Sentencia Social 114/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 130/2026 de 22 de junio del 2026

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer de los procedimientos de impugnación de convenio colectivo cuando extienda sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 h) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en cada una de las pruebas que se hacen constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.- 1.Impugna el sindicato Alferro el art. 23.i.B) del convenio colectivo del personal de conducción de la empresa demandada, al excluirse determinados periodos del cómputo de lo que se denomina trabajadores medios y del cálculo individual de la retribución, reduciendo proporcionalmente la cuantía de la retribución variable de aquéllos trabajadores que hayan estado en situación de incapacidad temporal, ya sea por accidente de trabajo o enfermedad común, o que hayan sido objeto de sanciones disciplinarias. Según entiende el sindicato demandante, la regulación convencional es contraria a lo dispuesto en los arts. 2 y 6 de la Ley 15/2022, de 12 de julio y por ende, debe declararse su nulidad.

2.Por su parte, la empresa demandada se opuso a la demanda, invocando la falta de competencia objetiva de la Sala para conocer de la misma, al encontrarse todos los trabajadores afectados por el convenio colectivo en un único centro de trabajo sito en Madrid, lo que desplazaría la competencia a la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Madrid. A esta excepción se adhirió el sindicato SEMAF que compareció al acto de la vista. En cuanto al fondo, la empresa se opuso a la demanda, por las razones expuestas en los antecedentes de hecho de la presente resolución, que damos por reproducidos en su integridad. SEMAF instó el dictado de una sentencia ajustada a derecho.

CUARTO.- 1.Debemos por ende, resolver en primer término, la excepción de falta de competencia objetiva de esta Sala para conocer de la demanda interpuesta. Recordemos que el convenio colectivo impugnado es el Convenio colectivo franja para el personal de conducción de Intermodalidad de Levante S.L, cuyo ámbito personal no es otro que "el conjunto de las personas trabajadoras del colectivo de conducción que presten sus servicios por cuenta ajena para ILSA, en las categorías profesionales que se recogen en el presente texto"(art. 2) y cuyo ámbito territorial de aplicación se corresponde con "todos los centros de trabajo que ILSA tenga establecidos o establezca en territorio español"(art. 3).

2.De conformidad con lo dispuesto en el art. 8.1 LRJS, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia, de los procesos sobre las cuestiones a que se refieren las letras f), g), h), j), k) y l) del artículo 2 cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma o tratándose de impugnación de laudos, de haber correspondido, en su caso, a esta Sala el conocimiento del asunto sometido a arbitraje.

El apartado h) del art. 2 ya citado atribuye la competencia a los órganos de la jurisdicción social de la impugnación de convenios colectivos.

3.Visto lo anterior, la excepción de falta de competencia objetiva de esta Sala para conocer de la demanda ha de ser estimada. Y ello por aplicación del criterio expresado en la STS de 25-11-2013, rec. 23/2013, en la que se realizan las siguientes consideraciones:

"En primer lugar, hay que poner de relieve que las reglas sobre la competencia atribuida a las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia y a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, para conocer en única instancia de los procesos sobre las cuestiones a que se refiere el artículo 7 a) y el 8.1 de la LRJS , son reglas de competencia objetiva, no reglas de competencia territorial. En efecto, dichas normas no delimitan el fuero territorial de los tribunales de la misma clase, a diferencia de lo que ocurre con las reglas de los artículos 10 y 11 de la LRJS , sino el ámbito competencial en instancia de los distintos juzgados y tribunales a los que la Ley atribuye competencia en las materias a las que se refieren los artículos 6.1 , 7 a ) y 8.1 de la LRJS , en concreto a las materias contempladas en el artículo 2 letras f), g), h), j), k ) y L) del artículo 2 de la LRJS . Los criterios que la Ley establece, en orden a la delimitación de la competencia objetiva, atienden, por un lado, a la naturaleza de las pretensiones ejercitadas y, por otro, al ámbito territorial de afectación de las controversias, de tal manera que las cuestiones contempladas en las letras f), g), h), j), k) y L) del artículo 2 de la LRJS corresponden al Juzgado de lo Social si su afectación no supera el ámbito de su circunscripción, a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, si supera el ámbito del juzgado de lo Social, sin exceder del de la Comunidad Autónoma y a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, si la afectación del conflicto supera el ámbito de una Comunidad Autónoma .

La cuestión relativa a la competencia objetiva ha de ser examinada de oficio por la Sala, tal y como resulta del artículo 5 de la LRJS, aunque dicha cuestión no haya sido invocada en el recurso. Esta Sala, en sentencia de 21 de junio de 2010, recurso 55/2009 , ha establecido lo siguiente: "La doctrina de la Sala ha precisado que si bien en principio la afectación del conflicto colectivo está en función del objeto procesal de éste, que "queda determinado por la pretensión inicial en aplicación del principio dispositivo", ello no significa que la delimitación del ámbito de afectación se deje a la libre determinación de las partes ( sentencias de 18 de marzo de 1997 y 13 de marzo de 2002 ), pues el conflicto tiene por su alcance una proyección necesaria que no puede ser desconocida ni puede quedar al arbitrio de la parte demandante para que ésta configure el objeto del proceso a medida de su legitimación. Es cierto que la Sala ha señalado también que el ámbito de afectación del conflicto no coincide necesariamente con el de la norma aplicada o interpretada y en este sentido la sentencia de STS 21 de julio de 2009 realiza una síntesis de la doctrina, precisando que: 1º) la competencia se determina por los límites reales e inherentes a la cuestión debatida ( sentencia de 20 de diciembre de 2004 ), por lo que no cabe extender un litigio colectivo basándose en una potencial afectación distinta de la señalada en la demanda, o en puras conjeturas o hipótesis de futuro ( sentencias de 4 de abril de 2002 y 25 de octubre de 2004 ), aunque "tampoco cabe ceñirse a los límites artificialmente diseñados por las partes"; 2º) la afectación del conflicto no es necesariamente coincidente con el área de la norma aplicable, pues "el conflicto puede tener un área de afectación coextensa con la de la norma o producirse en una más reducida" ( sentencias de 6 de julio de 1994 , 20 de junio de 2001 y 20 de junio de 2008)."

4.Atendiendo a lo expuesto, si bien el convenio colectivo estipula en su art. 3 que su ámbito territorial de aplicación es el atinente a todos los centros de trabajo que la empresa tenga establecidos o establezca en territorio español, lo cierto y verdad es que el personal afectado por la norma convencional (que no es otro que el personal de conducción), se encuentra en su totalidad adscrito a un centro de trabajo sito en Madrid, por lo que, al momento de interponerse la demanda, el convenio colectivo no extiende sus efectos a un ámbito superior de más de una Comunidad Autónoma, por mucho que su ámbito hipotético de afectación, pudiera extenderse en un futuro a otros trabajadores adscritos a centros de trabajo situados en distintos territorios.

Habrá que estarse por ende al ámbito de afectación concreta al momento de interposición del escrito rector y no al hipotético o futuro de la norma convencional impugnada, de suerte que, resultando afectados únicamente trabajadores de un centro de trabajo de Madrid, el órgano competente para su conocimiento es la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Madrid.

En consecuencia, procede estimar la excepción invocada por las partes demandadas, sin entrar a resolver sobre el fondo del asunto.

QUINTO.-Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que frente a la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto