Sentencia Social 113/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 52/2026 de 22 de junio del 2026

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.5 y 67 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo previsto en los artículos 2 f) y 8.1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, los hechos declarados probados se sustentan bien en hechos no controvertidos o pacíficos, bien en cada una de las fuentes de prueba incorporadas a través de los medios de prueba previstos legalmente, tal y como se expresa a continuación:

Los Hechos Tercero y Octavo son hechos conformes al ser reconocidos por ambas partes.

El Hecho Primero de la fuente de prueba documental obrante en los descriptores 21 y 22.

El Hecho Segundo de la fuente de prueba documental obrante en el descriptor 3.

El Hecho Cuarto de la fuente de prueba documental obrante en el descriptor 5.

El Hecho Quinto de la fuente de prueba documental obrante en el descriptor 5, carpeta 9.

El Hecho Sexto de la fuente de prueba documental obrante en el descriptor 19.

El Hecho Octavo de la fuente de prueba documental obrante en los descriptores 30, 54 y 70.

El Hecho Noveno de la fuente de prueba documental obrante en el descriptor 4.

El Hecho Décimo de la fuente de prueba documental obrante en los descriptores 24 y 25.

Los Hechos Decimoprimero, Decimosegundo, Decimotercero y Decimoquinto de la fuente de prueba documental obrante en el descriptor 56, carpeta 4.

El Hecho Decimocuarto de la fuente de prueba documental obrante en el descriptor 56 en las carpetas 5 y 6 y en el descriptor 55, carpetas 7 a 10.

TERCERO.-El objeto de la controversia se centra en determinar si el grupo de empresas demandados ha lesionado el derecho de huelga, ejercitado en varios días de los meses de marzo y abril de 2025. Concretamente, ha quedado acreditado, que el Comité General del Grupo Renfe y los sindicatos CCOO, UGT, SEMAF, SFF-CGT, SF-I y ALFERRO convocaron paros para los días 17, 19, 24, 26 y 28 de marzo de 2025 y 1 y 3 de abril; antes del inicio de la huelga, el Comité General y los sindicatos CCOO, UGT y SEMAF llegaron a un acuerdo y desconvocaron los paros por ellos convocados, manteniéndose la huelga por los sindicatos SFF-CGT, SF-I y ALFERRO, quienes posteriormente desconvocaron la huelga para los días 24 y 28 de marzo y 3 de abril, manteniéndola para los día 26 de marzo y 1 de abril. Ante esta situación fáctica acreditada, lo que el sindicato demandante imputa a las empresas del Grupo Renfe es que han realizado una serie de actuaciones que lesiona su derecho de huelga.

Esta Sala, atendiendo a los hechos probados, considera que no ha existido lesión del derecho de huelga del sindicato SFF-CGT por parte de las empresas que conforman el Grupo RENFE, atendiendo a las siguientes consideraciones.

Debe evidenciarse que la demanda imputa de forma genérica a un conjunto de empresas la comisión de una serie de hechos que, a su juicio, serían constitutivos de lesionar su derecho de huelga. En efecto, tal y como resulta configurada la demanda, prima facie, imputa a todas las empresas haber observado una conducta, mediante la realización de una serie de hechos, que vulneraria su derecho de huelga, sin que se haya desplegado actividad probatoria suficiente que determine la participación de todas y cada una de las empresas codemandadas, lo que nos lleva, ab initio, a desestimar la demanda. Si lo que pretende la parte actora es imputar los hechos a alguna o algunas de las empresas codemandadas, no resultan concretadas ni en la demanda ni en la vista oral, lo que supone una indeterminación de los posibles sujetos causantes de la lesión del derecho de huelga que también nos debe llevar a la desestimación de la demanda.

CUARTO.-Sin perjuicio de lo concluido en el fundamento anterior, esta Sala debe recordar que en los procesos de tutela de derechos fundamentales, corresponde al demandante aportar una panorama indiciario de que se ha lesionado su derecho fundamental, de modo que, establecido dichos indicios, corresponde al demandado aportar una justificación objetiva, razonaba y proporcionada.

Como nos recuerdan las SSTS de 17 de abril de 2026 (Rec. 57/2025), 9 de abril de 2025 (Rec. 92/2023) y 13 de diciembre de 2022 (Rec. 40/2021), del artículo 181.2 de la LRJS "se deduce que es al demandante a quien le incumbe la carga de proporcionar al juzgador la convicción de la existencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental [...] quien alega cualquier atentado a un derecho fundamental le basta con acreditar indicios racionales de una actitud antisindical de la empresa o de que en ella exista cierto ambiente hostil al ejercicio de actividades sindicales, para que sea la entidad empresarial la que corra con la necesidad de probar que su conducta está totalmente alejada de los referidos móviles antisindicales y que obedece a planteamientos fundados en derecho. De suyo, la necesidad de acreditar la existencia de indicios no supone la exigencia de prueba plena; sin embargo, tampoco equivale a un relevo de la prueba como se ha encargado de recordar el Tribunal Constitucional al señalar que «para imponer al empresario la carga probatoria descrita, es razonable la posición del Tribunal Supremo que rechaza que sea suficiente para ello la mera afirmación de la existencia de un despido discriminatorio o lesivo de otro derecho fundamental, sino que tal afirmación ha de reflejarse en unos hechos de los que resulte una presunción o apariencia de aquella discriminación o lesión» ( SSTC 21/1992, de 14 de febrero y 1890/1994, de 20 de junio ) y es que «el demandante el principal gestor de su propio derecho, de ahí que siempre le sea exigible la diligencia suficiente, también en el terreno probatorio, incluso cuando alega la existencia de una discriminación. Esa actividad probatoria ha de recaer, sobre la existencia real y efectiva de una diferenciación de trato, y por lo menos, sobre la existencia de indicios racionales de los que pueda deducirse que esa desigualdad está vinculada a algún factor prohibido de diferenciación» ( SSTC 38/1986, de 21 de marzo y 34/1984, de 9 de marzo ). Como hemos reiterado en otras ocasiones ( STS de 8 de mayo de 2019, Rec. 42/2018 ), los indicios deben ser entendidos como fenómenos que permiten inferir la existencia de otros no percibidos exigen que se genere una razonable sospecha o presunción en favor del alegato de discriminación o lesión del derecho fundamental, lo que determina que es el afectado por la posible vulneración del derecho fundamental el que debe aportar un principio de prueba que razonablemente permita considerar que la demandada ha actuado guiada por intereses ilícitos contra derechos fundamentales racionalmente reconocidos. En el correcto entendimiento del artículo 181.2 LRJS los indicios son señales o acciones que manifiestan o evidencian -de forma inequívoca-algo oculto, lo que resulta muy diferente de sospechar que es imaginar algo por conjeturas fundadas en las apariencias (En este sentido: STS de 9 de febrero de 1996, rcud. 2429/1994 , sobre el extinto artículo 179.2 LPL )".

Partiendo de lo anterior, el sindicato demandante en su demanda imputa a las empresas demandadas como conductas reveladoras de la lesión de su derecho de huelga, primero, haber desplegado una política de comunicación interna -a los trabajadores- y externa -a la opinión pública- consistente en afirmar que la huelga había quedado desconvocada, cuando el sindicato hoy demandante mantenía los paros y todo ello con el fin de desmovilizar y confundir a los trabajadores; segundo, haber calificado al sindicato demandante como "sindicato minoritario" y, tercero, no haberle facilitado la información requerida.

Los Hechos que han resultado probados ya adelantamos que no crean un panorama indiciario suficiente para revelar que pueda haberse llevado a cabo por las empresas codemandadas una conducta vulneradora de su derecho de huelga que obligue a éstas a dar una justificación objetiva, razonable y proporcionada de dicha conducta.

En lo relativo a la política de comunicación desplegada por la empresa durante los días de huelga para condicionar y neutralizar el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores, al comunicar que la misma había sido desconvocada, manteniendo los paros el sindicato demandante, no se aporta y prueba indicio de entidad que avale esta conducta; más al contrario, lo probado revela la inexistencia de indicios que indiquen una conducta empresarial vulneradora del derecho de huelga del sindicato.

La empresa Renfe Viajeros en un comunicado de 16 de marzo de 2025 da noticia de que "tras el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Generalitat de Catalunya, la mayoría de los sindicatos presentes en los comités generales de empresa de Renfe y Adif han desconvocado la huelga prevista desde el lunes 17 de marzo. Los servicios ferroviarios recuperarán, por tanto, su programación habitual".Del tenor literal del comunicado se observa que se manifiesta que se ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos mayoritarios para la huelga prevista para el día 17 de marzo, no se manifiesta que se haya alcanzado un acuerdo con todos los sindicatos, lo que revela que lo comunicado casa con lo ocurrido -la desconvocatoria de la huelga por los sindicatos que más representantes tienen en el sector y en la empresa-; pero, además, ninguna otra manifestación de dicho comunicado permite inferir una actuación obstruccionista o desincentivadora del derecho de huelga del sindicato demandante.

Al día siguiente de ese comunicado, el 17 de marzo de 2025, se remite un correo electrónico "desde la cuenta de correos DIRECCION000 a la cuenta de correos DIRECCION000 , con copia a Jose Ignacio y Modesto en el que se manifiesta que "tras la desconvocatoria de huelga de 17 de marzo, os comunicamos que quedan anuladas las cartas de SS.MM. para el día de hoy. Para poder realizar el turno correcto debéis seguir la notificación recibida ayer mediante GIRHE. Comunicaros que en este momento deja de ser necesario presentarse al turno mediante teléfono o correo electrónico".

Si bien este correo manifiesta de forma genérica la desconvocatoria de huelga del 17 de marzo, carece de relevancia indiciaria, en primer lugar, porque no se sabe quiénes son los destinatarios, obsérvese que es un correo en el que remitente y destinatario son la misma dirección de correo electrónico, apareciendo en copia dos personas, sin haber quedado acreditado quienes tienen acceso a la misma, por lo que no revela que el correo tenga una difusión hacia los trabajadores -que no se niega que pudiera tenerla, pero que reiteramos se desconoce quienes acceden a dicha cuenta de correo-; en segundo lugar, porque el propio contenido del correo, si bien habla en términos generales de desconvocatoria de huelga, no permite inferir de dicha manifestación una actuación, por un lado, deliberada de las empresas demandadas, por otro lado, de entidad suficiente para concluir que se ha obstaculizado el derecho de huelga del sindicato demandante; pues no alcanzamos a ver como un correo que de forma genérica señala que se ha desconvocado la huelga incide en el ejercicio del derecho de huelga del sindicato demandante, cuando el día anterior, como ya se ha señalada ut supra, Renfe Viajeros emite un comunicado en el que se habla de que los sindicatos mayoritarios han desconvocado los paros por ellos convocados y, como expondremos a continuación, hechos posteriores de Renfe revelan que no ha habido intento alguno de silenciar los paros convocados por SFF-CGT

Dos días después, el 19 de marzo de 2025, por un lado, Renfe Viajeros da noticia de la existencia de la huelga convocada, entre otros, por SFF-CGT al publicitar que "como consecuencia del mantenimiento por parte de diversos sindicatos minoritarios de las huelgas convocadas en los meses de marzo y abril 2025, se mantienen habilitados los cambios y anulaciones sin coste para los clientes con billetes para los trenes y días afectados",al tiempo que también se da cuenta de los días y franjas horarias de dichos paros; por otro lado, Renfe publica una nota de prensa en la que da cuenta del seguimiento de huelga convocada, entre otros, por el sindicato SFF-CGT. Ambas actuaciones revelan que públicamente Renfe reconoció la existencia de esos paros.

Los indicios antecitados, a juicio de esta Sala, carecen tanto de relevancia cuantitativa, pues sólo resultan acreditados cuatro posibles actos de comunicación constitutivos de una intromisión injustificada en el derecho de huelga del demandante; como de relevancia cualitativa, pues de ellos no se desprende que las empresas hayan procedido a comunicar la desconvocatoria de los paros convocados por el demandante, sino todo lo contrario, da noticia de su existencia y del mantenimiento de los mismos y sus franjas horarias; es más, frente a una única comunicación -correo electrónico, con la objeciones valorativas ya expuestas- en la que de forma genérica se habla de desconvocatoria de huelga, hay comunicaciones anteriores y posteriores que claramente señalan, por un lado, que la desconvocatoria fue de los paros convocados por los sindicatos mayoritarios, por otro lado, que se mantenía la huelga convocada por SFF-CGT.

En lo atinente a las referencias de las empresas demandadas al sindicato demandante como sindicato minoritario, más allá de lo acertado o no de la expresión respecto al demandante a tenor de la representatividad del mismo reflejadas en los hechos probados y que revelan que en el sector y en el ámbito de la empresa tiene un importante número de representantes que, no obstante, en comparación con otros sindicatos -señaladamente, CCOO, UGT y SEMAF- resulta ser minoritario, lo cierto es que no se alega y prueba indicio alguno que revele que por su condición de minoritario haya sido tratado de forma no ajustada a Derecho en el ejercicio de su derecho de huelga. La denominación de sindicato minoritario por si misma ningún alcance o reproche produce desde la perspectiva de la posible lesión de un derecho fundamental; de modo que para que se pueda apreciar ésta debería haberse alegado y probado que las empresas han adoptado conductas o decisiones contrarias a Derecho, precisamente, por su supuesta condición de sindicato minoritario. En consecuencia, estando el presente procedimiento huérfano de indicios al respecto esta Sala no aprecia que la conducta empresarial de denominar al demandante como sindicato "minoritario" suponga una lesión de su derecho de huelga.

Finalmente ante la alegación de la falta de información al sindicato demandante, probada la solicitudes de información remitidas por el sindicato SFF-CGT, ha resultado acreditado que la empresa remitió la relación de trenes para los días 26 de marzo y 1 de abril; información que se considera suficiente para que el sindicato demandante pueda llevar a cabo una correcta labor de vigilancia de la acomodación de los trenes circulantes a los servicios mínimos establecidos por la autoridad laboral.

QUINTO.-Contra esta sentencia, sin perjuicio de su ejecutividad, cabe recurso ordinario de casación conforme el art. 206.1 LRJS.

En virtud de lo expuesto y vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación