Sentencia Social 79/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 67/2026 de 30 de abril del 2026

PRIMERO.- La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del proceso de conflicto colectivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social .

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS , los hechos declarados probados se sustentan únicamente en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.- El sindicato demandante plantea un conflicto interpretativo relativo al alcance del art.73 del III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE y el establecimiento por parte de la demandada de requisitos adicionales a través de una Instrucción sobre control y autorización de gasto en los desplazamientos del personal de la corporación RTVE.

Tratándose, como en tantos conflictos que se suscitan ante esta Sala, de la interpretación de un precepto convencional o de un acuerdo colectivo de eficacia general conviene traer a colación la doctrina Jurisprudencial aplicable que, como recuerda la STS de 24-9-2024- rec. 22/2023 , se resume en la STS núm. 534/2023, de 19 de julio, Rec. 16/2021 , señalando que: "atendida la singular naturaleza mixta de los convenios colectivos (contrato con efectos normativos y norma de origen contractual), la interpretación de los mismos debe hacerse utilizando los siguientes criterios: la interpretación literal, atendiendo al sentido literal de sus cláusulas, salvo que sean contrarias a la intención evidente de las partes ( arts. 3.1 y 1281 CC ; STS 13 octubre 2004, Rec. 185/2003 ). La interpretación sistemática, atribuyendo a las cláusulas dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas ( arts. 3.1 y 1285 CC ). La interpretación histórica, atendiendo a los antecedentes históricos y a los actos de las partes negociadoras ( arts. 3.1 y 1282 CC ). La interpretación finalista, atendiendo a la intención de las partes negociadoras ( arts. 3.1 , 1281 y 1283 CC ). No cabrá la interpretación analógica para cubrir las lagunas del convenio colectivo aplicable ( STS 9 abril 2002, Rec. 1234/2001 ). Y los convenios colectivos deberán ser interpretados en su conjunto, no admitiéndose el "espigueo" ( STS 4 junio 2008, Rec. 1771/2007 )".

Pues bien, tomemos como punto de partida el tenor literal del citado art.73.1 de la norma convencional. Regula tal precepto un complemento salarial, en los términos del art.66 del mismo texto, denominado "Complemento de transportes"de la siguiente forma:

"Cuando se deba acudir a trabajar en lugar distinto a aquel en que presta ordinariamente su trabajo, la Corporación RTVE facilitará los medios de transporte para los desplazamientos al mismo o, en caso contrario, abonará las cantidades recogidas en el Anexo 1".

Todas las partes coinciden al afirmar que dicho precepto no exige ningún requisito adicional para que el mencionado complemento pueda ser reconocido, más allá de la existencia misma del desplazamiento al lugar de trabajo y de la falta de medio de transporte puesto a disposición de la persona trabajadora por parte de la demandada. Es más, en Convenios anteriores de la misma Corporación resulta una regulación similar (art. 69 del I Convenio y art. 64.2 del II).

La literalidad de la norma convencional es clara, por tanto, respecto de la ausencia de requisitos adicionales para el reconocimiento del complemento de transportes como retribución salarial. Por ello, entiende la Sala tales requisitos no pueden ser introducidos de manera unilateral por parte de la demandada a través de la publicación de una Instrucción interna y al margen de la negociación colectiva. Esto es, la Instrucción 1/2025, sobre control y autorización de gasto en los desplazamientos del personal de la corporación RTVE, impone que el vehículo utilizado por la persona trabajadora sea "propio" y que se aporte una declaración responsable en la que consten, "entre otros, los datos y el estado del vehículo propio a autorizar, los datos relativos al concreto servicio o viaje al que esté asociada la autorización (...) y la indicación de si la persona trabajadora que acepta el desplazamiento en vehículo propio viaja sola o acompañada de otras personas trabajadoras de la Corporación RTVE".Y ello, tal y como expuso la Dirección de la Corporación en la Comisión Paritaria en el mes de marzo de 2025, con la finalidad de que la utilización del vehículo propio por parte del trabajador se haga con las máximas garantías de seguridad. Así, en el modelo de declaración responsable contenido en la propia instrucción se exige que la persona trabajadora indique que el vehículo es propio, con permiso de circulación, ITV y seguro de responsabilidad civil en vigor; y que se indique, igualmente, si el trabajador viaja solo o con otras personas, con indicación en este último caso, de su identidad. Si bien tanto esa finalidad (garantizar la seguridad de las personas trabajadoras que se desplazan utilizando un vehículo ajeno a la empleadora) como la de facilitar la gestión del complemento evitando duplicidades resultan legítimas y, en relación a la primera, loable en el cumplimiento de las obligaciones empresariales en materia preventiva, lo cierto es que tales exigencias no resultan ni de la literalidad del precepto en cuestión ni de la práctica empresarial continuada anterior a la citada instrucción. No se trata de considerar tales requisitos como irrazonables o injustificados sino de que los mismos se impongan al margen de la negociación colectiva para condicionar el reconocimiento efectivo de un complemento salarial que no está sometido a requisito adicional alguno en el texto negociado del Convenio. El control de gasto no permite que la demanda imponga requisitos adicionales (propiedad del vehículo y declaración relativa al cumplimiento de requisitos obligatorios para la circulación de vehículos) no negociados con la RLT.

Señala la representación de la demandada que tales exigencias sí encontrarían acomodo en diversas expresiones contenidas en el art. 75 del Convenio en materia de "Compensaciones por gastos derivados de comisiones de servicios o desplazamientos".El tal precepto de indica que "Los importes a que da lugar la comisión de servicio comprenden los conceptos de dieta y gastos de locomoción"y que los "Gastos de locomoción es la cantidad que se abona por la utilización de cualquier medio de transporte autorizado por razón de la comisión de servicio".Tal precepto también hace mención a la utilización de "vehículo propio de la persona comisionada cuando sea requerido por la empresa y aceptado por la persona comisionada"(apartados 6 y 9). Con independencia de que aquel precepto regula un concepto distinto del recogido en el art.73 (compensación en el primer supuesto y complemento salarial en el segundo) las menciones a "vehículo propio" no permiten afirmar que deba justificarse ante la empleadora la propiedad de un vehículo a nombre del trabajador o la acreditación, aunque sea a través de una declaración responsable, del cumplimiento de los requisitos administrativos para la circulación de vehículos a motor.

N o es posible, a criterio de la Sala, aplicar un criterio de interpretación restrictivo como el que pretende la demandada que permitiría no reconocer (y consecuentemente no abonar) un complemento salarial que no está condicionado en el Convenio Colectivo. Nos explicamos, cabría, al amparo de la interpretación empresarial, no reconocer (y, en consecuencia, no abonar) el complemento al no autorizar la utilización de un vehículo familiar que no esté a nombre del trabajador/a o la utilización de otro vehículo cuyo uso sea legítimo pero sea propiedad de otra persona. Tales cuestiones, al igual que las relativas al reconocimiento y abono del complemento en caso de utilización del mismo vehículo por parte de varios trabajadores, deberán ser objeto de negociación con la Representación Legal de los Trabajadores pero no pueden ser impuestos de manera unilateral por parte de la empleadora a la vista del tenor literal del art.73 del Convenio.

E n definitiva, ni la literalidad del Convenio ni la finalidad perseguida con el complemento salarial de transporte (en caso de que la empresa no facilite los medios de transporte para el desplazamiento) permiten la redacción cuestionada del párrafo impugnado de la Instrucción 1/2025, sobre control y autorización de gasto en los desplazamientos del personal de la corporación RTVE en su versión definitiva. De ahí la estimación de la demanda en su pretensión principal, con declaración de nulidad del apartado contrario al Convenio y del Anexo contenido en la Instrucción. Y ello sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la negociación colectiva ya iniciada para la negociación del nuevo Convenio.

CUARTO.- La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS ).

En virtud de lo expuesto

PRIMERO.- La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del proceso de conflicto colectivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social .

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS , los hechos declarados probados se sustentan únicamente en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.- El sindicato demandante plantea un conflicto interpretativo relativo al alcance del art.73 del III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE y el establecimiento por parte de la demandada de requisitos adicionales a través de una Instrucción sobre control y autorización de gasto en los desplazamientos del personal de la corporación RTVE.

Tratándose, como en tantos conflictos que se suscitan ante esta Sala, de la interpretación de un precepto convencional o de un acuerdo colectivo de eficacia general conviene traer a colación la doctrina Jurisprudencial aplicable que, como recuerda la STS de 24-9-2024- rec. 22/2023 , se resume en la STS núm. 534/2023, de 19 de julio, Rec. 16/2021 , señalando que: "atendida la singular naturaleza mixta de los convenios colectivos (contrato con efectos normativos y norma de origen contractual), la interpretación de los mismos debe hacerse utilizando los siguientes criterios: la interpretación literal, atendiendo al sentido literal de sus cláusulas, salvo que sean contrarias a la intención evidente de las partes ( arts. 3.1 y 1281 CC ; STS 13 octubre 2004, Rec. 185/2003 ). La interpretación sistemática, atribuyendo a las cláusulas dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas ( arts. 3.1 y 1285 CC ). La interpretación histórica, atendiendo a los antecedentes históricos y a los actos de las partes negociadoras ( arts. 3.1 y 1282 CC ). La interpretación finalista, atendiendo a la intención de las partes negociadoras ( arts. 3.1 , 1281 y 1283 CC ). No cabrá la interpretación analógica para cubrir las lagunas del convenio colectivo aplicable ( STS 9 abril 2002, Rec. 1234/2001 ). Y los convenios colectivos deberán ser interpretados en su conjunto, no admitiéndose el "espigueo" ( STS 4 junio 2008, Rec. 1771/2007 )".

Pues bien, tomemos como punto de partida el tenor literal del citado art.73.1 de la norma convencional. Regula tal precepto un complemento salarial, en los términos del art.66 del mismo texto, denominado "Complemento de transportes"de la siguiente forma:

"Cuando se deba acudir a trabajar en lugar distinto a aquel en que presta ordinariamente su trabajo, la Corporación RTVE facilitará los medios de transporte para los desplazamientos al mismo o, en caso contrario, abonará las cantidades recogidas en el Anexo 1".

Todas las partes coinciden al afirmar que dicho precepto no exige ningún requisito adicional para que el mencionado complemento pueda ser reconocido, más allá de la existencia misma del desplazamiento al lugar de trabajo y de la falta de medio de transporte puesto a disposición de la persona trabajadora por parte de la demandada. Es más, en Convenios anteriores de la misma Corporación resulta una regulación similar (art. 69 del I Convenio y art. 64.2 del II).

La literalidad de la norma convencional es clara, por tanto, respecto de la ausencia de requisitos adicionales para el reconocimiento del complemento de transportes como retribución salarial. Por ello, entiende la Sala tales requisitos no pueden ser introducidos de manera unilateral por parte de la demandada a través de la publicación de una Instrucción interna y al margen de la negociación colectiva. Esto es, la Instrucción 1/2025, sobre control y autorización de gasto en los desplazamientos del personal de la corporación RTVE, impone que el vehículo utilizado por la persona trabajadora sea "propio" y que se aporte una declaración responsable en la que consten, "entre otros, los datos y el estado del vehículo propio a autorizar, los datos relativos al concreto servicio o viaje al que esté asociada la autorización (...) y la indicación de si la persona trabajadora que acepta el desplazamiento en vehículo propio viaja sola o acompañada de otras personas trabajadoras de la Corporación RTVE".Y ello, tal y como expuso la Dirección de la Corporación en la Comisión Paritaria en el mes de marzo de 2025, con la finalidad de que la utilización del vehículo propio por parte del trabajador se haga con las máximas garantías de seguridad. Así, en el modelo de declaración responsable contenido en la propia instrucción se exige que la persona trabajadora indique que el vehículo es propio, con permiso de circulación, ITV y seguro de responsabilidad civil en vigor; y que se indique, igualmente, si el trabajador viaja solo o con otras personas, con indicación en este último caso, de su identidad. Si bien tanto esa finalidad (garantizar la seguridad de las personas trabajadoras que se desplazan utilizando un vehículo ajeno a la empleadora) como la de facilitar la gestión del complemento evitando duplicidades resultan legítimas y, en relación a la primera, loable en el cumplimiento de las obligaciones empresariales en materia preventiva, lo cierto es que tales exigencias no resultan ni de la literalidad del precepto en cuestión ni de la práctica empresarial continuada anterior a la citada instrucción. No se trata de considerar tales requisitos como irrazonables o injustificados sino de que los mismos se impongan al margen de la negociación colectiva para condicionar el reconocimiento efectivo de un complemento salarial que no está sometido a requisito adicional alguno en el texto negociado del Convenio. El control de gasto no permite que la demanda imponga requisitos adicionales (propiedad del vehículo y declaración relativa al cumplimiento de requisitos obligatorios para la circulación de vehículos) no negociados con la RLT.

Señala la representación de la demandada que tales exigencias sí encontrarían acomodo en diversas expresiones contenidas en el art. 75 del Convenio en materia de "Compensaciones por gastos derivados de comisiones de servicios o desplazamientos".El tal precepto de indica que "Los importes a que da lugar la comisión de servicio comprenden los conceptos de dieta y gastos de locomoción"y que los "Gastos de locomoción es la cantidad que se abona por la utilización de cualquier medio de transporte autorizado por razón de la comisión de servicio".Tal precepto también hace mención a la utilización de "vehículo propio de la persona comisionada cuando sea requerido por la empresa y aceptado por la persona comisionada"(apartados 6 y 9). Con independencia de que aquel precepto regula un concepto distinto del recogido en el art.73 (compensación en el primer supuesto y complemento salarial en el segundo) las menciones a "vehículo propio" no permiten afirmar que deba justificarse ante la empleadora la propiedad de un vehículo a nombre del trabajador o la acreditación, aunque sea a través de una declaración responsable, del cumplimiento de los requisitos administrativos para la circulación de vehículos a motor.

N o es posible, a criterio de la Sala, aplicar un criterio de interpretación restrictivo como el que pretende la demandada que permitiría no reconocer (y consecuentemente no abonar) un complemento salarial que no está condicionado en el Convenio Colectivo. Nos explicamos, cabría, al amparo de la interpretación empresarial, no reconocer (y, en consecuencia, no abonar) el complemento al no autorizar la utilización de un vehículo familiar que no esté a nombre del trabajador/a o la utilización de otro vehículo cuyo uso sea legítimo pero sea propiedad de otra persona. Tales cuestiones, al igual que las relativas al reconocimiento y abono del complemento en caso de utilización del mismo vehículo por parte de varios trabajadores, deberán ser objeto de negociación con la Representación Legal de los Trabajadores pero no pueden ser impuestos de manera unilateral por parte de la empleadora a la vista del tenor literal del art.73 del Convenio.

E n definitiva, ni la literalidad del Convenio ni la finalidad perseguida con el complemento salarial de transporte (en caso de que la empresa no facilite los medios de transporte para el desplazamiento) permiten la redacción cuestionada del párrafo impugnado de la Instrucción 1/2025, sobre control y autorización de gasto en los desplazamientos del personal de la corporación RTVE en su versión definitiva. De ahí la estimación de la demanda en su pretensión principal, con declaración de nulidad del apartado contrario al Convenio y del Anexo contenido en la Instrucción. Y ello sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la negociación colectiva ya iniciada para la negociación del nuevo Convenio.

CUARTO.- La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS ).

En virtud de lo expuesto

PRIMERO.- La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del proceso de conflicto colectivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social .

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS , los hechos declarados probados se sustentan únicamente en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.- El sindicato demandante plantea un conflicto interpretativo relativo al alcance del art.73 del III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE y el establecimiento por parte de la demandada de requisitos adicionales a través de una Instrucción sobre control y autorización de gasto en los desplazamientos del personal de la corporación RTVE.

Tratándose, como en tantos conflictos que se suscitan ante esta Sala, de la interpretación de un precepto convencional o de un acuerdo colectivo de eficacia general conviene traer a colación la doctrina Jurisprudencial aplicable que, como recuerda la STS de 24-9-2024- rec. 22/2023 , se resume en la STS núm. 534/2023, de 19 de julio, Rec. 16/2021 , señalando que: "atendida la singular naturaleza mixta de los convenios colectivos (contrato con efectos normativos y norma de origen contractual), la interpretación de los mismos debe hacerse utilizando los siguientes criterios: la interpretación literal, atendiendo al sentido literal de sus cláusulas, salvo que sean contrarias a la intención evidente de las partes ( arts. 3.1 y 1281 CC ; STS 13 octubre 2004, Rec. 185/2003 ). La interpretación sistemática, atribuyendo a las cláusulas dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas ( arts. 3.1 y 1285 CC ). La interpretación histórica, atendiendo a los antecedentes históricos y a los actos de las partes negociadoras ( arts. 3.1 y 1282 CC ). La interpretación finalista, atendiendo a la intención de las partes negociadoras ( arts. 3.1 , 1281 y 1283 CC ). No cabrá la interpretación analógica para cubrir las lagunas del convenio colectivo aplicable ( STS 9 abril 2002, Rec. 1234/2001 ). Y los convenios colectivos deberán ser interpretados en su conjunto, no admitiéndose el "espigueo" ( STS 4 junio 2008, Rec. 1771/2007 )".

Pues bien, tomemos como punto de partida el tenor literal del citado art.73.1 de la norma convencional. Regula tal precepto un complemento salarial, en los términos del art.66 del mismo texto, denominado "Complemento de transportes"de la siguiente forma:

"Cuando se deba acudir a trabajar en lugar distinto a aquel en que presta ordinariamente su trabajo, la Corporación RTVE facilitará los medios de transporte para los desplazamientos al mismo o, en caso contrario, abonará las cantidades recogidas en el Anexo 1".

Todas las partes coinciden al afirmar que dicho precepto no exige ningún requisito adicional para que el mencionado complemento pueda ser reconocido, más allá de la existencia misma del desplazamiento al lugar de trabajo y de la falta de medio de transporte puesto a disposición de la persona trabajadora por parte de la demandada. Es más, en Convenios anteriores de la misma Corporación resulta una regulación similar (art. 69 del I Convenio y art. 64.2 del II).

La literalidad de la norma convencional es clara, por tanto, respecto de la ausencia de requisitos adicionales para el reconocimiento del complemento de transportes como retribución salarial. Por ello, entiende la Sala tales requisitos no pueden ser introducidos de manera unilateral por parte de la demandada a través de la publicación de una Instrucción interna y al margen de la negociación colectiva. Esto es, la Instrucción 1/2025, sobre control y autorización de gasto en los desplazamientos del personal de la corporación RTVE, impone que el vehículo utilizado por la persona trabajadora sea "propio" y que se aporte una declaración responsable en la que consten, "entre otros, los datos y el estado del vehículo propio a autorizar, los datos relativos al concreto servicio o viaje al que esté asociada la autorización (...) y la indicación de si la persona trabajadora que acepta el desplazamiento en vehículo propio viaja sola o acompañada de otras personas trabajadoras de la Corporación RTVE".Y ello, tal y como expuso la Dirección de la Corporación en la Comisión Paritaria en el mes de marzo de 2025, con la finalidad de que la utilización del vehículo propio por parte del trabajador se haga con las máximas garantías de seguridad. Así, en el modelo de declaración responsable contenido en la propia instrucción se exige que la persona trabajadora indique que el vehículo es propio, con permiso de circulación, ITV y seguro de responsabilidad civil en vigor; y que se indique, igualmente, si el trabajador viaja solo o con otras personas, con indicación en este último caso, de su identidad. Si bien tanto esa finalidad (garantizar la seguridad de las personas trabajadoras que se desplazan utilizando un vehículo ajeno a la empleadora) como la de facilitar la gestión del complemento evitando duplicidades resultan legítimas y, en relación a la primera, loable en el cumplimiento de las obligaciones empresariales en materia preventiva, lo cierto es que tales exigencias no resultan ni de la literalidad del precepto en cuestión ni de la práctica empresarial continuada anterior a la citada instrucción. No se trata de considerar tales requisitos como irrazonables o injustificados sino de que los mismos se impongan al margen de la negociación colectiva para condicionar el reconocimiento efectivo de un complemento salarial que no está sometido a requisito adicional alguno en el texto negociado del Convenio. El control de gasto no permite que la demanda imponga requisitos adicionales (propiedad del vehículo y declaración relativa al cumplimiento de requisitos obligatorios para la circulación de vehículos) no negociados con la RLT.

Señala la representación de la demandada que tales exigencias sí encontrarían acomodo en diversas expresiones contenidas en el art. 75 del Convenio en materia de "Compensaciones por gastos derivados de comisiones de servicios o desplazamientos".El tal precepto de indica que "Los importes a que da lugar la comisión de servicio comprenden los conceptos de dieta y gastos de locomoción"y que los "Gastos de locomoción es la cantidad que se abona por la utilización de cualquier medio de transporte autorizado por razón de la comisión de servicio".Tal precepto también hace mención a la utilización de "vehículo propio de la persona comisionada cuando sea requerido por la empresa y aceptado por la persona comisionada"(apartados 6 y 9). Con independencia de que aquel precepto regula un concepto distinto del recogido en el art.73 (compensación en el primer supuesto y complemento salarial en el segundo) las menciones a "vehículo propio" no permiten afirmar que deba justificarse ante la empleadora la propiedad de un vehículo a nombre del trabajador o la acreditación, aunque sea a través de una declaración responsable, del cumplimiento de los requisitos administrativos para la circulación de vehículos a motor.

N o es posible, a criterio de la Sala, aplicar un criterio de interpretación restrictivo como el que pretende la demandada que permitiría no reconocer (y consecuentemente no abonar) un complemento salarial que no está condicionado en el Convenio Colectivo. Nos explicamos, cabría, al amparo de la interpretación empresarial, no reconocer (y, en consecuencia, no abonar) el complemento al no autorizar la utilización de un vehículo familiar que no esté a nombre del trabajador/a o la utilización de otro vehículo cuyo uso sea legítimo pero sea propiedad de otra persona. Tales cuestiones, al igual que las relativas al reconocimiento y abono del complemento en caso de utilización del mismo vehículo por parte de varios trabajadores, deberán ser objeto de negociación con la Representación Legal de los Trabajadores pero no pueden ser impuestos de manera unilateral por parte de la empleadora a la vista del tenor literal del art.73 del Convenio.

E n definitiva, ni la literalidad del Convenio ni la finalidad perseguida con el complemento salarial de transporte (en caso de que la empresa no facilite los medios de transporte para el desplazamiento) permiten la redacción cuestionada del párrafo impugnado de la Instrucción 1/2025, sobre control y autorización de gasto en los desplazamientos del personal de la corporación RTVE en su versión definitiva. De ahí la estimación de la demanda en su pretensión principal, con declaración de nulidad del apartado contrario al Convenio y del Anexo contenido en la Instrucción. Y ello sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la negociación colectiva ya iniciada para la negociación del nuevo Convenio.

CUARTO.- La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS ).

En virtud de lo expuesto

PRIMERO.- La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del proceso de conflicto colectivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social .

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS , los hechos declarados probados se sustentan únicamente en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.- El sindicato demandante plantea un conflicto interpretativo relativo al alcance del art.73 del III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE y el establecimiento por parte de la demandada de requisitos adicionales a través de una Instrucción sobre control y autorización de gasto en los desplazamientos del personal de la corporación RTVE.

Tratándose, como en tantos conflictos que se suscitan ante esta Sala, de la interpretación de un precepto convencional o de un acuerdo colectivo de eficacia general conviene traer a colación la doctrina Jurisprudencial aplicable que, como recuerda la STS de 24-9-2024- rec. 22/2023 , se resume en la STS núm. 534/2023, de 19 de julio, Rec. 16/2021 , señalando que: "atendida la singular naturaleza mixta de los convenios colectivos (contrato con efectos normativos y norma de origen contractual), la interpretación de los mismos debe hacerse utilizando los siguientes criterios: la interpretación literal, atendiendo al sentido literal de sus cláusulas, salvo que sean contrarias a la intención evidente de las partes ( arts. 3.1 y 1281 CC ; STS 13 octubre 2004, Rec. 185/2003 ). La interpretación sistemática, atribuyendo a las cláusulas dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas ( arts. 3.1 y 1285 CC ). La interpretación histórica, atendiendo a los antecedentes históricos y a los actos de las partes negociadoras ( arts. 3.1 y 1282 CC ). La interpretación finalista, atendiendo a la intención de las partes negociadoras ( arts. 3.1 , 1281 y 1283 CC ). No cabrá la interpretación analógica para cubrir las lagunas del convenio colectivo aplicable ( STS 9 abril 2002, Rec. 1234/2001 ). Y los convenios colectivos deberán ser interpretados en su conjunto, no admitiéndose el "espigueo" ( STS 4 junio 2008, Rec. 1771/2007 )".

Pues bien, tomemos como punto de partida el tenor literal del citado art.73.1 de la norma convencional. Regula tal precepto un complemento salarial, en los términos del art.66 del mismo texto, denominado "Complemento de transportes"de la siguiente forma:

"Cuando se deba acudir a trabajar en lugar distinto a aquel en que presta ordinariamente su trabajo, la Corporación RTVE facilitará los medios de transporte para los desplazamientos al mismo o, en caso contrario, abonará las cantidades recogidas en el Anexo 1".

Todas las partes coinciden al afirmar que dicho precepto no exige ningún requisito adicional para que el mencionado complemento pueda ser reconocido, más allá de la existencia misma del desplazamiento al lugar de trabajo y de la falta de medio de transporte puesto a disposición de la persona trabajadora por parte de la demandada. Es más, en Convenios anteriores de la misma Corporación resulta una regulación similar (art. 69 del I Convenio y art. 64.2 del II).

La literalidad de la norma convencional es clara, por tanto, respecto de la ausencia de requisitos adicionales para el reconocimiento del complemento de transportes como retribución salarial. Por ello, entiende la Sala tales requisitos no pueden ser introducidos de manera unilateral por parte de la demandada a través de la publicación de una Instrucción interna y al margen de la negociación colectiva. Esto es, la Instrucción 1/2025, sobre control y autorización de gasto en los desplazamientos del personal de la corporación RTVE, impone que el vehículo utilizado por la persona trabajadora sea "propio" y que se aporte una declaración responsable en la que consten, "entre otros, los datos y el estado del vehículo propio a autorizar, los datos relativos al concreto servicio o viaje al que esté asociada la autorización (...) y la indicación de si la persona trabajadora que acepta el desplazamiento en vehículo propio viaja sola o acompañada de otras personas trabajadoras de la Corporación RTVE".Y ello, tal y como expuso la Dirección de la Corporación en la Comisión Paritaria en el mes de marzo de 2025, con la finalidad de que la utilización del vehículo propio por parte del trabajador se haga con las máximas garantías de seguridad. Así, en el modelo de declaración responsable contenido en la propia instrucción se exige que la persona trabajadora indique que el vehículo es propio, con permiso de circulación, ITV y seguro de responsabilidad civil en vigor; y que se indique, igualmente, si el trabajador viaja solo o con otras personas, con indicación en este último caso, de su identidad. Si bien tanto esa finalidad (garantizar la seguridad de las personas trabajadoras que se desplazan utilizando un vehículo ajeno a la empleadora) como la de facilitar la gestión del complemento evitando duplicidades resultan legítimas y, en relación a la primera, loable en el cumplimiento de las obligaciones empresariales en materia preventiva, lo cierto es que tales exigencias no resultan ni de la literalidad del precepto en cuestión ni de la práctica empresarial continuada anterior a la citada instrucción. No se trata de considerar tales requisitos como irrazonables o injustificados sino de que los mismos se impongan al margen de la negociación colectiva para condicionar el reconocimiento efectivo de un complemento salarial que no está sometido a requisito adicional alguno en el texto negociado del Convenio. El control de gasto no permite que la demanda imponga requisitos adicionales (propiedad del vehículo y declaración relativa al cumplimiento de requisitos obligatorios para la circulación de vehículos) no negociados con la RLT.

Señala la representación de la demandada que tales exigencias sí encontrarían acomodo en diversas expresiones contenidas en el art. 75 del Convenio en materia de "Compensaciones por gastos derivados de comisiones de servicios o desplazamientos".El tal precepto de indica que "Los importes a que da lugar la comisión de servicio comprenden los conceptos de dieta y gastos de locomoción"y que los "Gastos de locomoción es la cantidad que se abona por la utilización de cualquier medio de transporte autorizado por razón de la comisión de servicio".Tal precepto también hace mención a la utilización de "vehículo propio de la persona comisionada cuando sea requerido por la empresa y aceptado por la persona comisionada"(apartados 6 y 9). Con independencia de que aquel precepto regula un concepto distinto del recogido en el art.73 (compensación en el primer supuesto y complemento salarial en el segundo) las menciones a "vehículo propio" no permiten afirmar que deba justificarse ante la empleadora la propiedad de un vehículo a nombre del trabajador o la acreditación, aunque sea a través de una declaración responsable, del cumplimiento de los requisitos administrativos para la circulación de vehículos a motor.

N o es posible, a criterio de la Sala, aplicar un criterio de interpretación restrictivo como el que pretende la demandada que permitiría no reconocer (y consecuentemente no abonar) un complemento salarial que no está condicionado en el Convenio Colectivo. Nos explicamos, cabría, al amparo de la interpretación empresarial, no reconocer (y, en consecuencia, no abonar) el complemento al no autorizar la utilización de un vehículo familiar que no esté a nombre del trabajador/a o la utilización de otro vehículo cuyo uso sea legítimo pero sea propiedad de otra persona. Tales cuestiones, al igual que las relativas al reconocimiento y abono del complemento en caso de utilización del mismo vehículo por parte de varios trabajadores, deberán ser objeto de negociación con la Representación Legal de los Trabajadores pero no pueden ser impuestos de manera unilateral por parte de la empleadora a la vista del tenor literal del art.73 del Convenio.

E n definitiva, ni la literalidad del Convenio ni la finalidad perseguida con el complemento salarial de transporte (en caso de que la empresa no facilite los medios de transporte para el desplazamiento) permiten la redacción cuestionada del párrafo impugnado de la Instrucción 1/2025, sobre control y autorización de gasto en los desplazamientos del personal de la corporación RTVE en su versión definitiva. De ahí la estimación de la demanda en su pretensión principal, con declaración de nulidad del apartado contrario al Convenio y del Anexo contenido en la Instrucción. Y ello sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la negociación colectiva ya iniciada para la negociación del nuevo Convenio.

CUARTO.- La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS ).

En virtud de lo expuesto