Sentencia Social 43/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 393/2025 de 06 de marzo del 2026

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 f) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en hechos pacíficos y en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos, que no ha sido impugnada por ninguna de las partes, así como en la prueba testifical y pericial practicada en el acto de juicio.

TERCERO.- 1.Se ejercita por el sindicato STR acción de tutela de derechos fundamentales por entender que el cambio en la unidad de negociación del convenio colectivo de refino, hasta ahora aplicable a los centros de trabajo de San Roque, La Rábida y Tenerife, y por el que se excluye a este último centro, vulnera su derecho de libertad sindical. Y ello por cuanto, asevera en su demanda, dicho cambio ha alterado la práctica convencional consolidada y reiterada en el tiempo, por la que la unidad negocial de dicho convenio se venía manteniendo de forma estable. Y que tal variación, se ha llevado a cabo en perjuicio del sindicato, introduciéndose dicho cambio de forma sorpresiva, sin atender sus peticiones y con una clara intención de frenar su crecimiento ante los resultados de las elecciones sindicales. Se desistió del argumento atinente a que el comité intercentros no era competente para abordar la decisión del cambio de la unidad de negociación.

2. Además de lo anterior, señala que con posterioridad a la interposición de la demanda, se han producido hechos que confirman la actitud vulneradora de derechos llevada a cabo por la empresa, en relación a los acontecimientos ocurridos en la reunión celebrada en Sevilla el 16-12-2025, a los que luego nos referiremos. Por todo ello, solicita que sea apreciada la vulneración denunciada y se condene a indemnizar al sindicato demandante en la cantidad de 40.000 euros.

Las empresas demandadas se oponen frontalmente a lo reseñado con anterioridad, por las razones expuestas en los antecedentes de hecho de la presente resolución, que damos por reproducidas en aras a su brevedad.

CUARTO.- 1. Comenzando por el primero de los argumentos que sustentan la petición hemos de recordar que conforme a reiterada doctrina constitucional, expresada en STC 7-11-2005, rec. 874/2002 :

"Aun cuando del tenor literal del art. 28.1 CE pudiera deducirse la restricción del contenido de la libertad sindical a una vertiente exclusivamente organizativa o asociativa, este Tribunal ha declarado reiteradamente, en virtud de una interpretación sistemática de los arts. 7 y 28 CE , efectuada según el canon hermenéutico del art. 10.2 CE , que llama a los textos internacionales ratificados por España -en este caso, Convenios de la Organización Internacional del Trabajo núms. 87 y 98, señaladamente-, que la enumeración de derechos efectuada en el primeramente referido precepto constitucional no se realiza con el carácter de numerus clausus, sino que en el contenido de dicho precepto se integra también la vertiente funcional, es decir, el derecho de los sindicatos a ejercer aquellas actividades dirigidas a la defensa, protección y promoción de los intereses de los trabajadores; en suma, a desplegar los medios de acción necesarios para que puedan cumplir las funciones que constitucionalmente les corresponden (por todas, SSTC 94/1995 , de 19 de junio , FJ 2 ; 308/2000 , de 18 de diciembre , FJ 6 ; 185/2003 , de 27 de octubre, FJ 6 , y 198/2004 , de 15 de noviembre , FJ 5). Las anteriores expresiones del derecho fundamental (organizativas o asociativas y funcionales o de actividad) constituyen su núcleo mínimo e indisponible, el contenido esencial de la libertad sindical. En particular, en coherencia con la vertiente funcional del derecho, la Ley Orgánica de Libertad Sindical ( LOLS) establece que la libertad sindical comprende el derecho a la actividad sindical [art. 2.1 d )] y, de otra parte, que las organizaciones sindicales, en el ejercicio de su libertad sindical, tienen derecho a desarrollar actividades sindicales en la empresa o fuera de ella [ art. 2.2 d)]."

Junto a los anteriores los sindicatos pueden ostentar derechos o facultades adicionales, atribuidos por normas legales o por convenios colectivos, que se añaden a aquel núcleo mínimo e indisponible de la libertad sindical. Así el derecho fundamental se integra, no sólo por su contenido esencial, sino también por ese contenido adicional y promocional, de modo que los actos contrarios a este último son también susceptibles de infringir el art. 28.1 CE (entre tantas otras, por ejemplo, SSTC 173/1992 , de 29 de octubre , FJ 3 ; 164/1993 , de 18 de mayo , FJ 3 ; 1/1994 , de 17 de enero , FJ 4 ; 13/1997 , de 27 de enero, FJ 3 , o 36/2004 , de 8 de marzo , FJ 3). Estos derechos adicionales, en la medida que sobrepasan el contenido esencial que ha de ser garantizado a todos los sindicatos, son de creación infraconstitucional y deben ser ejercitados en el marco de su regulación, pudiendo ser alterados o suprimidos por la norma legal o convencional que los establece, no estando su configuración sometida a más límite que el de no vulnerar el contenido esencial del derecho de libertad sindical ( SSTC 201/1999 , de 8 de noviembre, FJ 4 ; y 44/2004 , de 23 de marzo , FJ 3).

2. Analizando en primer lugar las circunstancias atinentes al cambio de la unidad de negociación, ha quedado acreditado que a raíz de la celebración de elecciones sindicales en el centro de trabajo de Gibraltar-San Roque, se varió la composición de su comité de empresa, y se modificó también por extensión, la composición del comité intercentros, quedando del siguiente modo: STR de 5 a 6 miembros (47% de representación); UGT mantuvo 4 miembros (27% de representación); USO de 0 a 1 miembro miembros (4% de representación) y CCOO mantuvo 3 miembros (22% de representación).

Fue precisamente el sindicato CCOO quien el 29-9-2025 a través de su sección sindical solicitó reunión urgente del comité intercentros para tratar los siguientes puntos: 1) Constitución del Comité Intercentros con los nuevos resultados de las elecciones sindicales realizadas el 30-9-2025 en la refinería Gibraltar-San Roque; 2) Constitución de la mesa negociadora para denunciar el III Convenio colectivo de refino y negociaciones del IV convenio colectivo del refino; y 3) Ruegos y preguntas.

3. Una vez conocidos los resultados de las elecciones sindicales antedichas, la empresa requirió se identificase a los miembros del comité intercentros que fueran designados por cada sindicato, así como las designaciones de los delegados estatales de refino.

Y así, el 29-10-2025 se reunieron los representantes de la empresa y la representación de los trabajadores de los centros de trabajo de Gibraltar-San Roque, La Rábida y Tenerife con el objeto de constituir el comité intercentros tras las elecciones sindicales celebradas en el centro de trabajo de Gibraltar-San Roque, modificándose la composición del comité intercentros e identificándose a los delegados estatales de refino, así como los cargos de Presidente y Secretario del Comité. Se modificó la composición del comité intercentros, con 6 miembros de STR, 4 miembros de UGT, 3 miembros de CCOO, identificándose nominalmente a aquéllos.

El mismo día, a las 10:00 horas, se reunió en sesión ordinaria el comité intercentros. En dicha reunión, la representación de los trabajadores comunicó a la empresa la denuncia expresa del convenio colectivo de refino y la promoción de la negociación de un nuevo convenio y fue en esta reunión cuando se planteó la posibilidad de variar la unidad de negociación del III Convenio colectivo de refino, con el objeto de que se negociara un convenio para los centros de Gibraltar-San Roque y La Rábida y otro para Tenerife.

QUINTO.- 1. En este punto debemos detenernos pues el sindicato demandante achaca a la empresa que esta cuestión se planteara de forma sorpresiva, sin estar incluida en el orden del día. Sin embargo, la Sala no está conforme con esta argumentación, pues véase que anteriormente, por el sindicato CCOO ya se había solicitado una reunión del comité intercentros para tratar sobre la constitución de la mesa negociadora para denunciar el III Convenio colectivo de refino y negociaciones del IV convenio colectivo. Es decir, que es en el ámbito de la citada denuncia y negociación del nuevo convenio y no en otro momento, como no podía ser de otra manera, cuando era factible proponer y negociar la posible variación de la unidad de negociación, antes de proceder a llevar a cabo la misma.

2. A partir de dicho momento y expuestas las razones por la empresa que avalarían la modificación de la unidad de negociación (centradas en la actividad del centro de Tenerife, que ya no llevaría a cabo actividad de refino), se produjo un cambio de propuestas y contrapropuestas por las partes, llegándose a plantear negociar un convenio colectivo por cada uno de los centros de trabajo, rechazándose esta opción por la empresa.

Votada la propuesta de variar la unidad de negociación se acordó por los presentes, a excepción de STR, constituir la comisión negociadora para variar la unidad de negociación, de modo que Tenerife no formase parte del IV Convenio colectivo de refino.

3. El 29-10-2025, a las 13:00 horas, se reunió la comisión negociadora del convenio, al objeto de proceder a votar la propuesta de variar la unidad de negociación como consecuencia de lo acordado en el acta del Comité Intercentros, excluyendo del ámbito del convenio colectivo de refino al centro de Tenerife y manteniendo a Gibraltar-San Roque y La Rábida. Efectuada la votación, se acordó por unanimidad de la representación de la empresa y de la representación sindical presente, conformada por UGT Y CCOO que a su vez ostentan una representación del 53,85% de la representación sindical total, adoptar el acuerdo para variar la unidad de negociación. En el acto y en consecuencia, se dio por finalizada la comisión negociadora para los centros de Tenerife, San Roque y La Rábida, constituyéndose a partir de dicho momento dos comisiones negociadoras diferenciadas (Tenerife por un lado y San Roque y La Rábida por otro), permaneciendo el III Convenio colectivo de refino para los años 2023 a 2025 en ultraactividad durante el proceso de negociación de cada una de las dos unidades en los términos legal y convencionalmente establecidos.

SEXTO.- 1. De los hechos expuestos, la Sala no alcanza a apreciar indicio de vulneración de derecho fundamental alguno. Y decimos esto por los siguientes motivos:

1) En primer término, y como ya adelantamos, el hecho de que no hubiera un punto del día en las reuniones celebradas que recogiese expresamente la cuestión de modificación de la unidad de negociación, no respalda la vulneración denunciada por STR pues era el momento de denuncia del III convenio y constitución de la unidad de negociación del IV convenio de refino cuando las partes debían abordar tal cuestión, sin que se pueda tachar dicha circunstancia como sorpresiva o reveladora de una conducta empresarial tendente a vulnerar el derecho de libertad sindical de STR, atendiendo a los buenos resultados obtenidos en las últimas elecciones sindicales.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 83.1 ET , "los convenios colectivos tendrán el ámbito de aplicación que las partes acuerden",siendo que la decisión adoptada en la reunión de la comisión negociadora de 29-10-2025 no es sino el reflejo de la capacidad de las partes negociadoras para delimitar y fijar ese ámbito funcional, siempre dentro de los límites que a continuación reseñaremos.

2) En segundo lugar, no está de más añadir que el cambio de la unidad de negociación de los convenios que han venido aplicándose en la empresa demandada (antes CEPSA) no se ha producido de forma aislada en los acontecimientos analizados en el presente procedimiento, sino que ya con anterioridad, y en similares circunstancias a las que aquí acontecen, se varió la unidad de negociación del convenio colectivo vigente para proceder a negociar otro distinto con distinto ámbito funcional.

Véase así que los convenios colectivos de los centros de trabajo de la Compañía Española de Petróleos (CEPSA) correspondientes a las anualidades 2003-2006, 2007-2010, 2011-2012 y 2013-2014 eran de aplicación a los centros de trabajo de la citada empresa, a excepción de la refinería de La Rábida. Denunciado el convenio 2013-2014, en reunión celebrada entre la representación de la empresa y la del comité intercentros el 9-4-2015, se acordó por mayoría variar la unidad de negociación, fijando una unidad de negociación para los centros de trabajo de Tenerife y Gibraltar-San Roque, donde se llevaba a cabo una actividad industrial y una unidad de negociación para los centros de trabajo de Madrid, enfocada a trabajo en oficinas.

Reunida la comisión negociadora el 9-4-2015 se adoptó acuerdo para variar la unidad de negociación, publicándose en el BOE de 7-6-2016 el Convenio colectivo de la Compañía Española de Petróleos, SAU (CEPSA), para las refinerías de San Roque (Cádiz) y de Santa Cruz de Tenerife (2016-2017); y en el BOCAM de 26-12-2026 el convenio colectivo de la empresa Compañía Española de Petróleos, Sociedad Anónima Unipersonal (CEPSA) aplicable a los centros de trabajo sitos en la Comunidad Autónoma de Madrid.

Es decir, que la modificación de las unidades de negociación de los convenios aplicables, se materializan como un instrumento ya utilizado por las comisiones negociadoras para alterar el ámbito funcional de un convenio ya denunciado, de acuerdo a las circunstancias concurrentes.

3) Todo el iter temporal revela que no es cierto que la unidad de negociación del convenio colectivo de refino aplicable a los centros de San Roque, La Rábida y Santa Cruz de Tenerife venía aplicándose de forma pacífica y de forma histórica, pues también ha quedado acreditado que el centro de trabajo de La Rábida tenía su propio convenio colectivo hasta que el 6-10-2020 se publica en el BOE el II convenio colectivo de CEPSA para las refinerías citas en los tres centros de trabajo anteriores. Convenio al que sucedió el III, cuya denuncia y posterior variación de su unidad de negociación nos trae ahora aquí.

SÉPTIMO.- 1. Ahora bien, y aun cuando pudiera afirmarse que históricamente el centro de Tenerife había estado inserto en la unidad de negociación del convenio de refino junto a San Roque y La Rábida, esta Sala entiende que ha quedado suficientemente acreditada la causa de la modificación que ahora se cuestiona, alejada de todo punto de una hipotética vulneración del derecho de libertad sindical del demandante.

Conforme a doctrina de la Sala Cuarta, expresada en STS de 23-9-2025, rc. 5/2024 :

"El art. 83.1 del ET dispone que «Los convenios colectivos tendrán el ámbito de aplicación que las partes acuerden». Sin embargo, y como hemos señalado de manera reiterada, la libertad de los negociadores para definir el ámbito de aplicación de un convenio colectivo no es ilimitada, sino que se ve sometida a ciertos presupuestos condicionantes, relativos, de un lado, a la representatividad de las partes intervinientes, que no se cuestiona ni interesa en este momento, y de otro, a las notas de objetividad, homogeneidad y estabilidad predicables del ámbito funcional definido en el convenio.

Todo ello implica, en resumidas cuentas: «1. Que la unidad de negociación no debe ser una creación artificial sin ningún sustrato natural de unión con la realidad. 2. Que debe reunir ciertas características de homogeneidad que permitan establecer una regulación uniforme de las condiciones de trabajo. 3. Que se trate de actividades productivas afines. 4. Que el ámbito elegido responda a criterios de objetividad y estabilidad». ( SSTS de 11 de noviembre de 2000 -rec. 235/2009 -, 801/2018 de 19 de julio - rec. 169/2017-).

Conviene hacer notar que, de manera plenamente coherente con la naturaleza del concepto, la inmensa mayoría de los pronunciamientos de este Tribunal sobre la regularidad o la extensión de los ámbitos funcionales de los diferentes convenios colectivos, se refiere al tipo de actividad desarrollada por las empresas concernidas; solo excepcionalmente se ha sometido a nuestro conocimiento la valoración de un ámbito funcional definido por un factor distinto a la actividad y desvinculado de esta, como cuando concluimos que no era admisible «que un dato puramente subjetivo, como es la afiliación del empresario a una determinada organización empresarial, se convierta en criterio definitorio del ámbito funcional del convenio». Y ello porque con tal criterio «se introduce un elemento contingente que priva al convenio de la necesaria determinación de su campo de aplicación, pues el dato de la afiliación a una organización empresarial no es dato público y se trata incluso de un dato variable en atención al carácter voluntario de las decisiones sobre la afiliación» ( STS de 21 de diciembre de 2010 -rec. 208/2009 -). Lo que se deriva de lo anterior es que, en la determinación del ámbito de aplicación de un convenio colectivo, el acogimiento de criterios distintos a los estrictamente funcionales se produce de manera residual y, debe añadirse ahora, deben valorarse con especial precaución, precisamente por la excepcionalidad que arrastran".

2. Atendiendo a las circunstancias del presente caso, ha resultado probado pese a los esfuerzos de la parte actora por acreditar lo contrario, que el centro de trabajo de Tenerife ya no dedica su actividad principal a la de refino. Actividad a la que se contrae la negociación del IV convenio de cuyo ámbito territorial y funcional se excluye a dicho centro de trabajo. En la reunión del Comité intercentros en la que se abordó el cambio de la unidad de negociación ya se expresa de forma clara que: a) la actividad de San Roque y La Rábida consistía en la realización de procesos industriales para transformación de distintos tipos de crudo y obtener productos energéticos y petroquímicos; b) el centro de Tenerife había evolucionado en los últimos años a un modelo de actividad que lo convertía en instalación logística de almacenamiento y distribución de productos petrolíferos, limitándose a almacenar el producto y a expedirlo a través de sus instalaciones de distribución y su terminal marítima; c) y que en 2022 se inició un proceso de desmantelamiento progresivo, con la retirada de servicios de tanques de crudo y otras unidades.

3. Estas afirmaciones fueron ratificadas por el perito que depuso en el acto de la vista quien declaró que en el centro de trabajo de Tenerife no había actividad de refino desde el año 2022 cuando empezó el proceso de desmantelamiento progresivo y que en los últimos dos años, no había entrado nada de crudo, desmantelándose elementos para realizar la actividad de refino, siendo este un proceso irreversible. Y afirmó que el centro era de almacenaje y distribución de los productos de gasóleo.

4. Si bien el perito declaró también que no había acudido al centro de trabajo y que su pericial se basaba en las afirmaciones que le había realizado la empresa, su declaración quedó corroborada con el testimonio de don Gines, trabajador del centro de Tenerife desde hacía treinta años. Su testimonio reveló de forma esclarecedora que efectivamente, se habían producido los cambios anteriormente expuestos y que la actividad del centro de Tenerife ya no se dedicaba a la actividad de refino. Decimos esto porque a las preguntas del sr. Letrado de la empresa manifestó que "hay instalaciones de logística y todavía existen de refinería".Ese "todavía"manifiesta que el testigo ha querido expresar de forma espontánea un dato que persiste en la fecha actual, pero que está sujeto a una variación o cambio. Si no se hubiere producido cambio alguno no se entendería que se manifieste que existen ciertas instalaciones o actividades "todavía". Y ello encaja perfectamente con el desmantelamiento que ya apuntamos, se viene produciendo desde el año 2022. De hecho, el adverbio todavía de repitió en otra frase de su declaración cuando manifestó: "Se hacen cargamentos de productos, existen "todavía" tanques de almacenaje".

5. Todo lo anterior revela que el cambio de la unidad de negociación pactado, sin que se hayan cuestionado otros aspectos que deslegitimen el pacto, obedeció a una causa contrastada, tratándose así de adecuar la nueva actividad del centro de Tenerife, más cercano a la logística que a la actividad de refino, a su nueva realidad, sin que de dicha modificación se advierta conducta de la empresa vulneradora de derechos fundamentales del sindicato actor. No se corrobora la presencia de un ánimo de perjudicar a STR por sus buenos resultados en las elecciones sindicales, siendo su representatividad mayoritaria en el centro de Tenerife donde podrá desplegar plenamente sus facultades negociadoras para el nuevo convenio colectivo.

OCTAVO.- 1. Y a la misma conclusión ha de llegarse respecto a los hechos de ampliación de la demanda. En ella se indica que la empresa ha requerido a los miembros de STR para liquidar los gastos de participación en la reunión celebrada en Sevilla el 16-12-2025 para la constitución de la comisión negociadora del nuevo convenio de refino que se identificara a los asistentes, cuando antes no se había pedido tal requisito. Y que no se les dejó entrar a la reunión, teniendo que acudir a personal del hotel donde se celebraba la misma para que abriera las puertas.

2. Ambas argumentaciones no reflejan actitud empresarial alguna merecedora de reproche. La primera, por cuanto la exigencia de identificación de los miembros de STR que iban a acudir a la reunión para la liquidación de gastos y aprobación de los desplazamientos no resulta a esta Sala descabellada o irracional. De hecho, se declaró expresamente que los viajes habían sido autorizados, y así se constata al descriptor 129 en el que consta que efectivamente al Sr. Jesús María, miembro de STR, se le abonó el importe del kilometraje. Si la empresa hubiera querido coartar la libertad de los representantes, no habría siquiera autorizado su desplazamiento. Y en cuanto a la imposibilidad de entrar en la sala donde se celebraba la reunión, también quedó acreditado que dicha imposibilidad se produjo tras realizarse un receso, al quedar las puertas de doble hoja atrancadas. No existió prueba alguna de que dicha circunstancia viniera motivada por ninguna actuación empresarial, ni de ninguno de los asistentes que se encontraban dentro de la Sala, pudiendo acceder al recinto los representantes de STR una vez que el personal del hotel pudo desbloquear la puerta.

3. En consecuencia, ninguna vulneración de derechos fundamentales apreciamos, sin que proceda por ende, abonar indemnización alguna al sindicato actor por la empresa demandada, a la que absolvemos de todos los pedimentos de la demanda.

NOVENO.- Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que frente a la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS ).

En virtud de lo expuesto

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 f) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en hechos pacíficos y en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos, que no ha sido impugnada por ninguna de las partes, así como en la prueba testifical y pericial practicada en el acto de juicio.

TERCERO.- 1.Se ejercita por el sindicato STR acción de tutela de derechos fundamentales por entender que el cambio en la unidad de negociación del convenio colectivo de refino, hasta ahora aplicable a los centros de trabajo de San Roque, La Rábida y Tenerife, y por el que se excluye a este último centro, vulnera su derecho de libertad sindical. Y ello por cuanto, asevera en su demanda, dicho cambio ha alterado la práctica convencional consolidada y reiterada en el tiempo, por la que la unidad negocial de dicho convenio se venía manteniendo de forma estable. Y que tal variación, se ha llevado a cabo en perjuicio del sindicato, introduciéndose dicho cambio de forma sorpresiva, sin atender sus peticiones y con una clara intención de frenar su crecimiento ante los resultados de las elecciones sindicales. Se desistió del argumento atinente a que el comité intercentros no era competente para abordar la decisión del cambio de la unidad de negociación.

2. Además de lo anterior, señala que con posterioridad a la interposición de la demanda, se han producido hechos que confirman la actitud vulneradora de derechos llevada a cabo por la empresa, en relación a los acontecimientos ocurridos en la reunión celebrada en Sevilla el 16-12-2025, a los que luego nos referiremos. Por todo ello, solicita que sea apreciada la vulneración denunciada y se condene a indemnizar al sindicato demandante en la cantidad de 40.000 euros.

Las empresas demandadas se oponen frontalmente a lo reseñado con anterioridad, por las razones expuestas en los antecedentes de hecho de la presente resolución, que damos por reproducidas en aras a su brevedad.

CUARTO.- 1. Comenzando por el primero de los argumentos que sustentan la petición hemos de recordar que conforme a reiterada doctrina constitucional, expresada en STC 7-11-2005, rec. 874/2002 :

"Aun cuando del tenor literal del art. 28.1 CE pudiera deducirse la restricción del contenido de la libertad sindical a una vertiente exclusivamente organizativa o asociativa, este Tribunal ha declarado reiteradamente, en virtud de una interpretación sistemática de los arts. 7 y 28 CE , efectuada según el canon hermenéutico del art. 10.2 CE , que llama a los textos internacionales ratificados por España -en este caso, Convenios de la Organización Internacional del Trabajo núms. 87 y 98, señaladamente-, que la enumeración de derechos efectuada en el primeramente referido precepto constitucional no se realiza con el carácter de numerus clausus, sino que en el contenido de dicho precepto se integra también la vertiente funcional, es decir, el derecho de los sindicatos a ejercer aquellas actividades dirigidas a la defensa, protección y promoción de los intereses de los trabajadores; en suma, a desplegar los medios de acción necesarios para que puedan cumplir las funciones que constitucionalmente les corresponden (por todas, SSTC 94/1995 , de 19 de junio , FJ 2 ; 308/2000 , de 18 de diciembre , FJ 6 ; 185/2003 , de 27 de octubre, FJ 6 , y 198/2004 , de 15 de noviembre , FJ 5). Las anteriores expresiones del derecho fundamental (organizativas o asociativas y funcionales o de actividad) constituyen su núcleo mínimo e indisponible, el contenido esencial de la libertad sindical. En particular, en coherencia con la vertiente funcional del derecho, la Ley Orgánica de Libertad Sindical ( LOLS) establece que la libertad sindical comprende el derecho a la actividad sindical [art. 2.1 d )] y, de otra parte, que las organizaciones sindicales, en el ejercicio de su libertad sindical, tienen derecho a desarrollar actividades sindicales en la empresa o fuera de ella [ art. 2.2 d)]."

Junto a los anteriores los sindicatos pueden ostentar derechos o facultades adicionales, atribuidos por normas legales o por convenios colectivos, que se añaden a aquel núcleo mínimo e indisponible de la libertad sindical. Así el derecho fundamental se integra, no sólo por su contenido esencial, sino también por ese contenido adicional y promocional, de modo que los actos contrarios a este último son también susceptibles de infringir el art. 28.1 CE (entre tantas otras, por ejemplo, SSTC 173/1992 , de 29 de octubre , FJ 3 ; 164/1993 , de 18 de mayo , FJ 3 ; 1/1994 , de 17 de enero , FJ 4 ; 13/1997 , de 27 de enero, FJ 3 , o 36/2004 , de 8 de marzo , FJ 3). Estos derechos adicionales, en la medida que sobrepasan el contenido esencial que ha de ser garantizado a todos los sindicatos, son de creación infraconstitucional y deben ser ejercitados en el marco de su regulación, pudiendo ser alterados o suprimidos por la norma legal o convencional que los establece, no estando su configuración sometida a más límite que el de no vulnerar el contenido esencial del derecho de libertad sindical ( SSTC 201/1999 , de 8 de noviembre, FJ 4 ; y 44/2004 , de 23 de marzo , FJ 3).

2. Analizando en primer lugar las circunstancias atinentes al cambio de la unidad de negociación, ha quedado acreditado que a raíz de la celebración de elecciones sindicales en el centro de trabajo de Gibraltar-San Roque, se varió la composición de su comité de empresa, y se modificó también por extensión, la composición del comité intercentros, quedando del siguiente modo: STR de 5 a 6 miembros (47% de representación); UGT mantuvo 4 miembros (27% de representación); USO de 0 a 1 miembro miembros (4% de representación) y CCOO mantuvo 3 miembros (22% de representación).

Fue precisamente el sindicato CCOO quien el 29-9-2025 a través de su sección sindical solicitó reunión urgente del comité intercentros para tratar los siguientes puntos: 1) Constitución del Comité Intercentros con los nuevos resultados de las elecciones sindicales realizadas el 30-9-2025 en la refinería Gibraltar-San Roque; 2) Constitución de la mesa negociadora para denunciar el III Convenio colectivo de refino y negociaciones del IV convenio colectivo del refino; y 3) Ruegos y preguntas.

3. Una vez conocidos los resultados de las elecciones sindicales antedichas, la empresa requirió se identificase a los miembros del comité intercentros que fueran designados por cada sindicato, así como las designaciones de los delegados estatales de refino.

Y así, el 29-10-2025 se reunieron los representantes de la empresa y la representación de los trabajadores de los centros de trabajo de Gibraltar-San Roque, La Rábida y Tenerife con el objeto de constituir el comité intercentros tras las elecciones sindicales celebradas en el centro de trabajo de Gibraltar-San Roque, modificándose la composición del comité intercentros e identificándose a los delegados estatales de refino, así como los cargos de Presidente y Secretario del Comité. Se modificó la composición del comité intercentros, con 6 miembros de STR, 4 miembros de UGT, 3 miembros de CCOO, identificándose nominalmente a aquéllos.

El mismo día, a las 10:00 horas, se reunió en sesión ordinaria el comité intercentros. En dicha reunión, la representación de los trabajadores comunicó a la empresa la denuncia expresa del convenio colectivo de refino y la promoción de la negociación de un nuevo convenio y fue en esta reunión cuando se planteó la posibilidad de variar la unidad de negociación del III Convenio colectivo de refino, con el objeto de que se negociara un convenio para los centros de Gibraltar-San Roque y La Rábida y otro para Tenerife.

QUINTO.- 1. En este punto debemos detenernos pues el sindicato demandante achaca a la empresa que esta cuestión se planteara de forma sorpresiva, sin estar incluida en el orden del día. Sin embargo, la Sala no está conforme con esta argumentación, pues véase que anteriormente, por el sindicato CCOO ya se había solicitado una reunión del comité intercentros para tratar sobre la constitución de la mesa negociadora para denunciar el III Convenio colectivo de refino y negociaciones del IV convenio colectivo. Es decir, que es en el ámbito de la citada denuncia y negociación del nuevo convenio y no en otro momento, como no podía ser de otra manera, cuando era factible proponer y negociar la posible variación de la unidad de negociación, antes de proceder a llevar a cabo la misma.

2. A partir de dicho momento y expuestas las razones por la empresa que avalarían la modificación de la unidad de negociación (centradas en la actividad del centro de Tenerife, que ya no llevaría a cabo actividad de refino), se produjo un cambio de propuestas y contrapropuestas por las partes, llegándose a plantear negociar un convenio colectivo por cada uno de los centros de trabajo, rechazándose esta opción por la empresa.

Votada la propuesta de variar la unidad de negociación se acordó por los presentes, a excepción de STR, constituir la comisión negociadora para variar la unidad de negociación, de modo que Tenerife no formase parte del IV Convenio colectivo de refino.

3. El 29-10-2025, a las 13:00 horas, se reunió la comisión negociadora del convenio, al objeto de proceder a votar la propuesta de variar la unidad de negociación como consecuencia de lo acordado en el acta del Comité Intercentros, excluyendo del ámbito del convenio colectivo de refino al centro de Tenerife y manteniendo a Gibraltar-San Roque y La Rábida. Efectuada la votación, se acordó por unanimidad de la representación de la empresa y de la representación sindical presente, conformada por UGT Y CCOO que a su vez ostentan una representación del 53,85% de la representación sindical total, adoptar el acuerdo para variar la unidad de negociación. En el acto y en consecuencia, se dio por finalizada la comisión negociadora para los centros de Tenerife, San Roque y La Rábida, constituyéndose a partir de dicho momento dos comisiones negociadoras diferenciadas (Tenerife por un lado y San Roque y La Rábida por otro), permaneciendo el III Convenio colectivo de refino para los años 2023 a 2025 en ultraactividad durante el proceso de negociación de cada una de las dos unidades en los términos legal y convencionalmente establecidos.

SEXTO.- 1. De los hechos expuestos, la Sala no alcanza a apreciar indicio de vulneración de derecho fundamental alguno. Y decimos esto por los siguientes motivos:

1) En primer término, y como ya adelantamos, el hecho de que no hubiera un punto del día en las reuniones celebradas que recogiese expresamente la cuestión de modificación de la unidad de negociación, no respalda la vulneración denunciada por STR pues era el momento de denuncia del III convenio y constitución de la unidad de negociación del IV convenio de refino cuando las partes debían abordar tal cuestión, sin que se pueda tachar dicha circunstancia como sorpresiva o reveladora de una conducta empresarial tendente a vulnerar el derecho de libertad sindical de STR, atendiendo a los buenos resultados obtenidos en las últimas elecciones sindicales.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 83.1 ET , "los convenios colectivos tendrán el ámbito de aplicación que las partes acuerden",siendo que la decisión adoptada en la reunión de la comisión negociadora de 29-10-2025 no es sino el reflejo de la capacidad de las partes negociadoras para delimitar y fijar ese ámbito funcional, siempre dentro de los límites que a continuación reseñaremos.

2) En segundo lugar, no está de más añadir que el cambio de la unidad de negociación de los convenios que han venido aplicándose en la empresa demandada (antes CEPSA) no se ha producido de forma aislada en los acontecimientos analizados en el presente procedimiento, sino que ya con anterioridad, y en similares circunstancias a las que aquí acontecen, se varió la unidad de negociación del convenio colectivo vigente para proceder a negociar otro distinto con distinto ámbito funcional.

Véase así que los convenios colectivos de los centros de trabajo de la Compañía Española de Petróleos (CEPSA) correspondientes a las anualidades 2003-2006, 2007-2010, 2011-2012 y 2013-2014 eran de aplicación a los centros de trabajo de la citada empresa, a excepción de la refinería de La Rábida. Denunciado el convenio 2013-2014, en reunión celebrada entre la representación de la empresa y la del comité intercentros el 9-4-2015, se acordó por mayoría variar la unidad de negociación, fijando una unidad de negociación para los centros de trabajo de Tenerife y Gibraltar-San Roque, donde se llevaba a cabo una actividad industrial y una unidad de negociación para los centros de trabajo de Madrid, enfocada a trabajo en oficinas.

Reunida la comisión negociadora el 9-4-2015 se adoptó acuerdo para variar la unidad de negociación, publicándose en el BOE de 7-6-2016 el Convenio colectivo de la Compañía Española de Petróleos, SAU (CEPSA), para las refinerías de San Roque (Cádiz) y de Santa Cruz de Tenerife (2016-2017); y en el BOCAM de 26-12-2026 el convenio colectivo de la empresa Compañía Española de Petróleos, Sociedad Anónima Unipersonal (CEPSA) aplicable a los centros de trabajo sitos en la Comunidad Autónoma de Madrid.

Es decir, que la modificación de las unidades de negociación de los convenios aplicables, se materializan como un instrumento ya utilizado por las comisiones negociadoras para alterar el ámbito funcional de un convenio ya denunciado, de acuerdo a las circunstancias concurrentes.

3) Todo el iter temporal revela que no es cierto que la unidad de negociación del convenio colectivo de refino aplicable a los centros de San Roque, La Rábida y Santa Cruz de Tenerife venía aplicándose de forma pacífica y de forma histórica, pues también ha quedado acreditado que el centro de trabajo de La Rábida tenía su propio convenio colectivo hasta que el 6-10-2020 se publica en el BOE el II convenio colectivo de CEPSA para las refinerías citas en los tres centros de trabajo anteriores. Convenio al que sucedió el III, cuya denuncia y posterior variación de su unidad de negociación nos trae ahora aquí.

SÉPTIMO.- 1. Ahora bien, y aun cuando pudiera afirmarse que históricamente el centro de Tenerife había estado inserto en la unidad de negociación del convenio de refino junto a San Roque y La Rábida, esta Sala entiende que ha quedado suficientemente acreditada la causa de la modificación que ahora se cuestiona, alejada de todo punto de una hipotética vulneración del derecho de libertad sindical del demandante.

Conforme a doctrina de la Sala Cuarta, expresada en STS de 23-9-2025, rc. 5/2024 :

"El art. 83.1 del ET dispone que «Los convenios colectivos tendrán el ámbito de aplicación que las partes acuerden». Sin embargo, y como hemos señalado de manera reiterada, la libertad de los negociadores para definir el ámbito de aplicación de un convenio colectivo no es ilimitada, sino que se ve sometida a ciertos presupuestos condicionantes, relativos, de un lado, a la representatividad de las partes intervinientes, que no se cuestiona ni interesa en este momento, y de otro, a las notas de objetividad, homogeneidad y estabilidad predicables del ámbito funcional definido en el convenio.

Todo ello implica, en resumidas cuentas: «1. Que la unidad de negociación no debe ser una creación artificial sin ningún sustrato natural de unión con la realidad. 2. Que debe reunir ciertas características de homogeneidad que permitan establecer una regulación uniforme de las condiciones de trabajo. 3. Que se trate de actividades productivas afines. 4. Que el ámbito elegido responda a criterios de objetividad y estabilidad». ( SSTS de 11 de noviembre de 2000 -rec. 235/2009 -, 801/2018 de 19 de julio - rec. 169/2017-).

Conviene hacer notar que, de manera plenamente coherente con la naturaleza del concepto, la inmensa mayoría de los pronunciamientos de este Tribunal sobre la regularidad o la extensión de los ámbitos funcionales de los diferentes convenios colectivos, se refiere al tipo de actividad desarrollada por las empresas concernidas; solo excepcionalmente se ha sometido a nuestro conocimiento la valoración de un ámbito funcional definido por un factor distinto a la actividad y desvinculado de esta, como cuando concluimos que no era admisible «que un dato puramente subjetivo, como es la afiliación del empresario a una determinada organización empresarial, se convierta en criterio definitorio del ámbito funcional del convenio». Y ello porque con tal criterio «se introduce un elemento contingente que priva al convenio de la necesaria determinación de su campo de aplicación, pues el dato de la afiliación a una organización empresarial no es dato público y se trata incluso de un dato variable en atención al carácter voluntario de las decisiones sobre la afiliación» ( STS de 21 de diciembre de 2010 -rec. 208/2009 -). Lo que se deriva de lo anterior es que, en la determinación del ámbito de aplicación de un convenio colectivo, el acogimiento de criterios distintos a los estrictamente funcionales se produce de manera residual y, debe añadirse ahora, deben valorarse con especial precaución, precisamente por la excepcionalidad que arrastran".

2. Atendiendo a las circunstancias del presente caso, ha resultado probado pese a los esfuerzos de la parte actora por acreditar lo contrario, que el centro de trabajo de Tenerife ya no dedica su actividad principal a la de refino. Actividad a la que se contrae la negociación del IV convenio de cuyo ámbito territorial y funcional se excluye a dicho centro de trabajo. En la reunión del Comité intercentros en la que se abordó el cambio de la unidad de negociación ya se expresa de forma clara que: a) la actividad de San Roque y La Rábida consistía en la realización de procesos industriales para transformación de distintos tipos de crudo y obtener productos energéticos y petroquímicos; b) el centro de Tenerife había evolucionado en los últimos años a un modelo de actividad que lo convertía en instalación logística de almacenamiento y distribución de productos petrolíferos, limitándose a almacenar el producto y a expedirlo a través de sus instalaciones de distribución y su terminal marítima; c) y que en 2022 se inició un proceso de desmantelamiento progresivo, con la retirada de servicios de tanques de crudo y otras unidades.

3. Estas afirmaciones fueron ratificadas por el perito que depuso en el acto de la vista quien declaró que en el centro de trabajo de Tenerife no había actividad de refino desde el año 2022 cuando empezó el proceso de desmantelamiento progresivo y que en los últimos dos años, no había entrado nada de crudo, desmantelándose elementos para realizar la actividad de refino, siendo este un proceso irreversible. Y afirmó que el centro era de almacenaje y distribución de los productos de gasóleo.

4. Si bien el perito declaró también que no había acudido al centro de trabajo y que su pericial se basaba en las afirmaciones que le había realizado la empresa, su declaración quedó corroborada con el testimonio de don Gines, trabajador del centro de Tenerife desde hacía treinta años. Su testimonio reveló de forma esclarecedora que efectivamente, se habían producido los cambios anteriormente expuestos y que la actividad del centro de Tenerife ya no se dedicaba a la actividad de refino. Decimos esto porque a las preguntas del sr. Letrado de la empresa manifestó que "hay instalaciones de logística y todavía existen de refinería".Ese "todavía"manifiesta que el testigo ha querido expresar de forma espontánea un dato que persiste en la fecha actual, pero que está sujeto a una variación o cambio. Si no se hubiere producido cambio alguno no se entendería que se manifieste que existen ciertas instalaciones o actividades "todavía". Y ello encaja perfectamente con el desmantelamiento que ya apuntamos, se viene produciendo desde el año 2022. De hecho, el adverbio todavía de repitió en otra frase de su declaración cuando manifestó: "Se hacen cargamentos de productos, existen "todavía" tanques de almacenaje".

5. Todo lo anterior revela que el cambio de la unidad de negociación pactado, sin que se hayan cuestionado otros aspectos que deslegitimen el pacto, obedeció a una causa contrastada, tratándose así de adecuar la nueva actividad del centro de Tenerife, más cercano a la logística que a la actividad de refino, a su nueva realidad, sin que de dicha modificación se advierta conducta de la empresa vulneradora de derechos fundamentales del sindicato actor. No se corrobora la presencia de un ánimo de perjudicar a STR por sus buenos resultados en las elecciones sindicales, siendo su representatividad mayoritaria en el centro de Tenerife donde podrá desplegar plenamente sus facultades negociadoras para el nuevo convenio colectivo.

OCTAVO.- 1. Y a la misma conclusión ha de llegarse respecto a los hechos de ampliación de la demanda. En ella se indica que la empresa ha requerido a los miembros de STR para liquidar los gastos de participación en la reunión celebrada en Sevilla el 16-12-2025 para la constitución de la comisión negociadora del nuevo convenio de refino que se identificara a los asistentes, cuando antes no se había pedido tal requisito. Y que no se les dejó entrar a la reunión, teniendo que acudir a personal del hotel donde se celebraba la misma para que abriera las puertas.

2. Ambas argumentaciones no reflejan actitud empresarial alguna merecedora de reproche. La primera, por cuanto la exigencia de identificación de los miembros de STR que iban a acudir a la reunión para la liquidación de gastos y aprobación de los desplazamientos no resulta a esta Sala descabellada o irracional. De hecho, se declaró expresamente que los viajes habían sido autorizados, y así se constata al descriptor 129 en el que consta que efectivamente al Sr. Jesús María, miembro de STR, se le abonó el importe del kilometraje. Si la empresa hubiera querido coartar la libertad de los representantes, no habría siquiera autorizado su desplazamiento. Y en cuanto a la imposibilidad de entrar en la sala donde se celebraba la reunión, también quedó acreditado que dicha imposibilidad se produjo tras realizarse un receso, al quedar las puertas de doble hoja atrancadas. No existió prueba alguna de que dicha circunstancia viniera motivada por ninguna actuación empresarial, ni de ninguno de los asistentes que se encontraban dentro de la Sala, pudiendo acceder al recinto los representantes de STR una vez que el personal del hotel pudo desbloquear la puerta.

3. En consecuencia, ninguna vulneración de derechos fundamentales apreciamos, sin que proceda por ende, abonar indemnización alguna al sindicato actor por la empresa demandada, a la que absolvemos de todos los pedimentos de la demanda.

NOVENO.- Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que frente a la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS ).

En virtud de lo expuesto

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 f) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en hechos pacíficos y en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos, que no ha sido impugnada por ninguna de las partes, así como en la prueba testifical y pericial practicada en el acto de juicio.

TERCERO.- 1.Se ejercita por el sindicato STR acción de tutela de derechos fundamentales por entender que el cambio en la unidad de negociación del convenio colectivo de refino, hasta ahora aplicable a los centros de trabajo de San Roque, La Rábida y Tenerife, y por el que se excluye a este último centro, vulnera su derecho de libertad sindical. Y ello por cuanto, asevera en su demanda, dicho cambio ha alterado la práctica convencional consolidada y reiterada en el tiempo, por la que la unidad negocial de dicho convenio se venía manteniendo de forma estable. Y que tal variación, se ha llevado a cabo en perjuicio del sindicato, introduciéndose dicho cambio de forma sorpresiva, sin atender sus peticiones y con una clara intención de frenar su crecimiento ante los resultados de las elecciones sindicales. Se desistió del argumento atinente a que el comité intercentros no era competente para abordar la decisión del cambio de la unidad de negociación.

2. Además de lo anterior, señala que con posterioridad a la interposición de la demanda, se han producido hechos que confirman la actitud vulneradora de derechos llevada a cabo por la empresa, en relación a los acontecimientos ocurridos en la reunión celebrada en Sevilla el 16-12-2025, a los que luego nos referiremos. Por todo ello, solicita que sea apreciada la vulneración denunciada y se condene a indemnizar al sindicato demandante en la cantidad de 40.000 euros.

Las empresas demandadas se oponen frontalmente a lo reseñado con anterioridad, por las razones expuestas en los antecedentes de hecho de la presente resolución, que damos por reproducidas en aras a su brevedad.

CUARTO.- 1. Comenzando por el primero de los argumentos que sustentan la petición hemos de recordar que conforme a reiterada doctrina constitucional, expresada en STC 7-11-2005, rec. 874/2002 :

"Aun cuando del tenor literal del art. 28.1 CE pudiera deducirse la restricción del contenido de la libertad sindical a una vertiente exclusivamente organizativa o asociativa, este Tribunal ha declarado reiteradamente, en virtud de una interpretación sistemática de los arts. 7 y 28 CE , efectuada según el canon hermenéutico del art. 10.2 CE , que llama a los textos internacionales ratificados por España -en este caso, Convenios de la Organización Internacional del Trabajo núms. 87 y 98, señaladamente-, que la enumeración de derechos efectuada en el primeramente referido precepto constitucional no se realiza con el carácter de numerus clausus, sino que en el contenido de dicho precepto se integra también la vertiente funcional, es decir, el derecho de los sindicatos a ejercer aquellas actividades dirigidas a la defensa, protección y promoción de los intereses de los trabajadores; en suma, a desplegar los medios de acción necesarios para que puedan cumplir las funciones que constitucionalmente les corresponden (por todas, SSTC 94/1995 , de 19 de junio , FJ 2 ; 308/2000 , de 18 de diciembre , FJ 6 ; 185/2003 , de 27 de octubre, FJ 6 , y 198/2004 , de 15 de noviembre , FJ 5). Las anteriores expresiones del derecho fundamental (organizativas o asociativas y funcionales o de actividad) constituyen su núcleo mínimo e indisponible, el contenido esencial de la libertad sindical. En particular, en coherencia con la vertiente funcional del derecho, la Ley Orgánica de Libertad Sindical ( LOLS) establece que la libertad sindical comprende el derecho a la actividad sindical [art. 2.1 d )] y, de otra parte, que las organizaciones sindicales, en el ejercicio de su libertad sindical, tienen derecho a desarrollar actividades sindicales en la empresa o fuera de ella [ art. 2.2 d)]."

Junto a los anteriores los sindicatos pueden ostentar derechos o facultades adicionales, atribuidos por normas legales o por convenios colectivos, que se añaden a aquel núcleo mínimo e indisponible de la libertad sindical. Así el derecho fundamental se integra, no sólo por su contenido esencial, sino también por ese contenido adicional y promocional, de modo que los actos contrarios a este último son también susceptibles de infringir el art. 28.1 CE (entre tantas otras, por ejemplo, SSTC 173/1992 , de 29 de octubre , FJ 3 ; 164/1993 , de 18 de mayo , FJ 3 ; 1/1994 , de 17 de enero , FJ 4 ; 13/1997 , de 27 de enero, FJ 3 , o 36/2004 , de 8 de marzo , FJ 3). Estos derechos adicionales, en la medida que sobrepasan el contenido esencial que ha de ser garantizado a todos los sindicatos, son de creación infraconstitucional y deben ser ejercitados en el marco de su regulación, pudiendo ser alterados o suprimidos por la norma legal o convencional que los establece, no estando su configuración sometida a más límite que el de no vulnerar el contenido esencial del derecho de libertad sindical ( SSTC 201/1999 , de 8 de noviembre, FJ 4 ; y 44/2004 , de 23 de marzo , FJ 3).

2. Analizando en primer lugar las circunstancias atinentes al cambio de la unidad de negociación, ha quedado acreditado que a raíz de la celebración de elecciones sindicales en el centro de trabajo de Gibraltar-San Roque, se varió la composición de su comité de empresa, y se modificó también por extensión, la composición del comité intercentros, quedando del siguiente modo: STR de 5 a 6 miembros (47% de representación); UGT mantuvo 4 miembros (27% de representación); USO de 0 a 1 miembro miembros (4% de representación) y CCOO mantuvo 3 miembros (22% de representación).

Fue precisamente el sindicato CCOO quien el 29-9-2025 a través de su sección sindical solicitó reunión urgente del comité intercentros para tratar los siguientes puntos: 1) Constitución del Comité Intercentros con los nuevos resultados de las elecciones sindicales realizadas el 30-9-2025 en la refinería Gibraltar-San Roque; 2) Constitución de la mesa negociadora para denunciar el III Convenio colectivo de refino y negociaciones del IV convenio colectivo del refino; y 3) Ruegos y preguntas.

3. Una vez conocidos los resultados de las elecciones sindicales antedichas, la empresa requirió se identificase a los miembros del comité intercentros que fueran designados por cada sindicato, así como las designaciones de los delegados estatales de refino.

Y así, el 29-10-2025 se reunieron los representantes de la empresa y la representación de los trabajadores de los centros de trabajo de Gibraltar-San Roque, La Rábida y Tenerife con el objeto de constituir el comité intercentros tras las elecciones sindicales celebradas en el centro de trabajo de Gibraltar-San Roque, modificándose la composición del comité intercentros e identificándose a los delegados estatales de refino, así como los cargos de Presidente y Secretario del Comité. Se modificó la composición del comité intercentros, con 6 miembros de STR, 4 miembros de UGT, 3 miembros de CCOO, identificándose nominalmente a aquéllos.

El mismo día, a las 10:00 horas, se reunió en sesión ordinaria el comité intercentros. En dicha reunión, la representación de los trabajadores comunicó a la empresa la denuncia expresa del convenio colectivo de refino y la promoción de la negociación de un nuevo convenio y fue en esta reunión cuando se planteó la posibilidad de variar la unidad de negociación del III Convenio colectivo de refino, con el objeto de que se negociara un convenio para los centros de Gibraltar-San Roque y La Rábida y otro para Tenerife.

QUINTO.- 1. En este punto debemos detenernos pues el sindicato demandante achaca a la empresa que esta cuestión se planteara de forma sorpresiva, sin estar incluida en el orden del día. Sin embargo, la Sala no está conforme con esta argumentación, pues véase que anteriormente, por el sindicato CCOO ya se había solicitado una reunión del comité intercentros para tratar sobre la constitución de la mesa negociadora para denunciar el III Convenio colectivo de refino y negociaciones del IV convenio colectivo. Es decir, que es en el ámbito de la citada denuncia y negociación del nuevo convenio y no en otro momento, como no podía ser de otra manera, cuando era factible proponer y negociar la posible variación de la unidad de negociación, antes de proceder a llevar a cabo la misma.

2. A partir de dicho momento y expuestas las razones por la empresa que avalarían la modificación de la unidad de negociación (centradas en la actividad del centro de Tenerife, que ya no llevaría a cabo actividad de refino), se produjo un cambio de propuestas y contrapropuestas por las partes, llegándose a plantear negociar un convenio colectivo por cada uno de los centros de trabajo, rechazándose esta opción por la empresa.

Votada la propuesta de variar la unidad de negociación se acordó por los presentes, a excepción de STR, constituir la comisión negociadora para variar la unidad de negociación, de modo que Tenerife no formase parte del IV Convenio colectivo de refino.

3. El 29-10-2025, a las 13:00 horas, se reunió la comisión negociadora del convenio, al objeto de proceder a votar la propuesta de variar la unidad de negociación como consecuencia de lo acordado en el acta del Comité Intercentros, excluyendo del ámbito del convenio colectivo de refino al centro de Tenerife y manteniendo a Gibraltar-San Roque y La Rábida. Efectuada la votación, se acordó por unanimidad de la representación de la empresa y de la representación sindical presente, conformada por UGT Y CCOO que a su vez ostentan una representación del 53,85% de la representación sindical total, adoptar el acuerdo para variar la unidad de negociación. En el acto y en consecuencia, se dio por finalizada la comisión negociadora para los centros de Tenerife, San Roque y La Rábida, constituyéndose a partir de dicho momento dos comisiones negociadoras diferenciadas (Tenerife por un lado y San Roque y La Rábida por otro), permaneciendo el III Convenio colectivo de refino para los años 2023 a 2025 en ultraactividad durante el proceso de negociación de cada una de las dos unidades en los términos legal y convencionalmente establecidos.

SEXTO.- 1. De los hechos expuestos, la Sala no alcanza a apreciar indicio de vulneración de derecho fundamental alguno. Y decimos esto por los siguientes motivos:

1) En primer término, y como ya adelantamos, el hecho de que no hubiera un punto del día en las reuniones celebradas que recogiese expresamente la cuestión de modificación de la unidad de negociación, no respalda la vulneración denunciada por STR pues era el momento de denuncia del III convenio y constitución de la unidad de negociación del IV convenio de refino cuando las partes debían abordar tal cuestión, sin que se pueda tachar dicha circunstancia como sorpresiva o reveladora de una conducta empresarial tendente a vulnerar el derecho de libertad sindical de STR, atendiendo a los buenos resultados obtenidos en las últimas elecciones sindicales.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 83.1 ET , "los convenios colectivos tendrán el ámbito de aplicación que las partes acuerden",siendo que la decisión adoptada en la reunión de la comisión negociadora de 29-10-2025 no es sino el reflejo de la capacidad de las partes negociadoras para delimitar y fijar ese ámbito funcional, siempre dentro de los límites que a continuación reseñaremos.

2) En segundo lugar, no está de más añadir que el cambio de la unidad de negociación de los convenios que han venido aplicándose en la empresa demandada (antes CEPSA) no se ha producido de forma aislada en los acontecimientos analizados en el presente procedimiento, sino que ya con anterioridad, y en similares circunstancias a las que aquí acontecen, se varió la unidad de negociación del convenio colectivo vigente para proceder a negociar otro distinto con distinto ámbito funcional.

Véase así que los convenios colectivos de los centros de trabajo de la Compañía Española de Petróleos (CEPSA) correspondientes a las anualidades 2003-2006, 2007-2010, 2011-2012 y 2013-2014 eran de aplicación a los centros de trabajo de la citada empresa, a excepción de la refinería de La Rábida. Denunciado el convenio 2013-2014, en reunión celebrada entre la representación de la empresa y la del comité intercentros el 9-4-2015, se acordó por mayoría variar la unidad de negociación, fijando una unidad de negociación para los centros de trabajo de Tenerife y Gibraltar-San Roque, donde se llevaba a cabo una actividad industrial y una unidad de negociación para los centros de trabajo de Madrid, enfocada a trabajo en oficinas.

Reunida la comisión negociadora el 9-4-2015 se adoptó acuerdo para variar la unidad de negociación, publicándose en el BOE de 7-6-2016 el Convenio colectivo de la Compañía Española de Petróleos, SAU (CEPSA), para las refinerías de San Roque (Cádiz) y de Santa Cruz de Tenerife (2016-2017); y en el BOCAM de 26-12-2026 el convenio colectivo de la empresa Compañía Española de Petróleos, Sociedad Anónima Unipersonal (CEPSA) aplicable a los centros de trabajo sitos en la Comunidad Autónoma de Madrid.

Es decir, que la modificación de las unidades de negociación de los convenios aplicables, se materializan como un instrumento ya utilizado por las comisiones negociadoras para alterar el ámbito funcional de un convenio ya denunciado, de acuerdo a las circunstancias concurrentes.

3) Todo el iter temporal revela que no es cierto que la unidad de negociación del convenio colectivo de refino aplicable a los centros de San Roque, La Rábida y Santa Cruz de Tenerife venía aplicándose de forma pacífica y de forma histórica, pues también ha quedado acreditado que el centro de trabajo de La Rábida tenía su propio convenio colectivo hasta que el 6-10-2020 se publica en el BOE el II convenio colectivo de CEPSA para las refinerías citas en los tres centros de trabajo anteriores. Convenio al que sucedió el III, cuya denuncia y posterior variación de su unidad de negociación nos trae ahora aquí.

SÉPTIMO.- 1. Ahora bien, y aun cuando pudiera afirmarse que históricamente el centro de Tenerife había estado inserto en la unidad de negociación del convenio de refino junto a San Roque y La Rábida, esta Sala entiende que ha quedado suficientemente acreditada la causa de la modificación que ahora se cuestiona, alejada de todo punto de una hipotética vulneración del derecho de libertad sindical del demandante.

Conforme a doctrina de la Sala Cuarta, expresada en STS de 23-9-2025, rc. 5/2024 :

"El art. 83.1 del ET dispone que «Los convenios colectivos tendrán el ámbito de aplicación que las partes acuerden». Sin embargo, y como hemos señalado de manera reiterada, la libertad de los negociadores para definir el ámbito de aplicación de un convenio colectivo no es ilimitada, sino que se ve sometida a ciertos presupuestos condicionantes, relativos, de un lado, a la representatividad de las partes intervinientes, que no se cuestiona ni interesa en este momento, y de otro, a las notas de objetividad, homogeneidad y estabilidad predicables del ámbito funcional definido en el convenio.

Todo ello implica, en resumidas cuentas: «1. Que la unidad de negociación no debe ser una creación artificial sin ningún sustrato natural de unión con la realidad. 2. Que debe reunir ciertas características de homogeneidad que permitan establecer una regulación uniforme de las condiciones de trabajo. 3. Que se trate de actividades productivas afines. 4. Que el ámbito elegido responda a criterios de objetividad y estabilidad». ( SSTS de 11 de noviembre de 2000 -rec. 235/2009 -, 801/2018 de 19 de julio - rec. 169/2017-).

Conviene hacer notar que, de manera plenamente coherente con la naturaleza del concepto, la inmensa mayoría de los pronunciamientos de este Tribunal sobre la regularidad o la extensión de los ámbitos funcionales de los diferentes convenios colectivos, se refiere al tipo de actividad desarrollada por las empresas concernidas; solo excepcionalmente se ha sometido a nuestro conocimiento la valoración de un ámbito funcional definido por un factor distinto a la actividad y desvinculado de esta, como cuando concluimos que no era admisible «que un dato puramente subjetivo, como es la afiliación del empresario a una determinada organización empresarial, se convierta en criterio definitorio del ámbito funcional del convenio». Y ello porque con tal criterio «se introduce un elemento contingente que priva al convenio de la necesaria determinación de su campo de aplicación, pues el dato de la afiliación a una organización empresarial no es dato público y se trata incluso de un dato variable en atención al carácter voluntario de las decisiones sobre la afiliación» ( STS de 21 de diciembre de 2010 -rec. 208/2009 -). Lo que se deriva de lo anterior es que, en la determinación del ámbito de aplicación de un convenio colectivo, el acogimiento de criterios distintos a los estrictamente funcionales se produce de manera residual y, debe añadirse ahora, deben valorarse con especial precaución, precisamente por la excepcionalidad que arrastran".

2. Atendiendo a las circunstancias del presente caso, ha resultado probado pese a los esfuerzos de la parte actora por acreditar lo contrario, que el centro de trabajo de Tenerife ya no dedica su actividad principal a la de refino. Actividad a la que se contrae la negociación del IV convenio de cuyo ámbito territorial y funcional se excluye a dicho centro de trabajo. En la reunión del Comité intercentros en la que se abordó el cambio de la unidad de negociación ya se expresa de forma clara que: a) la actividad de San Roque y La Rábida consistía en la realización de procesos industriales para transformación de distintos tipos de crudo y obtener productos energéticos y petroquímicos; b) el centro de Tenerife había evolucionado en los últimos años a un modelo de actividad que lo convertía en instalación logística de almacenamiento y distribución de productos petrolíferos, limitándose a almacenar el producto y a expedirlo a través de sus instalaciones de distribución y su terminal marítima; c) y que en 2022 se inició un proceso de desmantelamiento progresivo, con la retirada de servicios de tanques de crudo y otras unidades.

3. Estas afirmaciones fueron ratificadas por el perito que depuso en el acto de la vista quien declaró que en el centro de trabajo de Tenerife no había actividad de refino desde el año 2022 cuando empezó el proceso de desmantelamiento progresivo y que en los últimos dos años, no había entrado nada de crudo, desmantelándose elementos para realizar la actividad de refino, siendo este un proceso irreversible. Y afirmó que el centro era de almacenaje y distribución de los productos de gasóleo.

4. Si bien el perito declaró también que no había acudido al centro de trabajo y que su pericial se basaba en las afirmaciones que le había realizado la empresa, su declaración quedó corroborada con el testimonio de don Gines, trabajador del centro de Tenerife desde hacía treinta años. Su testimonio reveló de forma esclarecedora que efectivamente, se habían producido los cambios anteriormente expuestos y que la actividad del centro de Tenerife ya no se dedicaba a la actividad de refino. Decimos esto porque a las preguntas del sr. Letrado de la empresa manifestó que "hay instalaciones de logística y todavía existen de refinería".Ese "todavía"manifiesta que el testigo ha querido expresar de forma espontánea un dato que persiste en la fecha actual, pero que está sujeto a una variación o cambio. Si no se hubiere producido cambio alguno no se entendería que se manifieste que existen ciertas instalaciones o actividades "todavía". Y ello encaja perfectamente con el desmantelamiento que ya apuntamos, se viene produciendo desde el año 2022. De hecho, el adverbio todavía de repitió en otra frase de su declaración cuando manifestó: "Se hacen cargamentos de productos, existen "todavía" tanques de almacenaje".

5. Todo lo anterior revela que el cambio de la unidad de negociación pactado, sin que se hayan cuestionado otros aspectos que deslegitimen el pacto, obedeció a una causa contrastada, tratándose así de adecuar la nueva actividad del centro de Tenerife, más cercano a la logística que a la actividad de refino, a su nueva realidad, sin que de dicha modificación se advierta conducta de la empresa vulneradora de derechos fundamentales del sindicato actor. No se corrobora la presencia de un ánimo de perjudicar a STR por sus buenos resultados en las elecciones sindicales, siendo su representatividad mayoritaria en el centro de Tenerife donde podrá desplegar plenamente sus facultades negociadoras para el nuevo convenio colectivo.

OCTAVO.- 1. Y a la misma conclusión ha de llegarse respecto a los hechos de ampliación de la demanda. En ella se indica que la empresa ha requerido a los miembros de STR para liquidar los gastos de participación en la reunión celebrada en Sevilla el 16-12-2025 para la constitución de la comisión negociadora del nuevo convenio de refino que se identificara a los asistentes, cuando antes no se había pedido tal requisito. Y que no se les dejó entrar a la reunión, teniendo que acudir a personal del hotel donde se celebraba la misma para que abriera las puertas.

2. Ambas argumentaciones no reflejan actitud empresarial alguna merecedora de reproche. La primera, por cuanto la exigencia de identificación de los miembros de STR que iban a acudir a la reunión para la liquidación de gastos y aprobación de los desplazamientos no resulta a esta Sala descabellada o irracional. De hecho, se declaró expresamente que los viajes habían sido autorizados, y así se constata al descriptor 129 en el que consta que efectivamente al Sr. Jesús María, miembro de STR, se le abonó el importe del kilometraje. Si la empresa hubiera querido coartar la libertad de los representantes, no habría siquiera autorizado su desplazamiento. Y en cuanto a la imposibilidad de entrar en la sala donde se celebraba la reunión, también quedó acreditado que dicha imposibilidad se produjo tras realizarse un receso, al quedar las puertas de doble hoja atrancadas. No existió prueba alguna de que dicha circunstancia viniera motivada por ninguna actuación empresarial, ni de ninguno de los asistentes que se encontraban dentro de la Sala, pudiendo acceder al recinto los representantes de STR una vez que el personal del hotel pudo desbloquear la puerta.

3. En consecuencia, ninguna vulneración de derechos fundamentales apreciamos, sin que proceda por ende, abonar indemnización alguna al sindicato actor por la empresa demandada, a la que absolvemos de todos los pedimentos de la demanda.

NOVENO.- Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que frente a la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS ).

En virtud de lo expuesto

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 f) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en hechos pacíficos y en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos, que no ha sido impugnada por ninguna de las partes, así como en la prueba testifical y pericial practicada en el acto de juicio.

TERCERO.- 1.Se ejercita por el sindicato STR acción de tutela de derechos fundamentales por entender que el cambio en la unidad de negociación del convenio colectivo de refino, hasta ahora aplicable a los centros de trabajo de San Roque, La Rábida y Tenerife, y por el que se excluye a este último centro, vulnera su derecho de libertad sindical. Y ello por cuanto, asevera en su demanda, dicho cambio ha alterado la práctica convencional consolidada y reiterada en el tiempo, por la que la unidad negocial de dicho convenio se venía manteniendo de forma estable. Y que tal variación, se ha llevado a cabo en perjuicio del sindicato, introduciéndose dicho cambio de forma sorpresiva, sin atender sus peticiones y con una clara intención de frenar su crecimiento ante los resultados de las elecciones sindicales. Se desistió del argumento atinente a que el comité intercentros no era competente para abordar la decisión del cambio de la unidad de negociación.

2. Además de lo anterior, señala que con posterioridad a la interposición de la demanda, se han producido hechos que confirman la actitud vulneradora de derechos llevada a cabo por la empresa, en relación a los acontecimientos ocurridos en la reunión celebrada en Sevilla el 16-12-2025, a los que luego nos referiremos. Por todo ello, solicita que sea apreciada la vulneración denunciada y se condene a indemnizar al sindicato demandante en la cantidad de 40.000 euros.

Las empresas demandadas se oponen frontalmente a lo reseñado con anterioridad, por las razones expuestas en los antecedentes de hecho de la presente resolución, que damos por reproducidas en aras a su brevedad.

CUARTO.- 1. Comenzando por el primero de los argumentos que sustentan la petición hemos de recordar que conforme a reiterada doctrina constitucional, expresada en STC 7-11-2005, rec. 874/2002 :

"Aun cuando del tenor literal del art. 28.1 CE pudiera deducirse la restricción del contenido de la libertad sindical a una vertiente exclusivamente organizativa o asociativa, este Tribunal ha declarado reiteradamente, en virtud de una interpretación sistemática de los arts. 7 y 28 CE , efectuada según el canon hermenéutico del art. 10.2 CE , que llama a los textos internacionales ratificados por España -en este caso, Convenios de la Organización Internacional del Trabajo núms. 87 y 98, señaladamente-, que la enumeración de derechos efectuada en el primeramente referido precepto constitucional no se realiza con el carácter de numerus clausus, sino que en el contenido de dicho precepto se integra también la vertiente funcional, es decir, el derecho de los sindicatos a ejercer aquellas actividades dirigidas a la defensa, protección y promoción de los intereses de los trabajadores; en suma, a desplegar los medios de acción necesarios para que puedan cumplir las funciones que constitucionalmente les corresponden (por todas, SSTC 94/1995 , de 19 de junio , FJ 2 ; 308/2000 , de 18 de diciembre , FJ 6 ; 185/2003 , de 27 de octubre, FJ 6 , y 198/2004 , de 15 de noviembre , FJ 5). Las anteriores expresiones del derecho fundamental (organizativas o asociativas y funcionales o de actividad) constituyen su núcleo mínimo e indisponible, el contenido esencial de la libertad sindical. En particular, en coherencia con la vertiente funcional del derecho, la Ley Orgánica de Libertad Sindical ( LOLS) establece que la libertad sindical comprende el derecho a la actividad sindical [art. 2.1 d )] y, de otra parte, que las organizaciones sindicales, en el ejercicio de su libertad sindical, tienen derecho a desarrollar actividades sindicales en la empresa o fuera de ella [ art. 2.2 d)]."

Junto a los anteriores los sindicatos pueden ostentar derechos o facultades adicionales, atribuidos por normas legales o por convenios colectivos, que se añaden a aquel núcleo mínimo e indisponible de la libertad sindical. Así el derecho fundamental se integra, no sólo por su contenido esencial, sino también por ese contenido adicional y promocional, de modo que los actos contrarios a este último son también susceptibles de infringir el art. 28.1 CE (entre tantas otras, por ejemplo, SSTC 173/1992 , de 29 de octubre , FJ 3 ; 164/1993 , de 18 de mayo , FJ 3 ; 1/1994 , de 17 de enero , FJ 4 ; 13/1997 , de 27 de enero, FJ 3 , o 36/2004 , de 8 de marzo , FJ 3). Estos derechos adicionales, en la medida que sobrepasan el contenido esencial que ha de ser garantizado a todos los sindicatos, son de creación infraconstitucional y deben ser ejercitados en el marco de su regulación, pudiendo ser alterados o suprimidos por la norma legal o convencional que los establece, no estando su configuración sometida a más límite que el de no vulnerar el contenido esencial del derecho de libertad sindical ( SSTC 201/1999 , de 8 de noviembre, FJ 4 ; y 44/2004 , de 23 de marzo , FJ 3).

2. Analizando en primer lugar las circunstancias atinentes al cambio de la unidad de negociación, ha quedado acreditado que a raíz de la celebración de elecciones sindicales en el centro de trabajo de Gibraltar-San Roque, se varió la composición de su comité de empresa, y se modificó también por extensión, la composición del comité intercentros, quedando del siguiente modo: STR de 5 a 6 miembros (47% de representación); UGT mantuvo 4 miembros (27% de representación); USO de 0 a 1 miembro miembros (4% de representación) y CCOO mantuvo 3 miembros (22% de representación).

Fue precisamente el sindicato CCOO quien el 29-9-2025 a través de su sección sindical solicitó reunión urgente del comité intercentros para tratar los siguientes puntos: 1) Constitución del Comité Intercentros con los nuevos resultados de las elecciones sindicales realizadas el 30-9-2025 en la refinería Gibraltar-San Roque; 2) Constitución de la mesa negociadora para denunciar el III Convenio colectivo de refino y negociaciones del IV convenio colectivo del refino; y 3) Ruegos y preguntas.

3. Una vez conocidos los resultados de las elecciones sindicales antedichas, la empresa requirió se identificase a los miembros del comité intercentros que fueran designados por cada sindicato, así como las designaciones de los delegados estatales de refino.

Y así, el 29-10-2025 se reunieron los representantes de la empresa y la representación de los trabajadores de los centros de trabajo de Gibraltar-San Roque, La Rábida y Tenerife con el objeto de constituir el comité intercentros tras las elecciones sindicales celebradas en el centro de trabajo de Gibraltar-San Roque, modificándose la composición del comité intercentros e identificándose a los delegados estatales de refino, así como los cargos de Presidente y Secretario del Comité. Se modificó la composición del comité intercentros, con 6 miembros de STR, 4 miembros de UGT, 3 miembros de CCOO, identificándose nominalmente a aquéllos.

El mismo día, a las 10:00 horas, se reunió en sesión ordinaria el comité intercentros. En dicha reunión, la representación de los trabajadores comunicó a la empresa la denuncia expresa del convenio colectivo de refino y la promoción de la negociación de un nuevo convenio y fue en esta reunión cuando se planteó la posibilidad de variar la unidad de negociación del III Convenio colectivo de refino, con el objeto de que se negociara un convenio para los centros de Gibraltar-San Roque y La Rábida y otro para Tenerife.

QUINTO.- 1. En este punto debemos detenernos pues el sindicato demandante achaca a la empresa que esta cuestión se planteara de forma sorpresiva, sin estar incluida en el orden del día. Sin embargo, la Sala no está conforme con esta argumentación, pues véase que anteriormente, por el sindicato CCOO ya se había solicitado una reunión del comité intercentros para tratar sobre la constitución de la mesa negociadora para denunciar el III Convenio colectivo de refino y negociaciones del IV convenio colectivo. Es decir, que es en el ámbito de la citada denuncia y negociación del nuevo convenio y no en otro momento, como no podía ser de otra manera, cuando era factible proponer y negociar la posible variación de la unidad de negociación, antes de proceder a llevar a cabo la misma.

2. A partir de dicho momento y expuestas las razones por la empresa que avalarían la modificación de la unidad de negociación (centradas en la actividad del centro de Tenerife, que ya no llevaría a cabo actividad de refino), se produjo un cambio de propuestas y contrapropuestas por las partes, llegándose a plantear negociar un convenio colectivo por cada uno de los centros de trabajo, rechazándose esta opción por la empresa.

Votada la propuesta de variar la unidad de negociación se acordó por los presentes, a excepción de STR, constituir la comisión negociadora para variar la unidad de negociación, de modo que Tenerife no formase parte del IV Convenio colectivo de refino.

3. El 29-10-2025, a las 13:00 horas, se reunió la comisión negociadora del convenio, al objeto de proceder a votar la propuesta de variar la unidad de negociación como consecuencia de lo acordado en el acta del Comité Intercentros, excluyendo del ámbito del convenio colectivo de refino al centro de Tenerife y manteniendo a Gibraltar-San Roque y La Rábida. Efectuada la votación, se acordó por unanimidad de la representación de la empresa y de la representación sindical presente, conformada por UGT Y CCOO que a su vez ostentan una representación del 53,85% de la representación sindical total, adoptar el acuerdo para variar la unidad de negociación. En el acto y en consecuencia, se dio por finalizada la comisión negociadora para los centros de Tenerife, San Roque y La Rábida, constituyéndose a partir de dicho momento dos comisiones negociadoras diferenciadas (Tenerife por un lado y San Roque y La Rábida por otro), permaneciendo el III Convenio colectivo de refino para los años 2023 a 2025 en ultraactividad durante el proceso de negociación de cada una de las dos unidades en los términos legal y convencionalmente establecidos.

SEXTO.- 1. De los hechos expuestos, la Sala no alcanza a apreciar indicio de vulneración de derecho fundamental alguno. Y decimos esto por los siguientes motivos:

1) En primer término, y como ya adelantamos, el hecho de que no hubiera un punto del día en las reuniones celebradas que recogiese expresamente la cuestión de modificación de la unidad de negociación, no respalda la vulneración denunciada por STR pues era el momento de denuncia del III convenio y constitución de la unidad de negociación del IV convenio de refino cuando las partes debían abordar tal cuestión, sin que se pueda tachar dicha circunstancia como sorpresiva o reveladora de una conducta empresarial tendente a vulnerar el derecho de libertad sindical de STR, atendiendo a los buenos resultados obtenidos en las últimas elecciones sindicales.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 83.1 ET , "los convenios colectivos tendrán el ámbito de aplicación que las partes acuerden",siendo que la decisión adoptada en la reunión de la comisión negociadora de 29-10-2025 no es sino el reflejo de la capacidad de las partes negociadoras para delimitar y fijar ese ámbito funcional, siempre dentro de los límites que a continuación reseñaremos.

2) En segundo lugar, no está de más añadir que el cambio de la unidad de negociación de los convenios que han venido aplicándose en la empresa demandada (antes CEPSA) no se ha producido de forma aislada en los acontecimientos analizados en el presente procedimiento, sino que ya con anterioridad, y en similares circunstancias a las que aquí acontecen, se varió la unidad de negociación del convenio colectivo vigente para proceder a negociar otro distinto con distinto ámbito funcional.

Véase así que los convenios colectivos de los centros de trabajo de la Compañía Española de Petróleos (CEPSA) correspondientes a las anualidades 2003-2006, 2007-2010, 2011-2012 y 2013-2014 eran de aplicación a los centros de trabajo de la citada empresa, a excepción de la refinería de La Rábida. Denunciado el convenio 2013-2014, en reunión celebrada entre la representación de la empresa y la del comité intercentros el 9-4-2015, se acordó por mayoría variar la unidad de negociación, fijando una unidad de negociación para los centros de trabajo de Tenerife y Gibraltar-San Roque, donde se llevaba a cabo una actividad industrial y una unidad de negociación para los centros de trabajo de Madrid, enfocada a trabajo en oficinas.

Reunida la comisión negociadora el 9-4-2015 se adoptó acuerdo para variar la unidad de negociación, publicándose en el BOE de 7-6-2016 el Convenio colectivo de la Compañía Española de Petróleos, SAU (CEPSA), para las refinerías de San Roque (Cádiz) y de Santa Cruz de Tenerife (2016-2017); y en el BOCAM de 26-12-2026 el convenio colectivo de la empresa Compañía Española de Petróleos, Sociedad Anónima Unipersonal (CEPSA) aplicable a los centros de trabajo sitos en la Comunidad Autónoma de Madrid.

Es decir, que la modificación de las unidades de negociación de los convenios aplicables, se materializan como un instrumento ya utilizado por las comisiones negociadoras para alterar el ámbito funcional de un convenio ya denunciado, de acuerdo a las circunstancias concurrentes.

3) Todo el iter temporal revela que no es cierto que la unidad de negociación del convenio colectivo de refino aplicable a los centros de San Roque, La Rábida y Santa Cruz de Tenerife venía aplicándose de forma pacífica y de forma histórica, pues también ha quedado acreditado que el centro de trabajo de La Rábida tenía su propio convenio colectivo hasta que el 6-10-2020 se publica en el BOE el II convenio colectivo de CEPSA para las refinerías citas en los tres centros de trabajo anteriores. Convenio al que sucedió el III, cuya denuncia y posterior variación de su unidad de negociación nos trae ahora aquí.

SÉPTIMO.- 1. Ahora bien, y aun cuando pudiera afirmarse que históricamente el centro de Tenerife había estado inserto en la unidad de negociación del convenio de refino junto a San Roque y La Rábida, esta Sala entiende que ha quedado suficientemente acreditada la causa de la modificación que ahora se cuestiona, alejada de todo punto de una hipotética vulneración del derecho de libertad sindical del demandante.

Conforme a doctrina de la Sala Cuarta, expresada en STS de 23-9-2025, rc. 5/2024 :

"El art. 83.1 del ET dispone que «Los convenios colectivos tendrán el ámbito de aplicación que las partes acuerden». Sin embargo, y como hemos señalado de manera reiterada, la libertad de los negociadores para definir el ámbito de aplicación de un convenio colectivo no es ilimitada, sino que se ve sometida a ciertos presupuestos condicionantes, relativos, de un lado, a la representatividad de las partes intervinientes, que no se cuestiona ni interesa en este momento, y de otro, a las notas de objetividad, homogeneidad y estabilidad predicables del ámbito funcional definido en el convenio.

Todo ello implica, en resumidas cuentas: «1. Que la unidad de negociación no debe ser una creación artificial sin ningún sustrato natural de unión con la realidad. 2. Que debe reunir ciertas características de homogeneidad que permitan establecer una regulación uniforme de las condiciones de trabajo. 3. Que se trate de actividades productivas afines. 4. Que el ámbito elegido responda a criterios de objetividad y estabilidad». ( SSTS de 11 de noviembre de 2000 -rec. 235/2009 -, 801/2018 de 19 de julio - rec. 169/2017-).

Conviene hacer notar que, de manera plenamente coherente con la naturaleza del concepto, la inmensa mayoría de los pronunciamientos de este Tribunal sobre la regularidad o la extensión de los ámbitos funcionales de los diferentes convenios colectivos, se refiere al tipo de actividad desarrollada por las empresas concernidas; solo excepcionalmente se ha sometido a nuestro conocimiento la valoración de un ámbito funcional definido por un factor distinto a la actividad y desvinculado de esta, como cuando concluimos que no era admisible «que un dato puramente subjetivo, como es la afiliación del empresario a una determinada organización empresarial, se convierta en criterio definitorio del ámbito funcional del convenio». Y ello porque con tal criterio «se introduce un elemento contingente que priva al convenio de la necesaria determinación de su campo de aplicación, pues el dato de la afiliación a una organización empresarial no es dato público y se trata incluso de un dato variable en atención al carácter voluntario de las decisiones sobre la afiliación» ( STS de 21 de diciembre de 2010 -rec. 208/2009 -). Lo que se deriva de lo anterior es que, en la determinación del ámbito de aplicación de un convenio colectivo, el acogimiento de criterios distintos a los estrictamente funcionales se produce de manera residual y, debe añadirse ahora, deben valorarse con especial precaución, precisamente por la excepcionalidad que arrastran".

2. Atendiendo a las circunstancias del presente caso, ha resultado probado pese a los esfuerzos de la parte actora por acreditar lo contrario, que el centro de trabajo de Tenerife ya no dedica su actividad principal a la de refino. Actividad a la que se contrae la negociación del IV convenio de cuyo ámbito territorial y funcional se excluye a dicho centro de trabajo. En la reunión del Comité intercentros en la que se abordó el cambio de la unidad de negociación ya se expresa de forma clara que: a) la actividad de San Roque y La Rábida consistía en la realización de procesos industriales para transformación de distintos tipos de crudo y obtener productos energéticos y petroquímicos; b) el centro de Tenerife había evolucionado en los últimos años a un modelo de actividad que lo convertía en instalación logística de almacenamiento y distribución de productos petrolíferos, limitándose a almacenar el producto y a expedirlo a través de sus instalaciones de distribución y su terminal marítima; c) y que en 2022 se inició un proceso de desmantelamiento progresivo, con la retirada de servicios de tanques de crudo y otras unidades.

3. Estas afirmaciones fueron ratificadas por el perito que depuso en el acto de la vista quien declaró que en el centro de trabajo de Tenerife no había actividad de refino desde el año 2022 cuando empezó el proceso de desmantelamiento progresivo y que en los últimos dos años, no había entrado nada de crudo, desmantelándose elementos para realizar la actividad de refino, siendo este un proceso irreversible. Y afirmó que el centro era de almacenaje y distribución de los productos de gasóleo.

4. Si bien el perito declaró también que no había acudido al centro de trabajo y que su pericial se basaba en las afirmaciones que le había realizado la empresa, su declaración quedó corroborada con el testimonio de don Gines, trabajador del centro de Tenerife desde hacía treinta años. Su testimonio reveló de forma esclarecedora que efectivamente, se habían producido los cambios anteriormente expuestos y que la actividad del centro de Tenerife ya no se dedicaba a la actividad de refino. Decimos esto porque a las preguntas del sr. Letrado de la empresa manifestó que "hay instalaciones de logística y todavía existen de refinería".Ese "todavía"manifiesta que el testigo ha querido expresar de forma espontánea un dato que persiste en la fecha actual, pero que está sujeto a una variación o cambio. Si no se hubiere producido cambio alguno no se entendería que se manifieste que existen ciertas instalaciones o actividades "todavía". Y ello encaja perfectamente con el desmantelamiento que ya apuntamos, se viene produciendo desde el año 2022. De hecho, el adverbio todavía de repitió en otra frase de su declaración cuando manifestó: "Se hacen cargamentos de productos, existen "todavía" tanques de almacenaje".

5. Todo lo anterior revela que el cambio de la unidad de negociación pactado, sin que se hayan cuestionado otros aspectos que deslegitimen el pacto, obedeció a una causa contrastada, tratándose así de adecuar la nueva actividad del centro de Tenerife, más cercano a la logística que a la actividad de refino, a su nueva realidad, sin que de dicha modificación se advierta conducta de la empresa vulneradora de derechos fundamentales del sindicato actor. No se corrobora la presencia de un ánimo de perjudicar a STR por sus buenos resultados en las elecciones sindicales, siendo su representatividad mayoritaria en el centro de Tenerife donde podrá desplegar plenamente sus facultades negociadoras para el nuevo convenio colectivo.

OCTAVO.- 1. Y a la misma conclusión ha de llegarse respecto a los hechos de ampliación de la demanda. En ella se indica que la empresa ha requerido a los miembros de STR para liquidar los gastos de participación en la reunión celebrada en Sevilla el 16-12-2025 para la constitución de la comisión negociadora del nuevo convenio de refino que se identificara a los asistentes, cuando antes no se había pedido tal requisito. Y que no se les dejó entrar a la reunión, teniendo que acudir a personal del hotel donde se celebraba la misma para que abriera las puertas.

2. Ambas argumentaciones no reflejan actitud empresarial alguna merecedora de reproche. La primera, por cuanto la exigencia de identificación de los miembros de STR que iban a acudir a la reunión para la liquidación de gastos y aprobación de los desplazamientos no resulta a esta Sala descabellada o irracional. De hecho, se declaró expresamente que los viajes habían sido autorizados, y así se constata al descriptor 129 en el que consta que efectivamente al Sr. Jesús María, miembro de STR, se le abonó el importe del kilometraje. Si la empresa hubiera querido coartar la libertad de los representantes, no habría siquiera autorizado su desplazamiento. Y en cuanto a la imposibilidad de entrar en la sala donde se celebraba la reunión, también quedó acreditado que dicha imposibilidad se produjo tras realizarse un receso, al quedar las puertas de doble hoja atrancadas. No existió prueba alguna de que dicha circunstancia viniera motivada por ninguna actuación empresarial, ni de ninguno de los asistentes que se encontraban dentro de la Sala, pudiendo acceder al recinto los representantes de STR una vez que el personal del hotel pudo desbloquear la puerta.

3. En consecuencia, ninguna vulneración de derechos fundamentales apreciamos, sin que proceda por ende, abonar indemnización alguna al sindicato actor por la empresa demandada, a la que absolvemos de todos los pedimentos de la demanda.

NOVENO.- Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que frente a la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS ).

En virtud de lo expuesto