Sentencia Social 111/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 120/2026 de 22 de junio del 2026

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial ,en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO. -De conformidad con lo prevenido en el artículo 97, 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, la redacción de la resultancia fáctica de la presente resolución descansa bien en hechos conformes, bien en las fuentes de prueba que en los mismos se expresan.

TERCERO.-Frente a la demanda que interpone UGT en la que se pretende que se declare el derecho del colectivo ACE a que se compute el consumo no medido (Nube sin cuantificar - Non Metered Cloud-) en el cálculo de la comisión correspondiente al ejercicio económico de 2025, el incumplimiento empresarial de sus obligaciones de información a los representantes de los trabajadores y al colectivo ACE y se condene a la empresa a recalcular la comisión de los ACE devengada en el ejercicio 2025, considerando cumplidos los objetivos fijados para dicho ejercicio económico y abonando la diferencia resultante, o subsidiariamente condene a la empresa a recalcular la comisión de los ACE devengada en el ejercicio 2025, integrando en los resultados totales de consumo los resultados obtenidos por consumo no medido en dicho ejercicio, abonando la diferencia resultante, como primera excepción se aduce la de inadecuación de procedimiento por cuanto que se alega que se está impugnado una MSCT de carácter plural pues no se superan los umbrales señalados en el art. 41.4 E.T para que pueda ser considerada como colectiva pues únicamente afecta a 25 trabajadores en una empresa que es notorio que da ocupación a más de 300 personas.

La excepción de rechaza por cuanto que del suplico de la demanda y de los hecho que se la sustentan se colige con claridad que no está impugnando la modificación del sistema de retribución variable implementado en la empresa para el año 2025 que abarca del uno de junio de 2024 al 31 de mayo de 2025 con relación al año precedente, sino que lo que la controversia se circunscribe a la concreta aplicación que por parte de la empresa se ha efectuado a este colectivo de la política retributiva implementada para del referido año.

Tal pretensión tiene perfecto encaje en la modalidad procesal de conflicto colectivo regulada en los arts. 153 y ss de la LRJS tal y como lo ha configurado la doctrina jurisprudencial.

Al efecto conviene traer a colación dicha doctrina que de forma clara aparece expuesta en la STS de 14-4-2.026- rec 213/2015- que al efecto señala:

"En STS (Pleno) 1151/2024, de 18 septiembre (rec. 121/2022 ) hemos recordado que el objeto de los procesos de conflictos colectivos está acotado por la concurrencia de tres requisitos acumulativos: en primer lugar, debe tratarse de un conflicto de trascendencia colectiva, alcance éste que a su vez viene determinado por la presencia de un doble elemento: el elemento subjetivo, referido al grupo afectado por la controversia -«afección indiferenciada de trabajadores»- y el elemento objetivo, relativo al interés debatido -«de carácter colectivo, general»- ( STS de 26 de mayo de 1992, rec. 997/1991 ).

En segundo lugar, enfocada la pretensión desde un punto de vista material resulta necesario que el litigio verse sobre un conflicto jurídico -«carácter jurídico del mismo, diferenciándose así del conflicto de intereses»- ( STS de 17 de julio de 2002, rec. 1229/2001 ). Por último, se exige la presencia de una situación conflictiva real -«existencia de un conflicto real actual entre las partes»- ( STS de 2 de marzo de 1998 rec. 1922/1997 ).

La STS 953/2024, de 26 junio (rec. 155/2022 ) desarrolla la exigencia que concierne al colectivo o grupo de trabajadores: que tenga un carácter genérico; es decir que tenga un rasgo o nexo común entre ellos de suficiente entidad para que pueda ser titular del segundo elemento: el interés general. Por ello, el grupo o colectivo afectado ha de ser, «no la mera pluralidad, suma o agregado de trabajadores singularmente considerados», sino «un conjunto estructurado a partir de un elemento de homogeneidad», de modo que «constituya una unidad por poseer un elemento común que confiere un perfil unitario al grupo» [por todas, SSTS de 21 de octubre de 1997 y 449/2020, de 15 de junio (rec. 167/2018)]. Ahora bien, lo dicho no significa que el conflicto en sí mismo no pueda tener un interés individualizable, pues tienen cabida en este proceso los litigios en que la decisión colectiva puede posteriormente ser objeto de concreción en cuanto a sus efectos respecto a cada uno de los trabajadores afectados.

Y es que, como afirmamos en nuestra STS 801/2016, de 4 de octubre (rec. 232/2015 ) tras la nueva regulación dada por la LRJS no parece que esta caracterización general del proceso de conflicto colectivo deba modificarse. En efecto, el hecho de que ahora el art. 153.1 LRJS remita también a este proceso las demandas que afecten «a un colectivo genérico susceptible de determinación individual», sin hacer referencia a la naturaleza del interés afectado, no significa excluir la necesaria presencia de un interés general en juego, pues en otro caso se desvirtuaría la esencia de este proceso especial...».

En el presente caso es evidente que nos encontramos ante la impugnación de una práctica empresarial que se ha aplicado de forma homogénea a un conjunto de trabajadores que entre sus condiciones de trabajo tienen una misma política retributiva por parte de la empresa, lo que hace que nos encontremos ante un conflicto de carácter jurídico pues es claro que con la demanda no intenta alterar el orden jurídico preestablecido, y que el mismo afecta a un grupo genérico de trabajadores pues el mismo puede resolverse sin necesidad de acudir a las concretas circunstancias particulares de los integrantes del grupo.

CUARTO.-En segundo lugar, se aduce prescripción de la acción, toda vez que se presenta la papeleta de mediación habiendo transcurrido más de un año desde que la política de retribución variable de 2025 fue comunicada a los trabajadores.

La excepción se rechazará toda vez que como se ha plasmado en el anterior fundamento de derecho no se está impugnado la modificación operada con relación al año precedente, sino la concreta aplicación que de la misma se ha efectuado por la empresa, de la cual, es obvio que siendo una retribución que se abona por trimestres vencidos, que no se tuvo al menos un cierto conocimiento del proceder patronal hasta el vencimiento del primer trimestre, esto es, a partir del 1 de septiembre de 2024, por lo que siendo la papeleta de mediación el día 1 de agosto de 2025, no habría siquiera cantidades prescritas, aplicando la norma general del año para la prescripción de las acciones sociales (art. 59.1 E.T).

QUINTO.-Despejado lo anterior, la cuestión de fondo radica en determinar si la excepción que se contiene en la en la página 8 del Acuerdo de Documento de Acreditación de ventas de tecnología para el ejercicio económico 2025, a la hora de determinación del crédito a la exclusión de los consumos sin cuantificar resulta aplicable al colectivo afectado por el presente conflicto colectivo.

Tratándose de una cláusula contractual que ha establecido de forma unilateral el empleador consideramos que dentro de los arts. 1281 y ss , Cc resultan de aplicación los siguientes preceptos:

a.- art. 1281: "Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas.

Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas.

b.-art. 1282. "Para juzgar de la intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato."

c.- art. 1283. "Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre que los interesados se propusieron contratar."

Principio del formulario

d.- art. 1.288 Cc: "La interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad."

El contenido de la cláusula que justifica la exclusión del cómputo de los consumos no medibles en la nube obedece al tenor siguiente:

Final del formulario

"Si Usted tiene un objetivo o métrica de ventas de tecnológica en la nube, esta tabla no es aplicable.".

El juego de los arts. 1281 y 1283 Cc nos conduce a la conclusión de que para que opere la exclusión que aplica la empresa es requisito necesario que el trabajador en cuestión tenga un objetivo o métrica de ventas de tecnología en la nube, concepto que la Sala entiende que implica que al trabajador se le cuantifiquen numéricamente las ventas de tecnología en la nube, y que la aplicación del art. 1.288 Cc implica que no pueda equipararse a tal situación la de aquellos trabajadores que teniendo un objetivo que pueda considerarse como similar no quede perfectamente encuadrable en lo expuesto.

En el caso que nos ocupa el objetivo del colectivo afectado por este conflicto no obedece a una métrica de ventas de tecnología en la nube en los términos expuestos sino como expresamente se dice en los acuerdos de compensación individuales en función del : "Crecimiento del Consumo del Fondo Común y una Línea Base Anual de Consumo del Fondo Común"de forma que " La dotación del Fondo Común solo se produce cuando el consumo anual de la nube del Fondo Común supera la Línea Base anual.",no expresando una cuantificación de las ventas, sino de los consumos, por ello estimamos que la empresa demandada ha efectuado una aplicación indebida de la retribución variable en el año 2025.

SEXTO.-Se denuncia que la empresa no ha informado a los trabajadores del objetivo alcanzado ni a los representantes de los trabajadores de la modificación operada en el sistema de primas, lo que ha de llevar a que se tenga por cumplido el objetivo íntegramente, o , subsidiariamente recalculado.

Si bien consideramos que al amparo del art. 64.5, párrafo 3º, apartado f) del E.T existía una obligación de información previa de la variación anual de la política y de los criterios para su aplicación a fin de que la RLPT emitiera el informe correspondiente, la cual ha sido omitido, también consta que los elementos de la política y los objetivos eran conocidos por los trabajadores desde el 23 de junio de 2024, circunscribiéndose la desinformación de los mismos, en este caso, al criterio que iba a manejar la empresa en orden a excluir del cómputo el consumo no medido en la nube, y tal omisión, a nuestro juicio, no ha de implicar a que se de por cumplido el objetivo, sino que sea recalculado incluyendo los referidos consumos no medidos como parte integrante de la compensación por ventas.

Por lo tanto, la consecución de la comisión será en función del objetivo comunicado, computando todos los consumos en la nube y no solo el denominado "Metered Cloud".

A nuestro juicio, no resulta aplicable la doctrina jurisprudencial citada en demanda para justificar la pretensión de condena principal contenida en la misma pues se refiere a aquellos casos en los que la empresa no comunica el objetivo a lograr, lo que aquí no sucede en que el objetivo es conocido pero resultan opacos los criterios empresariales en orden a verificar su cuantificación.

SÉPTIMO.-Por todo ello dictaremos sentencia estimando parcialmente en los términos expuestos contra la que cabe interponer recurso de casación ( art. 205 de la LRJS) .

Dos. En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación