Sentencia Social 120/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 173/2026 de 30 de junio del 2026

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer de los procedimientos de tutela de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 f) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos así como de la testifical practicada en juicio.

TERCERO.- 1.Ejercita la Federación Estatal de Industria de Comisiones Obreras demanda de tutela de derechos fundamentales frente a la empresa Lacrem SAU al considerar que la misma, incumple su deber de información respecto a los términos expresamente pactados en el SIMA y que fueron objeto de sendos acuerdos de 20-9-2024 y 28-10-2025 y que se concretan en dos aspectos nucleares:

a) El primero, al no aportarse ni constar que se haya realizado el simulacro de cálculo de saldos acordado en el acta del SIMA de 20-9-2024 y como máximo, a fecha de 23-1-2026.

b) El segundo, al no haberse aportado la documentación referida en demanda a la confección de los presupuestos, en concreto, datos individualizados por rutas, desglosando y explicando el sistema o criterio de elaboración de los mismos.

Según expresa el sindicato actor, ello conculca el art. 64 ET y por ende su libertad sindical, instando en el suplico de la demanda a que se entregue la información acordada en el acta de acuerdo del SIMA de 20-9-2024 y se condene a la empresa demandada a la reparación de las consecuencias derivadas de la vulneración de la libertad sindical, condenando a la misma al abono de una indemnización de 7.500 euros y 100 euros diarios hasta el cumplimiento de la entrega de la información reseñada.

2.Por su parte, la empresa se opuso a la demanda, por las razones expuestas en los antecedentes de hecho de la presente resolución, que damos por reproducidas a efectos de la brevedad de la presente, oponiendo las excepciones procesales que a continuación son objeto de análisis.

CUARTO.- 1.Se opuso en primer lugar por la empresa demandada la excepción de inadecuación de procedimiento, pues a su juicio, el objeto de la controversia es el incumplimiento de los acuerdos alcanzado en el SIMA que se reseñan en la demanda. Por ello, alegó que el procedimiento de tutela no es correcto, puesto que no se reclama con carácter principal la declaración de vulneración de derechos fundamentales sino que el objeto y el petitum principal es que se cumpla lo acordado en el SIMA. Cita en apoyo de su pretensión el art. 241.1 LRJS y la ejecución en sus propios términos de los acuerdos alcanzados así como los Autos de 6-5-2016, 26-16 y 29-6-2016, número 37/2026 (Heineken).

Por su parte, el sindicato actor se opuso a dicha excepción manifestando que no se plantea una cuestión relativa al incumplimiento del acuerdo pues reconocido el derecho en el SIMA, se incumple el derecho a la información y por ende, se vulnera el derecho fundamental de libertad sindical.

2.Esta primera excepción ha de ser desestimada. De conformidad con lo dispuesto en el art. 177.1 LRJS, cualquier trabajador o sindicato que, invocando un derecho o interés legítimo, considere lesionados los derechos de libertad sindical entre otros, podrá recabar su tutela a través de la modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, cuando la pretensión se suscite en el ámbito de las relaciones jurídicas atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional social o en conexión directa con las mismas.

Es cierto que el suplico de la demanda siembra cierta confusión, pues su primera pretensión va dirigida a que "se declare el derecho y consiguiente obligación empresarial de elaborar y aportar a la parte social el simulacro que se acordó en el acta de acuerdo del SIMA de 20 de septiembre 2024 en relación con el Cálculo de Saldos, así como la documentación referida a la confección de los presupuestos, en concreto, los datos individualizados por rutas y explicación del sistema o criterio de elaboración de los mismos, condenando a la empresa a estar y pasar por tal declaración".Pretensión que parece responder a una petición articulada a través de la modalidad de conflicto colectivo, en relación al cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el SIMA.

3.Pero ocurre que tras la lectura del texto concreto de la demanda, lo que en realidad se está solicitando es que se declare que, derivado de la falta entrega de la información que se constata en aquellos acuerdos, se ha producido una infracción del art. 64 ET y por ende, del derecho de información y libertad sindical del sindicato demandante, pues se está impidiendo con ello, el ejercicio de la acción sindical. Y en consonancia con dicha petición, se solicita en segundo lugar que sea condenada la empresa al abono de la indemnización solicitada, siendo que entendemos que la petición principal del suplico no obedece sino al restablecimiento de la situación anterior al momento en que se produce la vulneración denunciada, esto es, la falta de entrega de información, y no a una acción de conflicto colectivo estrictu sensu. Por ello, el procedimiento de tutela de derechos fundamentales es el adecuado, desestimándose la primera de las excepciones planteadas.

QUINTO.- 1.En segundo lugar, se opone por la empresa la excepción de falta de legitimación activa del sindicato demandante pues el conflicto reclamado afecta a la parte comercial de Lacrem y no todos los centros de trabajo tienen RLT. En la MSCT participaron la representación de la empresa y la comisión ad hoc. La comisión de seguimiento solo tiene tres miembros. La demanda se sustenta en el art. 64 ET. Se dice por la empresa que no nos encontramos ante una demanda en materia de derecho colectivo, pues el titular del derecho a la información es la RLPT (4 representantes designados de entre la representación unitaria de los trabajadores). En los acuerdos del SIMA, ellos han sido parte, no el sindicato CCOO. El derecho de información no tiene como titular a los sindicatos del art. 64 ET. No existe tampoco un delegado sindical LOLS ni CCOO ni UGT. Lo que se reclama es que no se ha aportado la documentación a la RLT, derivada de los acuerdos ante el SIMA. Los derechos de información no le son propios, defendiendo en abstracto unos derechos que no le son propios. En la demanda tampoco se prueba un interés particular ni para sus afiliados ni para sus trabajadores. Cita en apoyo de su pretensión la STS 11-6-2024 rec-. 14/2022 y de 28-6-2026, rec. 134/2025.

2.Esta excepción también ha de ser desestimada y ello por aplicación de la STS de 28-6-2026, rec. 134/2025 que la propia parte demandada cita. En dicha resolución, se distingue claramente entre dos supuestos diferenciados, en orden a la reclamación atinente a la presunta vulneración del derecho de información. En palabras de la Sala Cuarta, se distinguen:

"a) Aquellos casos en los que lo reclama "como derecho propio y desvinculado de las secciones sindicales en la empresa y de sus delegados sindicales en las mismas", por el mero hecho de su naturaleza de sindicato.

b) Aquellos casos en los que lo reclama vinculado a los derechos de información y consulta de las secciones sindicales en la empresa y de los delegados sindicales en las mismas".

3.En el presente supuesto, nos encontraríamos ante el primero de los escenarios descritos, pues el sindicato reclama por la vulneración de su derecho de libertad sindical, de acuerdo con la implantación que ostenta en la empresa demandada. Y si ello es así, es obvio que la legitimación existe, al tener la Federación Estatal de Industria de CCOO implantación en la empresa, lo que no se ha discutido, pues como afirma la citada sentencia del Tribunal Supremo:

"Ello no implica desprotección alguna del derecho de información que incumbe al sindicato accionante, en cuanto pueda ser titular del mismo, puesto que en la medida en que su pretensión también incluye el derecho propio a la información debatida para ello sí debe serle reconocida legitimación activa y por tanto se trata de una cuestión que hemos de resolver".

Cuestión distinta es cómo ha de articularse la pretensión ejercitada y si el sindicato actor, en las condiciones que después se dirán, tiene el derecho de información reclamado en las circunstancias ejercitadas, lo que conecta con los argumentos ofrecidos por la empresa para apoyar la excepción procesal, que este tribunal entiende, son cuestiones que afectan al fondo del asunto y no a la legitimación del sindicato actor, lo que hace que la segunda excepción también haya de ser desestimada.

SEXTO.- En tercer lugar, se opuso la falta de litisconsorcio pasivo necesario de los sindicatos CGT y CSIF, que también ostentan representatividad en la empresa. La excepción ha de ser rechazada de plano, pues como ya adelantamos, la pretensión ejercitada se dirige a declarar la existencia de una vulneración del derecho de libertad sindical del sindicato demandante, sin que sea preciso llamar al presente procedimiento a CGT ni a CSIF, cuya intervención en nada influiría para resolver la controversia suscitada.

SÉPTIMO.- 1.Centrándonos ya en el fondo del asunto, y como ya adelantamos, la controversia gira sobre la decisión de declarar o no vulnerado el derecho de libertad sindical del sindicato actor, ante la falta de información de los extremos acordados en sendos acuerdos ante el SIMA de fechas 20-9-2024 y 28-10-2025, lo que a juicio del demandante infringe lo dispuesto en el art. 64 ET y por ende, su acción sindical.

2.Recordemos que la controversia parte, según se hace constar en los hechos declarados probados en la presente resolución, de la modificación del sistema de incentivos de los trabajadores pertenecientes a las delegaciones comerciales, articulado a través de un proceso de MSCT que culminó con acuerdo. Ante las desavenencias de la parte social de modo en que el nuevo sistema se estaba implantando, y convocada huelga en las delegaciones comerciales, se alcanzó un primer acuerdo ante el SIMA el 20-9-2024 entre la representación de la empresa y la comisión representativa de la parte social formada por los representantes legales de las delegaciones comerciales de la empresa de las distintas áreas geográficas de actuación, en concreto, cuatro representantes de las zonas de Barcelona, Mallorca/Ibiza, Málaga/Cádiz y Murcia. En la reunión de la que dimanó el acuerdo, también estaban presentes representantes de UGT y CCOO en su condición de asesores y un miembro del comité de huelga de CSIF. Los compromisos adoptados en el SIMA se reflejan en el acta que obra a los descriptores 4 y 40, dándose por reproducidos en su integridad.

Con posterioridad, y denunciado por CCOO el incumplimiento de los compromisos pactados, se celebró un segundo SIMA en fecha 28-10-2025, en el que se alcanzó acuerdo, que en lo que aquí nos atañe, determinó que la empresa se comprometía a llevar a cabo el simulacro pactado en el acuerdo de 20-9-2024 como máximo en la reunión de la comisión de seguimiento de 23-1-2026 y respecto a la entrega de información a cada trabajador de la información de captación sobre clientes correspondiente al último trimestre de 2025, la empresa se comprometía a entregar mensualmente dicha información a cada trabajador individualmente considerado, a partir de enero de 2026.

3.Denuncia CCOO que no se ha dado cumplimiento a dichos compromisos, no entregándose la información descrita, lo que vulnera su derecho de libertad sindical. Y aunque es cierto que tras la declaración del testigo don Pedro, ha quedado acreditado que en cuanto a la elaboración del simulacro, la empresa ha encontrado dificultades técnicas y del sistema utilizado para su confección que ha impedido que se lleve a término en la fecha pactada en el segundo de los acuerdos ante el SIMA, y que tampoco se ha procedido a la entrega a los trabajadores de la información individualizada y confidencial que se hizo constar en el primero de los acuerdos ante el SIMA, pues se ha entregado el presupuesto por empresa, delegación y por mes, la demanda no puede ser estimada. Y decimos esto por lo siguiente.

OCTAVO.-1. Tal y como apunta la STS de 16-4-2026, rec. 102/2025:

"Respecto a la relación entre el derecho a la información y el derecho fundamental a la libertad sindical, la STC, sección segunda, 281/2005, de 7 noviembre (Rec 874/2002), declaró que la libertad de información constituye un elemento esencial del derecho fundamental a la libertad sindical, dado que el flujo de información entre el sindicato y los trabajadores es el fundamento de la participación, permite el ejercicio cabal de una acción sindical y propicia el desarrollo de la democracia y del pluralismo sindicales.

En las SSTS 289/2026, de 24 de marzo (Rec 33/2025), 30/2026, de 15 de enero (Rec 222/2024), 777/2025, de 16 de septiembre (Rec 189/2023), 1144/2024, de 17 de septiembre (Rec 33/2023), 906/2024, de 11 de junio (Rec 14/2022) y 954/2022, de 13 diciembre (Rec 40/2021), entre otras, declaramos que el denominado derecho a la información pasiva, entendida como el derecho a recibir la información por parte de la empresa, forma parte del contenido del derecho a la libertad sindical del artículo 28 de la Constitución, que está integrado a su vez, por el derecho a la actividad sindical, es decir, el derecho de los sindicatos a realizar las actividades dirigidas a la defensa, protección y promoción de los intereses de las personas trabajadoras y a desplegar los medios de acción necesarios para que se puedan cumplir las funciones que constitucionalmente tienen atribuidas. Se reitera, de este modo, la doctrina constitucional sentada, entre otras, en las SSTC 94/1995, de 19 de junio (Rec 473/1993), 173/1992, de 29 de octubre (Rec 132/1989), 39/1986, de 31 de marzo (Rec 342/1985) y 40/1985, de 13 de marzo (Rec 397/1984)".

2. Junto con lo anterior, debemos volver a los argumentos contenidos en la STS de 28-5-2026, rec. 134/2025 en la que el Alto Tribunal, sienta conclusiones importantes respecto a la reclamación del derecho de información que pueda ejercitar un sindicato. Dichas conclusiones apuntan a que:

Primero.-El sindicato carece de legitimación activa para reclamar el derecho de información de la RLT, puesto que se trata de un derecho que corresponde a otro órgano de representación colectiva cuya representación no tiene atribuida el sindicato accionante.

Segundo.-El sindicato, como ya se adelantó, podrá reclamar el derecho de información que considera propio si considera que es acreedor del mismo, sin que pueda reclamar el derecho de información que correspondería a otros sindicatos.

Tercero.-El derecho de información del sindicato no viene explicitado en el art. 34.9 ET que hace referencia solamente a las personas trabajadoras y a sus representantes legales, sin mención alguna a la representación sindical. Y se dice por el Alto Tribunal:

"No obstante el artículo 10.3 de la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical, reconoce a los delegados sindicales, en el supuesto de que no formen parte del comité de empresa, el derecho a tener acceso a la misma información y documentación que la empresa ponga a disposición del comité de empresa. Por tanto la omisión en el artículo 34.9 ET o del acuerdo colectivo no significa que la representación sindical de los trabajadores no tenga acceso a esa información o documentación, pero en todo caso la condición es que su acción se lleve a cabo a través de delegados sindicales del artículo 10.1, es decir, los designados en las empresas o, en su caso, en los centros de trabajo que ocupen a más de 250 trabajadores, por las secciones sindicales constituidas por los trabajadores afiliados a los sindicatos con presencia en los comités de empresa".

Cuarto.-Con cita de la STS de 24-3-2026 (rec. 33/2025), repasa el criterio adoptado en el caso de ejercitarse por el sindicato acción de tutela de derechos fundamentales cuando se ha incumplido por la empresa, el deber de información a sus delegados sindicales y se distingue de otros supuestos en los que el sindicato reclama frente a la vulneración de su derecho de información como derecho propio. Y se concluye:

"No se trata de que en cada uno de los supuestos el derecho se reclame por sujetos diferentes (el sindicato frente a la sección sindical de empresa o el delegado sindical), puesto que la sección sindical o los delegados sindicales son órganos internos del propio sindicato, por tanto sujetos a su regulación estatutaria (dentro de los límites y términos legales) y forman parte de su misma persona jurídica. De lo que se trata es del fundamento de la pretensión, de manera que hay que diferenciar aquellos supuestos en los que el derecho se reclama por la mera condición de sindicato (en su caso con una determinada representatividad), de aquellos otros supuestos en que la pretensión se fundamenta en la existencia de órganos internos del sindicato en la propia empresa demandada a los que la legislación o los convenios colectivos atribuyen derechos de información y consulta".

NOVENO.- 1.De todo lo anterior se desprende que el sindicato puede reclamar frente a la vulneración de su derecho de información, pero como concluye la citada resolución del Alto Tribunal, haciéndolo así, el derecho no puede serle reconocido pues el sindicato "no tiene atribuido ese derecho de forma genérica sino solamente vinculada a sus delegados LOLS, lo que delimita incluso el ámbito geográfico de la información que puede reclamar", pues "el derecho reclamado por el sindicato solamente podría en su caso reconocerse a los delegados sindicales del mismo en virtud del art 10.3 LOLS , que no es lo que se reclama".

2.Véase que conforme a los hechos declarados probados, el acuerdo de 20-9-2024 fue firmado por la representación de la empresa y los miembros de la comisión ad hoc que fueron designado de entre los representantes unitarios existentes en la empresa. La reclamación sobre el incumplimiento de su derecho de información ya tendría un primer escollo, pues no podría, conforme a lo ya expuesto, reclamar por la vulneración del derecho de libertar sindical por infracción del derecho a la información, en nombre de los miembros de dicha comisión ad hoc, que fueron quienes firmaron el acuerdo.

Pero es que si acudimos al acuerdo firmado ante el SIMA el 28-10-2025, se observa que aquél emana de los incumplimientos denunciados por el propio sindicato, que habría interpuesto papeleta de conciliación ante el citado servicio de mediación. Es un hecho conforme que tampoco tiene designado delegado LOLS por lo que si ello es así, atendiendo a la jurisprudencia ya citada, no puede el demandante reclamar de forma genérica por una presunta vulneración de su derecho de información, dimanante del art. 64 ET, cuando no es titular de tal derecho, máxime cuando la petición de información no se ha solicitado a través de un delegado/s LOLS.

Por ello, la demanda ha de ser desestimada, siendo que los argumentos expuestos por la representación letrada de la empresa eran correctos, pero no como fundamento de una hipotética falta de legitimación activa del sindicato, sino como base de una desestimación de la demanda, en cuanto al fondo.

DÉCIMO.-Notifíquese la presente resolución a las partes personadas y hágase saber que frente a la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto