Sentencia Social 61/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 31/2026 de 26 de marzo del 2026

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del proceso de conflicto colectivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos. En particular, el hecho probado decimotercero resulta de la valoración de las testificales propuestas por ambas partes.

TERCERO.-Sostiene el sindicato demandante que la empresa ha variado, de forma unilateral y sin acudir al procedimiento del artículo 41 ET, el contenido esencial del seguro médico previsto en el actual Convenio y que antes se venía disfrutando por el colectivo afectado como una condición más beneficiosa.

Antes de examinar tal cuestión es preciso, sin embargo, dar respuesta a la excepción de caducidad planteada por la demandada. Como recuerda la STS de 22-11-2023, rco. 113/2021, "el plazo de caducidad para el ejercicio de la acción de impugnación de las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo colectivas, no puede empezar a correr hasta el momento en el que la empresa ha notificado su decisión por escrito y de manera fehaciente a la representación legal de los trabajadores por cuanto dicho requisito asegura el conocimiento de la medida por la RLT, quien deberá impugnarla en un plazo perentorio de caducidad, que se activa al día siguiente de la citada notificación".

No se discute en el presente supuesto que, en rigor, no ha existido esa notificación fehaciente requerida por la jurisprudencia para dar inicio al cómputo del plazo de caducidad. De hecho, consta que en el acta de la Comisión Paritaria de 20 de mayo de 2025 se indicó, únicamente, que se habían iniciado los trámites de la nueva licitación. Y aunque es cierto que el anuncio de la licitación (dividida en dos lotes) se publicó en la plataforma de licitación del sector público el 3 de junio de 2025, junto con los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas, y que la declaración del Lote 2 como desierto fue de fecha 23 de julio de 2025, ello no permite omitir la obligación empresarial de notificar fehacientemente la existencia de una eventual modificación sustancial de carácter colectivo. Esto es, no cabe acogerse al plazo de caducidad del art. 138 LRJS al amparo de la normativa contenida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (arts. 151, 155, Disposición Adicional 15ª y art.347.5), pues la misma no tiene por objeto la regulación de las condiciones para hacer efectivas las modificaciones de las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras. Y ello con independencia de que ya en la reunión de la Comisión Paritaria de 16 de octubre de 2025 UGT calificaba la actuación empresarial relativa al seguro médico como una modificación sustancial de condiciones de trabajo (hecho probado decimosegundo)

No existe, por ello, ningún tipo de notificación fehaciente o, al menos, decisión en firme que justifique que el plazo de caducidad del artículo 138 LRJS deba comenzar desde el 23 de julio de 2025, tal y como plantea la demandada. La excepción, por ello, debe ser rechazada.

CUARTO.-Examinemos a continuación el fondo del asunto. Considera la demandante que ha existido una decisión unilateral de la empleadora consistente en dividir la licitación del seguro médico previsto en la norma convencional en dos lotes, incluyendo la prestación de hospitalización solo en el segundo de tales lotes (que ha resultado finalmente desierto). Y se interesa la declaración del derecho de todo el colectivo afectado a disfrutar de un seguro médico colectivo a cargo de las autoridades demandadas con inclusión de la cobertura la prestación de hospitalización.

Al respecto de tal pretensión y aunque, en rigor, se trata de un seguro recogido ya en la norma convencional vigente, debe traerse a colación la doctrina que al respecto viene manteniendo la Sala IV del TS en los términos que expone la STS de 15-1-2.016- rec. 233/2014-:

"[...] como dijimos en la mencionada STS 522/2022 de 7 de junio (rec 77/2020 ) « [...] a los efectos de poder adquirir una condición más beneficiosa en el ámbito de las relaciones laborales del sector público se exigen los siguientes requisitos: "a) que traiga origen en voluntad inequívoca del empleador; b) que la misma sea directamente atribuible al órgano que ostente adecuada competencia para vincular a la correspondiente Administración; y c) que se trate de un beneficio "praeter legem", en tanto que no contemplado ni prohibido -de forma expresa o implícita- por disposición legal o convencional algunas de las que predicar su imperatividad como Derecho necesario absoluto" ( STS/4ª de 19 septiembre 2007 -rcud. 3474/2006 - y 16 febrero 2009 -rcud. 1472/2008 -)».

Esta doctrina la hemos reiterado, en la también mencionada STS 423/2024 de 6 de marzo (rec 325/2021 ) con relación a la empresa pública TRAGSATEC asunto en el que rechazamos que se hubiera adquirido como condición más beneficiosa el derecho a no recuperar los puentes anuales que en el calendario anual se establezcan.

Y más recientemente, la STS 431/2025 de 19 de mayo (rec 247/2023 ) si bien con relación a mejoras voluntarias ( se trataba de la supresión en 2023 de los gastos de sepelio para jubilados del Banco de España que desde 2006 venían siendo reconocidos por decisión de la dirección del Banco de España, pero con carácter temporal, por un plazo inicial de 5 años, que luego se fue prorrogando año a año), rechazamos que estuviéramos en presencia de una CMB porque la mera repetición o persistencia en el tiempo del disfrute no genera, por sí sola, una condición más beneficiosa, sino que lo decisivo es que quede acreditada la voluntad empresarial de atribuir ese derecho y esa «voluntad empresarial que, en nuestro caso, tendría que ser la de atribuir ese derecho de forma indefinida, lo que está lejos de suceder en el presente supuesto, en el que el derecho se ha atribuido siempre de forma rigurosamente temporal[...]".

Por otro lado, debemos señalar que el art. 19.4 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 que ha sido prorrogada sucesivamente para los años 2024 y 2025 dispone que:

"1. La masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el apartado dos de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal en el año anterior.

Se exceptúan, en todo caso:

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.

b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.

c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.

d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado Dos de este artículo, los gastos de acción social y la productividad o retribución variable del personal laboral se determinarán en términos de homogeneidad respecto al número de efectivos".

Por otro lado, el art. 1 del RD Ley 14/2025 dispone en su artículo 1:

"1. En el año 2025, las retribuciones del personal al servicio del sector público podrán experimentar un incremento global máximo del 2,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2024, incluido en estas últimas el incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 por ciento recogido en el artículo 6.2 del Real Decreto- ley 4/2024, de 26 de junio , por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social.

Este incremento retributivo se considerará en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad de este y tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 2025.

2. La masa salarial del personal laboral podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el apartado 1 de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación".

Por lo tanto, para que un gasto retributivo pueda ser asumido por una entidad del sector público debe encontrarse amparado por la masa salarial autorizada, configurándose tal autorización como una "conditio iuris"para su efectividad, de manera que si el gasto no se encuentra autorizado la entidad pública en cuestión puede dejar de abonarlo sin necesidad de acudir a procedimiento alguno de MSCT o de descuelgue (con relación a lo estipulado en convenio colectivo pero igualmente predicable para las CMB en cuanto que su origen es de rango contractual cabe citar la doctrina sentada en los Autos TCo 85 y 104/2011 que son recordados en la STS de 13-1-2.026- rec 141/2024-.

En el presente caso, ha quedado acreditado lo siguiente:

1º.- En las autoridades demandadas existe una masa salarial aprobada que incluye un máximo, a cargo de las mismas, de 500 euros anuales por persona trabajadora en concepto de seguro médico. Tal límite no puede ser rebasado y, de hecho, consta en los pliegos de prescripciones técnicas de la nueva licitación.

2º.- En el lote 2 (que resultó desierto) se indicaba expresamente que solo serían cubiertas por las autoridades portuarias los primeros 500 €, siendo el resto a cargo de la persona trabajadora.

3º.- Del examen de la documentación aportada consta que las Autoridades Portuarias de Málaga y Almería sacaron a licitación un seguro médico propio con asistencia hospitalaria, quedando ambas convocatorias también desiertas.

4º.- A lo anterior debe unirse la literalidad de lo dispuesto en el art.51 del Convenio Colectivo aplicable (que no prevé la necesaria cobertura de la hospitalización):

"Artículo 51. Seguro de responsabilidad civil, seguro de accidentes y salud.

En materia de seguridad jurídica y sobre la salud, tendentes, entre otros aspectos, a mejorar y reducir el absentismo laboral, se mantendrán los compromisos ya puestos en marcha durante el II Convenio Colectivo, respetando los límites económicos y presupuestarios debidamente autorizadosy, respecto del seguro médico, con el límite individual por trabajador equivalente a la exención tributaria vigente en cada ejercicio.

A) Seguro de Responsabilidad Civil: Se establece un seguro de responsabilidad civil y asistencia jurídica con cargo a los Organismos Públicos cuyos beneficiarios son todos los trabajadores/as de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias. En la póliza se determinará el ámbito temporal de cobertura y los criterios para su renovación.

B) Seguro de Accidentes: Se establece un seguro de accidentes cuyos beneficiarios son todos los trabajadores/as de los Organismos Públicos. La cobertura de este seguro, que abarcará las 24 horas del día y las contingencias de infarto de miocardio declarada como accidente, será idéntica para todos los trabajadores/as, independientemente de su encuadramiento en la clasificación profesional y modalidad de contratación.

Los Organismos Públicos publicarán en la intranet corporativa información sobre las contingencias cubiertas y de las cuantías económicas establecidas para cada tipo de siniestro.

C) Seguro de Salud: Las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado dispondrán de un seguro sanitario para sus trabajadores y trabajadoras con cobertura de prestaciones sanitarias, especialidades y otros servicios y tratamientos relacionados.

Las especialidades, prestaciones sanitarias y otros servicios cubiertos por la póliza serán los que se determinen en el ámbito de cada Organismo Público portuario, con los límites que se establezcan en las normativas vigentes que le sean de aplicación al margen de lo descrito en el párrafo inicial de este artículo.

D) Información a la Representación Social: Los Organismos Públicos informarán a los representantes de los trabajadores/as, de las condiciones establecidas en los seguros a que hace referencia el presente artículo".

Expuesto lo anterior, resulta perfectamente ajustado a derecho el proceder de la demandada que ha respetado el límite de la masa salarial impuesto por la normativa en materia presupuestaria y, adicionalmente, ha intentado mantener la prestación de hospitalización con la licitación de un segundo lote aunque finalmente este haya quedado desierto. En definitiva, ni la norma permite sobrepasar el límite de los 500 € anuales a cargo de las demandadas, ni la prestación hospitalaria se prevé en la literalidad del art. 51 del Convenio, ni consta acreditada una voluntad unilateral de la empresa tendente a suprimir la prestación hospitalaria en el seguro médico colectivo. De ahí que no resulte posible afirmar la existencia de una modificación sustancial de condiciones de trabajo como la planteada en la demanda que ha dado lugar a los presentes autos.

QUINTO.-La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del proceso de conflicto colectivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos. En particular, el hecho probado decimotercero resulta de la valoración de las testificales propuestas por ambas partes.

TERCERO.-Sostiene el sindicato demandante que la empresa ha variado, de forma unilateral y sin acudir al procedimiento del artículo 41 ET, el contenido esencial del seguro médico previsto en el actual Convenio y que antes se venía disfrutando por el colectivo afectado como una condición más beneficiosa.

Antes de examinar tal cuestión es preciso, sin embargo, dar respuesta a la excepción de caducidad planteada por la demandada. Como recuerda la STS de 22-11-2023, rco. 113/2021, "el plazo de caducidad para el ejercicio de la acción de impugnación de las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo colectivas, no puede empezar a correr hasta el momento en el que la empresa ha notificado su decisión por escrito y de manera fehaciente a la representación legal de los trabajadores por cuanto dicho requisito asegura el conocimiento de la medida por la RLT, quien deberá impugnarla en un plazo perentorio de caducidad, que se activa al día siguiente de la citada notificación".

No se discute en el presente supuesto que, en rigor, no ha existido esa notificación fehaciente requerida por la jurisprudencia para dar inicio al cómputo del plazo de caducidad. De hecho, consta que en el acta de la Comisión Paritaria de 20 de mayo de 2025 se indicó, únicamente, que se habían iniciado los trámites de la nueva licitación. Y aunque es cierto que el anuncio de la licitación (dividida en dos lotes) se publicó en la plataforma de licitación del sector público el 3 de junio de 2025, junto con los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas, y que la declaración del Lote 2 como desierto fue de fecha 23 de julio de 2025, ello no permite omitir la obligación empresarial de notificar fehacientemente la existencia de una eventual modificación sustancial de carácter colectivo. Esto es, no cabe acogerse al plazo de caducidad del art. 138 LRJS al amparo de la normativa contenida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (arts. 151, 155, Disposición Adicional 15ª y art.347.5), pues la misma no tiene por objeto la regulación de las condiciones para hacer efectivas las modificaciones de las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras. Y ello con independencia de que ya en la reunión de la Comisión Paritaria de 16 de octubre de 2025 UGT calificaba la actuación empresarial relativa al seguro médico como una modificación sustancial de condiciones de trabajo (hecho probado decimosegundo)

No existe, por ello, ningún tipo de notificación fehaciente o, al menos, decisión en firme que justifique que el plazo de caducidad del artículo 138 LRJS deba comenzar desde el 23 de julio de 2025, tal y como plantea la demandada. La excepción, por ello, debe ser rechazada.

CUARTO.-Examinemos a continuación el fondo del asunto. Considera la demandante que ha existido una decisión unilateral de la empleadora consistente en dividir la licitación del seguro médico previsto en la norma convencional en dos lotes, incluyendo la prestación de hospitalización solo en el segundo de tales lotes (que ha resultado finalmente desierto). Y se interesa la declaración del derecho de todo el colectivo afectado a disfrutar de un seguro médico colectivo a cargo de las autoridades demandadas con inclusión de la cobertura la prestación de hospitalización.

Al respecto de tal pretensión y aunque, en rigor, se trata de un seguro recogido ya en la norma convencional vigente, debe traerse a colación la doctrina que al respecto viene manteniendo la Sala IV del TS en los términos que expone la STS de 15-1-2.016- rec. 233/2014-:

"[...] como dijimos en la mencionada STS 522/2022 de 7 de junio (rec 77/2020 ) « [...] a los efectos de poder adquirir una condición más beneficiosa en el ámbito de las relaciones laborales del sector público se exigen los siguientes requisitos: "a) que traiga origen en voluntad inequívoca del empleador; b) que la misma sea directamente atribuible al órgano que ostente adecuada competencia para vincular a la correspondiente Administración; y c) que se trate de un beneficio "praeter legem", en tanto que no contemplado ni prohibido -de forma expresa o implícita- por disposición legal o convencional algunas de las que predicar su imperatividad como Derecho necesario absoluto" ( STS/4ª de 19 septiembre 2007 -rcud. 3474/2006 - y 16 febrero 2009 -rcud. 1472/2008 -)».

Esta doctrina la hemos reiterado, en la también mencionada STS 423/2024 de 6 de marzo (rec 325/2021 ) con relación a la empresa pública TRAGSATEC asunto en el que rechazamos que se hubiera adquirido como condición más beneficiosa el derecho a no recuperar los puentes anuales que en el calendario anual se establezcan.

Y más recientemente, la STS 431/2025 de 19 de mayo (rec 247/2023 ) si bien con relación a mejoras voluntarias ( se trataba de la supresión en 2023 de los gastos de sepelio para jubilados del Banco de España que desde 2006 venían siendo reconocidos por decisión de la dirección del Banco de España, pero con carácter temporal, por un plazo inicial de 5 años, que luego se fue prorrogando año a año), rechazamos que estuviéramos en presencia de una CMB porque la mera repetición o persistencia en el tiempo del disfrute no genera, por sí sola, una condición más beneficiosa, sino que lo decisivo es que quede acreditada la voluntad empresarial de atribuir ese derecho y esa «voluntad empresarial que, en nuestro caso, tendría que ser la de atribuir ese derecho de forma indefinida, lo que está lejos de suceder en el presente supuesto, en el que el derecho se ha atribuido siempre de forma rigurosamente temporal[...]".

Por otro lado, debemos señalar que el art. 19.4 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 que ha sido prorrogada sucesivamente para los años 2024 y 2025 dispone que:

"1. La masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el apartado dos de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal en el año anterior.

Se exceptúan, en todo caso:

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.

b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.

c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.

d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado Dos de este artículo, los gastos de acción social y la productividad o retribución variable del personal laboral se determinarán en términos de homogeneidad respecto al número de efectivos".

Por otro lado, el art. 1 del RD Ley 14/2025 dispone en su artículo 1:

"1. En el año 2025, las retribuciones del personal al servicio del sector público podrán experimentar un incremento global máximo del 2,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2024, incluido en estas últimas el incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 por ciento recogido en el artículo 6.2 del Real Decreto- ley 4/2024, de 26 de junio , por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social.

Este incremento retributivo se considerará en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad de este y tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 2025.

2. La masa salarial del personal laboral podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el apartado 1 de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación".

Por lo tanto, para que un gasto retributivo pueda ser asumido por una entidad del sector público debe encontrarse amparado por la masa salarial autorizada, configurándose tal autorización como una "conditio iuris"para su efectividad, de manera que si el gasto no se encuentra autorizado la entidad pública en cuestión puede dejar de abonarlo sin necesidad de acudir a procedimiento alguno de MSCT o de descuelgue (con relación a lo estipulado en convenio colectivo pero igualmente predicable para las CMB en cuanto que su origen es de rango contractual cabe citar la doctrina sentada en los Autos TCo 85 y 104/2011 que son recordados en la STS de 13-1-2.026- rec 141/2024-.

En el presente caso, ha quedado acreditado lo siguiente:

1º.- En las autoridades demandadas existe una masa salarial aprobada que incluye un máximo, a cargo de las mismas, de 500 euros anuales por persona trabajadora en concepto de seguro médico. Tal límite no puede ser rebasado y, de hecho, consta en los pliegos de prescripciones técnicas de la nueva licitación.

2º.- En el lote 2 (que resultó desierto) se indicaba expresamente que solo serían cubiertas por las autoridades portuarias los primeros 500 €, siendo el resto a cargo de la persona trabajadora.

3º.- Del examen de la documentación aportada consta que las Autoridades Portuarias de Málaga y Almería sacaron a licitación un seguro médico propio con asistencia hospitalaria, quedando ambas convocatorias también desiertas.

4º.- A lo anterior debe unirse la literalidad de lo dispuesto en el art.51 del Convenio Colectivo aplicable (que no prevé la necesaria cobertura de la hospitalización):

"Artículo 51. Seguro de responsabilidad civil, seguro de accidentes y salud.

En materia de seguridad jurídica y sobre la salud, tendentes, entre otros aspectos, a mejorar y reducir el absentismo laboral, se mantendrán los compromisos ya puestos en marcha durante el II Convenio Colectivo, respetando los límites económicos y presupuestarios debidamente autorizadosy, respecto del seguro médico, con el límite individual por trabajador equivalente a la exención tributaria vigente en cada ejercicio.

A) Seguro de Responsabilidad Civil: Se establece un seguro de responsabilidad civil y asistencia jurídica con cargo a los Organismos Públicos cuyos beneficiarios son todos los trabajadores/as de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias. En la póliza se determinará el ámbito temporal de cobertura y los criterios para su renovación.

B) Seguro de Accidentes: Se establece un seguro de accidentes cuyos beneficiarios son todos los trabajadores/as de los Organismos Públicos. La cobertura de este seguro, que abarcará las 24 horas del día y las contingencias de infarto de miocardio declarada como accidente, será idéntica para todos los trabajadores/as, independientemente de su encuadramiento en la clasificación profesional y modalidad de contratación.

Los Organismos Públicos publicarán en la intranet corporativa información sobre las contingencias cubiertas y de las cuantías económicas establecidas para cada tipo de siniestro.

C) Seguro de Salud: Las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado dispondrán de un seguro sanitario para sus trabajadores y trabajadoras con cobertura de prestaciones sanitarias, especialidades y otros servicios y tratamientos relacionados.

Las especialidades, prestaciones sanitarias y otros servicios cubiertos por la póliza serán los que se determinen en el ámbito de cada Organismo Público portuario, con los límites que se establezcan en las normativas vigentes que le sean de aplicación al margen de lo descrito en el párrafo inicial de este artículo.

D) Información a la Representación Social: Los Organismos Públicos informarán a los representantes de los trabajadores/as, de las condiciones establecidas en los seguros a que hace referencia el presente artículo".

Expuesto lo anterior, resulta perfectamente ajustado a derecho el proceder de la demandada que ha respetado el límite de la masa salarial impuesto por la normativa en materia presupuestaria y, adicionalmente, ha intentado mantener la prestación de hospitalización con la licitación de un segundo lote aunque finalmente este haya quedado desierto. En definitiva, ni la norma permite sobrepasar el límite de los 500 € anuales a cargo de las demandadas, ni la prestación hospitalaria se prevé en la literalidad del art. 51 del Convenio, ni consta acreditada una voluntad unilateral de la empresa tendente a suprimir la prestación hospitalaria en el seguro médico colectivo. De ahí que no resulte posible afirmar la existencia de una modificación sustancial de condiciones de trabajo como la planteada en la demanda que ha dado lugar a los presentes autos.

QUINTO.-La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del proceso de conflicto colectivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos. En particular, el hecho probado decimotercero resulta de la valoración de las testificales propuestas por ambas partes.

TERCERO.-Sostiene el sindicato demandante que la empresa ha variado, de forma unilateral y sin acudir al procedimiento del artículo 41 ET, el contenido esencial del seguro médico previsto en el actual Convenio y que antes se venía disfrutando por el colectivo afectado como una condición más beneficiosa.

Antes de examinar tal cuestión es preciso, sin embargo, dar respuesta a la excepción de caducidad planteada por la demandada. Como recuerda la STS de 22-11-2023, rco. 113/2021, "el plazo de caducidad para el ejercicio de la acción de impugnación de las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo colectivas, no puede empezar a correr hasta el momento en el que la empresa ha notificado su decisión por escrito y de manera fehaciente a la representación legal de los trabajadores por cuanto dicho requisito asegura el conocimiento de la medida por la RLT, quien deberá impugnarla en un plazo perentorio de caducidad, que se activa al día siguiente de la citada notificación".

No se discute en el presente supuesto que, en rigor, no ha existido esa notificación fehaciente requerida por la jurisprudencia para dar inicio al cómputo del plazo de caducidad. De hecho, consta que en el acta de la Comisión Paritaria de 20 de mayo de 2025 se indicó, únicamente, que se habían iniciado los trámites de la nueva licitación. Y aunque es cierto que el anuncio de la licitación (dividida en dos lotes) se publicó en la plataforma de licitación del sector público el 3 de junio de 2025, junto con los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas, y que la declaración del Lote 2 como desierto fue de fecha 23 de julio de 2025, ello no permite omitir la obligación empresarial de notificar fehacientemente la existencia de una eventual modificación sustancial de carácter colectivo. Esto es, no cabe acogerse al plazo de caducidad del art. 138 LRJS al amparo de la normativa contenida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (arts. 151, 155, Disposición Adicional 15ª y art.347.5), pues la misma no tiene por objeto la regulación de las condiciones para hacer efectivas las modificaciones de las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras. Y ello con independencia de que ya en la reunión de la Comisión Paritaria de 16 de octubre de 2025 UGT calificaba la actuación empresarial relativa al seguro médico como una modificación sustancial de condiciones de trabajo (hecho probado decimosegundo)

No existe, por ello, ningún tipo de notificación fehaciente o, al menos, decisión en firme que justifique que el plazo de caducidad del artículo 138 LRJS deba comenzar desde el 23 de julio de 2025, tal y como plantea la demandada. La excepción, por ello, debe ser rechazada.

CUARTO.-Examinemos a continuación el fondo del asunto. Considera la demandante que ha existido una decisión unilateral de la empleadora consistente en dividir la licitación del seguro médico previsto en la norma convencional en dos lotes, incluyendo la prestación de hospitalización solo en el segundo de tales lotes (que ha resultado finalmente desierto). Y se interesa la declaración del derecho de todo el colectivo afectado a disfrutar de un seguro médico colectivo a cargo de las autoridades demandadas con inclusión de la cobertura la prestación de hospitalización.

Al respecto de tal pretensión y aunque, en rigor, se trata de un seguro recogido ya en la norma convencional vigente, debe traerse a colación la doctrina que al respecto viene manteniendo la Sala IV del TS en los términos que expone la STS de 15-1-2.016- rec. 233/2014-:

"[...] como dijimos en la mencionada STS 522/2022 de 7 de junio (rec 77/2020 ) « [...] a los efectos de poder adquirir una condición más beneficiosa en el ámbito de las relaciones laborales del sector público se exigen los siguientes requisitos: "a) que traiga origen en voluntad inequívoca del empleador; b) que la misma sea directamente atribuible al órgano que ostente adecuada competencia para vincular a la correspondiente Administración; y c) que se trate de un beneficio "praeter legem", en tanto que no contemplado ni prohibido -de forma expresa o implícita- por disposición legal o convencional algunas de las que predicar su imperatividad como Derecho necesario absoluto" ( STS/4ª de 19 septiembre 2007 -rcud. 3474/2006 - y 16 febrero 2009 -rcud. 1472/2008 -)».

Esta doctrina la hemos reiterado, en la también mencionada STS 423/2024 de 6 de marzo (rec 325/2021 ) con relación a la empresa pública TRAGSATEC asunto en el que rechazamos que se hubiera adquirido como condición más beneficiosa el derecho a no recuperar los puentes anuales que en el calendario anual se establezcan.

Y más recientemente, la STS 431/2025 de 19 de mayo (rec 247/2023 ) si bien con relación a mejoras voluntarias ( se trataba de la supresión en 2023 de los gastos de sepelio para jubilados del Banco de España que desde 2006 venían siendo reconocidos por decisión de la dirección del Banco de España, pero con carácter temporal, por un plazo inicial de 5 años, que luego se fue prorrogando año a año), rechazamos que estuviéramos en presencia de una CMB porque la mera repetición o persistencia en el tiempo del disfrute no genera, por sí sola, una condición más beneficiosa, sino que lo decisivo es que quede acreditada la voluntad empresarial de atribuir ese derecho y esa «voluntad empresarial que, en nuestro caso, tendría que ser la de atribuir ese derecho de forma indefinida, lo que está lejos de suceder en el presente supuesto, en el que el derecho se ha atribuido siempre de forma rigurosamente temporal[...]".

Por otro lado, debemos señalar que el art. 19.4 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 que ha sido prorrogada sucesivamente para los años 2024 y 2025 dispone que:

"1. La masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el apartado dos de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal en el año anterior.

Se exceptúan, en todo caso:

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.

b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.

c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.

d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado Dos de este artículo, los gastos de acción social y la productividad o retribución variable del personal laboral se determinarán en términos de homogeneidad respecto al número de efectivos".

Por otro lado, el art. 1 del RD Ley 14/2025 dispone en su artículo 1:

"1. En el año 2025, las retribuciones del personal al servicio del sector público podrán experimentar un incremento global máximo del 2,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2024, incluido en estas últimas el incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 por ciento recogido en el artículo 6.2 del Real Decreto- ley 4/2024, de 26 de junio , por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social.

Este incremento retributivo se considerará en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad de este y tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 2025.

2. La masa salarial del personal laboral podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el apartado 1 de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación".

Por lo tanto, para que un gasto retributivo pueda ser asumido por una entidad del sector público debe encontrarse amparado por la masa salarial autorizada, configurándose tal autorización como una "conditio iuris"para su efectividad, de manera que si el gasto no se encuentra autorizado la entidad pública en cuestión puede dejar de abonarlo sin necesidad de acudir a procedimiento alguno de MSCT o de descuelgue (con relación a lo estipulado en convenio colectivo pero igualmente predicable para las CMB en cuanto que su origen es de rango contractual cabe citar la doctrina sentada en los Autos TCo 85 y 104/2011 que son recordados en la STS de 13-1-2.026- rec 141/2024-.

En el presente caso, ha quedado acreditado lo siguiente:

1º.- En las autoridades demandadas existe una masa salarial aprobada que incluye un máximo, a cargo de las mismas, de 500 euros anuales por persona trabajadora en concepto de seguro médico. Tal límite no puede ser rebasado y, de hecho, consta en los pliegos de prescripciones técnicas de la nueva licitación.

2º.- En el lote 2 (que resultó desierto) se indicaba expresamente que solo serían cubiertas por las autoridades portuarias los primeros 500 €, siendo el resto a cargo de la persona trabajadora.

3º.- Del examen de la documentación aportada consta que las Autoridades Portuarias de Málaga y Almería sacaron a licitación un seguro médico propio con asistencia hospitalaria, quedando ambas convocatorias también desiertas.

4º.- A lo anterior debe unirse la literalidad de lo dispuesto en el art.51 del Convenio Colectivo aplicable (que no prevé la necesaria cobertura de la hospitalización):

"Artículo 51. Seguro de responsabilidad civil, seguro de accidentes y salud.

En materia de seguridad jurídica y sobre la salud, tendentes, entre otros aspectos, a mejorar y reducir el absentismo laboral, se mantendrán los compromisos ya puestos en marcha durante el II Convenio Colectivo, respetando los límites económicos y presupuestarios debidamente autorizadosy, respecto del seguro médico, con el límite individual por trabajador equivalente a la exención tributaria vigente en cada ejercicio.

A) Seguro de Responsabilidad Civil: Se establece un seguro de responsabilidad civil y asistencia jurídica con cargo a los Organismos Públicos cuyos beneficiarios son todos los trabajadores/as de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias. En la póliza se determinará el ámbito temporal de cobertura y los criterios para su renovación.

B) Seguro de Accidentes: Se establece un seguro de accidentes cuyos beneficiarios son todos los trabajadores/as de los Organismos Públicos. La cobertura de este seguro, que abarcará las 24 horas del día y las contingencias de infarto de miocardio declarada como accidente, será idéntica para todos los trabajadores/as, independientemente de su encuadramiento en la clasificación profesional y modalidad de contratación.

Los Organismos Públicos publicarán en la intranet corporativa información sobre las contingencias cubiertas y de las cuantías económicas establecidas para cada tipo de siniestro.

C) Seguro de Salud: Las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado dispondrán de un seguro sanitario para sus trabajadores y trabajadoras con cobertura de prestaciones sanitarias, especialidades y otros servicios y tratamientos relacionados.

Las especialidades, prestaciones sanitarias y otros servicios cubiertos por la póliza serán los que se determinen en el ámbito de cada Organismo Público portuario, con los límites que se establezcan en las normativas vigentes que le sean de aplicación al margen de lo descrito en el párrafo inicial de este artículo.

D) Información a la Representación Social: Los Organismos Públicos informarán a los representantes de los trabajadores/as, de las condiciones establecidas en los seguros a que hace referencia el presente artículo".

Expuesto lo anterior, resulta perfectamente ajustado a derecho el proceder de la demandada que ha respetado el límite de la masa salarial impuesto por la normativa en materia presupuestaria y, adicionalmente, ha intentado mantener la prestación de hospitalización con la licitación de un segundo lote aunque finalmente este haya quedado desierto. En definitiva, ni la norma permite sobrepasar el límite de los 500 € anuales a cargo de las demandadas, ni la prestación hospitalaria se prevé en la literalidad del art. 51 del Convenio, ni consta acreditada una voluntad unilateral de la empresa tendente a suprimir la prestación hospitalaria en el seguro médico colectivo. De ahí que no resulte posible afirmar la existencia de una modificación sustancial de condiciones de trabajo como la planteada en la demanda que ha dado lugar a los presentes autos.

QUINTO.-La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del proceso de conflicto colectivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos. En particular, el hecho probado decimotercero resulta de la valoración de las testificales propuestas por ambas partes.

TERCERO.-Sostiene el sindicato demandante que la empresa ha variado, de forma unilateral y sin acudir al procedimiento del artículo 41 ET, el contenido esencial del seguro médico previsto en el actual Convenio y que antes se venía disfrutando por el colectivo afectado como una condición más beneficiosa.

Antes de examinar tal cuestión es preciso, sin embargo, dar respuesta a la excepción de caducidad planteada por la demandada. Como recuerda la STS de 22-11-2023, rco. 113/2021, "el plazo de caducidad para el ejercicio de la acción de impugnación de las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo colectivas, no puede empezar a correr hasta el momento en el que la empresa ha notificado su decisión por escrito y de manera fehaciente a la representación legal de los trabajadores por cuanto dicho requisito asegura el conocimiento de la medida por la RLT, quien deberá impugnarla en un plazo perentorio de caducidad, que se activa al día siguiente de la citada notificación".

No se discute en el presente supuesto que, en rigor, no ha existido esa notificación fehaciente requerida por la jurisprudencia para dar inicio al cómputo del plazo de caducidad. De hecho, consta que en el acta de la Comisión Paritaria de 20 de mayo de 2025 se indicó, únicamente, que se habían iniciado los trámites de la nueva licitación. Y aunque es cierto que el anuncio de la licitación (dividida en dos lotes) se publicó en la plataforma de licitación del sector público el 3 de junio de 2025, junto con los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas, y que la declaración del Lote 2 como desierto fue de fecha 23 de julio de 2025, ello no permite omitir la obligación empresarial de notificar fehacientemente la existencia de una eventual modificación sustancial de carácter colectivo. Esto es, no cabe acogerse al plazo de caducidad del art. 138 LRJS al amparo de la normativa contenida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (arts. 151, 155, Disposición Adicional 15ª y art.347.5), pues la misma no tiene por objeto la regulación de las condiciones para hacer efectivas las modificaciones de las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras. Y ello con independencia de que ya en la reunión de la Comisión Paritaria de 16 de octubre de 2025 UGT calificaba la actuación empresarial relativa al seguro médico como una modificación sustancial de condiciones de trabajo (hecho probado decimosegundo)

No existe, por ello, ningún tipo de notificación fehaciente o, al menos, decisión en firme que justifique que el plazo de caducidad del artículo 138 LRJS deba comenzar desde el 23 de julio de 2025, tal y como plantea la demandada. La excepción, por ello, debe ser rechazada.

CUARTO.-Examinemos a continuación el fondo del asunto. Considera la demandante que ha existido una decisión unilateral de la empleadora consistente en dividir la licitación del seguro médico previsto en la norma convencional en dos lotes, incluyendo la prestación de hospitalización solo en el segundo de tales lotes (que ha resultado finalmente desierto). Y se interesa la declaración del derecho de todo el colectivo afectado a disfrutar de un seguro médico colectivo a cargo de las autoridades demandadas con inclusión de la cobertura la prestación de hospitalización.

Al respecto de tal pretensión y aunque, en rigor, se trata de un seguro recogido ya en la norma convencional vigente, debe traerse a colación la doctrina que al respecto viene manteniendo la Sala IV del TS en los términos que expone la STS de 15-1-2.016- rec. 233/2014-:

"[...] como dijimos en la mencionada STS 522/2022 de 7 de junio (rec 77/2020 ) « [...] a los efectos de poder adquirir una condición más beneficiosa en el ámbito de las relaciones laborales del sector público se exigen los siguientes requisitos: "a) que traiga origen en voluntad inequívoca del empleador; b) que la misma sea directamente atribuible al órgano que ostente adecuada competencia para vincular a la correspondiente Administración; y c) que se trate de un beneficio "praeter legem", en tanto que no contemplado ni prohibido -de forma expresa o implícita- por disposición legal o convencional algunas de las que predicar su imperatividad como Derecho necesario absoluto" ( STS/4ª de 19 septiembre 2007 -rcud. 3474/2006 - y 16 febrero 2009 -rcud. 1472/2008 -)».

Esta doctrina la hemos reiterado, en la también mencionada STS 423/2024 de 6 de marzo (rec 325/2021 ) con relación a la empresa pública TRAGSATEC asunto en el que rechazamos que se hubiera adquirido como condición más beneficiosa el derecho a no recuperar los puentes anuales que en el calendario anual se establezcan.

Y más recientemente, la STS 431/2025 de 19 de mayo (rec 247/2023 ) si bien con relación a mejoras voluntarias ( se trataba de la supresión en 2023 de los gastos de sepelio para jubilados del Banco de España que desde 2006 venían siendo reconocidos por decisión de la dirección del Banco de España, pero con carácter temporal, por un plazo inicial de 5 años, que luego se fue prorrogando año a año), rechazamos que estuviéramos en presencia de una CMB porque la mera repetición o persistencia en el tiempo del disfrute no genera, por sí sola, una condición más beneficiosa, sino que lo decisivo es que quede acreditada la voluntad empresarial de atribuir ese derecho y esa «voluntad empresarial que, en nuestro caso, tendría que ser la de atribuir ese derecho de forma indefinida, lo que está lejos de suceder en el presente supuesto, en el que el derecho se ha atribuido siempre de forma rigurosamente temporal[...]".

Por otro lado, debemos señalar que el art. 19.4 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 que ha sido prorrogada sucesivamente para los años 2024 y 2025 dispone que:

"1. La masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el apartado dos de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal en el año anterior.

Se exceptúan, en todo caso:

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.

b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.

c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.

d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado Dos de este artículo, los gastos de acción social y la productividad o retribución variable del personal laboral se determinarán en términos de homogeneidad respecto al número de efectivos".

Por otro lado, el art. 1 del RD Ley 14/2025 dispone en su artículo 1:

"1. En el año 2025, las retribuciones del personal al servicio del sector público podrán experimentar un incremento global máximo del 2,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2024, incluido en estas últimas el incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 por ciento recogido en el artículo 6.2 del Real Decreto- ley 4/2024, de 26 de junio , por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social.

Este incremento retributivo se considerará en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad de este y tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 2025.

2. La masa salarial del personal laboral podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el apartado 1 de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación".

Por lo tanto, para que un gasto retributivo pueda ser asumido por una entidad del sector público debe encontrarse amparado por la masa salarial autorizada, configurándose tal autorización como una "conditio iuris"para su efectividad, de manera que si el gasto no se encuentra autorizado la entidad pública en cuestión puede dejar de abonarlo sin necesidad de acudir a procedimiento alguno de MSCT o de descuelgue (con relación a lo estipulado en convenio colectivo pero igualmente predicable para las CMB en cuanto que su origen es de rango contractual cabe citar la doctrina sentada en los Autos TCo 85 y 104/2011 que son recordados en la STS de 13-1-2.026- rec 141/2024-.

En el presente caso, ha quedado acreditado lo siguiente:

1º.- En las autoridades demandadas existe una masa salarial aprobada que incluye un máximo, a cargo de las mismas, de 500 euros anuales por persona trabajadora en concepto de seguro médico. Tal límite no puede ser rebasado y, de hecho, consta en los pliegos de prescripciones técnicas de la nueva licitación.

2º.- En el lote 2 (que resultó desierto) se indicaba expresamente que solo serían cubiertas por las autoridades portuarias los primeros 500 €, siendo el resto a cargo de la persona trabajadora.

3º.- Del examen de la documentación aportada consta que las Autoridades Portuarias de Málaga y Almería sacaron a licitación un seguro médico propio con asistencia hospitalaria, quedando ambas convocatorias también desiertas.

4º.- A lo anterior debe unirse la literalidad de lo dispuesto en el art.51 del Convenio Colectivo aplicable (que no prevé la necesaria cobertura de la hospitalización):

"Artículo 51. Seguro de responsabilidad civil, seguro de accidentes y salud.

En materia de seguridad jurídica y sobre la salud, tendentes, entre otros aspectos, a mejorar y reducir el absentismo laboral, se mantendrán los compromisos ya puestos en marcha durante el II Convenio Colectivo, respetando los límites económicos y presupuestarios debidamente autorizadosy, respecto del seguro médico, con el límite individual por trabajador equivalente a la exención tributaria vigente en cada ejercicio.

A) Seguro de Responsabilidad Civil: Se establece un seguro de responsabilidad civil y asistencia jurídica con cargo a los Organismos Públicos cuyos beneficiarios son todos los trabajadores/as de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias. En la póliza se determinará el ámbito temporal de cobertura y los criterios para su renovación.

B) Seguro de Accidentes: Se establece un seguro de accidentes cuyos beneficiarios son todos los trabajadores/as de los Organismos Públicos. La cobertura de este seguro, que abarcará las 24 horas del día y las contingencias de infarto de miocardio declarada como accidente, será idéntica para todos los trabajadores/as, independientemente de su encuadramiento en la clasificación profesional y modalidad de contratación.

Los Organismos Públicos publicarán en la intranet corporativa información sobre las contingencias cubiertas y de las cuantías económicas establecidas para cada tipo de siniestro.

C) Seguro de Salud: Las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado dispondrán de un seguro sanitario para sus trabajadores y trabajadoras con cobertura de prestaciones sanitarias, especialidades y otros servicios y tratamientos relacionados.

Las especialidades, prestaciones sanitarias y otros servicios cubiertos por la póliza serán los que se determinen en el ámbito de cada Organismo Público portuario, con los límites que se establezcan en las normativas vigentes que le sean de aplicación al margen de lo descrito en el párrafo inicial de este artículo.

D) Información a la Representación Social: Los Organismos Públicos informarán a los representantes de los trabajadores/as, de las condiciones establecidas en los seguros a que hace referencia el presente artículo".

Expuesto lo anterior, resulta perfectamente ajustado a derecho el proceder de la demandada que ha respetado el límite de la masa salarial impuesto por la normativa en materia presupuestaria y, adicionalmente, ha intentado mantener la prestación de hospitalización con la licitación de un segundo lote aunque finalmente este haya quedado desierto. En definitiva, ni la norma permite sobrepasar el límite de los 500 € anuales a cargo de las demandadas, ni la prestación hospitalaria se prevé en la literalidad del art. 51 del Convenio, ni consta acreditada una voluntad unilateral de la empresa tendente a suprimir la prestación hospitalaria en el seguro médico colectivo. De ahí que no resulte posible afirmar la existencia de una modificación sustancial de condiciones de trabajo como la planteada en la demanda que ha dado lugar a los presentes autos.

QUINTO.-La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto