seguirían manteniendo los complementos que tienen en la actualidad.

Siendo ello así, y al no existir previa obligación de negociar, no cabe apreciar vulneración de la libertad sindical en su vertiente de negociación colectiva, información y consulta. La supuesta obligación de abrir un proceso de negociación en relación a la unificación en el tratamiento contable de las agencias financieras ni viene impuesta por el Acuerdo de 27 de diciembre de 2023 ni resulta de las materias recogidas en el artículo 64.5 ET. Este precepto, en su párrafo tercero, señala que: "El comité de empresa tendrá derecho a emitir informe, con carácter previo a la ejecución por parte del empresario de las decisiones adoptadas por este, sobre las siguientes cuestiones: ..f) La implantación y revisión de sistemas de organización y control del trabajo, estudios de tiempos, establecimiento de sistemas de primas e incentivos y valoración de puestos de trabajo",derecho éste que el art. 10.3 de la LOLS extiende a los Delgados Sindicales que no sean miembros del Comité de empresa, y que para hacerse efectivo requiere de una comunicación por parte del empleador. La Sala no aprecia, por ello, infracción de la obligación impuesta por dicho precepto o por los artículos 10.1.f) y 103 del Convenio de aplicación. Por ello, y a la vista de la información facilitada a la RLPT, la demanda debe ser rechazada también en este punto. Ello conlleva que, al no apreciarse vulneración alguna de los derechos fundamentales citados en demanda, tampoco proceda reconocer indemnización alguna por daños morales.

QUINTO.-La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del proceso de conflicto colectivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan únicamente en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.-El sindicato demandante considera que la empresa ha procedido a realizar de forma unilateral cambios relevantes en la estructura de las agencias financieras de la entidad de tal modo que se afecta tanto al sistema de remuneración variable y a los complementos funcionales del personal de las oficinas vinculadas a esas agencias y a la clasificación profesional y movilidad funcional por reclasificación de oficinas. Se afirma que tal medida, que afecta directamente a los resultados de las oficinas de referencia, al sistema de remuneración variable y a la clasificación de las oficinas, constituye una modificación sustancial de condiciones de trabajo adoptada fuera del procedimiento del artículo 41 ET y que ello vulnera el derecho de la demandante a la negociación colectiva por cuanto que no se le ha permitido desarrollar una negociación informada con relación a tales cambios.

Comencemos examinando si, a la vista de la prueba practicada, cabe apreciar o no la existencia de una modificación sustancial de condiciones de trabajo, como se afirma, con carácter principal en la demanda.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 41.2 ET, las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo podrán afectar a las condiciones reconocidas a los trabajadores en el contrato de trabajo, en acuerdos o pactos colectivos o disfrutadas por estos en virtud de una decisión unilateral del empresario de efectos colectivos. Entre las condiciones que tienen la consideración de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, entre otras, prevé el citado precepto el sistema de remuneración y cuantía salarial.

Según expresa la STS de 7-6-2023, rec. 201/2021, el art. 41 es aplicable cuando la condición de trabajo de que se trate esté reconocida con carácter consolidable y no sea de determinación periódica discrecional a cargo de la empresa, razón por la que la modificación sustancial requerirá la concurrencia de las razones que exige el apartado 1 de aquel precepto legal, lo que no es el caso cuando la propia retribución variable es de configuración discrecional y periódica por parte de la entidad empleadora, siendo que la alteración del sistema seria discrecional de la empresa si no se tratase de un sistema invariable o consolidable ( STS 26-3-2021, rcud. 3037/2018).

Pues bien, atendiendo a los hechos que han resultado acreditados, esta Sala no puede compartir la afirmación de nos encontremos ante una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Y ello por los siguientes motivos:

1º.- En primer lugar, consta que en la demandada, Unicaja Banco, han venido conviviendo, desde la fusión por absorción de Liberbank en agosto de 2021, dos tipos de agencias financieras. Las que seguían el sistema Liberbank, con autonomía contable; y las que ya existían en Unicaja Banco, que funcionaban vinculadas a determinadas oficinas de esa entidad, denominadas oficinas de soporte, contabilizando estas las operaciones de las agencias en sus propios balances y afectando a sus resultados. En cualquier caso, todas esas agencias reconocen ambas partes son empresas externas, que actúan como intermediarios en la comercialización de productos financieros de Unicaja Banco y que disponen de su propia normativa (Ley 12/1992, sobre el contrato de agencia; y RD 84/2015, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. Esto es, la decisión que ahora se reclama sea considerada como una modificación sustancial (dotar de independencia contable a la totalidad de las agencias, sin que sus resultados estuvieran vinculados a las de las oficinas de la red de Unicaja) ya era una práctica que se venía desarrollando en todas las agencias que seguían el sistema Liberbank.

2ª.- Se afirma en demanda que aquella decisión empresarial puede afectar a la retribución variable del personal de las oficinas de soporte. Tal afectación potencial, que se reconoce por todas las partes, no puede ser considerada, sin embargo, como una modificación sustancial. Y ello por cuanto el sistema de retribución variable implantado por la empresa permite ajustar los objetivos durante el ejercicio. Así se desprende de la página 11 del documento obrante al descritos nº 51. Esto es, no se modifica el sistema de incentivos sino que la unificación del sistema contable de las agencias pudiera afectar, potencialmente, a los resultados de ciertas oficinas (las denominadas de soporte), con lo que la afectación es sobre una expectativa a percibir la variable. Ahora bien, las condiciones de fijación de tal retribución no varían. No cabe hablar, por tanto, de una variación de carácter sustancial sino de una decisión empresarial tendente a unificar el tratamiento contable de las agencias sin afectación real del sistema implantado de retribución variable.

3ª.- También se afirma en la demanda que esa misma decisión empresarial afecta al sistema de clasificación de las oficinas, lo que también podría tener relevancia a los efectos clasificación profesional y retribuciones de los directores, subdirectores o gerentes de las oficinas de soporte. Dejando a un lado que el sistema de clasificación anual de oficinas no se varía, y sin perjuicio de lo que luego se señalará al respecto de las garantías adicionales implantadas por la empresa, lo cierto es que los complementos funcionales reconocidos a los directores, subdirectores o gerentes de la red de oficinas están vinculados al nivel de la oficina en la que prestan servicios (descriptor nº 7, página 9). Y, siendo ello, así, la mera afectación de la cuantía de tales complementos derivada de una reclasificación anual del nivel de la oficina conforme a los criterios aprobados por la empresa no puede ser considerada como una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Esto es, la eventual modificación de un complemento meramente funcional, motivado por la práctica unificadora que su cuestiona y sin afectación de las reglas de clasificación de la red de oficinas, no ha de imponer la necesidad de acudir al mecanismo del art.41 ET.

En conclusión, no cabe afirmar la nulidad de la práctica empresarial por incumplimiento de lo dispuesto en el art.41 ET y al no apreciarse una modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo.

CUARTO.-Pronunciamiento aparte requiere la pretensión relativa a la vulneración de derechos fundamentales en su vertiente de negociación colectiva, información y consulta. Como ya indicamos en la SAN de 28-10-2024, dictada en procedimiento de Tutela de Derechos Fundamentales 282/2024 relativo a la misma empresa:

"[...] El derecho a la negociación colectiva aparece configurado en el art. 2.2 d) de la LOLS como parte del contenido esencial del derecho a la libertad sindical. Hemos señalado en nuestra SAN de 16-2-2024 -autos 298/2023- que:

"1.- se vulnera el derecho a la libertad sindical cuando se priva a una organización sindical del derecho a participar en una negociación colectiva a la que se encuentra llamado - en este sentido cabe citar la SAN de 11-11-2.016 -proceso 270/2016 - en la que recordábamos que "la doctrina constitucional, por todas STCo. 73/1984 , 9/1986 , 39/1986 , 184/1991 y 213/1991 y la jurisprudencia social, por todas STS 11-11-2015, rec. 331/14 ; STS 18-05-2016, rec. 150/15 y STS 14-07-2016, rec. 270/15 han defendido que la exclusión de un sindicato, que ostente la representatividad exigible, de la negociación colectiva, entendiéndose como tal aquellas negociaciones, que afectan a las condiciones de trabajo de los trabajadores, constituye vulneración del derecho de libertad sindical en su vertiente funcional a la negociación colectiva, garantizados por los arts. 7 , 28.1 y 37.1 CE , así como en el art. 2.2.d LOLS ".

Por lo tanto, para que se vulnere el derecho a la negociación colectiva de una determinada organización sindical debe existir un previo deber de negociar por parte de aquel a quién se impute la vulneración del derecho fundamental.

En el presente caso debemos de tener en cuenta lo siguiente:

1º.- tras un proceso de negociación que trae causa del acuerdo de mediación alcanzado en el SIMA en fecha 27-2-2.023 la empresa demandada y las organizaciones demandadas alcanzan un acuerdo en fecha 27-12-2.023 de cuyo contenido se da cuenta en el HP 3º;

2º.- en el referido acuerdo se estipula: "Adicionalmente, y en relación con la remuneración asociada a (i) puestos de responsabilidad, (ii) los efectos derivados del Modelo de Distribución Objetivo y (iii) planes de carrera, las partes acuerdan lo siguiente:... En caso de que se produjera una modificación del Modelo de Distribución Objetivo que tuviera impacto en las condiciones aquí reguladas, la Empresa abrirá un proceso de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras con objeto de adecuar las condiciones pactadas a las modificaciones operadas en el Modelo";

3º.- en fecha 1 de marzo y posteriormente en fecha 28 de mayo rectificando lo anterior la empresa ha presentado ajustes en el modelo en los que recalca que no afectarán ni al modelo de carrera profesional ni a las retribuciones de los afectados, por lo que únicamente solicita informe.

Y en este estado de cosas, por parte de la organización sindical actora debería si quiera haberse aportado un indicio con arreglo al art. 181.2 de la LRJS de que tales ajustes con arreglo a lo estipulado en el acuerdo influirían en tales condiciones, lo cual no aparece si quiera referido de forma explícita en la demanda, en la que de forma difusa se hace referencia a diversas peticiones de información que en modo alguno acreditan, como se ha dicho, siquiera indiciariamente, que la empresa debiese dar apertura a un proceso de negociación.

Por otro lado, hemos de señalar que no habiéndose solicitado la tutela por vulneración del derecho a la información ex arts. 10 de la LOLS en relación con el art. 64 E.T, no procede valorar la pertinencia o impertinencia de las peticiones de información efectuadas, lo que nos ha de llevar a rechazar el pedimento principal de la demanda[...]".

Pues bien, en el presente caso tampoco cabe apreciar la vulneración de derechos fundamentales alegada en la demanda. Así, lo que consta acreditado es que el cambio en parte de las agencias financieras tendente a dotarlas de autonomía contable, no puede tener cabida en el pacto de negociación contenido en el punto 3.2 del Acuerdo colectivo de 27 de diciembre de 2023. Tal punto hace referencia a un cambio en el "modelo de distribución u organización de oficinas que contemplara la existencia de oficinas satélite, oficinas dependientes de otras o similar".En el presente supuesto, sin embargo, se impone un cambio que no afecta a la distribución de oficinas sino a las agencias financieras externas que, como hemos visto, tienen autonomía respecto de la red de oficinas de Unicaja Banco. Y tampoco consta en forma alguna que se haya variado el Modelo de Distribución Objetivo de los complementos funcionales antes referidos.

Lo que sí se ha probado es que la empresa ha venido informando a la RLPT de los cambios introducidos en el régimen contable de las agencias en las distintas reuniones de la Comisión de Relaciones Laborales, celebradas en fechas 29 de julio, 24 de septiembre y 7 de noviembre de 2025. Es más, en esta última reunión la empresa comunicó que la producción de las agencias se siguiera computando durante ese último trimestre a las oficinas de soporte, manteniéndose los objetivos de estas; y que a efectos de clasificación de oficinas las de soporte seguirían manteniendo los complementos que tienen en la actualidad.

Siendo ello así, y al no existir previa obligación de negociar, no cabe apreciar vulneración de la libertad sindical en su vertiente de negociación colectiva, información y consulta. La supuesta obligación de abrir un proceso de negociación en relación a la unificación en el tratamiento contable de las agencias financieras ni viene impuesta por el Acuerdo de 27 de diciembre de 2023 ni resulta de las materias recogidas en el artículo 64.5 ET. Este precepto, en su párrafo tercero, señala que: "El comité de empresa tendrá derecho a emitir informe, con carácter previo a la ejecución por parte del empresario de las decisiones adoptadas por este, sobre las siguientes cuestiones: ..f) La implantación y revisión de sistemas de organización y control del trabajo, estudios de tiempos, establecimiento de sistemas de primas e incentivos y valoración de puestos de trabajo",derecho éste que el art. 10.3 de la LOLS extiende a los Delgados Sindicales que no sean miembros del Comité de empresa, y que para hacerse efectivo requiere de una comunicación por parte del empleador. La Sala no aprecia, por ello, infracción de la obligación impuesta por dicho precepto o por los artículos 10.1.f) y 103 del Convenio de aplicación. Por ello, y a la vista de la información facilitada a la RLPT, la demanda debe ser rechazada también en este punto. Ello conlleva que, al no apreciarse vulneración alguna de los derechos fundamentales citados en demanda, tampoco proceda reconocer indemnización alguna por daños morales.

QUINTO.-La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del proceso de conflicto colectivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan únicamente en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.-El sindicato demandante considera que la empresa ha procedido a realizar de forma unilateral cambios relevantes en la estructura de las agencias financieras de la entidad de tal modo que se afecta tanto al sistema de remuneración variable y a los complementos funcionales del personal de las oficinas vinculadas a esas agencias y a la clasificación profesional y movilidad funcional por reclasificación de oficinas. Se afirma que tal medida, que afecta directamente a los resultados de las oficinas de referencia, al sistema de remuneración variable y a la clasificación de las oficinas, constituye una modificación sustancial de condiciones de trabajo adoptada fuera del procedimiento del artículo 41 ET y que ello vulnera el derecho de la demandante a la negociación colectiva por cuanto que no se le ha permitido desarrollar una negociación informada con relación a tales cambios.

Comencemos examinando si, a la vista de la prueba practicada, cabe apreciar o no la existencia de una modificación sustancial de condiciones de trabajo, como se afirma, con carácter principal en la demanda.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 41.2 ET, las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo podrán afectar a las condiciones reconocidas a los trabajadores en el contrato de trabajo, en acuerdos o pactos colectivos o disfrutadas por estos en virtud de una decisión unilateral del empresario de efectos colectivos. Entre las condiciones que tienen la consideración de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, entre otras, prevé el citado precepto el sistema de remuneración y cuantía salarial.

Según expresa la STS de 7-6-2023, rec. 201/2021, el art. 41 es aplicable cuando la condición de trabajo de que se trate esté reconocida con carácter consolidable y no sea de determinación periódica discrecional a cargo de la empresa, razón por la que la modificación sustancial requerirá la concurrencia de las razones que exige el apartado 1 de aquel precepto legal, lo que no es el caso cuando la propia retribución variable es de configuración discrecional y periódica por parte de la entidad empleadora, siendo que la alteración del sistema seria discrecional de la empresa si no se tratase de un sistema invariable o consolidable ( STS 26-3-2021, rcud. 3037/2018).

Pues bien, atendiendo a los hechos que han resultado acreditados, esta Sala no puede compartir la afirmación de nos encontremos ante una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Y ello por los siguientes motivos:

1º.- En primer lugar, consta que en la demandada, Unicaja Banco, han venido conviviendo, desde la fusión por absorción de Liberbank en agosto de 2021, dos tipos de agencias financieras. Las que seguían el sistema Liberbank, con autonomía contable; y las que ya existían en Unicaja Banco, que funcionaban vinculadas a determinadas oficinas de esa entidad, denominadas oficinas de soporte, contabilizando estas las operaciones de las agencias en sus propios balances y afectando a sus resultados. En cualquier caso, todas esas agencias reconocen ambas partes son empresas externas, que actúan como intermediarios en la comercialización de productos financieros de Unicaja Banco y que disponen de su propia normativa (Ley 12/1992, sobre el contrato de agencia; y RD 84/2015, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. Esto es, la decisión que ahora se reclama sea considerada como una modificación sustancial (dotar de independencia contable a la totalidad de las agencias, sin que sus resultados estuvieran vinculados a las de las oficinas de la red de Unicaja) ya era una práctica que se venía desarrollando en todas las agencias que seguían el sistema Liberbank.

2ª.- Se afirma en demanda que aquella decisión empresarial puede afectar a la retribución variable del personal de las oficinas de soporte. Tal afectación potencial, que se reconoce por todas las partes, no puede ser considerada, sin embargo, como una modificación sustancial. Y ello por cuanto el sistema de retribución variable implantado por la empresa permite ajustar los objetivos durante el ejercicio. Así se desprende de la página 11 del documento obrante al descritos nº 51. Esto es, no se modifica el sistema de incentivos sino que la unificación del sistema contable de las agencias pudiera afectar, potencialmente, a los resultados de ciertas oficinas (las denominadas de soporte), con lo que la afectación es sobre una expectativa a percibir la variable. Ahora bien, las condiciones de fijación de tal retribución no varían. No cabe hablar, por tanto, de una variación de carácter sustancial sino de una decisión empresarial tendente a unificar el tratamiento contable de las agencias sin afectación real del sistema implantado de retribución variable.

3ª.- También se afirma en la demanda que esa misma decisión empresarial afecta al sistema de clasificación de las oficinas, lo que también podría tener relevancia a los efectos clasificación profesional y retribuciones de los directores, subdirectores o gerentes de las oficinas de soporte. Dejando a un lado que el sistema de clasificación anual de oficinas no se varía, y sin perjuicio de lo que luego se señalará al respecto de las garantías adicionales implantadas por la empresa, lo cierto es que los complementos funcionales reconocidos a los directores, subdirectores o gerentes de la red de oficinas están vinculados al nivel de la oficina en la que prestan servicios (descriptor nº 7, página 9). Y, siendo ello, así, la mera afectación de la cuantía de tales complementos derivada de una reclasificación anual del nivel de la oficina conforme a los criterios aprobados por la empresa no puede ser considerada como una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Esto es, la eventual modificación de un complemento meramente funcional, motivado por la práctica unificadora que su cuestiona y sin afectación de las reglas de clasificación de la red de oficinas, no ha de imponer la necesidad de acudir al mecanismo del art.41 ET.

En conclusión, no cabe afirmar la nulidad de la práctica empresarial por incumplimiento de lo dispuesto en el art.41 ET y al no apreciarse una modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo.

CUARTO.-Pronunciamiento aparte requiere la pretensión relativa a la vulneración de derechos fundamentales en su vertiente de negociación colectiva, información y consulta. Como ya indicamos en la SAN de 28-10-2024, dictada en procedimiento de Tutela de Derechos Fundamentales 282/2024 relativo a la misma empresa:

"[...] El derecho a la negociación colectiva aparece configurado en el art. 2.2 d) de la LOLS como parte del contenido esencial del derecho a la libertad sindical. Hemos señalado en nuestra SAN de 16-2-2024 -autos 298/2023- que:

"1.- se vulnera el derecho a la libertad sindical cuando se priva a una organización sindical del derecho a participar en una negociación colectiva a la que se encuentra llamado - en este sentido cabe citar la SAN de 11-11-2.016 -proceso 270/2016 - en la que recordábamos que "la doctrina constitucional, por todas STCo. 73/1984 , 9/1986 , 39/1986 , 184/1991 y 213/1991 y la jurisprudencia social, por todas STS 11-11-2015, rec. 331/14 ; STS 18-05-2016, rec. 150/15 y STS 14-07-2016, rec. 270/15 han defendido que la exclusión de un sindicato, que ostente la representatividad exigible, de la negociación colectiva, entendiéndose como tal aquellas negociaciones, que afectan a las condiciones de trabajo de los trabajadores, constituye vulneración del derecho de libertad sindical en su vertiente funcional a la negociación colectiva, garantizados por los arts. 7 , 28.1 y 37.1 CE , así como en el art. 2.2.d LOLS ".

Por lo tanto, para que se vulnere el derecho a la negociación colectiva de una determinada organización sindical debe existir un previo deber de negociar por parte de aquel a quién se impute la vulneración del derecho fundamental.

En el presente caso debemos de tener en cuenta lo siguiente:

1º.- tras un proceso de negociación que trae causa del acuerdo de mediación alcanzado en el SIMA en fecha 27-2-2.023 la empresa demandada y las organizaciones demandadas alcanzan un acuerdo en fecha 27-12-2.023 de cuyo contenido se da cuenta en el HP 3º;

2º.- en el referido acuerdo se estipula: "Adicionalmente, y en relación con la remuneración asociada a (i) puestos de responsabilidad, (ii) los efectos derivados del Modelo de Distribución Objetivo y (iii) planes de carrera, las partes acuerdan lo siguiente:... En caso de que se produjera una modificación del Modelo de Distribución Objetivo que tuviera impacto en las condiciones aquí reguladas, la Empresa abrirá un proceso de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras con objeto de adecuar las condiciones pactadas a las modificaciones operadas en el Modelo";

3º.- en fecha 1 de marzo y posteriormente en fecha 28 de mayo rectificando lo anterior la empresa ha presentado ajustes en el modelo en los que recalca que no afectarán ni al modelo de carrera profesional ni a las retribuciones de los afectados, por lo que únicamente solicita informe.

Y en este estado de cosas, por parte de la organización sindical actora debería si quiera haberse aportado un indicio con arreglo al art. 181.2 de la LRJS de que tales ajustes con arreglo a lo estipulado en el acuerdo influirían en tales condiciones, lo cual no aparece si quiera referido de forma explícita en la demanda, en la que de forma difusa se hace referencia a diversas peticiones de información que en modo alguno acreditan, como se ha dicho, siquiera indiciariamente, que la empresa debiese dar apertura a un proceso de negociación.

Por otro lado, hemos de señalar que no habiéndose solicitado la tutela por vulneración del derecho a la información ex arts. 10 de la LOLS en relación con el art. 64 E.T, no procede valorar la pertinencia o impertinencia de las peticiones de información efectuadas, lo que nos ha de llevar a rechazar el pedimento principal de la demanda[...]".

Pues bien, en el presente caso tampoco cabe apreciar la vulneración de derechos fundamentales alegada en la demanda. Así, lo que consta acreditado es que el cambio en parte de las agencias financieras tendente a dotarlas de autonomía contable, no puede tener cabida en el pacto de negociación contenido en el punto 3.2 del Acuerdo colectivo de 27 de diciembre de 2023. Tal punto hace referencia a un cambio en el "modelo de distribución u organización de oficinas que contemplara la existencia de oficinas satélite, oficinas dependientes de otras o similar".En el presente supuesto, sin embargo, se impone un cambio que no afecta a la distribución de oficinas sino a las agencias financieras externas que, como hemos visto, tienen autonomía respecto de la red de oficinas de Unicaja Banco. Y tampoco consta en forma alguna que se haya variado el Modelo de Distribución Objetivo de los complementos funcionales antes referidos.

Lo que sí se ha probado es que la empresa ha venido informando a la RLPT de los cambios introducidos en el régimen contable de las agencias en las distintas reuniones de la Comisión de Relaciones Laborales, celebradas en fechas 29 de julio, 24 de septiembre y 7 de noviembre de 2025. Es más, en esta última reunión la empresa comunicó que la producción de las agencias se siguiera computando durante ese último trimestre a las oficinas de soporte, manteniéndose los objetivos de estas; y que a efectos de clasificación de oficinas las de soporte seguirían manteniendo los complementos que tienen en la actualidad.

Siendo ello así, y al no existir previa obligación de negociar, no cabe apreciar vulneración de la libertad sindical en su vertiente de negociación colectiva, información y consulta. La supuesta obligación de abrir un proceso de negociación en relación a la unificación en el tratamiento contable de las agencias financieras ni viene impuesta por el Acuerdo de 27 de diciembre de 2023 ni resulta de las materias recogidas en el artículo 64.5 ET. Este precepto, en su párrafo tercero, señala que: "El comité de empresa tendrá derecho a emitir informe, con carácter previo a la ejecución por parte del empresario de las decisiones adoptadas por este, sobre las siguientes cuestiones: ..f) La implantación y revisión de sistemas de organización y control del trabajo, estudios de tiempos, establecimiento de sistemas de primas e incentivos y valoración de puestos de trabajo",derecho éste que el art. 10.3 de la LOLS extiende a los Delgados Sindicales que no sean miembros del Comité de empresa, y que para hacerse efectivo requiere de una comunicación por parte del empleador. La Sala no aprecia, por ello, infracción de la obligación impuesta por dicho precepto o por los artículos 10.1.f) y 103 del Convenio de aplicación. Por ello, y a la vista de la información facilitada a la RLPT, la demanda debe ser rechazada también en este punto. Ello conlleva que, al no apreciarse vulneración alguna de los derechos fundamentales citados en demanda, tampoco proceda reconocer indemnización alguna por daños morales.

QUINTO.-La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del proceso de conflicto colectivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan únicamente en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.-El sindicato demandante considera que la empresa ha procedido a realizar de forma unilateral cambios relevantes en la estructura de las agencias financieras de la entidad de tal modo que se afecta tanto al sistema de remuneración variable y a los complementos funcionales del personal de las oficinas vinculadas a esas agencias y a la clasificación profesional y movilidad funcional por reclasificación de oficinas. Se afirma que tal medida, que afecta directamente a los resultados de las oficinas de referencia, al sistema de remuneración variable y a la clasificación de las oficinas, constituye una modificación sustancial de condiciones de trabajo adoptada fuera del procedimiento del artículo 41 ET y que ello vulnera el derecho de la demandante a la negociación colectiva por cuanto que no se le ha permitido desarrollar una negociación informada con relación a tales cambios.

Comencemos examinando si, a la vista de la prueba practicada, cabe apreciar o no la existencia de una modificación sustancial de condiciones de trabajo, como se afirma, con carácter principal en la demanda.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 41.2 ET, las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo podrán afectar a las condiciones reconocidas a los trabajadores en el contrato de trabajo, en acuerdos o pactos colectivos o disfrutadas por estos en virtud de una decisión unilateral del empresario de efectos colectivos. Entre las condiciones que tienen la consideración de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, entre otras, prevé el citado precepto el sistema de remuneración y cuantía salarial.

Según expresa la STS de 7-6-2023, rec. 201/2021, el art. 41 es aplicable cuando la condición de trabajo de que se trate esté reconocida con carácter consolidable y no sea de determinación periódica discrecional a cargo de la empresa, razón por la que la modificación sustancial requerirá la concurrencia de las razones que exige el apartado 1 de aquel precepto legal, lo que no es el caso cuando la propia retribución variable es de configuración discrecional y periódica por parte de la entidad empleadora, siendo que la alteración del sistema seria discrecional de la empresa si no se tratase de un sistema invariable o consolidable ( STS 26-3-2021, rcud. 3037/2018).

Pues bien, atendiendo a los hechos que han resultado acreditados, esta Sala no puede compartir la afirmación de nos encontremos ante una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Y ello por los siguientes motivos:

1º.- En primer lugar, consta que en la demandada, Unicaja Banco, han venido conviviendo, desde la fusión por absorción de Liberbank en agosto de 2021, dos tipos de agencias financieras. Las que seguían el sistema Liberbank, con autonomía contable; y las que ya existían en Unicaja Banco, que funcionaban vinculadas a determinadas oficinas de esa entidad, denominadas oficinas de soporte, contabilizando estas las operaciones de las agencias en sus propios balances y afectando a sus resultados. En cualquier caso, todas esas agencias reconocen ambas partes son empresas externas, que actúan como intermediarios en la comercialización de productos financieros de Unicaja Banco y que disponen de su propia normativa (Ley 12/1992, sobre el contrato de agencia; y RD 84/2015, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. Esto es, la decisión que ahora se reclama sea considerada como una modificación sustancial (dotar de independencia contable a la totalidad de las agencias, sin que sus resultados estuvieran vinculados a las de las oficinas de la red de Unicaja) ya era una práctica que se venía desarrollando en todas las agencias que seguían el sistema Liberbank.

2ª.- Se afirma en demanda que aquella decisión empresarial puede afectar a la retribución variable del personal de las oficinas de soporte. Tal afectación potencial, que se reconoce por todas las partes, no puede ser considerada, sin embargo, como una modificación sustancial. Y ello por cuanto el sistema de retribución variable implantado por la empresa permite ajustar los objetivos durante el ejercicio. Así se desprende de la página 11 del documento obrante al descritos nº 51. Esto es, no se modifica el sistema de incentivos sino que la unificación del sistema contable de las agencias pudiera afectar, potencialmente, a los resultados de ciertas oficinas (las denominadas de soporte), con lo que la afectación es sobre una expectativa a percibir la variable. Ahora bien, las condiciones de fijación de tal retribución no varían. No cabe hablar, por tanto, de una variación de carácter sustancial sino de una decisión empresarial tendente a unificar el tratamiento contable de las agencias sin afectación real del sistema implantado de retribución variable.

3ª.- También se afirma en la demanda que esa misma decisión empresarial afecta al sistema de clasificación de las oficinas, lo que también podría tener relevancia a los efectos clasificación profesional y retribuciones de los directores, subdirectores o gerentes de las oficinas de soporte. Dejando a un lado que el sistema de clasificación anual de oficinas no se varía, y sin perjuicio de lo que luego se señalará al respecto de las garantías adicionales implantadas por la empresa, lo cierto es que los complementos funcionales reconocidos a los directores, subdirectores o gerentes de la red de oficinas están vinculados al nivel de la oficina en la que prestan servicios (descriptor nº 7, página 9). Y, siendo ello, así, la mera afectación de la cuantía de tales complementos derivada de una reclasificación anual del nivel de la oficina conforme a los criterios aprobados por la empresa no puede ser considerada como una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Esto es, la eventual modificación de un complemento meramente funcional, motivado por la práctica unificadora que su cuestiona y sin afectación de las reglas de clasificación de la red de oficinas, no ha de imponer la necesidad de acudir al mecanismo del art.41 ET.

En conclusión, no cabe afirmar la nulidad de la práctica empresarial por incumplimiento de lo dispuesto en el art.41 ET y al no apreciarse una modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo.

CUARTO.-Pronunciamiento aparte requiere la pretensión relativa a la vulneración de derechos fundamentales en su vertiente de negociación colectiva, información y consulta. Como ya indicamos en la SAN de 28-10-2024, dictada en procedimiento de Tutela de Derechos Fundamentales 282/2024 relativo a la misma empresa:

"[...] El derecho a la negociación colectiva aparece configurado en el art. 2.2 d) de la LOLS como parte del contenido esencial del derecho a la libertad sindical. Hemos señalado en nuestra SAN de 16-2-2024 -autos 298/2023- que:

"1.- se vulnera el derecho a la libertad sindical cuando se priva a una organización sindical del derecho a participar en una negociación colectiva a la que se encuentra llamado - en este sentido cabe citar la SAN de 11-11-2.016 -proceso 270/2016 - en la que recordábamos que "la doctrina constitucional, por todas STCo. 73/1984 , 9/1986 , 39/1986 , 184/1991 y 213/1991 y la jurisprudencia social, por todas STS 11-11-2015, rec. 331/14 ; STS 18-05-2016, rec. 150/15 y STS 14-07-2016, rec. 270/15 han defendido que la exclusión de un sindicato, que ostente la representatividad exigible, de la negociación colectiva, entendiéndose como tal aquellas negociaciones, que afectan a las condiciones de trabajo de los trabajadores, constituye vulneración del derecho de libertad sindical en su vertiente funcional a la negociación colectiva, garantizados por los arts. 7 , 28.1 y 37.1 CE , así como en el art. 2.2.d LOLS ".

Por lo tanto, para que se vulnere el derecho a la negociación colectiva de una determinada organización sindical debe existir un previo deber de negociar por parte de aquel a quién se impute la vulneración del derecho fundamental.

En el presente caso debemos de tener en cuenta lo siguiente:

1º.- tras un proceso de negociación que trae causa del acuerdo de mediación alcanzado en el SIMA en fecha 27-2-2.023 la empresa demandada y las organizaciones demandadas alcanzan un acuerdo en fecha 27-12-2.023 de cuyo contenido se da cuenta en el HP 3º;

2º.- en el referido acuerdo se estipula: "Adicionalmente, y en relación con la remuneración asociada a (i) puestos de responsabilidad, (ii) los efectos derivados del Modelo de Distribución Objetivo y (iii) planes de carrera, las partes acuerdan lo siguiente:... En caso de que se produjera una modificación del Modelo de Distribución Objetivo que tuviera impacto en las condiciones aquí reguladas, la Empresa abrirá un proceso de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras con objeto de adecuar las condiciones pactadas a las modificaciones operadas en el Modelo";

3º.- en fecha 1 de marzo y posteriormente en fecha 28 de mayo rectificando lo anterior la empresa ha presentado ajustes en el modelo en los que recalca que no afectarán ni al modelo de carrera profesional ni a las retribuciones de los afectados, por lo que únicamente solicita informe.

Y en este estado de cosas, por parte de la organización sindical actora debería si quiera haberse aportado un indicio con arreglo al art. 181.2 de la LRJS de que tales ajustes con arreglo a lo estipulado en el acuerdo influirían en tales condiciones, lo cual no aparece si quiera referido de forma explícita en la demanda, en la que de forma difusa se hace referencia a diversas peticiones de información que en modo alguno acreditan, como se ha dicho, siquiera indiciariamente, que la empresa debiese dar apertura a un proceso de negociación.

Por otro lado, hemos de señalar que no habiéndose solicitado la tutela por vulneración del derecho a la información ex arts. 10 de la LOLS en relación con el art. 64 E.T, no procede valorar la pertinencia o impertinencia de las peticiones de información efectuadas, lo que nos ha de llevar a rechazar el pedimento principal de la demanda[...]".

Pues bien, en el presente caso tampoco cabe apreciar la vulneración de derechos fundamentales alegada en la demanda. Así, lo que consta acreditado es que el cambio en parte de las agencias financieras tendente a dotarlas de autonomía contable, no puede tener cabida en el pacto de negociación contenido en el punto 3.2 del Acuerdo colectivo de 27 de diciembre de 2023. Tal punto hace referencia a un cambio en el "modelo de distribución u organización de oficinas que contemplara la existencia de oficinas satélite, oficinas dependientes de otras o similar".En el presente supuesto, sin embargo, se impone un cambio que no afecta a la distribución de oficinas sino a las agencias financieras externas que, como hemos visto, tienen autonomía respecto de la red de oficinas de Unicaja Banco. Y tampoco consta en forma alguna que se haya variado el Modelo de Distribución Objetivo de los complementos funcionales antes referidos.

Lo que sí se ha probado es que la empresa ha venido informando a la RLPT de los cambios introducidos en el régimen contable de las agencias en las distintas reuniones de la Comisión de Relaciones Laborales, celebradas en fechas 29 de julio, 24 de septiembre y 7 de noviembre de 2025. Es más, en esta última reunión la empresa comunicó que la producción de las agencias se siguiera computando durante ese último trimestre a las oficinas de soporte, manteniéndose los objetivos de estas; y que a efectos de clasificación de oficinas las de soporte seguirían manteniendo los complementos que tienen en la actualidad.

Siendo ello así, y al no existir previa obligación de negociar, no cabe apreciar vulneración de la libertad sindical en su vertiente de negociación colectiva, información y consulta. La supuesta obligación de abrir un proceso de negociación en relación a la unificación en el tratamiento contable de las agencias financieras ni viene impuesta por el Acuerdo de 27 de diciembre de 2023 ni resulta de las materias recogidas en el artículo 64.5 ET. Este precepto, en su párrafo tercero, señala que: "El comité de empresa tendrá derecho a emitir informe, con carácter previo a la ejecución por parte del empresario de las decisiones adoptadas por este, sobre las siguientes cuestiones: ..f) La implantación y revisión de sistemas de organización y control del trabajo, estudios de tiempos, establecimiento de sistemas de primas e incentivos y valoración de puestos de trabajo",derecho éste que el art. 10.3 de la LOLS extiende a los Delgados Sindicales que no sean miembros del Comité de empresa, y que para hacerse efectivo requiere de una comunicación por parte del empleador. La Sala no aprecia, por ello, infracción de la obligación impuesta por dicho precepto o por los artículos 10.1.f) y 103 del Convenio de aplicación. Por ello, y a la vista de la información facilitada a la RLPT, la demanda debe ser rechazada también en este punto. Ello conlleva que, al no apreciarse vulneración alguna de los derechos fundamentales citados en demanda, tampoco proceda reconocer indemnización alguna por daños morales.

QUINTO.-La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto