Sentencia Social 111/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 188/2025 de 21 de julio del 2025

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial ,en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social ,sin perjuicio de lo que a continuación se dirá al resolver las excepciones planteadas por la demandada.

SEGUNDO.-De conformidad con el art. 97.2 de la LRJS los hechos declarados probados se fundan bien en hecho conformes, bien en las fuentes de prueba que se citan en las mismas.

TERCERO.-Se cuestiona por el Banco de España tanto la competencia de esta Sala para conocer de la demanda planteada como el procedimiento elegido por SATBE para canalizar su pretensión en la consideración de que la misma debería haberse tramitado mediante la modalidad procesal de impugnación de actos administrativos en materia laboral ( arts. 151 y ss de la LRJS) ante los Juzgados de lo Social de Madrid.

Para resolver la cuestión hemos de partir de que la Ley 13/1994 de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, en su art. 1 apartados 1 y 2 dispone lo siguiente:

"1. El Banco de España es una entidad de Derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada. En el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines actuará con autonomía respecto a la Administración General del Estado, desempeñando sus funciones con arreglo a lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

2. El Banco de España quedará sometido al ordenamiento jurídico-privado, salvo que actúe en el ejercicio de las potestades administrativas conferidas por ésta u otras leyes. En el ejercicio de dichas potestades administrativas resultará de aplicación al Banco de España la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tendrán en todo caso naturaleza administrativa los actos que dicte el Banco de España en ejercicio de las funciones a las que se refieren el artículo 7.6 y el artículo 15.4.

El Banco de España no estará sometido a las previsiones contenidas en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.".

Dicho precepto debe completarse con lo que se señala en el art. 6. Bis de la misma norma que en su primer inciso dispone que "El personal del Banco de España será seleccionado respetando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y está vinculado al mismo por una relación de Derecho laboral",

Ello hace que las convocatorias de acceso al empleo en el Banco de España, como es que la se impugna participen de la naturaleza de aquellos actos que emanan de las entidades del sector público en su condición de empleadores, y que la impugnación de los mismos con carácter general en cuanto que afectan a los intereses de un grupo genérico de trabajadores (los potenciales aspirantes) deba canalizarse como lo ha hecho la actora mediante la modalidad procesal de conflicto colectivo con arreglo lo señalado en el art. 153.1 de la LRJS.

Este criterio expresado resulta acorde con la Doctrina de la Sala IV expuesta en las Ss. TS de 7-9-2.021- rec 103/2020-, 28-10-2019- rec 148/2.018- y de 9- 4-2018- rec. 77/2017-, resolución esta última cuyos razonamientos son perfectamente extrapolables al presente caso y procedemos reproducir:

"Ello determina que siendo la empresa Renfe-Operadora una empresa pública, en cuanto entidad empleadora que es, ha de someterse al Derecho laboral en la prestación de servicios del personal, lo que atrae la cuestión al orden jurisdiccional social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 1° de la Ley de Procedimiento Laboral ("Los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del Derecho"), conforme a la doctrina de esta Sala IV/TS que acata la SAN, porque la convocatoria impugnada es un acto de la empresa pública en cuanto entidad empleadora y no en cuanto poder público que actúe en ejercicio de potestades administrativas, competencia que se hace extensiva a los actos próximos, preparatorios y previos a la relación de trabajo.

Como señala la propia convocatoria, ésta tiene como objeto el "ingreso de personal laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal y tasa de reposición en la entidad pública empresarial RENFE- OPERADORA y constitución de bolsas de reserva para contratación en el grupo RENFE", siendo la entidad convocante Renfe- Operadora como empleadora, y como tal sometida al derecho laboral. El recurso de alzada fue resuelto por el Presidente de la entidad, con lo cual no se cumple la exigencia del art. 8.2 de la LRJS de haber sido dictado el acto por órganos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella cuyo nivel orgánico sea de Ministro o Secretario de Estado, que determinaría la competencia de la jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En consecuencia, la sentencia recurrida ha de estimarse ajustada a derecho en cuanto declara la competencia del Orden Social de la Jurisdicción para el conocimiento de la cuestión planteada.

3.- Ahora bien, respecto a la declarada por la sentencia recurrida incompetencia funcional de la Sala Social de la Audiencia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 6 y 8 de la LRJS , esta Sala IV/TS no comparte tal solución y la aborda de oficio.

No nos encontramos ante una impugnación individual o colectiva que limita sus efectos a un colectivo concreto de trabajadores, sino ante una impugnación de una convocatoria general de ingreso de personal laboral fijo en la entidad pública empresarial Renfe-Operadora que expande o puede expandir sus efectos al ámbito nacional, lo cual determina que la competencia funcional para examinar el fondo del asunto sea la Sala Social de la Audiencia Nacional de acuerdo con el art. 8 de la LRJS .".

CUARTO.-En primer lugar y como motivo de impugnación de las bases de la convocatoria impugnada se cuestiona el encuadramiento en el nivel 14 de las plazas ofertadas en la consideración de que con arreglo al sistema de clasificación profesional vigente en el Banco de España contenido en el Plan de Reclasificación y Encuadramiento del Banco de España, incorporado como anexo al Convenio de 1990, invocando expresamente el art. 18 del mismo.

Por parte del Banco de España se sostiene que los puestos técnicos jurídicos fueron creados en el año 2018, que se han ofertado en tres ocasiones previas con nivel 14 y que estos puestos son para dar apoyo a los letrados por lo que no existe motivo para asignarles inicialmente un nivel 9 como se postula por el sindicato actor.

Hemos de señalar que respecto del Plan de Reclasificación que los preceptos en los que funda su pretensión el sindicato actor no se ha siquiera alegado por parte del Banco de España, cual es la norma convencional que los derogó, por lo que hemos de partir de su contenido para resolver la cuestión que se plantea.

Así el art.4 de dicho plan establece que:" El ingreso del personal fijo en el Banco de España se realizará por los niveles y en las condiciones indicados en los capítulos correspondientes a cada uno de los Grupos, y con arreglo a alguno de los sistemas siguientes:

Concurso libre

Concurso-examen libre

Concurso-oposición libre

Libre designación

Normalmente, y en el caso de no especificar nada en contrario, el ingreso supondrá la percepción de las retribuciones iniciales del nivel respectivo. Ello, no obstante, los empleados del Banco que se promocionen en virtud de la vía de promoción externa contemplada en el artículo siguiente, conservarán, no sólo los complementos de antigüedad y permanencia en las condiciones establecidas"

Por su parte el artículo 14 en su primer párrafo dispone que:

"Los empleados incluidos en el Grupo directivo se integrarán en uno de los 14 distintos niveles retributivos atendiendo al de su actual categoría o nivel, a su experiencia y condiciones, así como a la complejidad, responsabilidad y requerimientos de sus cometidos.".

Específicamente en el encuadramiento del personal de nuevo ingreso se regula en el art. 18 que dispone lo siguiente:

"Como regla general, en el Grupo directivo se ingresará por el nivel 14, a través de cualquiera de los sistemas de concurso-examen o concurso-oposición libres, en cuyas pruebas de aptitud y conocimientos se prestará la atención debida a los requerimientos de las diversas funciones practicadas en el Grupo...

El nivel de entrada en todas las funciones especiales (auditoria e inspección interna y externa, económica, jurídica, informática -Técnico- y financiera) será el 9, con excepción de los Cambistas y Operadores de activos exteriores (función de mercado de cambios e inversiones exteriores), que ingresarán en el Grupo, de acuerdo con la norma general, por el nivel 14, si bien, cuando las necesidades del servicio así lo aconsejen, el Banco podrá ingresar directamente a especialistas ya formados en cualesquiera de los niveles de la función mediante uno de los sistemas de concurso, concurso-examen o concurso-oposición libre".

Siendo de carácter eminentemente jurídico las funciones que se describen como integrantes del puesto de trabajo de las plazas ofertadas el día 3 de abril de 2.025, no hay razón jurídica alguna, que justifique la clasificación de las mismas en el nivel 14 y no en el 9 como corresponde con arreglo al art. 18 del Plan de Reclasificación de 1990.

No puede enervar lo anterior, la nota de servicio interior que se refiere en los HHPP, puesto la decisión interna del empleador no puede derogar un Convenio colectivo, ni el hecho de que hayan sido ofertadas plazas de técnico jurídico con nivel 14, pues como con acierto ha referido el letrado de los actores no existe un derecho a persistir en la ilegalidad.

Por ello accederemos a la primera de las peticiones de SATBE.

QUINTO.-En segundo lugar se cuestiona por parte de SATBE la exigencia de los requisitos de colegiación y experiencia previa para acceder a las plazas de técnico jurídico.

Al efecto hemos de traer a colación los siguientes preceptos del Plan de Reclasificación:

a.- el art. 12 que define el grupo directivo de la forma siguiente:

"El Grupo directivo comprende 14 niveles, desde el nivel 14, inferior del Grupo, hasta el nivel 1 o nivel superior del mismo. En estos catorce niveles se encuadrará el personal fijo del Banco que realice cometidos técnicos, de dirección, supervisión, inspección, asesoramiento y otros similares, para cuyo desempeño el Banco requiera, como norma general, la posesión de titulación universitaria superior o análoga, a juicio del Banco, aunque estos empleados no realicen las funciones inherentes a la misma. En el caso de que sí se realicen oficialmente estas funciones específicas, el título universitario deberá ser el que corresponda a la función.";

b.- el ya citado art. 18 cuando señala que: "Como regla general, en el Grupo directivo se ingresará por el nivel 14, a través de cualquiera de los sistemas de concurso-examen o concurso-oposición libres, en cuyas pruebas de aptitud y conocimientos se prestará la atención debida a los requerimientos de las diversas funciones practicadas en el Grupo"

Si tenemos en cuenta la naturaleza convencional de los preceptos transcritos y que la doctrina jurisprudencial la que señala la STS de 2-7-2.025- rec. 64/2024- de la forma siguiente: " es doctrina constante de esta Sala, reiterada entre otras en la STS de 13 de octubre de 2020, Rec. 132/2019, que, atendida la singular naturaleza mixta de los convenios colectivos (contrato con efectos normativos y norma de origen contractual), la interpretación de los mismos debe hacerse utilizando los siguientes criterios: La interpretación literal, atendiendo al sentido literal de sus cláusulas, salvo que sean contrarias a la intención evidente de las partes ( arts. 3.1 y 1281 CC; STS 13 octubre 2004, Rec. 185/2003). La interpretación sistemática, atribuyendo a las cláusulas dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas ( arts. 3.1 y 1285 CC) . La interpretación histórica, atendiendo a los antecedentes históricos y a los actos de las partes negociadoras ( arts. 3.1 y 1282 CC) . La interpretación finalista, atendiendo a la intención de las partes negociadoras ( arts. 3.1, 1281 y 1283 CC) . No cabrá la interpretación analógica para cubrir las lagunas del convenio colectivo aplicable ( STS 9 abril 2002, Rec. 1234/2001). Y los convenios colectivos deberán ser interpretados en su conjunto, no admitiéndose el "espigueo" ( STS 4 junio 2008, Rec. 1771/2007). Doctrina que resulta aplicable, también a los pactos y acuerdos colectivos de empresa.", resulta que:

i.- de la interpretación gramatical de los preceptos transcritos no cabe inferir que para acceder a ninguna de las plazas del grupo directivo sea necesario acreditar experiencia previa en funciones similares o colegiación alguna, no exigiéndose otra cualidad que la licenciatura universitaria (actual grado);

ii.- si tenemos en cuenta el tenor del art. 1283 ("Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre que los interesados se propusieron contratar.") es obvio no se compadece con la normativa convencional las exigencias de experiencia previa y colegiación, sin perjuicio, de que la primera pueda ser valorada a lo largo del proceso selectivo y la segunda una vez seleccionado el candidato si se estima necesaria para el desarrollo de las funciones.

Esta solución resulta respaldada por lo ya razonado por esta Sala en nuestra SAN de 17-11-2.009- autos 218(2009- y por la STS de 15-7-2.010- rec 225/2009- que confirmó la anterior que al efecto señala: "En efecto, señala con acierto la sentencia recurrida que la parte actora "no niega la necesidad de acreditar en el concurso- oposición los precisos conocimientos prácticos a la vez que los teóricos, es decir que asume que el candidato que pudiera ser elegido tenga que encontrarse en la situación de afrontar de manera inmediata los requerimientos exigidos. Lo que opone el sindicato actor es que por tener que encontrarse en esa situación se presuma fuera de la fase de concurso y con carácter de causa de inadmisión al mismo que quien no tiene dos años de experiencia en entidades bancarias o similares, a juicio del propio Banco, que no está en condiciones de asumir de inmediato el desempeño de sus funciones y que por ello la propia base 5ª prevé en el concurso la ponderación de las circunstancias referentes a la experiencia, por lo que resulta contraria al art. 25 del Reglamento "acreditar antes del concurso-oposición" como causa de exclusión al mismo lo que ese precepto dice que ha de acreditarse tanto en los conocimientos teóricos como los prácticos dentro de las pertinentes fases o pruebas a superar "EN EL SENO DEL PROPIO CONCURSO".

SEXTO.-Se denuncia que la negativa del Banco de España a convocar la Comisión Paritaria vulnera el derecho a la libertad sindical, en concreto, el derecho a llevar a cabo una actividad negociadora participando en la misma, así como en la posterior mediación.

En este punto la Sala no comparte el criterio de SATBE por las siguientes razones:

1º.- Las Disposiciones Finales 2ª y 3ª del vigente Convenio colectivo del Banco de España ( BOE de 7-2-2.025) disponen lo siguiente:

"Disposición final segunda. Comisión Paritaria Interpretativa de convenio.

Las partes firmantes de este convenio colectivo se comprometen a intentar resolver en el seno de la Comisión Paritaria cualquier discrepancia o conflicto que pudiera surgir, incluso los que pudieran ser planteados e interpuestos por sujetos legitimados no firmantes de este convenio, sometiendo tal discrepancia o conflicto obligatoriamente a dicha Comisión Paritaria, en los términos que se establecen a continuación:

1. Constitución.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.3.e) del Estatuto de los Trabajadores , ambas partes acuerdan establecer una Comisión mixta como órgano de interpretación, seguimiento, conciliación y vigilancia del cumplimiento de lo pactado, que será nombrada por la Comisión Negociadora del convenio colectivo.

2. Composición.

La Comisión estará integrada por igual número de representantes de la Administración y de la parte social, componiéndose esta última por la persona que ostente la Presidencia del Comité Nacional de Empresa y una persona titular y otra de apoyo de cada uno de los sindicatos firmantes, designados por las partes firmantes del presente convenio colectivo quienes, de entre las mismas, elegirán dos personas que asuman la función de secretaría, una por cada parte. Cada sindicato firmante ostentará la misma representatividad en esta Comisión, a efectos de la toma de decisiones y adopción de acuerdos, que la ostentada en el Comité Nacional de Empresa.

3. Funciones.

Son funciones específicas de la Comisión las siguientes:

a) Vigilancia, interpretación, aplicación y cumplimiento del convenio con carácter general. Asimismo, la comisión ejercerá funciones de conciliación o mediación, según proceda, en cuantas cuestiones y conflictos les sean sometidos, de común acuerdo por ambas partes.

b) Entender, como trámite previo, preceptivo e inexcusable para el acceso a la vía administrativa o jurisdiccional, sobre la interposición de los conflictos colectivos que surjan, incluso los interpuestos por quienes no sean firmantes del presente convenio colectivo, en los términos establecidos por la disposición final tercera del mismo.

4. Funcionamiento.

Ambas partes están legitimadas para proceder a la convocatoria, de manera indistinta, sin más requisito que la comunicación escrita a la otra parte, con diez días de antelación a la fecha de la reunión, haciendo constar el orden del día y los antecedentes del tema objeto de debate, con un máximo de cuatro reuniones anuales, con el mismo tratamiento que las reuniones de convenio, no computándose las que se convoquen como requisito previo a la vía jurisdiccional.

De las reuniones de la comisión se levantará un acta sucinta en la que se reflejarán puntualmente los acuerdos que, en su caso, se alcancen. Las actas serán redactadas por las personas que asuman la secretaría de la Comisión y deberán ser aprobadas por las personas integrantes de la misma.

Los acuerdos de la Comisión requerirán, en cualquier caso, el voto favorable de la mayoría de cada una de las dos representaciones.

En el caso de que la Comisión no celebrase reunión conjunta de las partes integrantes en el término de los quince días siguientes a ser convocada, quedará expedito el acceso al procedimiento extrajudicial de conflictos establecido en la disposición final tercera siguiente.

Disposición final tercera. Procedimientos de solución extrajudicial de conflictos.

En caso de que no se logre un acuerdo en el seno de la Comisión Paritaria o que se mantenga una discrepancia entre las partes en cualquiera de las funciones que legal o convencionalmente tenga encomendadas esta Comisión Paritaria, las partes establecen los siguientes procedimientos para la solución extrajudicial de conflictos colectivos, cualquiera que sea la parte reclamante y aun cuando no sea firmante del convenio colectivo.

1. Mediación.

Una vez firmada el acta sin acuerdo de la Comisión Paritaria, las partes deberán someterse al sistema de mediación en relación con la discrepancia surgida o el conflicto planteado, en los siguientes términos:

Tanto la representación de la administración como la representación de la parte social designarán, cada una, a una persona mediadora en el plazo de diez días naturales desde la firma del acta sin acuerdo de la Comisión Paritaria, notificándoselo por escrito a la otra parte. No obstante, en dicho plazo, ambas partes podrán designar, de mutuo acuerdo, una única persona mediadora.

Una vez designadas las personas mediadoras, se celebrará una primera reunión en el primer momento que sea posible para éstas y las partes, con un plazo máximo de diez días naturales, a la que asistirán la parte social y empresarial de la Comisión Paritaria, así como las dos personas mediadoras designadas. En esa primera reunión las partes expondrán a las dos personas mediadoras sus posiciones de partida y argumentos. Se podrán celebrar más reuniones si, a juicio de las dos personas mediadoras designadas, pudieran resultar necesarias.

Las personas mediadoras informarán a las partes cuando entiendan que están suficientemente ilustradas sobre la discrepancia o el conflicto planteado y que, por tanto, cuentan con información suficiente para plantear posibles alternativas de solución no judicial. En ese momento comenzará el plazo para plantear propuestas de solución.

Cada una de las dos personas mediadoras deberá comunicar su propuesta o propuestas de solución en el plazo de diez días naturales desde que consideren que cuentan con información suficiente. Las propuestas de solución planteadas por las dos personas mediadoras (que, si lo consideran oportuno, podrían formular una única propuesta consensuada entre ellas) podrán ser libremente aceptadas o rechazadas por las partes en el plazo de diez días naturales desde su recepción.

En caso de aceptación por todas las partes de alguna de las propuestas realizadas, la avenencia tendrá que formalizarse por escrito, con los trámites que resulten de rigor.

En caso de que ninguna propuesta cuente con el acuerdo de las partes en conflicto se levantará un acta donde conste que la mediación se ha intentado sin éxito. Esta acta deberá ser firmada también por las personas mediadoras.

La iniciación del procedimiento de mediación impedirá el ejercicio de acciones judiciales o cualquier otra dirigida a la solución del conflicto colectivo por la causa objeto de la mediación, en tanto dure ésta. Lo anteriormente expuesto se entiende sin perjuicio de que las partes, por agotamiento de plazos procesales, ejerzan las acciones judiciales oportunas.

2. Arbitraje.

Mediante el procedimiento de arbitraje, las partes podrán acordar voluntariamente encomendar sus diferencias a una tercera persona y aceptar de antemano la solución que ésta dicte sobre sus divergencias.

Para someterse a este procedimiento de arbitraje será imprescindible la manifestación expresa y por escrito de la voluntad de las partes en conflicto de someterse a la decisión de una persona o personas expertas en arbitraje, que tendrá carácter de obligado cumplimiento.

El compromiso arbitral y el procedimiento de arbitraje no estarán sujetos a ninguna tramitación preestablecida, la cual deberá acordarse expresamente por las partes en cada caso."

Se trata pues la Comisión Paritaria de una comisión de naturaleza interpretativa o aplicativa, cuya finalidad no es a creación de nuevas normas convencionales, ello hace que la falta de convocatoria de la misma no afecta al derecho a la negociación colectiva de SATBE, pues ninguna negociación colectiva puede desarrollarse en el seno de la misma. Em este sentido la STS de 3-4-2.025- rec 67/2023- tras exponer la doctrina jurisprudencial al respecto explica que: "Se distinguen, por tanto, entre comisiones negociadoras y comisiones aplicadoras. Son las primeras las que se constituyen para la modificación o creación de reglas nuevas, y son las segundas las que tienen por objeto la aplicación o interpretación de alguna de las cláusulas del convenio colectivo, o la adaptación de alguna de ellas a las peculiares circunstancias de un caso concreto. En aquéllas tiene derecho a integrarse cualquier sindicato que esté legitimado para negociar. La participación en las segundas puede restringirse a los firmantes del acuerdo, sin que tal limitación suponga merma de los derechos de libertad sindical reconocidos en el art. 28 de la Constitución y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical.".

Pero es que, además, la negativa patronal a participar en la Comisión Paritaria o en los posteriores instrumentos de mediación o arbitraje previos a la vía jurisprudencial, en modo alguno limita la capacidad del sindicato actor a promover el presente conflicto, pues tal negativa hace que no pueda ser invocada la excepción de falta de agotamiento de la vía previa.

SÉPTIMO.-En consecuencia procede estimar los puntos 1 y 2 del suplico de la demanda, lo que como se interesa llevará aparejada la nulidad del proceso selectivo y ello porque se ha impedido que concursen candidatos que no reuniesen la experiencia previa o la colegiación o aquellos otros que sus expectativas económicas no se colmarían entrando en un nivel 14 pero que si podrían colmarse si el nivel de ingreso fuese el 9, y desestimar el referido a la tutela a la libertad sindical.

OCTAVO.-Contra la presente resolución cabe recurso de casación ( arts. 205 y 206 de la LRJS) .

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación