Sentencia Social 143/2024 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 198/2024 de 05 de noviembre del 2024

PRIMERO.- La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.5 y 67 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial , en relación con lo previsto en los artículos 2 f ) y 8.1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social .

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social , los hechos declarados probados se sustentan bien en hechos no controvertidos o pacíficos, bien en cada una de las fuentes de prueba incorporadas a través de los medios de prueba previstos legalmente, tal y como se expresa a continuación:

Los Hechos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Séptimo son pacíficos, no controvertidos por ninguna de las partes.

El Hecho Quinto de la fuente de prueba documental obrante en el descriptor 33.

El Hecho Sexto de la fuente de prueba documental obrante en el descriptor 5.

El Hecho Octavo de la fuente de prueba documental obrante en el descriptor 8.

El Hecho Noveno de la fuente de prueba documental obrante en el descriptor 27.

TERCERO.- A la vista de la referencia genérica a los representantes de los trabajadores contenida en la demanda, la empresa demandada plantea la excepción de litisconsorcio pasivo necesario si la tutela se refiere también a la representación unitaria, dado que entonces tiene que traerse al proceso al órgano de representación unitaria, que si bien no es titular de derecho de libertad sindical sí tiene que se llamado para que alegue lo que a su derecho pudiera convenir.

El sindicato demandante respecto a la posible falta de litisconsorcio pasivo necesario señala que el órgano de representación unitaria es un canal de acción sindical precisamente a través de los representantes sindicales elegidos en las listas sindicales, por lo tanto, no solo se vulnera el derecho de libertad sindical de los representantes sindicales, delegados y secciones sindicales, sino también de la representación del sindicato en esos órganos de representación unitaria.

Atendiendo a la pretensión formulada en la demanda rectora de las presentes actuaciones en la que se solicita se declare la existencia de una lesión de la libertad sindical del propio sindicato así como una indemnización para el sindicato, es claro que las pretensiones de declaración radical de nulidad y de cese del comportamiento antisindical referidas a la representación de las personas trabajadoras debe entenderse, por coherencia, referida a la representación sindical no a la representación unitaria, lo que se corrobora con las manifestaciones realizadas por la representación letrada de UGT en el acto de la vista oral cuando afirma que no se refiere al órgano de representación unitaria sino a los representantes sindicales de UGT en dicho órgano.

Lo anterior conduce a esta Sala a desestimar la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario.

CUARTO.- El núcleo de la controversia en torno a la posible existencia de una conducta antisindical es si la empresa está cumpliendo o no con la obligación de informar sobre los documentos de cotización -los recibos de liquidación de cotizaciones (RLC) y la relación nominal de trabajadores (RNT)- al sindicato demandante.

La obligación empresarial de facilitar la antecitada información viene prevista en el 25.4 Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, que literalmente establece que

"los empresarios deberán informar a los interesados, dentro del mes siguiente a aquel en que proceda el ingreso de las cuotas, de los datos relativos a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta.

Cuando tales datos se transmitan u obtengan por medios electrónicos, la obligación de informar se considerará cumplida mediante la colocación o puesta a disposición de los trabajadores, a través de la presentación en pantalla de ordenador o terminal informático, de los datos de sus archivos que, a tales efectos, serán considerados copia autorizada de las relaciones nominales de trabajadores, de los recibos de liquidación y, en su caso, de otros justificantes que acrediten el ingreso de las cuotas.

En los demás casos, los empresarios deberán exponer, en los centros de trabajo y durante el período indicado en el primer párrafo de este apartado, un ejemplar de la relación nominal de trabajadores y del respectivo boletín de cotización, diligenciado y validado por el colaborador que corresponda en la gestión recaudatoria, o copia autorizada de ambos. Esta obligación podrá sustituirse poniendo de manifiesto dicha documentación a los representantes de los trabajadores durante el mismo período".

El precepto mencionado al concretar quienes son los sujetos acreedores de la obligación empresarial alude a los "interesados". La cuestión primera a dilucidar es si el sindicato demandante con amplia y suficiente implantación en la empresa reúne la condición de interesado a los efectos del antecitado precepto reglamentario y la respuesta debe ser afirmativa atendiendo a dos argumentos.

Primero, no debe olvidarse que estamos ante una pretensión de tutela del derecho de libertad sindical, dentro de cuyo contenido esencial se encuentra insertado el derecho de actividad sindical que no es posible que pueda ser reconocido si no se considera también esencial el derecho a recibir información. No es posible desde la perspectiva de la protección del derecho de libertad sindical que se pueda sostener garantizar la actividad sindical si no queda garantizado al mismo tiempo el derecho de información. Nuestra jurisprudencia, por todas STS de 13 de diciembre de 2022 (Rec. 40/2021 ), sostiene que "el derecho a la información, en su vertiente de derecho a la denominada información pasiva; esto es, derecho a recibir información por parte de la empresa en los términos que fueran previstos por las leyes, forma parte del contenido del derecho a la libertad sindical previsto en el artículo 28.1 CE ; de suerte que una eventual vulneración de ese derecho podría considerase atentatoria la reseñado derecho fundamental; ya que la libertad sindical comprende, ineludiblemente el derecho a la actividad sindical, es decir, el derecho de los sindicatos a ejercer aquellas actividades dirigidas a la defensa, protección y promoción de los intereses de los trabajadores, en suma, a desplegar los medios de acción necesarios para que puedan cumplir las funciones que constitucionalmente les corresponden ( SSTC 40/1985 , 39/1986 , 30/1992 , 173/1992 y 94/1995 ; entre otras)".Por lo tanto, un sindicato en principio reviste la condición de interesado a efectos de los previsto en el artículo 25.4 del Real Decreto 1415/2024 .

Segundo, no se preconiza que la condición de interesado ex artículo 25.4 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social la tiene cualquier sindicato, sino como sucede en las presentes actuaciones, solo la tiene el sindicato que acredita implantación suficiente en la empresa; implantación que es elemento relevante, en consecuencia, para atribuir la existencia de un interés concreto y real en la información contenida en la documentación de cotización. Por lo tanto, el sindicato demandante, bien directamente o bien a través de sus delegados o secciones sindicales dentro de la empresa demandada, resulta interesado a los efectos de conocer la documentación de cotización; no debemos olvidar, además, que en última instancia la titularidad del derecho de libertad sindical la ostenta el sindicato, no sus delegados o sus secciones sindicales. Esto último se afirma porque a efectos de recibir la información consideramos indiferente si lo solicita el sindicato directamente o lo hace a través de sus delegados o secciones sindicales en la empresa porque la posición acreedora se anuda al concepto de "interesado", condición que reúne el sindicato.

Se imputa a la empresa una conducta omisiva consistente en no entregar la documentación relativa a la cotización; alegación del demandante que al tratarse de un hecho negativo no es susceptible de ser probado por éste dado que la actividad probatoria solo puede desplegarse sobre hechos positivos, por lo que corresponde a la parte demandada demostrar que ha cumplido con la entrega de dicha información al sindicato demandante.

En las presentes actuaciones la empresa no acredita una conducta regular y sostenida en el tiempo de entrega -ni de información- de la documentación de cotización al sindicato accionante, ni a sus delegados o secciones sindicales en la empresa, puesto que solo se ha acreditado en los últimos años dos actos de puesta a disposición de información o entrega de la referida documentación, ambos en el año 2022. En efecto, solo ha quedado acreditado una entrega física de los boletines de cotización que se produce previa denuncia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; y una puesta a disposición de la documentación de cotización que también se produce previa solicitud del sindicato.

Debe esta Sala llamar la atención de que estos dos únicos actos de entrega o puesta a disposición de la documentación de cotización se producen previa acción del sindicato, nunca por iniciativa de la empresa, cuando del artículo 25.4 Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social se desprende claramente que el empresario "debe informar [...] dentro de mes siguiente a aquel en que proceda el ingreso de las cuotas", lo que supone sin mayor esfuerzo exegético concluir, por un lado, que el empresario tiene atribuido un papel activo, no pasivo que dejaría el cumplimiento de esta obligación a la iniciativa del interesado; y, por otro lado, que la obligación debe cumplirse en un lapso de tiempo determinado. Interpretación ya apuntada en nuestra sentencia de 22 de junio de 2022 (Prod. 145/2022 ) y que, a juicio de esta Sala, resulta incompatible con la práctica de esperar a informar a la previa solicitud del interesado que se constata en las presentes actuaciones, lo que nos conduce a considerar que la empresa no está dando la información sobre la documentación de cotización de conformidad con lo previsto en el artículo 25.4 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

Corolario de que la empresa no estaba cumpliendo con la obligación impuesta en materia de información relativa a la documentación de cotización es que con posterioridad a la reclamación y al acto de mediación ante el SIMA convoca dos reuniones los días 4 y 5 de mayo y alcanza una acuerdo con la mayoría de la representación de los trabajadores, no firmado por el sindicato demandante, a tenor de una propuesta que la empresa dirige al Comité Intercentros. Si la empresa estuviera cumpliendo con la obligación de informar sobre la documentación de cotización de forma regular hubiera sido innecesaria las reuniones y la firma del acuerdo.

Ahora bien, en orden a la concreción del fallo en las presentes actuaciones, esta Sala considera que la firma de este acuerdo tiene como consecuencia que la pretensión de ordenar el cese inmediato del comportamiento antisindical ha decaído por haberse dado satisfacción extraprocesal.

QUINTO.- Se solicita por la parte demandante una indemnización cuantificada en 25.000 euros. De conformidad con lo establecido en el artículo 183.1 de la LRJS la declaración de existencia de lesión de un derecho fundamental obliga al órgano judicial a pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización tanto por los daños materiales causados como por los daños morales.

En la cuantificación de la posible sanción a imponer esta Sala tiene asentado el criterio, entre otras SAN de 17 de junio de 2024 (Prod. 113/2024 ) de tomar como elemento de referencia los parámetros establecidos en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, criterio avalado por nuestra doctrina constitucional y nuestra jurisprudencia.

Al tratarse de la lesión del derecho de información del sindicato y de sus delegados y secciones sindicales en la empresa deberemos tomar como parámetro de referencia el dato de que la infracción de los derechos de información se tipifica con falta grave en el artículo 7, a la que se anuda una posible sanción que en su grado mínimo oscila entre 626 a 1.250 euros, en su grado medio de 1.251 a 3.125 euros y en su grado máximo de 3.126 a 6.250 euros, lo que supone un arco indemnizatorio que va desde los 626 euros a 6.250 euros. Al estar ante una situación que se prolonga en el tiempo, no apreciándose circunstancias fácticas que pudieran aminorar o aumentar la cuantía de la sanción a imponer, teniendo también presente que la empresa ha alcanzado un acuerdo con el comité intercentros sobre la materia, procede imponer una sanción en el término medio del arco punitivo previsto para los ilícitos administrativos, en la cuantía de 3.000 euros.

SEXTO.- Contra esta sentencia, sin perjuicio de su ejecutividad, cabe recurso ordinario de casación conforme el art. 206.1 LRJS .

Fallo