Sentencia Social 77/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 46/2026 de 27 de abril del 2026

PRIMERO. -La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 f) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO. -De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO. - 1.Ejercita el sindicato Alferro demanda de tutela de derechos fundamentales en nombre propio y de cuatro trabajadores afiliados al citado sindicato, por entender vulnerado el derecho de huelga de la organización sindical y de los indicados trabajadores por los hechos acontecidos durante la huelga convocada a nivel nacional, en las empresas del Grupo Renfe, los días 17 y 26 de marzo y 1 de abril de 2025.

2. En primer término se ha de resolver la excepción de falta de competencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional para conocer de la pretensión de vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores demandantes, a la que se adhirió el Ministerio Fiscal, interesando fuera estimada la misma. A dicha excepción se opuso el sindicato Alferro manifestando que al tratarse de una huelga de ámbito nacional, correspondería a este tribunal enjuiciar los hechos que pudieran motivar la vulneración de derechos fundamentales denunciada.

3. De conformidad con lo dispuesto en el art. 8.1 de la LRJS, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia, de los procesos sobre las cuestiones a que se refieren las letras f), g), h), j) k) y l) del art. 2 cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma. En concreto el apartado f) del citado art. 2 recoge como materias propias del conocimiento del orden jurisdiccional social los procesos sobre tutela de derechos de libertad sindical, huelga y demás derechos fundamentales.

Tal y como recordábamos en nuestra sentencia de 13-2-2025, proceso 398/2024, el art. 8.1 LRJS ha sido interpretado por los Autos del TS de 8-5-2.024 (cuestión de competencia 5/2023) y de 22-7-2014 (cuestión de competencia 1/2014) que la Audiencia Nacional carece de competencia en aquellas demandas individuales o plurales de tutela de los derechos fundamentales pues la lesión se proyecta en la esfera individual de cada uno de los demandantes.

4. Si ello es así, y aun cuando la huelga convocada por el sindicato Alferro, fue de carácter nacional, la concreta lesión de los trabajadores demandantes individualmente considerados se proyecta sobre su esfera particular, no siendo competente esta Sala para resolver sobre las pretensiones articuladas en tal sentido, por lo que la excepción opuesta por las empresas del Grupo Renfe ha de ser estimada.

CUARTO.- 1.Entrando a resolver sobre el fondo del asunto, se alza el sindicato Alferro frente a la actuación empresarial en la huelga convocada para los días 17 y 26 de marzo y 1 de abril de 2025, entendiendo que se ha producido una vulneración de su derecho fundamental de huelga, que debe ser resarcida mediante la indemnización solicitada.

2. Antes de analizar cada uno de los hechos que se imputan a las demandadas, hemos de indicar que efectivamente, tal y como se señaló por el letrado de las empresas, el sindicato demandante interpone demanda frente a todas las empresas del Grupo Renfe imputando a todas ellas una conducta contraria al ejercicio de su derecho de huelga, circunstancia que como después se verá, no puede tenerse por acreditada, dada la escasa prueba presentada por la parte actora tendente a sustentar unos indicios mínimos que permitan invertir la carga de la prueba. La conducta se imputa de forma genérica e indiscriminada, sin determinar qué concretas sociedades pudieran tener una participación directa en los hechos presuntamente vulneradores de la libertad sindical.

3. Dicho lo anterior, la demanda se sustenta en varias conductas, que se relatan en el escrito rector y que se reiteran en el acto de la vista, consistentes en:

a) La exclusión del sindicato Alferro en los espacios de negociación institucional que se articularon en la empresa y en el Ministerio de Transportes

b) Desplegar Renfe una estrategia de comunicación dirigida a afirmar que la huelga había sido desconvocada, cuando el sindicato Alferro mantuvo la convocatoria. Conducta dirigida a desinformar a los trabajadores y al público en general para desincentivar el ejercicio de derecho de huelga, que también se desprende de las cartas de servicios mínimos entregadas a los trabajadores.

c) Puesta en circulación de un volumen de trenes muy superior al permitido por la resolución del Ministerio de Transportes por la que se fijaban los servicios esenciales.

d) Asignación a miembros del comité de huelga de servicios mínimos.

4. Y dichas conductas se enmarcan en el devenir de los hechos acontecidos, que se extraen de los hechos declarados probados por los que:

a) El Comité General de Empresa del Grupo Renfe y los Comités de SEMAF, CCOO, UGT, SFF-CGT, SF-I y ALFERRO convocaron huelga a nivel nacional para los días 17, 19, 24, 26 y 28 de marzo de 2025 y 1 y 3 de abril.

b) Por el Ministerio de Transportes y los Órganos competentes de Cataluña y País Vasco, se dictaron sendas resoluciones por la que se fijaban los servicios mínimos a cumplir en dichas jornadas de huelga, siendo el transporte de viajeros servicio esencial de la comunidad.

c) El 16-3-2025 se desconvocó la huelga por el Comité General de la Empresa de Adif y Renfe y por los sindicatos SEMAF, CCOO y UGT, manteniendo los sindicatos SFF-CGT, SF-I y Alferro los paros convocados para los días 17 y 26 de marzo y 1 de abril.

QUINTO.- 1.Vistos los hechos anteriores, que serán complementados con los que a continuación se dirá, ya adelantamos que la demanda ha de ser desestimada en su integridad. Hemos de traer a colación en primer término la doctrina del Tribunal Supremo expresada en STS de 25-01-2023, rec. 62/20521 en la que se afirma que: "(...) Consecuentemente en el artículo 28.1 CE se integra el derecho a llevar a cabo una libre acción sindical comprensiva del ejercicio de todos los medios lícitos a tal fin y sin indebidas interferencias de terceros ( SSTC 94/1995 ; 127/1995 ; 107/2000 ; 121/2001 ; 213/2002 y 198/2004 , entre otras). Por tanto, el ejercicio de esa acción sindical confiere al sindicato un amplio margen de actuación, más allá, incluso de las vertientes más propias y significativas del derecho (negociación colectiva, huelga, conflictos colectivos) que comprende cualquier forma lícita de actuación que las organizaciones sindicales consideren adecuadas a los fines a las que están llamadas ( SSTC 1423/1991 ; 1/1998 ; 213/2002 ; 185/2003 y 198/2004 , entre otras).

2. Y en relación con la carga probatoria que ha de concurrir cuando se acrediten la posible existencia de indicios de vulneración de derechos fundamentales, el Alto Tribunal ha manifestado también en la citada sentencia que "ante la inexistencia de indicios o de simple apariencia de que se haya producido una violación de la libertad sindical de los actores y, por tanto, no es aplicable la especial regla de la carga de la prueba que establece, en tales casos, el artículo 178.2 LPL (hoy 181.2 LRJS ), de que, constatada la concurrencia de tales indicios, se desplaza hacía el demandado la carga de acreditar que la medida adoptada es objetiva, razonable y proporcionada. Al no producirse el presupuesto inicial exigido en el art. 178.2 (hoy 181.2 LRJS ) citado son aplicables las reglas del art. 1214 CC que impone a los demandantes la aportación de la prueba de que han sido discriminados por razones sindicales" ( STS de 27 de septiembre de 1993, rec. 3034/1992).

3. En ese mismo sentido, conviene recordar que la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad. A los efectos que aquí importan, basta con recordar que (como sintetizan las SSTC 66/1995, de 8 de mayo, FJ 5 ; 55/1996, de 28 de marzo, FFJJ 6, 7, 8 y 9; 207/1996, de 16 diciembre, FJ 4 y 37/1998, de 17 de febrero, FJ 8) para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres requisitos o condiciones siguientes: si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)".

3. Aplicando la doctrina expuesta a cada uno de los incumplimientos denunciados, se ha de concluir que:

.-En primer lugar, y respecto a las convocatorias de negociación durante la huelga excluyendo al sindicato demandante, más allá de la mera afirmación de tal circunstancia, no se aporta por parte del sindicato actor indicios suficientes de tal vulneración. Decimos esto por cuanto que, se desconoce qué número de reuniones se llevaron a cabo, cuáles de dichas reuniones fueron convocadas expresamente por las empresas demandadas y qué otras fueron convocadas por el Ministerio de Transportes, ajeno por ende a los hechos aquí debatidos. Y de la prueba practicada, lo único que consta es que Renfe se ha dirigido al sindicato Alferro, convocando al mismo a la reunión que iba a celebrarse con el comité de huelga en relación con los paros convocados para los días 17 y 26 de marzo y 1 de abril de 2025, contestando expresamente el sindicato actor. De hecho, la empresa requirió al mimo para que le comunicara qué concretas personas debía liberar para poder asistir a la reunión, lo que casa mal con la afirmación de la exclusión de Alferro de la negociación llevada a término. Posteriormente, la empresa volvió a convocar al comité de huelga para el día 27 de marzo, contestando Alferro el día 25, identificando los trabajadores a liberar para acudir a la reunión, tal y como se desprende del descriptor 30, documento 3 y descriptor 78, documentos 4.6 y 4.9 y 4.11. Por ello, ninguna conducta vulneradora de los derechos fundamentales puede apreciarse, al no tenerse por acreditados los indicios expuestos por la parte demandante sobre la exclusión del sindicato de la negociación previa a la huelga.

.-En segundo lugar, y en relación a la estrategia de comunicación presuntamente desplegada por Renfe para condicionar y neutralizar el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores, al comunicar que la misma había sido desconvocada, manteniendo los paros el sindicato demandante junto con SFF-CGT y SFI, tampoco podemos estimar las pretensiones de la parte actora.

Tal y como se constata en los hechos declarados probados, el 16-3-2025 la huelga fue desconvocada por el Comité General de la Empresa de Adif y Renfe y por los sindicatos SEMAF, CCOO y UGT. Tras ello, obran en las actuaciones los comunicados que se recogen a los hechos probados sexto y séptimo, de los que no se desprende que Renfe comunicara de forma general que la huelga había sido completamente desconvocada. Véase que al descriptor 30, documento 39, obra comunicado del Comité General de Empresa de Renfe y de Adif en el que se decía que se había alcanzado acuerdo con la mayoría de las Organizaciones sindicales (SEMAF, CCOO, UGT Y SCF) y en concreto:

Este es el acuerdo que hemos alcanzado la mayoría de las Organizaciones sindicales (SEMAF, CCOO, UGT y SCF) que conforman los CGE's del Grupo Renfe y Adif con el Ministerio de Transportes, La Generalitat y ambas empresas públicas, por el que desconvocamos la huelga(...)".

Es decir, que es son los sindicatos SEMAF, CCOO, UGT y SCF, mayoritarios en los comités de empresa los que anuncian que desconvocan la huelga. Y así se constata también en el anuncio emitido por Renfe viajeros obrante al descriptor 30 (documento 40) en el que se decía:

Tras el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Generalitat de Catalunya, la mayoría de los sindicatos presentes en los comités generales de empresa de Renfe y Adif han desconvocado la huelga prevista desde el lunes 17 de marzo. Los servicios ferroviarios recuperarán, por tanto, su programación habitual.

Se mantienen hasta el jueves día 20 las medidas posventa en cuanto a cambio de billetes según se indica a continuación:

Los viajeros que hubieran realizado algún cambio en sus billetes y deseen realizar su viaje en las condiciones del billete adquirido originalmente, se les facilitará uno nuevo sin gastos de cambio".

De nuevo se anuncia que son los sindicatos mayoritarios los que desconvocan los paros del día 17 de marzo. Y si quedaba alguna duda de la actuación de la empresa en tal sentido, en correos electrónicos remitidos desde la Oficina de Hojas de Cercanías Catalunya y por el Supervisor General de Trenes de AV/LD Levante y Madrid Atocha se comunicó la desconvocatoria de la huelga del 17 de marzo, en correo también remitido por la Intervención de Rodalies Catalunya se puso en conocimiento la desconvocatoria de huelga por parte de SEMAF, UGT y CCOO y el mantenimiento de los paros convocados por CGT-SF, SF Intersindical y Alferro, informándose del no mantenimiento de servicios mínimos para estas convocatorias y el derecho de los trabajadores a secundar los paros previstos para los días 19, 24, 26, 28 de marzo y 1 y 3 de abril. En correo remitido desde Renfe Viajeros se anunciaba la desconvocatoria de la huelga por los sindicatos mayoritarios (descriptor 30, documentos 44 a 48 y descriptor 78, documento 9.2). Asimismo, mediante nota de prensa publicada por Renfe, obrante al descriptor 30, documento 64, se informa del seguimiento de los paros convocados por SFF-CGT, SF-Intersindical y Alferro.

Es decir, que si bien de alguna comunicación pudiera inferirse que efectivamente se había desconvocado la huelga, no es menos cierto tampoco que en otras comunicaciones se alude expresamente a la desconvocatoria por los sindicatos mayoritarios, y en otras, al anuncio del mantenimiento de los paros por el sindicato Alferro. Ello nos lleva a concluir, que un comunicado aislado como el del Supervisor General de Trenes de AV/LD no puede extrapolarse ni imputarse de forma genérica a la totalidad de las empresas del Grupo demandadas, ni considerarse un indicio con fuerza suficiente para concluir que dichas empresas, desplegaron una conducta contraria al desarrollo de la huelga, cuando también constan comunicaciones de las que se infiere el absoluto respeto por la huelga convocada por Alferro, comunicándose expresamente su mantenimiento. Como tampoco puede tenerse por acreditada la conducta imputada por el sindicato actor, de las fotografías de las pantallas de teléfonos móviles que se aportan como prueba, cuyo origen se desconoce, ni de las noticias de prensa también aportadas a las actuaciones por parte del sindicato actor, a los que esta Sala no ha otorgado valor probatorio alguno.

.- En tercer lugar, y respecto a la puesta en circulación de trenes en un volumen muy superior al que fue fijada por las resoluciones de servicios mínimos, aporta Alferro únicamente mensajes de determinados trabajadores en los que consta que no se mostraban conformes con los mismos, por adjudicarse servicios que no se correspondían con los citados servicios mínimos. Pero al margen de tal discrepancia, tampoco aporta Alferro un indicio contundente sobre tales circunstancias: ni cuantitativo, teniendo en cuenta el carácter nacional de la huelga; ni cualitativo, no pudiendo esta Sala suplir dicha carencia indiciaria llevando a cabo un cotejo pormenorizado de los trenes puestos en circulación frente a los de los servicios mínimos que fueron aprobados. Y de otro lado, tampoco puede inferirse, como así se afirmó por la parte actora, que la diferente forma de redacción de las cartas de servicios mínimos dirigidas a los trabajadores en las jornadas de huelga respecto a otras anteriormente convocadas en el grupo, suponga un indicio de una actitud vulneradora de los derechos fundamentales de los trabajadores, pudiendo aquéllos instar cuantas aclaraciones tuvieran por conveniente sobre los servicios asignados.

.- En cuarto y último lugar, dado que la asignación de servicios mínimos a los miembros del comité de huelga, despliega sus efectos sobre la concreta esfera individual de los trabajadores afectados, respecto a la que ya hemos declarado nuestra falta de competencia objetiva, nada ha de resolverse.

Y dado que ninguna conducta vulneradora de derechos fundamentales ha sido apreciada por esta Sala, huelga decir que ningún pronunciamiento procede hacer tampoco sobre la indemnización solicitada, desestimándose la demanda interpuesta en su integridad.

SEXTO.-Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que frente a la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto

PRIMERO. -La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 f) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO. -De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO. - 1.Ejercita el sindicato Alferro demanda de tutela de derechos fundamentales en nombre propio y de cuatro trabajadores afiliados al citado sindicato, por entender vulnerado el derecho de huelga de la organización sindical y de los indicados trabajadores por los hechos acontecidos durante la huelga convocada a nivel nacional, en las empresas del Grupo Renfe, los días 17 y 26 de marzo y 1 de abril de 2025.

2. En primer término se ha de resolver la excepción de falta de competencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional para conocer de la pretensión de vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores demandantes, a la que se adhirió el Ministerio Fiscal, interesando fuera estimada la misma. A dicha excepción se opuso el sindicato Alferro manifestando que al tratarse de una huelga de ámbito nacional, correspondería a este tribunal enjuiciar los hechos que pudieran motivar la vulneración de derechos fundamentales denunciada.

3. De conformidad con lo dispuesto en el art. 8.1 de la LRJS, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia, de los procesos sobre las cuestiones a que se refieren las letras f), g), h), j) k) y l) del art. 2 cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma. En concreto el apartado f) del citado art. 2 recoge como materias propias del conocimiento del orden jurisdiccional social los procesos sobre tutela de derechos de libertad sindical, huelga y demás derechos fundamentales.

Tal y como recordábamos en nuestra sentencia de 13-2-2025, proceso 398/2024, el art. 8.1 LRJS ha sido interpretado por los Autos del TS de 8-5-2.024 (cuestión de competencia 5/2023) y de 22-7-2014 (cuestión de competencia 1/2014) que la Audiencia Nacional carece de competencia en aquellas demandas individuales o plurales de tutela de los derechos fundamentales pues la lesión se proyecta en la esfera individual de cada uno de los demandantes.

4. Si ello es así, y aun cuando la huelga convocada por el sindicato Alferro, fue de carácter nacional, la concreta lesión de los trabajadores demandantes individualmente considerados se proyecta sobre su esfera particular, no siendo competente esta Sala para resolver sobre las pretensiones articuladas en tal sentido, por lo que la excepción opuesta por las empresas del Grupo Renfe ha de ser estimada.

CUARTO.- 1.Entrando a resolver sobre el fondo del asunto, se alza el sindicato Alferro frente a la actuación empresarial en la huelga convocada para los días 17 y 26 de marzo y 1 de abril de 2025, entendiendo que se ha producido una vulneración de su derecho fundamental de huelga, que debe ser resarcida mediante la indemnización solicitada.

2. Antes de analizar cada uno de los hechos que se imputan a las demandadas, hemos de indicar que efectivamente, tal y como se señaló por el letrado de las empresas, el sindicato demandante interpone demanda frente a todas las empresas del Grupo Renfe imputando a todas ellas una conducta contraria al ejercicio de su derecho de huelga, circunstancia que como después se verá, no puede tenerse por acreditada, dada la escasa prueba presentada por la parte actora tendente a sustentar unos indicios mínimos que permitan invertir la carga de la prueba. La conducta se imputa de forma genérica e indiscriminada, sin determinar qué concretas sociedades pudieran tener una participación directa en los hechos presuntamente vulneradores de la libertad sindical.

3. Dicho lo anterior, la demanda se sustenta en varias conductas, que se relatan en el escrito rector y que se reiteran en el acto de la vista, consistentes en:

a) La exclusión del sindicato Alferro en los espacios de negociación institucional que se articularon en la empresa y en el Ministerio de Transportes

b) Desplegar Renfe una estrategia de comunicación dirigida a afirmar que la huelga había sido desconvocada, cuando el sindicato Alferro mantuvo la convocatoria. Conducta dirigida a desinformar a los trabajadores y al público en general para desincentivar el ejercicio de derecho de huelga, que también se desprende de las cartas de servicios mínimos entregadas a los trabajadores.

c) Puesta en circulación de un volumen de trenes muy superior al permitido por la resolución del Ministerio de Transportes por la que se fijaban los servicios esenciales.

d) Asignación a miembros del comité de huelga de servicios mínimos.

4. Y dichas conductas se enmarcan en el devenir de los hechos acontecidos, que se extraen de los hechos declarados probados por los que:

a) El Comité General de Empresa del Grupo Renfe y los Comités de SEMAF, CCOO, UGT, SFF-CGT, SF-I y ALFERRO convocaron huelga a nivel nacional para los días 17, 19, 24, 26 y 28 de marzo de 2025 y 1 y 3 de abril.

b) Por el Ministerio de Transportes y los Órganos competentes de Cataluña y País Vasco, se dictaron sendas resoluciones por la que se fijaban los servicios mínimos a cumplir en dichas jornadas de huelga, siendo el transporte de viajeros servicio esencial de la comunidad.

c) El 16-3-2025 se desconvocó la huelga por el Comité General de la Empresa de Adif y Renfe y por los sindicatos SEMAF, CCOO y UGT, manteniendo los sindicatos SFF-CGT, SF-I y Alferro los paros convocados para los días 17 y 26 de marzo y 1 de abril.

QUINTO.- 1.Vistos los hechos anteriores, que serán complementados con los que a continuación se dirá, ya adelantamos que la demanda ha de ser desestimada en su integridad. Hemos de traer a colación en primer término la doctrina del Tribunal Supremo expresada en STS de 25-01-2023, rec. 62/20521 en la que se afirma que: "(...) Consecuentemente en el artículo 28.1 CE se integra el derecho a llevar a cabo una libre acción sindical comprensiva del ejercicio de todos los medios lícitos a tal fin y sin indebidas interferencias de terceros ( SSTC 94/1995 ; 127/1995 ; 107/2000 ; 121/2001 ; 213/2002 y 198/2004 , entre otras). Por tanto, el ejercicio de esa acción sindical confiere al sindicato un amplio margen de actuación, más allá, incluso de las vertientes más propias y significativas del derecho (negociación colectiva, huelga, conflictos colectivos) que comprende cualquier forma lícita de actuación que las organizaciones sindicales consideren adecuadas a los fines a las que están llamadas ( SSTC 1423/1991 ; 1/1998 ; 213/2002 ; 185/2003 y 198/2004 , entre otras).

2. Y en relación con la carga probatoria que ha de concurrir cuando se acrediten la posible existencia de indicios de vulneración de derechos fundamentales, el Alto Tribunal ha manifestado también en la citada sentencia que "ante la inexistencia de indicios o de simple apariencia de que se haya producido una violación de la libertad sindical de los actores y, por tanto, no es aplicable la especial regla de la carga de la prueba que establece, en tales casos, el artículo 178.2 LPL (hoy 181.2 LRJS ), de que, constatada la concurrencia de tales indicios, se desplaza hacía el demandado la carga de acreditar que la medida adoptada es objetiva, razonable y proporcionada. Al no producirse el presupuesto inicial exigido en el art. 178.2 (hoy 181.2 LRJS ) citado son aplicables las reglas del art. 1214 CC que impone a los demandantes la aportación de la prueba de que han sido discriminados por razones sindicales" ( STS de 27 de septiembre de 1993, rec. 3034/1992).

3. En ese mismo sentido, conviene recordar que la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad. A los efectos que aquí importan, basta con recordar que (como sintetizan las SSTC 66/1995, de 8 de mayo, FJ 5 ; 55/1996, de 28 de marzo, FFJJ 6, 7, 8 y 9; 207/1996, de 16 diciembre, FJ 4 y 37/1998, de 17 de febrero, FJ 8) para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres requisitos o condiciones siguientes: si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)".

3. Aplicando la doctrina expuesta a cada uno de los incumplimientos denunciados, se ha de concluir que:

.-En primer lugar, y respecto a las convocatorias de negociación durante la huelga excluyendo al sindicato demandante, más allá de la mera afirmación de tal circunstancia, no se aporta por parte del sindicato actor indicios suficientes de tal vulneración. Decimos esto por cuanto que, se desconoce qué número de reuniones se llevaron a cabo, cuáles de dichas reuniones fueron convocadas expresamente por las empresas demandadas y qué otras fueron convocadas por el Ministerio de Transportes, ajeno por ende a los hechos aquí debatidos. Y de la prueba practicada, lo único que consta es que Renfe se ha dirigido al sindicato Alferro, convocando al mismo a la reunión que iba a celebrarse con el comité de huelga en relación con los paros convocados para los días 17 y 26 de marzo y 1 de abril de 2025, contestando expresamente el sindicato actor. De hecho, la empresa requirió al mimo para que le comunicara qué concretas personas debía liberar para poder asistir a la reunión, lo que casa mal con la afirmación de la exclusión de Alferro de la negociación llevada a término. Posteriormente, la empresa volvió a convocar al comité de huelga para el día 27 de marzo, contestando Alferro el día 25, identificando los trabajadores a liberar para acudir a la reunión, tal y como se desprende del descriptor 30, documento 3 y descriptor 78, documentos 4.6 y 4.9 y 4.11. Por ello, ninguna conducta vulneradora de los derechos fundamentales puede apreciarse, al no tenerse por acreditados los indicios expuestos por la parte demandante sobre la exclusión del sindicato de la negociación previa a la huelga.

.-En segundo lugar, y en relación a la estrategia de comunicación presuntamente desplegada por Renfe para condicionar y neutralizar el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores, al comunicar que la misma había sido desconvocada, manteniendo los paros el sindicato demandante junto con SFF-CGT y SFI, tampoco podemos estimar las pretensiones de la parte actora.

Tal y como se constata en los hechos declarados probados, el 16-3-2025 la huelga fue desconvocada por el Comité General de la Empresa de Adif y Renfe y por los sindicatos SEMAF, CCOO y UGT. Tras ello, obran en las actuaciones los comunicados que se recogen a los hechos probados sexto y séptimo, de los que no se desprende que Renfe comunicara de forma general que la huelga había sido completamente desconvocada. Véase que al descriptor 30, documento 39, obra comunicado del Comité General de Empresa de Renfe y de Adif en el que se decía que se había alcanzado acuerdo con la mayoría de las Organizaciones sindicales (SEMAF, CCOO, UGT Y SCF) y en concreto:

Este es el acuerdo que hemos alcanzado la mayoría de las Organizaciones sindicales (SEMAF, CCOO, UGT y SCF) que conforman los CGE's del Grupo Renfe y Adif con el Ministerio de Transportes, La Generalitat y ambas empresas públicas, por el que desconvocamos la huelga(...)".

Es decir, que es son los sindicatos SEMAF, CCOO, UGT y SCF, mayoritarios en los comités de empresa los que anuncian que desconvocan la huelga. Y así se constata también en el anuncio emitido por Renfe viajeros obrante al descriptor 30 (documento 40) en el que se decía:

Tras el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Generalitat de Catalunya, la mayoría de los sindicatos presentes en los comités generales de empresa de Renfe y Adif han desconvocado la huelga prevista desde el lunes 17 de marzo. Los servicios ferroviarios recuperarán, por tanto, su programación habitual.

Se mantienen hasta el jueves día 20 las medidas posventa en cuanto a cambio de billetes según se indica a continuación:

Los viajeros que hubieran realizado algún cambio en sus billetes y deseen realizar su viaje en las condiciones del billete adquirido originalmente, se les facilitará uno nuevo sin gastos de cambio".

De nuevo se anuncia que son los sindicatos mayoritarios los que desconvocan los paros del día 17 de marzo. Y si quedaba alguna duda de la actuación de la empresa en tal sentido, en correos electrónicos remitidos desde la Oficina de Hojas de Cercanías Catalunya y por el Supervisor General de Trenes de AV/LD Levante y Madrid Atocha se comunicó la desconvocatoria de la huelga del 17 de marzo, en correo también remitido por la Intervención de Rodalies Catalunya se puso en conocimiento la desconvocatoria de huelga por parte de SEMAF, UGT y CCOO y el mantenimiento de los paros convocados por CGT-SF, SF Intersindical y Alferro, informándose del no mantenimiento de servicios mínimos para estas convocatorias y el derecho de los trabajadores a secundar los paros previstos para los días 19, 24, 26, 28 de marzo y 1 y 3 de abril. En correo remitido desde Renfe Viajeros se anunciaba la desconvocatoria de la huelga por los sindicatos mayoritarios (descriptor 30, documentos 44 a 48 y descriptor 78, documento 9.2). Asimismo, mediante nota de prensa publicada por Renfe, obrante al descriptor 30, documento 64, se informa del seguimiento de los paros convocados por SFF-CGT, SF-Intersindical y Alferro.

Es decir, que si bien de alguna comunicación pudiera inferirse que efectivamente se había desconvocado la huelga, no es menos cierto tampoco que en otras comunicaciones se alude expresamente a la desconvocatoria por los sindicatos mayoritarios, y en otras, al anuncio del mantenimiento de los paros por el sindicato Alferro. Ello nos lleva a concluir, que un comunicado aislado como el del Supervisor General de Trenes de AV/LD no puede extrapolarse ni imputarse de forma genérica a la totalidad de las empresas del Grupo demandadas, ni considerarse un indicio con fuerza suficiente para concluir que dichas empresas, desplegaron una conducta contraria al desarrollo de la huelga, cuando también constan comunicaciones de las que se infiere el absoluto respeto por la huelga convocada por Alferro, comunicándose expresamente su mantenimiento. Como tampoco puede tenerse por acreditada la conducta imputada por el sindicato actor, de las fotografías de las pantallas de teléfonos móviles que se aportan como prueba, cuyo origen se desconoce, ni de las noticias de prensa también aportadas a las actuaciones por parte del sindicato actor, a los que esta Sala no ha otorgado valor probatorio alguno.

.- En tercer lugar, y respecto a la puesta en circulación de trenes en un volumen muy superior al que fue fijada por las resoluciones de servicios mínimos, aporta Alferro únicamente mensajes de determinados trabajadores en los que consta que no se mostraban conformes con los mismos, por adjudicarse servicios que no se correspondían con los citados servicios mínimos. Pero al margen de tal discrepancia, tampoco aporta Alferro un indicio contundente sobre tales circunstancias: ni cuantitativo, teniendo en cuenta el carácter nacional de la huelga; ni cualitativo, no pudiendo esta Sala suplir dicha carencia indiciaria llevando a cabo un cotejo pormenorizado de los trenes puestos en circulación frente a los de los servicios mínimos que fueron aprobados. Y de otro lado, tampoco puede inferirse, como así se afirmó por la parte actora, que la diferente forma de redacción de las cartas de servicios mínimos dirigidas a los trabajadores en las jornadas de huelga respecto a otras anteriormente convocadas en el grupo, suponga un indicio de una actitud vulneradora de los derechos fundamentales de los trabajadores, pudiendo aquéllos instar cuantas aclaraciones tuvieran por conveniente sobre los servicios asignados.

.- En cuarto y último lugar, dado que la asignación de servicios mínimos a los miembros del comité de huelga, despliega sus efectos sobre la concreta esfera individual de los trabajadores afectados, respecto a la que ya hemos declarado nuestra falta de competencia objetiva, nada ha de resolverse.

Y dado que ninguna conducta vulneradora de derechos fundamentales ha sido apreciada por esta Sala, huelga decir que ningún pronunciamiento procede hacer tampoco sobre la indemnización solicitada, desestimándose la demanda interpuesta en su integridad.

SEXTO.-Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que frente a la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto

PRIMERO. -La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 f) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO. -De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO. - 1.Ejercita el sindicato Alferro demanda de tutela de derechos fundamentales en nombre propio y de cuatro trabajadores afiliados al citado sindicato, por entender vulnerado el derecho de huelga de la organización sindical y de los indicados trabajadores por los hechos acontecidos durante la huelga convocada a nivel nacional, en las empresas del Grupo Renfe, los días 17 y 26 de marzo y 1 de abril de 2025.

2. En primer término se ha de resolver la excepción de falta de competencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional para conocer de la pretensión de vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores demandantes, a la que se adhirió el Ministerio Fiscal, interesando fuera estimada la misma. A dicha excepción se opuso el sindicato Alferro manifestando que al tratarse de una huelga de ámbito nacional, correspondería a este tribunal enjuiciar los hechos que pudieran motivar la vulneración de derechos fundamentales denunciada.

3. De conformidad con lo dispuesto en el art. 8.1 de la LRJS, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia, de los procesos sobre las cuestiones a que se refieren las letras f), g), h), j) k) y l) del art. 2 cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma. En concreto el apartado f) del citado art. 2 recoge como materias propias del conocimiento del orden jurisdiccional social los procesos sobre tutela de derechos de libertad sindical, huelga y demás derechos fundamentales.

Tal y como recordábamos en nuestra sentencia de 13-2-2025, proceso 398/2024, el art. 8.1 LRJS ha sido interpretado por los Autos del TS de 8-5-2.024 (cuestión de competencia 5/2023) y de 22-7-2014 (cuestión de competencia 1/2014) que la Audiencia Nacional carece de competencia en aquellas demandas individuales o plurales de tutela de los derechos fundamentales pues la lesión se proyecta en la esfera individual de cada uno de los demandantes.

4. Si ello es así, y aun cuando la huelga convocada por el sindicato Alferro, fue de carácter nacional, la concreta lesión de los trabajadores demandantes individualmente considerados se proyecta sobre su esfera particular, no siendo competente esta Sala para resolver sobre las pretensiones articuladas en tal sentido, por lo que la excepción opuesta por las empresas del Grupo Renfe ha de ser estimada.

CUARTO.- 1.Entrando a resolver sobre el fondo del asunto, se alza el sindicato Alferro frente a la actuación empresarial en la huelga convocada para los días 17 y 26 de marzo y 1 de abril de 2025, entendiendo que se ha producido una vulneración de su derecho fundamental de huelga, que debe ser resarcida mediante la indemnización solicitada.

2. Antes de analizar cada uno de los hechos que se imputan a las demandadas, hemos de indicar que efectivamente, tal y como se señaló por el letrado de las empresas, el sindicato demandante interpone demanda frente a todas las empresas del Grupo Renfe imputando a todas ellas una conducta contraria al ejercicio de su derecho de huelga, circunstancia que como después se verá, no puede tenerse por acreditada, dada la escasa prueba presentada por la parte actora tendente a sustentar unos indicios mínimos que permitan invertir la carga de la prueba. La conducta se imputa de forma genérica e indiscriminada, sin determinar qué concretas sociedades pudieran tener una participación directa en los hechos presuntamente vulneradores de la libertad sindical.

3. Dicho lo anterior, la demanda se sustenta en varias conductas, que se relatan en el escrito rector y que se reiteran en el acto de la vista, consistentes en:

a) La exclusión del sindicato Alferro en los espacios de negociación institucional que se articularon en la empresa y en el Ministerio de Transportes

b) Desplegar Renfe una estrategia de comunicación dirigida a afirmar que la huelga había sido desconvocada, cuando el sindicato Alferro mantuvo la convocatoria. Conducta dirigida a desinformar a los trabajadores y al público en general para desincentivar el ejercicio de derecho de huelga, que también se desprende de las cartas de servicios mínimos entregadas a los trabajadores.

c) Puesta en circulación de un volumen de trenes muy superior al permitido por la resolución del Ministerio de Transportes por la que se fijaban los servicios esenciales.

d) Asignación a miembros del comité de huelga de servicios mínimos.

4. Y dichas conductas se enmarcan en el devenir de los hechos acontecidos, que se extraen de los hechos declarados probados por los que:

a) El Comité General de Empresa del Grupo Renfe y los Comités de SEMAF, CCOO, UGT, SFF-CGT, SF-I y ALFERRO convocaron huelga a nivel nacional para los días 17, 19, 24, 26 y 28 de marzo de 2025 y 1 y 3 de abril.

b) Por el Ministerio de Transportes y los Órganos competentes de Cataluña y País Vasco, se dictaron sendas resoluciones por la que se fijaban los servicios mínimos a cumplir en dichas jornadas de huelga, siendo el transporte de viajeros servicio esencial de la comunidad.

c) El 16-3-2025 se desconvocó la huelga por el Comité General de la Empresa de Adif y Renfe y por los sindicatos SEMAF, CCOO y UGT, manteniendo los sindicatos SFF-CGT, SF-I y Alferro los paros convocados para los días 17 y 26 de marzo y 1 de abril.

QUINTO.- 1.Vistos los hechos anteriores, que serán complementados con los que a continuación se dirá, ya adelantamos que la demanda ha de ser desestimada en su integridad. Hemos de traer a colación en primer término la doctrina del Tribunal Supremo expresada en STS de 25-01-2023, rec. 62/20521 en la que se afirma que: "(...) Consecuentemente en el artículo 28.1 CE se integra el derecho a llevar a cabo una libre acción sindical comprensiva del ejercicio de todos los medios lícitos a tal fin y sin indebidas interferencias de terceros ( SSTC 94/1995 ; 127/1995 ; 107/2000 ; 121/2001 ; 213/2002 y 198/2004 , entre otras). Por tanto, el ejercicio de esa acción sindical confiere al sindicato un amplio margen de actuación, más allá, incluso de las vertientes más propias y significativas del derecho (negociación colectiva, huelga, conflictos colectivos) que comprende cualquier forma lícita de actuación que las organizaciones sindicales consideren adecuadas a los fines a las que están llamadas ( SSTC 1423/1991 ; 1/1998 ; 213/2002 ; 185/2003 y 198/2004 , entre otras).

2. Y en relación con la carga probatoria que ha de concurrir cuando se acrediten la posible existencia de indicios de vulneración de derechos fundamentales, el Alto Tribunal ha manifestado también en la citada sentencia que "ante la inexistencia de indicios o de simple apariencia de que se haya producido una violación de la libertad sindical de los actores y, por tanto, no es aplicable la especial regla de la carga de la prueba que establece, en tales casos, el artículo 178.2 LPL (hoy 181.2 LRJS ), de que, constatada la concurrencia de tales indicios, se desplaza hacía el demandado la carga de acreditar que la medida adoptada es objetiva, razonable y proporcionada. Al no producirse el presupuesto inicial exigido en el art. 178.2 (hoy 181.2 LRJS ) citado son aplicables las reglas del art. 1214 CC que impone a los demandantes la aportación de la prueba de que han sido discriminados por razones sindicales" ( STS de 27 de septiembre de 1993, rec. 3034/1992).

3. En ese mismo sentido, conviene recordar que la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad. A los efectos que aquí importan, basta con recordar que (como sintetizan las SSTC 66/1995, de 8 de mayo, FJ 5 ; 55/1996, de 28 de marzo, FFJJ 6, 7, 8 y 9; 207/1996, de 16 diciembre, FJ 4 y 37/1998, de 17 de febrero, FJ 8) para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres requisitos o condiciones siguientes: si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)".

3. Aplicando la doctrina expuesta a cada uno de los incumplimientos denunciados, se ha de concluir que:

.-En primer lugar, y respecto a las convocatorias de negociación durante la huelga excluyendo al sindicato demandante, más allá de la mera afirmación de tal circunstancia, no se aporta por parte del sindicato actor indicios suficientes de tal vulneración. Decimos esto por cuanto que, se desconoce qué número de reuniones se llevaron a cabo, cuáles de dichas reuniones fueron convocadas expresamente por las empresas demandadas y qué otras fueron convocadas por el Ministerio de Transportes, ajeno por ende a los hechos aquí debatidos. Y de la prueba practicada, lo único que consta es que Renfe se ha dirigido al sindicato Alferro, convocando al mismo a la reunión que iba a celebrarse con el comité de huelga en relación con los paros convocados para los días 17 y 26 de marzo y 1 de abril de 2025, contestando expresamente el sindicato actor. De hecho, la empresa requirió al mimo para que le comunicara qué concretas personas debía liberar para poder asistir a la reunión, lo que casa mal con la afirmación de la exclusión de Alferro de la negociación llevada a término. Posteriormente, la empresa volvió a convocar al comité de huelga para el día 27 de marzo, contestando Alferro el día 25, identificando los trabajadores a liberar para acudir a la reunión, tal y como se desprende del descriptor 30, documento 3 y descriptor 78, documentos 4.6 y 4.9 y 4.11. Por ello, ninguna conducta vulneradora de los derechos fundamentales puede apreciarse, al no tenerse por acreditados los indicios expuestos por la parte demandante sobre la exclusión del sindicato de la negociación previa a la huelga.

.-En segundo lugar, y en relación a la estrategia de comunicación presuntamente desplegada por Renfe para condicionar y neutralizar el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores, al comunicar que la misma había sido desconvocada, manteniendo los paros el sindicato demandante junto con SFF-CGT y SFI, tampoco podemos estimar las pretensiones de la parte actora.

Tal y como se constata en los hechos declarados probados, el 16-3-2025 la huelga fue desconvocada por el Comité General de la Empresa de Adif y Renfe y por los sindicatos SEMAF, CCOO y UGT. Tras ello, obran en las actuaciones los comunicados que se recogen a los hechos probados sexto y séptimo, de los que no se desprende que Renfe comunicara de forma general que la huelga había sido completamente desconvocada. Véase que al descriptor 30, documento 39, obra comunicado del Comité General de Empresa de Renfe y de Adif en el que se decía que se había alcanzado acuerdo con la mayoría de las Organizaciones sindicales (SEMAF, CCOO, UGT Y SCF) y en concreto:

Este es el acuerdo que hemos alcanzado la mayoría de las Organizaciones sindicales (SEMAF, CCOO, UGT y SCF) que conforman los CGE's del Grupo Renfe y Adif con el Ministerio de Transportes, La Generalitat y ambas empresas públicas, por el que desconvocamos la huelga(...)".

Es decir, que es son los sindicatos SEMAF, CCOO, UGT y SCF, mayoritarios en los comités de empresa los que anuncian que desconvocan la huelga. Y así se constata también en el anuncio emitido por Renfe viajeros obrante al descriptor 30 (documento 40) en el que se decía:

Tras el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Generalitat de Catalunya, la mayoría de los sindicatos presentes en los comités generales de empresa de Renfe y Adif han desconvocado la huelga prevista desde el lunes 17 de marzo. Los servicios ferroviarios recuperarán, por tanto, su programación habitual.

Se mantienen hasta el jueves día 20 las medidas posventa en cuanto a cambio de billetes según se indica a continuación:

Los viajeros que hubieran realizado algún cambio en sus billetes y deseen realizar su viaje en las condiciones del billete adquirido originalmente, se les facilitará uno nuevo sin gastos de cambio".

De nuevo se anuncia que son los sindicatos mayoritarios los que desconvocan los paros del día 17 de marzo. Y si quedaba alguna duda de la actuación de la empresa en tal sentido, en correos electrónicos remitidos desde la Oficina de Hojas de Cercanías Catalunya y por el Supervisor General de Trenes de AV/LD Levante y Madrid Atocha se comunicó la desconvocatoria de la huelga del 17 de marzo, en correo también remitido por la Intervención de Rodalies Catalunya se puso en conocimiento la desconvocatoria de huelga por parte de SEMAF, UGT y CCOO y el mantenimiento de los paros convocados por CGT-SF, SF Intersindical y Alferro, informándose del no mantenimiento de servicios mínimos para estas convocatorias y el derecho de los trabajadores a secundar los paros previstos para los días 19, 24, 26, 28 de marzo y 1 y 3 de abril. En correo remitido desde Renfe Viajeros se anunciaba la desconvocatoria de la huelga por los sindicatos mayoritarios (descriptor 30, documentos 44 a 48 y descriptor 78, documento 9.2). Asimismo, mediante nota de prensa publicada por Renfe, obrante al descriptor 30, documento 64, se informa del seguimiento de los paros convocados por SFF-CGT, SF-Intersindical y Alferro.

Es decir, que si bien de alguna comunicación pudiera inferirse que efectivamente se había desconvocado la huelga, no es menos cierto tampoco que en otras comunicaciones se alude expresamente a la desconvocatoria por los sindicatos mayoritarios, y en otras, al anuncio del mantenimiento de los paros por el sindicato Alferro. Ello nos lleva a concluir, que un comunicado aislado como el del Supervisor General de Trenes de AV/LD no puede extrapolarse ni imputarse de forma genérica a la totalidad de las empresas del Grupo demandadas, ni considerarse un indicio con fuerza suficiente para concluir que dichas empresas, desplegaron una conducta contraria al desarrollo de la huelga, cuando también constan comunicaciones de las que se infiere el absoluto respeto por la huelga convocada por Alferro, comunicándose expresamente su mantenimiento. Como tampoco puede tenerse por acreditada la conducta imputada por el sindicato actor, de las fotografías de las pantallas de teléfonos móviles que se aportan como prueba, cuyo origen se desconoce, ni de las noticias de prensa también aportadas a las actuaciones por parte del sindicato actor, a los que esta Sala no ha otorgado valor probatorio alguno.

.- En tercer lugar, y respecto a la puesta en circulación de trenes en un volumen muy superior al que fue fijada por las resoluciones de servicios mínimos, aporta Alferro únicamente mensajes de determinados trabajadores en los que consta que no se mostraban conformes con los mismos, por adjudicarse servicios que no se correspondían con los citados servicios mínimos. Pero al margen de tal discrepancia, tampoco aporta Alferro un indicio contundente sobre tales circunstancias: ni cuantitativo, teniendo en cuenta el carácter nacional de la huelga; ni cualitativo, no pudiendo esta Sala suplir dicha carencia indiciaria llevando a cabo un cotejo pormenorizado de los trenes puestos en circulación frente a los de los servicios mínimos que fueron aprobados. Y de otro lado, tampoco puede inferirse, como así se afirmó por la parte actora, que la diferente forma de redacción de las cartas de servicios mínimos dirigidas a los trabajadores en las jornadas de huelga respecto a otras anteriormente convocadas en el grupo, suponga un indicio de una actitud vulneradora de los derechos fundamentales de los trabajadores, pudiendo aquéllos instar cuantas aclaraciones tuvieran por conveniente sobre los servicios asignados.

.- En cuarto y último lugar, dado que la asignación de servicios mínimos a los miembros del comité de huelga, despliega sus efectos sobre la concreta esfera individual de los trabajadores afectados, respecto a la que ya hemos declarado nuestra falta de competencia objetiva, nada ha de resolverse.

Y dado que ninguna conducta vulneradora de derechos fundamentales ha sido apreciada por esta Sala, huelga decir que ningún pronunciamiento procede hacer tampoco sobre la indemnización solicitada, desestimándose la demanda interpuesta en su integridad.

SEXTO.-Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que frente a la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto

PRIMERO. -La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 f) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO. -De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO. - 1.Ejercita el sindicato Alferro demanda de tutela de derechos fundamentales en nombre propio y de cuatro trabajadores afiliados al citado sindicato, por entender vulnerado el derecho de huelga de la organización sindical y de los indicados trabajadores por los hechos acontecidos durante la huelga convocada a nivel nacional, en las empresas del Grupo Renfe, los días 17 y 26 de marzo y 1 de abril de 2025.

2. En primer término se ha de resolver la excepción de falta de competencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional para conocer de la pretensión de vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores demandantes, a la que se adhirió el Ministerio Fiscal, interesando fuera estimada la misma. A dicha excepción se opuso el sindicato Alferro manifestando que al tratarse de una huelga de ámbito nacional, correspondería a este tribunal enjuiciar los hechos que pudieran motivar la vulneración de derechos fundamentales denunciada.

3. De conformidad con lo dispuesto en el art. 8.1 de la LRJS, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia, de los procesos sobre las cuestiones a que se refieren las letras f), g), h), j) k) y l) del art. 2 cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma. En concreto el apartado f) del citado art. 2 recoge como materias propias del conocimiento del orden jurisdiccional social los procesos sobre tutela de derechos de libertad sindical, huelga y demás derechos fundamentales.

Tal y como recordábamos en nuestra sentencia de 13-2-2025, proceso 398/2024, el art. 8.1 LRJS ha sido interpretado por los Autos del TS de 8-5-2.024 (cuestión de competencia 5/2023) y de 22-7-2014 (cuestión de competencia 1/2014) que la Audiencia Nacional carece de competencia en aquellas demandas individuales o plurales de tutela de los derechos fundamentales pues la lesión se proyecta en la esfera individual de cada uno de los demandantes.

4. Si ello es así, y aun cuando la huelga convocada por el sindicato Alferro, fue de carácter nacional, la concreta lesión de los trabajadores demandantes individualmente considerados se proyecta sobre su esfera particular, no siendo competente esta Sala para resolver sobre las pretensiones articuladas en tal sentido, por lo que la excepción opuesta por las empresas del Grupo Renfe ha de ser estimada.

CUARTO.- 1.Entrando a resolver sobre el fondo del asunto, se alza el sindicato Alferro frente a la actuación empresarial en la huelga convocada para los días 17 y 26 de marzo y 1 de abril de 2025, entendiendo que se ha producido una vulneración de su derecho fundamental de huelga, que debe ser resarcida mediante la indemnización solicitada.

2. Antes de analizar cada uno de los hechos que se imputan a las demandadas, hemos de indicar que efectivamente, tal y como se señaló por el letrado de las empresas, el sindicato demandante interpone demanda frente a todas las empresas del Grupo Renfe imputando a todas ellas una conducta contraria al ejercicio de su derecho de huelga, circunstancia que como después se verá, no puede tenerse por acreditada, dada la escasa prueba presentada por la parte actora tendente a sustentar unos indicios mínimos que permitan invertir la carga de la prueba. La conducta se imputa de forma genérica e indiscriminada, sin determinar qué concretas sociedades pudieran tener una participación directa en los hechos presuntamente vulneradores de la libertad sindical.

3. Dicho lo anterior, la demanda se sustenta en varias conductas, que se relatan en el escrito rector y que se reiteran en el acto de la vista, consistentes en:

a) La exclusión del sindicato Alferro en los espacios de negociación institucional que se articularon en la empresa y en el Ministerio de Transportes

b) Desplegar Renfe una estrategia de comunicación dirigida a afirmar que la huelga había sido desconvocada, cuando el sindicato Alferro mantuvo la convocatoria. Conducta dirigida a desinformar a los trabajadores y al público en general para desincentivar el ejercicio de derecho de huelga, que también se desprende de las cartas de servicios mínimos entregadas a los trabajadores.

c) Puesta en circulación de un volumen de trenes muy superior al permitido por la resolución del Ministerio de Transportes por la que se fijaban los servicios esenciales.

d) Asignación a miembros del comité de huelga de servicios mínimos.

4. Y dichas conductas se enmarcan en el devenir de los hechos acontecidos, que se extraen de los hechos declarados probados por los que:

a) El Comité General de Empresa del Grupo Renfe y los Comités de SEMAF, CCOO, UGT, SFF-CGT, SF-I y ALFERRO convocaron huelga a nivel nacional para los días 17, 19, 24, 26 y 28 de marzo de 2025 y 1 y 3 de abril.

b) Por el Ministerio de Transportes y los Órganos competentes de Cataluña y País Vasco, se dictaron sendas resoluciones por la que se fijaban los servicios mínimos a cumplir en dichas jornadas de huelga, siendo el transporte de viajeros servicio esencial de la comunidad.

c) El 16-3-2025 se desconvocó la huelga por el Comité General de la Empresa de Adif y Renfe y por los sindicatos SEMAF, CCOO y UGT, manteniendo los sindicatos SFF-CGT, SF-I y Alferro los paros convocados para los días 17 y 26 de marzo y 1 de abril.

QUINTO.- 1.Vistos los hechos anteriores, que serán complementados con los que a continuación se dirá, ya adelantamos que la demanda ha de ser desestimada en su integridad. Hemos de traer a colación en primer término la doctrina del Tribunal Supremo expresada en STS de 25-01-2023, rec. 62/20521 en la que se afirma que: "(...) Consecuentemente en el artículo 28.1 CE se integra el derecho a llevar a cabo una libre acción sindical comprensiva del ejercicio de todos los medios lícitos a tal fin y sin indebidas interferencias de terceros ( SSTC 94/1995 ; 127/1995 ; 107/2000 ; 121/2001 ; 213/2002 y 198/2004 , entre otras). Por tanto, el ejercicio de esa acción sindical confiere al sindicato un amplio margen de actuación, más allá, incluso de las vertientes más propias y significativas del derecho (negociación colectiva, huelga, conflictos colectivos) que comprende cualquier forma lícita de actuación que las organizaciones sindicales consideren adecuadas a los fines a las que están llamadas ( SSTC 1423/1991 ; 1/1998 ; 213/2002 ; 185/2003 y 198/2004 , entre otras).

2. Y en relación con la carga probatoria que ha de concurrir cuando se acrediten la posible existencia de indicios de vulneración de derechos fundamentales, el Alto Tribunal ha manifestado también en la citada sentencia que "ante la inexistencia de indicios o de simple apariencia de que se haya producido una violación de la libertad sindical de los actores y, por tanto, no es aplicable la especial regla de la carga de la prueba que establece, en tales casos, el artículo 178.2 LPL (hoy 181.2 LRJS ), de que, constatada la concurrencia de tales indicios, se desplaza hacía el demandado la carga de acreditar que la medida adoptada es objetiva, razonable y proporcionada. Al no producirse el presupuesto inicial exigido en el art. 178.2 (hoy 181.2 LRJS ) citado son aplicables las reglas del art. 1214 CC que impone a los demandantes la aportación de la prueba de que han sido discriminados por razones sindicales" ( STS de 27 de septiembre de 1993, rec. 3034/1992).

3. En ese mismo sentido, conviene recordar que la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad. A los efectos que aquí importan, basta con recordar que (como sintetizan las SSTC 66/1995, de 8 de mayo, FJ 5 ; 55/1996, de 28 de marzo, FFJJ 6, 7, 8 y 9; 207/1996, de 16 diciembre, FJ 4 y 37/1998, de 17 de febrero, FJ 8) para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres requisitos o condiciones siguientes: si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)".

3. Aplicando la doctrina expuesta a cada uno de los incumplimientos denunciados, se ha de concluir que:

.-En primer lugar, y respecto a las convocatorias de negociación durante la huelga excluyendo al sindicato demandante, más allá de la mera afirmación de tal circunstancia, no se aporta por parte del sindicato actor indicios suficientes de tal vulneración. Decimos esto por cuanto que, se desconoce qué número de reuniones se llevaron a cabo, cuáles de dichas reuniones fueron convocadas expresamente por las empresas demandadas y qué otras fueron convocadas por el Ministerio de Transportes, ajeno por ende a los hechos aquí debatidos. Y de la prueba practicada, lo único que consta es que Renfe se ha dirigido al sindicato Alferro, convocando al mismo a la reunión que iba a celebrarse con el comité de huelga en relación con los paros convocados para los días 17 y 26 de marzo y 1 de abril de 2025, contestando expresamente el sindicato actor. De hecho, la empresa requirió al mimo para que le comunicara qué concretas personas debía liberar para poder asistir a la reunión, lo que casa mal con la afirmación de la exclusión de Alferro de la negociación llevada a término. Posteriormente, la empresa volvió a convocar al comité de huelga para el día 27 de marzo, contestando Alferro el día 25, identificando los trabajadores a liberar para acudir a la reunión, tal y como se desprende del descriptor 30, documento 3 y descriptor 78, documentos 4.6 y 4.9 y 4.11. Por ello, ninguna conducta vulneradora de los derechos fundamentales puede apreciarse, al no tenerse por acreditados los indicios expuestos por la parte demandante sobre la exclusión del sindicato de la negociación previa a la huelga.

.-En segundo lugar, y en relación a la estrategia de comunicación presuntamente desplegada por Renfe para condicionar y neutralizar el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores, al comunicar que la misma había sido desconvocada, manteniendo los paros el sindicato demandante junto con SFF-CGT y SFI, tampoco podemos estimar las pretensiones de la parte actora.

Tal y como se constata en los hechos declarados probados, el 16-3-2025 la huelga fue desconvocada por el Comité General de la Empresa de Adif y Renfe y por los sindicatos SEMAF, CCOO y UGT. Tras ello, obran en las actuaciones los comunicados que se recogen a los hechos probados sexto y séptimo, de los que no se desprende que Renfe comunicara de forma general que la huelga había sido completamente desconvocada. Véase que al descriptor 30, documento 39, obra comunicado del Comité General de Empresa de Renfe y de Adif en el que se decía que se había alcanzado acuerdo con la mayoría de las Organizaciones sindicales (SEMAF, CCOO, UGT Y SCF) y en concreto:

Este es el acuerdo que hemos alcanzado la mayoría de las Organizaciones sindicales (SEMAF, CCOO, UGT y SCF) que conforman los CGE's del Grupo Renfe y Adif con el Ministerio de Transportes, La Generalitat y ambas empresas públicas, por el que desconvocamos la huelga(...)".

Es decir, que es son los sindicatos SEMAF, CCOO, UGT y SCF, mayoritarios en los comités de empresa los que anuncian que desconvocan la huelga. Y así se constata también en el anuncio emitido por Renfe viajeros obrante al descriptor 30 (documento 40) en el que se decía:

Tras el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Generalitat de Catalunya, la mayoría de los sindicatos presentes en los comités generales de empresa de Renfe y Adif han desconvocado la huelga prevista desde el lunes 17 de marzo. Los servicios ferroviarios recuperarán, por tanto, su programación habitual.

Se mantienen hasta el jueves día 20 las medidas posventa en cuanto a cambio de billetes según se indica a continuación:

Los viajeros que hubieran realizado algún cambio en sus billetes y deseen realizar su viaje en las condiciones del billete adquirido originalmente, se les facilitará uno nuevo sin gastos de cambio".

De nuevo se anuncia que son los sindicatos mayoritarios los que desconvocan los paros del día 17 de marzo. Y si quedaba alguna duda de la actuación de la empresa en tal sentido, en correos electrónicos remitidos desde la Oficina de Hojas de Cercanías Catalunya y por el Supervisor General de Trenes de AV/LD Levante y Madrid Atocha se comunicó la desconvocatoria de la huelga del 17 de marzo, en correo también remitido por la Intervención de Rodalies Catalunya se puso en conocimiento la desconvocatoria de huelga por parte de SEMAF, UGT y CCOO y el mantenimiento de los paros convocados por CGT-SF, SF Intersindical y Alferro, informándose del no mantenimiento de servicios mínimos para estas convocatorias y el derecho de los trabajadores a secundar los paros previstos para los días 19, 24, 26, 28 de marzo y 1 y 3 de abril. En correo remitido desde Renfe Viajeros se anunciaba la desconvocatoria de la huelga por los sindicatos mayoritarios (descriptor 30, documentos 44 a 48 y descriptor 78, documento 9.2). Asimismo, mediante nota de prensa publicada por Renfe, obrante al descriptor 30, documento 64, se informa del seguimiento de los paros convocados por SFF-CGT, SF-Intersindical y Alferro.

Es decir, que si bien de alguna comunicación pudiera inferirse que efectivamente se había desconvocado la huelga, no es menos cierto tampoco que en otras comunicaciones se alude expresamente a la desconvocatoria por los sindicatos mayoritarios, y en otras, al anuncio del mantenimiento de los paros por el sindicato Alferro. Ello nos lleva a concluir, que un comunicado aislado como el del Supervisor General de Trenes de AV/LD no puede extrapolarse ni imputarse de forma genérica a la totalidad de las empresas del Grupo demandadas, ni considerarse un indicio con fuerza suficiente para concluir que dichas empresas, desplegaron una conducta contraria al desarrollo de la huelga, cuando también constan comunicaciones de las que se infiere el absoluto respeto por la huelga convocada por Alferro, comunicándose expresamente su mantenimiento. Como tampoco puede tenerse por acreditada la conducta imputada por el sindicato actor, de las fotografías de las pantallas de teléfonos móviles que se aportan como prueba, cuyo origen se desconoce, ni de las noticias de prensa también aportadas a las actuaciones por parte del sindicato actor, a los que esta Sala no ha otorgado valor probatorio alguno.

.- En tercer lugar, y respecto a la puesta en circulación de trenes en un volumen muy superior al que fue fijada por las resoluciones de servicios mínimos, aporta Alferro únicamente mensajes de determinados trabajadores en los que consta que no se mostraban conformes con los mismos, por adjudicarse servicios que no se correspondían con los citados servicios mínimos. Pero al margen de tal discrepancia, tampoco aporta Alferro un indicio contundente sobre tales circunstancias: ni cuantitativo, teniendo en cuenta el carácter nacional de la huelga; ni cualitativo, no pudiendo esta Sala suplir dicha carencia indiciaria llevando a cabo un cotejo pormenorizado de los trenes puestos en circulación frente a los de los servicios mínimos que fueron aprobados. Y de otro lado, tampoco puede inferirse, como así se afirmó por la parte actora, que la diferente forma de redacción de las cartas de servicios mínimos dirigidas a los trabajadores en las jornadas de huelga respecto a otras anteriormente convocadas en el grupo, suponga un indicio de una actitud vulneradora de los derechos fundamentales de los trabajadores, pudiendo aquéllos instar cuantas aclaraciones tuvieran por conveniente sobre los servicios asignados.

.- En cuarto y último lugar, dado que la asignación de servicios mínimos a los miembros del comité de huelga, despliega sus efectos sobre la concreta esfera individual de los trabajadores afectados, respecto a la que ya hemos declarado nuestra falta de competencia objetiva, nada ha de resolverse.

Y dado que ninguna conducta vulneradora de derechos fundamentales ha sido apreciada por esta Sala, huelga decir que ningún pronunciamiento procede hacer tampoco sobre la indemnización solicitada, desestimándose la demanda interpuesta en su integridad.

SEXTO.-Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que frente a la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto