Sentencia Social 8/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 371/2024 de 23 de enero del 2025

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del proceso de conflicto colectivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan únicamente en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.-El sindicato demandante plantea que el periodo estival al que se hace referencia en la normativa de vacaciones elaborada por la empresa para el año 2025 debería ser el comprendido entre el solsticio de verano y el equinoccio de otoño; esto es, para el año 2025, entre el 21 de junio y el 21 de septiembre. Y ello al no concretar el Convenio tal periodo y sin que la empresa pueda ampliarlo unilateralmente, tal y como hace en la citada normativa al prever que el mismo se extienda del 9 de junio al 14 de septiembre. La empresa se opone a tal pretensión sosteniendo, en síntesis, que la expresión "periodo estival"debe comprender, ante el silencio de la norma convencional a este respecto, los meses de junio a septiembre de cada año. Y que, por ello, la decisión adoptada por la empresa para el año 2025 es correcta, careciendo la Sala de competencia para alterar la voluntad flexible de las partes negociadoras del Convenio.

Vistas tales posiciones habremos de determinar si el artículo 29 del Convenio de aplicación, transcrito por razones de claridad expositiva en el hecho probado segundo, permite sostener cualquiera de aquellas interpretaciones. Tratándose, como en tantos conflictos que se suscitan ante esta Sala, de la interpretación de un precepto convencional o de un acuerdo colectivo de eficacia general conviene traer a colación la doctrina Jurisprudencial aplicable que, como recuerda la STS de 24-9-2024- rec. 22/2023, se resume en la STS núm. 534/2023, de 19 de julio, Rec. 16/2021, señalando que: "atendida la singular naturaleza mixta de los convenios colectivos (contrato con efectos normativos y norma de origen contractual), la interpretación de los mismos debe hacerse utilizando los siguientes criterios: la interpretación literal, atendiendo al sentido literal de sus cláusulas, salvo que sean contrarias a la intención evidente de las partes ( arts. 3.1 y 1281 CC ; STS 13 octubre 2004, Rec. 185/2003 ). La interpretación sistemática, atribuyendo a las cláusulas dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas ( arts. 3.1 y 1285 CC ). La interpretación histórica, atendiendo a los antecedentes históricos y a los actos de las partes negociadoras ( arts. 3.1 y 1282 CC ). La interpretación finalista, atendiendo a la intención de las partes negociadoras ( arts. 3.1 , 1281 y 1283 CC ). No cabrá la interpretación analógica para cubrir las lagunas del convenio colectivo aplicable ( STS 9 abril 2002, Rec. 1234/2001 ). Y los convenios colectivos deberán ser interpretados en su conjunto, no admitiéndose el "espigueo" ( STS 4 junio 2008, Rec. 1771/2007 )".

Pues bien, el precepto en cuestión únicamente prevé que las vacaciones podrán dividirse en periodos de 7 días continuados y que 14 días continuados deban disfrutarse en periodo estival, respetando las necesidades del servicio. Esto es, lo que no hicieron las partes negociadoras fue concretar las fechas o la duración del periodo estival. Siendo ello así no cabe compartir el argumento empresarial relativo a la posibilidad de considerar como tal periodo estival la totalidad de los meses de junio, julio y septiembre de cada año. La literalidad del Convenio se remite al "periodo estival". Y, en ausencia de pacto adicional al respecto alcanzado con la representación de los trabajadores, tal periodo no puede extenderse por la mera voluntad empresarial a fechas distintas del periodo estival en sentido estricto; esto es, el periodo comprendido entre el solsticio de verano y el equinoccio de otoño (para el año 2025, del día 21 de junio y hasta el 22 de septiembre). En definitiva, la literalidad del precepto convencional es la que permite compartir la interpretación contenida en la demanda.

Tanto la empresa demandada como la Asociación de Compañías de Experiencia con Cliente (CEX) afirman que el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado al respecto de la interpretación del citado "periodo estival".Y ello, según sostienen, para afirmar que tal periodo comprende la totalidad de los meses de junio, julio y agosto en función de las necesidades empresariales. Citan aquellas codemandadas la STS de 13 de marzo de 2024, rec. 74/2022. Tal resolución, relativa al XVII Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública, da respuesta a la cuestión de si una medida empresarial consistente en delimitar el periodo de disfrute de las vacaciones anuales en su año correspondiente, excluyendo la semana de Reyes del año siguiente, es una modificación sustancial de condiciones de trabajo. No se examina, por ello, la interpretación que deba darse a la expresión "periodo estival"en relación a su concreta duración; mencionándose únicamente tal periodo en lo relativo al contenido de la normativa de vacaciones de tal supuesto, que preveía que el 50% de las vacaciones debían ser disfrutadas en periodo estival "del 1 de julio al 30 de septiembre".Esto es, con independencia de que tal cuestión no fue objeto de debate ni en la sentencia previa de esta Sala ni en la citada resolución del Tribunal Supremo, lo cierto es que no se cuestiona tal extensión, de julio (que no junio) a septiembre, en el caso concreto.

Se aportan por la empresa demandada normas de vacaciones correspondientes a un único centro de trabajo (Sevilla) y elaboradas por la que afirma era la anterior adjudicataria del servicio, la empresa Konecta, en los años 2016 y 2018. En el segundo de tales años se fija un periodo estival comprendido entre el 18 de junio de 2018 y el 23 de septiembre de 2018. En el primero, pactado con la representación de los trabajadores, una extensión del 13 de junio de 2016 al 18 de septiembre de 2016. Con independencia de que en el presente supuesto no consta tal pacto y de que nada se alega o prueba respecto al resto de centros de trabajo distintos al de Sevilla, lo cierto es que el tenor literal del vigente Convenio (posterior a aquella regulación) no permite extender el periodo estival en función de las necesidades empresariales. La conclusión a la que llega esta Sala consiste en afirmar que, en ausencia de concreción en la norma convencional y de pacto expreso alcanzado con la representación de los trabajadores, la empresa no puede atribuirse la facultad unilateral de extender artificialmente el periodo estival en el que las personas trabajadoras han de disfrutar dos semanas de vacaciones. Y ello con mayor razón por cuanto la empresa tampoco acredita en forma alguna que con tal medida se esté favoreciendo, precisamente, la conciliación de la vida personal y familiar de la plantilla.

Es cierto que el proceso de determinación del periodo de disfrute de vacaciones requiere de un sistema de asignación lo más preciso posible para coordinar los intereses de todos los trabajadores y el desarrollo de la actividad empresarial. Ello, sin embargo, no permite que se produzca una extralimitación respecto del convenio colectivo de aplicación en cuanto a la extensión del periodo estival no prevista por las partes negociadoras. Es más, tal extralimitación también se produciría si esta Sala compartiese la interpretación pretendida por la empresa pues la misma excede, como hemos señalado, de la literalidad del precepto convencional en cuestión.

En consecuencia, el protocolo de vacaciones (la "Normativa de vacaciones 2025")debe ser anulado en lo relativo a la extensión temporal del periodo estival en el que las personas trabajadoras han de disfrutar dos semanas de vacaciones. Tal periodo, en el año 2025, no puede ser el comprendido entre el 9 de junio y el 14 de septiembre sino entre el 21 de junio y el 21 de septiembre de ese año, coincidiendo con el verano astronómico. Y ello sin perjuicio de la posible negociación con la representación de los trabajadores. La demanda, por ello, ha de ser estimada, en los términos interesados en su Suplico.

CUARTO.-La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto