Sentencia Social 57/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 396/2024 de 21 de abril del 2025

PRIMERO. -La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del proceso de conflicto colectivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO. -De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en hechos no controvertidos o pacíficos y en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO. -Se interpone demanda de conflicto colectivo por la Asociación Fondo Social de la Plantilla Grifols frente a la empresa Grifols S.A en relación al incumplimiento del acuerdo alcanzado el 30-1-2024 por el que la citada empresa, realiza una aportación anual al Fondo de Ayuda Social y Fondo de Gestión Sindical. Aportación que sería actualizada anualmente d acuerdo con las variaciones de las plantillas de las empresas adheridas al Fondo. Según expresa la asociación demandante, la empresa ha venido realizando las aportaciones anuales sin facilitar documentación alguna que verifique las variaciones de plantilla y la corrección de las aportaciones. Y que por ello, se ha procedido a incumplir el acuerdo alcanzado, pues la empresa ha realizado aportaciones inferiores a las que verdaderamente correspondían. Y realizando una exposición de las plantillas de las empresas adheridas al acuerdo ya mencionado, realiza un cálculo de las aportaciones que debería haber realizado la empresa, reclamando a la misma un importe total de 31.408,84 euros, correspondientes a las anualidades 2021, 202 y 2023.

2.- Por parte de Grifols S.A se opusieron en el acto de juicio cuatro excepciones procesales: falta de competencia de la Audiencia Nacional, falta de legitimación activa de la asociación demandante, falta de legitimación pasiva de la empresa y prescripción de cantidades.

Comenzaremos a analizar las mismas a continuación:

a.- Se opuso en primer lugar la falta de competencia objetiva de la Audiencia Nacional pues el conflicto colectivo que se plantea no trasciende más allá de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Se sostiene por el Letrado de la parte demandada que no es cierto que el acuerdo de 30-1-2014 y las posteriores ampliaciones respecto a las empresas adheridas al mismo afecten a estas últimas en su totalidad, sino únicamente a los centros de trabajo que en dichos acuerdos se disponen y que están situados todos ellos en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Por su parte, la representación letrada del Fondo Social se opuso a la excepción alegando que se encuentran afectadas distintas empresas situadas en otras Comunidades Autónomas como Murcia y País Vasco, por lo que la misma debía ser desestimada.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 8.1 LRJS, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia, de los procesos sobre las cuestiones a que se refieren las letras f), g), h), j), k) y l) del artículo 2 cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma o tratándose de impugnación de laudos, de haber correspondido, en su caso, a esta Sala el conocimiento del asunto sometido a arbitraje

Hemos de indicar que la controversia parte de la reunión celebrada el 30-1-2014 en la que por la empresa y la RLT acordaron la creación de un Fondo Social, que se regiría en su funcionamiento por su reglamento interno y se gestionaría por la "Comisión del Fondo Social". En dicho acuerdo, se decía que dicho Fondo se aplicaría a cuatro empresas: IG, Biomat, Lab P11 y GH.

En tres reuniones posteriores del Fondo Social celebradas el 18-12-2014 (descriptor 13), 12-5-2015 (descriptor 14) y 26-10-2016 (descriptor 15) se produjo una adhesión a dicho fondo de otros centros: centros de trabajo del Polígono Levante; Laboratorio Grifols P9, Grifols International P12, Diagnostic Grifols y Grifols P4 y Movaco P10.

Esta Sala tiene serias dudas sobre su competencia para conocer de la demanda interpuesta, pero ocurre que si bien el letrado de la parte demandada sostuvo que los centros de trabajo a los que se extendió el acuerdo estaban situados en la Comunidad Autónoma de Cataluña, más allá de dicha afirmación, no existe una prueba cierta de la misma, negando la demandante que se trate de centros de trabajo como sostiene la demandada y afirmando que son empresas. Consideramos que es más que probable que el conflicto instado no extienda sus efectos más allá de la citada Comunidad, máxime cuando de los propios estatutos de la Asociación demandante se desprende expresamente que las funciones ejercidas por aquélla solo se realizarán en la Comunidad Autónoma de Cataluña, pero dado que no tenemos una prueba cierta sobre los extremos alegados por la demandada que influyen directamente en la competencia de la Sala para entrar a resolver, se ha de desestimar la primera de las excepciones opuestas.

b.- Distinta suerte ha de correr la excepción de falta de legitimación activa. Alegó el letrado de la empresa que la asociación demandante no es una asociación empresarial, y aun acogiéndose un criterio más amplio como el expresado en las Sentencias de la Sala Cuarta de 17-2-2005 y 19-6-2000, se tendría de estar en condiciones de acreditar que es una asociación que representa los intereses de todos los trabajadores. La asociación no tiene entre sus asociados al conjunto de los trabajadores, sino un sector limitado de los trabajadores de dichas empresas. La demandada se opuso a la excepción invocando los arts. 2 y 3 de sus estatutos, estando inscrita la misma en el Registro de Asociaciones de Barcelona.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 154 a y b) LRJS, estarán legitimados para promover procesos sobre conflictos colectivos, los sindicatos cuyo ámbito de actuación se corresponda o sea más amplio que el del conflicto y las asociaciones empresariales cuyo ámbito de actuación se corresponda o sea más amplio que el del conflicto, siempre que se trate de conflictos de ámbito superior a la empresa.

Conforme a doctrina constitucional expresada en STC de 12-1-2009, rec. 4264/2007, "el procedimiento de conflicto colectivo no es hoy sino el modo específico en que se garantiza la tutela judicial efectiva en aquellos supuestos en que la controversia es asumida por la colectividad de los afectados y planteada a través de instrumentos colectivos" ( STC 74/1983, de 30 de julio , FJ 1). Mas aún, según recordamos en la STC 3/1994, de 17 de enero , FJ 4, el proceso de conflicto colectivo, nacido en una etapa histórica de desconocimiento de la autonomía colectiva, ha cambiado profundamente de significado tras la consagración constitucional de las bases de un sistema democrático de relaciones laborales (especialmente, arts. 7 , 28 y 37 CE ), habiendo pasado, de mecanismo de sustitución y exclusión de la autonomía colectiva, a ser ahora un instrumento de ésta, en cuanto las partes pueden requerir del Juez una solución a un conflicto que no han podido zanjar por sí mismas. Por ello, afirmamos allí que existe ahora "una conexión estructural con la autonomía colectiva que modula el significado del proceso, que no puede ser captado adecuadamente sino desde esta perspectiva".

Hemos de estimar la falta de legitimación activa de la asociación demandante y ello por los siguientes motivos:

I.- En primer término, por cuanto que no ostenta la condición de "asociación empresarial". Véase que el régimen de constitución de dichas asociaciones se rige por lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, mientras que los Estatutos de la asociación demandante indican que su constitución se ampara tanto en el Código Civil de Cataluña como en la Ley Orgánica 1/2022, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación.

Las asociaciones empresariales, entre cuyos fines se encuentran los propiamente laborales que las identifican, trascienden en su actividad a un ámbito que no puede identificarse con el ejercido con las asociaciones civiles, siendo que el propio art. 1 de la LO 1/2022 prevé que se regirán por su legislación específica entre otros, los sindicatos y asociaciones empresariales.

II.- En segundo lugar, se ha de tener en cuenta que la propia constitución de la Asociación del Fondo Social de la plantilla de Grifols descarta igualmente su condición de asociación empresarial. Véase que en la reunión celebrada el 30-1-2014, el acuerdo entre la empresa y la RLT versó sobre la creación del Fondo Social. Pero la creación de la Asociación de dicho Fondo, se llevó a cabo posteriormente por la propia RLT, estando constituida por los miembros de la misma que se asociaran a aquélla, siendo que la toma de decisiones se realiza por sus miembros. Es decir, que mal puede conceptuarse a la asociación demandante como "asociación empresarial" cuando ha sido creada por los miembros de la representación social presentes en la empresa, siendo incompatible la identificación de ambos colectivos (empresarios-sindicatos).

Como tampoco puede entenderse que la citada asociación forme parte de un concreto sindicato, sin que sea posible aplicar ninguna de las sentencias que apunta la demandante en su escrito rector para justificar su legitimación activa, por referirse todas ellas a la legitimación de los sindicatos para interponer demanda de conflicto colectivo, lo que desde luego no se discute en el presente procedimiento.

III.- En tercer lugar, no existe prueba alguna que constate que dicha asociación se haya inscrito en ningún registro de asociaciones empresariales, tal y como exige el art. 2.1 del RD 416/2015 ni que a la misma se encuentren afiliados la totalidad de los trabajadores afectados por el conflicto.

IV.- Pero es que es más, aun cuando a los meros efectos dialécticos se entendiera que la asociación pudiera tener la consideración de asociación empresarial, el art. 154 b) LRJS otorga legitimación activa para ejercitar acciones de conflicto colectivo a las asociaciones empresariales cuyo ámbito de actuación se corresponda o sea más amplio que el del conflicto.

Si como se afirma en la demanda, el conflicto afecta a empresas situadas en un ámbito superior a la Comunidad Autónoma de Cataluña, la asociación demandante no estaría legitimada para actuar en ejercicio de la acción ejercitada, pues tal y como se constata en el art. 3 de sus estatutos, las funciones de la asociación se ejercen exclusivamente en Cataluña, por lo que su ámbito de actuación ni se corresponde con el del conflicto, ni desde luego es más amplio que aquél.

En consecuencia, estimando la excepción de falta de legitimación activa del sindicato demandante, procede desestimar la demanda interpuesta, sin entrar a resolver sobre el fondo del asunto, absolviendo a la empresa demandada de todos los pedimentos de la demanda. No es preciso entrar a resolver sobre el resto de excepciones planteadas.

CUARTO.-Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que la misma no es firme, pudiendo interponerse recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto