Sentencia Social 63/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 23/2026 de 06 de abril del 2026

PRIMERO. -La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 h) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO. -De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en cada una de las pruebas que se hacen constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos así como en la declaración de la perito que depuso en el acto de juicio.

TERCERO. - 1.La cuestión que se nos plantea en el presente conflicto colectivo es estrictamente jurídica, pues más allá de las interpretaciones que sobre determinados hechos puedan tener las partes, de los hechos declarados probados no se revela una controversia fáctica sustancial, sino más bien, la calificación jurídica que de los mismos pueda desprenderse una vez valoradas las circunstancias concurrentes.

2. La parte actora, la LNFP, considera que el paro de los jugadores de la Liga de Fútbol Profesional en la jornada novena de liga tiene la consideración de huelga y la misma ha de ser calificada de ilegal por contravenir lo dispuesto en el Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, al no haberse convocado cumpliendo con los requisitos mínimos exigidos por la normativa y la jurisprudencia (falta de comunicación escrita y preaviso, falta de convocatoria formal y comité de huelga, y ejecución de manera inmediata y unilateral). Todo ello, según se expresa en demanda, ha provocado un daño económico a la LNFP que la parte actora cifra en 8,7 millones de euros y un daño reputacional incuantificable. Por ello, en el suplico del escrito rector, insta a que esta Sala declare que el paro de los futbolistas de la jornada nueve constituye una huelga ilegal, con las consecuencias legales inherentes a dicha declaración.

3. Por su parte el sindicato AFE se opone a las pretensiones anteriores, al considerar que los hechos enjuiciados no constituyeron en ningún caso una huelga ilegal, sino el ejercicio legítimo del derecho de libertad de expresión de los futbolistas ante un conflicto laboral que reconoce expresamente, motivado por el traslado de uno de los partidos de la Liga de Futbol profesional fuera del territorio español, sin contar con la aquiescencia de los futbolistas y sin informar adecuadamente del proyecto. Manifiesta el sindicato que la escasa duración del paro, con una media de duración entre diez y quince segundos, unido al hecho de que los partidos se jugaron con total normalidad, no permite calificar tal hecho de huelga ilegal, y niega de forma rotunda los daños que se invocan por la parte demandante.

CUARTO.- 1.Baste la lectura de los hechos declarados probados en la presente resolución para verificar que a partir del día 31-7-2025, fecha en que el Villareal CF, el FC Barcelona y la empresa Relevent Sports LLC comunicaron a la RFEF su acuerdo para celebrar el partido de la decimoséptima jornada de liga entre ambos clubes en Miami, solicitando que fuera aprobado dicho proyecto, comenzó un periplo de discrepancias entre el sindicato AFE y la LNFP.

2. Es relevante verificar que en la reunión telemática celebrada el 11-8-2025 de la Junta Directiva de la RFEF en el punto del día número 4 figuraba la elevación a la UEFA de la petición para el inicio de los trámites para la ulterior autorización por la FIFA de la disputa del partido de la 17ª jornada de liga entre el Villareal Club de Fútbol SAD y el Fútbol Club Barcelona en Miami el 20-12-2025.

En esta reunión el sr. Fructuoso, Presidente de AFE y a su vez Vicepresidente de la RFEF ya mostró su disconformidad con la forma en que dicho proyecto se estaba llevando a cabo, denunciando que la decisión se estaba tomando sin contar con información suficiente, al no hablar con los jugadores ni con los capitanes de los equipos de Primera y Segunda División. De hecho, el sr. Fructuoso hizo referencia expresa a la necesidad de cumplir con las previsiones del art. 37 del convenio colectivo de aplicación, entendiendo que la patronal estaba actuando de manera unilateral. Y en consonancia con lo expuesto, sometida a votación la autorización para celebrar el partido fuera de España, se aprobó por mayoría, pero con el voto en contra del Sr. Fructuoso.

3. A partir de este momento, tomando como punto de partida el día 12-8-2025, se inicia un cruce incesante de comunicaciones entre el sr. Fructuoso, en su condición de Presidente de AFE y don Hipolito, Presidente de la LNFP por la que, atendiendo al respaldo por parte de la LNFP de la iniciativa de jugar el partido en Miami, se solicitaba la información pertinente del proyecto y se insistía en la necesidad de celebrar un encuentro para escuchar a los futbolistas y capitanes de la Liga de Futbol Profesional, proponiéndose fecha para las reuniones y un goteo incesante de desencuentros en lo que respecta a la celebración del partido que no demuestran sino la presencia de un conflicto laboral que desembocó en el hecho nuclear que aquí debe examinarse: el paro de los futbolistas en la jornada novena de Liga.

4. En aras a la brevedad de la presente resolución, damos por reproducidas las comunicaciones entre el sr. Fructuoso y el sr. Hipolito, que han quedado recogidas convenientemente en los hechos declaramos probados y que no sirven sino para dibujar el escenario previo a lo verdaderamente relevante.

QUINTO.-1. Y así, el 17-10-2025 AFE emitió un comunicado oficial anunciando lo siguiente:

"La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE),con el apoyo de los capitanes de Primera División,anuncia que, durante todos los partidos correspondientes a la novena jornada del Campeonato Nacional de Liga de Primera División de España,al inicio de cada encuentro, los futbolistas protestarán de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherenciade LALIGA, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos.

El sindicatoha decidido mantener al margen de la iniciativa, a pesar de que comparten la posición de fondo y los puntos críticos, a los futbolistas del FC Barcelona y Villareal CF,clubes solicitantes del proyecto, para evitar que la acción de protesta pudiera interpretarse como una posible medida contra ningún club.

Ante las permanentes negativasy propuestas quiméricas de LALIGA, la Asociación de Futbolistas Españoles rechaza de manera rotunda un proyecto que no cuenta con la aprobación de los protagonistas principalesde nuestro deporte y exige a la patronal la creación de una mesa de negociación en la que se comparta toda la información y se analicen las características excepcionales del proyecto, se atiendan las necesidades e inquietudes de los futbolistasy se garantice la protección de sus derechos laborales y el cumplimiento de la normativa actual".

2. En reunión de la Comisión Paritaria del Convenio celebrada el 22-10-2025 las partes implicadas ya manifestaron su posición frente a dicho paro, manifestando la LNFP que el mismo constituía una huelga y AFE una manifestación de la libertad de expresión. El paro se materializó en la jornada nueve de Liga, en los términos que más adelante se analizarán.

SEXTO.- 1.Expuesto lo anterior, debe traerse a colación en ese momento la reciente STS de 4-2-2026, rc. 215/2024 que al amparo de jurisprudencia constitucional, dibuja los contornos del derecho fundamental de huelga. En ella se hacen las siguientes consideraciones:

"1. El siguiente motivo del recurso cuestiona la legitimidad del sindicato FIST para convocar esta huelga. Al resolver este motivo debemos partir de la reiterada doctrina jurisprudencial que sostiene que el derecho de huelga es un derecho fundamental que no permite una interpretación restrictiva [por todas, STS 874/2025, de 2 de octubre (rec. 46/2024 ); y 884/2025, de 6 de octubre (rec. 58/2024 )].

2. El art. 7 de la CE reconoce a los sindicatos el carácter de organismos básicos del sistema político y el art. 28.2 de la CE reconoce el derecho fundamental a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses.

El art. 2.2.d) de la Ley Orgánica de Libertad Sindical tiene el siguiente contenido:

«2. Las organizaciones sindicales en el ejercicio de la libertad sindical, tienen derecho a [...] d) El ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella, que comprenderá, en todo caso, el derecho a la negociación colectiva, al ejercicio del derecho de huelga [...]».

El art. 3.Dos del Real Decreto-ley 17/1977 regula la legitimación para convocar huelgas: «Están facultados para acordar la declaración de huelga: a) Los trabajadores, a través de sus representantes [...]».

3. La STC (Pleno) 11/1981, de 8 de abril , explica que «[e]l artículo 28, apartado 2.°, de la Constitución , al decir que -se reconoce el derecho de huelga, de los trabajadores para la defensa de sus intereses, introduce en el ordenamiento jurídico español una importante novedad: la proclamación de la huelga como derecho subjetivo y como derecho de carácter fundamental [...] En este concepto más amplio, huelga es una perturbación que se produce en el normal desenvolvimiento de la vida social y en particular en el proceso de producción de bienes y de servicios que se lleva a cabo en forma pacífica y no violenta, mediante un concierto de los trabajadores y de los demás intervinientes en dicho proceso. En este sentido amplio, la huelga puede tener por objeto reivindicar mejoras en las condiciones económicas, o, en general. en las condiciones de trabajo, y puede suponer también una protesta con repercusión en otras esferas o ámbitos [...] el derecho de huelga comprende la facultad de declararse en huelga -estableciendo la causa o porqué y la finalidad reivindicativa que se persigue- y la facultad de elegir la modalidad de huelga ».

A continuación, el TC argumenta que lo que define el derecho de huelga es que es «un derecho atribuido a los trabajadores uti singuli, aunque tenga que ser ejercitado colectivamente mediante concierto o acuerdo entre ellos. Para aclarar lo que se entiende por ejercicio colectivo debe señalarse que son facultades del derecho de huelga la convocatoria o llamada, el establecimiento de las reivindicaciones, la publicidad o proyección exterior, la negociación y, finalmente, la decisión de darla por terminada. Se puede, por ello, decir que si bien la titularidad del derecho de huelga pertenece a los trabajadores y que a cada uno de ellos corresponde el derecho de sumarse o no a las huelgas declaradas, las facultades en que consiste el ejercicio del derecho de huelga, en cuanto acción colectiva y concertada, corresponden tanto a los trabajadores como a sus representantes y a las organizaciones sindicales.

No puede en absoluto decirse que el Real Decreto-Ley 17/77 esté impidiendo las llamadas huelgas sindicales. Esa conclusión no es posible desde el momento en que el art. 7 de la Constitución reconoce a los sindicatos de trabajadores, el carácter de organismos básicos del sistema político. De esta suerte, en el momento actual son perfectamente posibles las huelgas organizadas, dirigidas y controladas por los sindicatos de trabajadores y las llamadas huelgas espontáneas, que en la terminología anglosajona se conocen con el nombre de wild strikes, huelgas "salvajes" o huelgas sin control sindical.

Por ello, no es dudoso que el art. 3 del Real Decreto-Ley 17/77 hay que entenderlo en el sentido de que, si bien la titularidad del derecho de huelga les pertenece a los trabajadores, el derecho puede ser ejercitado por las organizaciones sindicales extiende la huelga.».

2. Son deportistas profesionales, de conformidad con lo dispuesto en el art. 21.1 de la Ley 39/2022 , de 30 de diciembre, del Deporte (BOE 31/12/2022), "quienes en virtud de una relación establecida con carácter regular, se dedican voluntariamente a la práctica deportiva por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de un club o entidad deportiva a cambio de una retribución"estando sujetas a la relación laboral especial prevista en el art. 2.1 d) del ET.

El art. 18 del RD 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales, prevé en su apartado Uno que "los deportistas profesionales tendrán los derechos colectivos reconocidos con carácter general en la legislación vigente, en la forma y condiciones que se pacten en los convenios".

3.No puede tampoco obviarse que el convenio colectivo para la actividad del fútbol profesional (BOE 8-12-2015) recoge en su Capítulo V los derechos y libertades de los futbolistas profesionales, en concreto y por lo que ahora nos concierne, los derechos sindicales en su art. 40 que dispone:

"1. Los Futbolistas Profesionales tendrán derecho a desarrollar, en el seno de los Clubes/SADs a que pertenezcan, la actividad sindical reconocida por la legislación vigente en la materia. A estos efectos, podrán elegir a los componentes de la plantilla que les representen ante el Club/SAD para tratar las materias relacionadas con su régimen laboral y condiciones en que se desarrolla.

2. Los Futbolistas Profesionales, afiliados a la AFE y pertenecientes a plantillas de equipos de la LNFP, podrán constituir secciones sindicales en los Clubes/SADs en que presten sus servicios, representados, a todos los efectos, por dos delegados sindicales.

3. Los Clubes/SADs deberán poner a disposición de los Futbolistas, en los vestuarios, un tablón de anuncios, que esté en lugar visible, que podrá ser utilizado por estos para sus comunicados sindicales o de interés para la plantilla".

4.Y asimismo, la Ley del Deporte reconoce como derecho de las personas deportistas profesionales, entre otros, en su art. 27, apartado f) "a nombrar personas que representen sus intereses frente a clubes y organizadores de las competiciones, pudiendo actuar en representación de asociaciones y sindicatos"y en su apartado 2 , los derechos específicos siguientes:

"Además, son derechos específicos de las personas deportistas a que se refiere el artículo 21.1 de esta ley : la negociación colectiva, la huelga y la rescisión unilateral de su relación laboral cuando exista incumplimiento grave y culpable de la entidad deportiva a que pertenezca".

SÉPTIMO.- 1.Ahora bien, junto con el derecho de huelga, que ya se reconoce expresamente por el art. 27.2 de la Ley del Deporte, el art. 7.Dos del RD 1006/1985 prevé expresamente:

"Los deportistas profesionales tendrán derecho a manifestar libremente sus opiniones sobre los temas relacionados con su profesión, con respeto de la Ley y de las exigencias de su situación contractual, y sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecerse en convenio colectivo, siempre que estén debidamente justificadas por razones deportivas".

2. Y el convenio colectivo para la actividad del fútbol profesional recoge expresamente en su art. 39 el derecho de libertad de expresión del siguiente modo:

"Los Futbolistas Profesionales tendrán derecho a manifestar libremente su pensamiento sobre cualquier materia y, en especial sobre los temas relacionados con su profesión, sin más limitaciones que las que se deriven de la Ley y el respeto a los demás".

3.Y directamente conectado con los derechos anteriores, esta Sala no puede obviar la doctrina constitucional acerca del derecho de libertad sindical en conexión con el derecho a la libertad de expresión, recogida entre otras en STC de 27-3-2023, rec. 6005/2021 en la que el Alto Tribunal realiza las siguientes consideraciones:

"a) La STC 89/2018, de 6 de septiembre, FJ 3 sintetiza el contenido del derecho a la libertad de expresión en el ámbito sindical [ art. 20.1 a) CE] en los siguientes términos: «[E]l derecho a la libertad de expresión tiene por objeto la libre expresión de pensamientos, ideas y opiniones, concepto amplio dentro del cual deben incluirse las creencias y juicios de valor. Según hemos dicho con reiteración, este derecho comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige ( SSTC 6/2000, de 17 de enero, FJ 5; 49/2001, de 26 de febrero, FJ 4, y 204/2001, de 15 de octubre, FJ 4), pues "así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe 'sociedad democrática' ( SSTEDH de 23 de abril de 1992, Castells c. España, § 42, y de 29 de febrero de 2000, Fuentes Bobo c. España, § 43). Fuera del ámbito de protección de dicho derecho se sitúan las frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito, dado que el art. 20.1 a) CE no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería, por lo demás incompatible con la norma fundamental" ( SSTC 204/1997, de 25 de noviembre; 134/1999, de 15 de julio, FJ 3; 6/2000, de 17 de enero, FJ 5; 11/2000, de 17 de enero, FJ 7; 110/2000, de 5 de mayo, FJ 8; 297/2000, de 11 de diciembre, FJ 7; 49/2001, de 26 de febrero, FJ 5, y 148/2001, de 15 de octubre, FJ 4)». Los sindicatos son titulares del derecho a la libertad de expresión y pueden ejercerlo a través de un representante o dirigente que manifieste la opinión de la organización en relación con un asunto que afecte a los intereses de los trabajadores ( STC 160/2003, de 15 de septiembre, FJ 3). El derecho a la libertad de expresión del que son titulares los sindicatos no es la del genérico derecho del que son titulares todos los ciudadanos, sino el derecho a la libertad de expresión sobre materias de interés laboral o sindical como instrumento del ejercicio de la función representativa sindical. La invocación del derecho a la libertad de expresión [ art. 20.1 a) CE] carece pues de sustantividad propia y no es escindible de la que se hace del derecho a la libertad sindical ( SSTC entre otras 213/2002, de 11 de noviembre, FJ 4; 198/2004, de 15 de noviembre, FJ 4; 208/2008, de 22 de septiembre, FJ 4; 203/2015, de 5 de octubre, FJ 5; 89/2018, de 6 de septiembre, FJ 2 y las citadas en esta última). Este tribunal ha reconocido, en materia de libertad de expresión, que cuando la conducta se desarrolla en el marco de la libertad sindical, su ámbito de protección es más amplio ( STC 89/2018, de 6 de septiembre, FJ 6 y las en ella citadas). b) Expuesta la necesaria conexión entre el derecho a la libertad de expresión [ art. 20.1 a) CE] y el derecho a la libertad sindical ( art. 28.1 CE) , conviene recordar el contenido plural de este último derecho ( art. 2 en relación con los arts. 8 a 11 de la Ley Orgánica de libertad sindical: LOLS) . Según reiterada doctrina constitucional, expuesta de forma exhaustiva en la STC 281/2005, de 7 de noviembre, FJ 3: "Aun cuando del tenor literal del art. 28.1 CE pudiera deducirse la restricción del contenido de la libertad sindical a una vertiente exclusivamente organizativa o asociativa, este tribunal ha declarado reiteradamente, en virtud de una interpretación sistemática de los arts. 7 y 28 CE, efectuada según el canon hermenéutico del art. 10.2 CE, que llama a los textos internacionales ratificados por España -en este caso, Convenios de la Organización Internacional del Trabajo núms. 87 y 98, señaladamente-, que la enumeración de derechos efectuada en el primeramente referido precepto constitucional no se realiza con el carácter de numerus clausus, sino que en el contenido de dicho precepto se integra también la vertiente funcional, es decir, el derecho de los sindicatos a ejercer aquellas actividades dirigidas a la defensa, protección y promoción de los intereses de los trabajadores; en suma, a desplegar los medios de acción necesarios para que puedan cumplir las funciones que constitucionalmente les corresponden (por todas, SSTC 94/1995, de 19 de junio, FJ 2; 308/2000, de 18 de diciembre, FJ 6; 185/2003, de 27 de octubre, FJ 6, y 198/2004, de 15 de noviembre, FJ 5). Las anteriores expresiones del derecho fundamental (organizativas o asociativas y funcionales o de actividad) constituyen su núcleo mínimo e indisponible, el contenido esencial de la libertad sindical. En particular, en coherencia con la vertiente funcional del derecho, la Ley Orgánica de libertad sindical establece que la libertad sindical comprende el derecho a la actividad sindical [art. 2.1 d)] y, de otra parte, que las organizaciones sindicales, en el ejercicio de su libertad sindical, tienen derecho a desarrollar actividades sindicales en la empresa o fuera de ella [art. 2.2 d)]". El derecho a la libre actividad sindical comprensiva de todos los medios lícitos prohíbe todo acto de injerencia, impeditivo u obstativo del ejercicio de la libre actividad sindical, por parte de terceros en general y del empleador en particular que en ningún caso podrá ampararse en sus poderes o facultades empresariales [ arts. 1.1 y 5 c) de la Ley del estatuto de los trabajadores ( LET)] como pretexto para quebrantar el ámbito de libertad protegido en el art. 28.1 CE (entre otras SSTC 134/1994; de 9 de mayo, FJ 4; 227/2006, de 17 de julio, FJ 3, y 89/2018, de 6 de septiembre, FJ 3).

OCTAVO.- 1.Vista la normativa y jurisprudencia recogida en los dos fundamentos de derecho precedentes, esta Sala no puede acoger la tesis de la LNFP, pues entiende que el parón de los futbolistas en la novena jornada de la Liga de Futbol Profesional no tiene la consideración de una huelga y sí de una manifestación de la libertad de expresión, tanto de los jugadores que secundaron el mismo como del propio sindicato AFE, del que partió la iniciativa.

2. Si se analizan las concretas circunstancias en las que se produjeron los hechos, consta acreditado que al inicio de los partidos, los jugadores permanecieron inmóviles sin intención de empezar a jugar. El tiempo transcurrido entre el inicio del partido y el inicio de juego, no superó en ningún caso los quince segundos, siendo en ocasiones incluso más breve. Solo en el partido Celta de Vigo-Real Sociedad, se produjeron dos paros, al inicio del partido y en el minuto uno, tras un saque de banda, permaneciendo los jugadores inmóviles de nuevo durante diez segundos. Dichos paros se registraron en las actas arbitrales en el apartado "otras observaciones"en las que los árbitros reseñaron el paro de los jugadores al inicio del partido, y la continuación del juego hasta el final del mismo sin incidencia alguna. La interrupción del juego se produjo durante la jornada de trabajo de los citados futbolistas, que comprende "la prestación se servicios ante el público y el tiempo en que esté bajo las órdenes directas del club o entidad deportiva a efectos de entrenamiento o preparación física y técnica para la misma"( art. 9 RD 1006/1985), en consonancia también con lo dispuesto en el art. 7 del convenio colectivo de aplicación.

3. La motivación de dicho paro fue clara, tal y como se expresa en el comunicado emitido por AFE anunciando el mismo: protestar de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LALIGA, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos, y ello ante la falta de información y consulta a los directamente implicados, sobre la posibilidad de disputar en el extranjero.

Es cierto que conforme a lo dispuesto en el art. 37 del convenio colectivo de aplicación las partes (AFE-LNFP) acordaron y se comprometieron a dedicar sus mejores esfuerzos a desarrollar e implementar proyectos y programas orientados a la promoción de las competiciones, eventos, actividades de marketing en general, promovidos por la LNFP y sus patrocinadores, dedicando AFE sus esfuerzos para asegurar la presencia de jugadores en activo y retirados en los eventos que se recogen en el precepto. Y si bien pudiera entenderse que el partido en Miami no fue promovido por la LNFP, mostrando únicamente su aquiescencia al proyecto planteado por los Clubes implicados y el promotor del evento, ello no excluye que tanto AFE como los jugadores de los equipos, no pudieran ser destinatarios de cuanta información fuera precisa para conocer el proyecto y sus implicaciones.

4.No estamos conformes con que la convocatoria de la protesta se hiciera para dejar a un lado los presupuestos y requisitos de la convocatoria de una huelga. Véase que desde que se aprueba por la RFEF la propuesta realizada por el Villareal CF y el FC Barcelona, el goteo de comunicaciones entre AFE y la LNFP es incesante, sin que se atendiera a las reivindicaciones de información sobre el proyecto en los términos requeridos por AFE, que consideraba insuficiente, ya sea por imposibilidad de reunirse ambas partes, ya por entender la Liga que no podía anticiparse información antes de la aprobación definitiva del proyecto. Sea como fuere, y ante la imposibilidad de ser escuchados los capitanes de los clubes, AFE y los jugadores decidieron instrumentar su malestar a través del paro que se secundó en los partidos de la novena jornada. Paro que por su escasa duración (10 segundos de una duración de 90 minutos, a salvo del tiempo añadido en su caso) y nula trascendencia en cuanto al desarrollo de la novena jornada, pues todos los partidos se jugaron hasta su finalización sin incidencia alguna más allá de los lances del juego, no puede calificarse o tildarse de huelga. Todo ello sin olvidar que la propia LNFP trató de difuminar la puesta en conocimiento de las razones de dicha protesta haciendo coincidir con el paro de los futbolistas, un acto de apoyo del fútbol con la paz, al hilo del conflicto en Palestina, apareciendo en las retransmisiones de televisión la mención "compromiso por la paz"mientras que los jugadores secundaban el paro de segundos al inicio del partido, motivado por la decisión de trasladar un partido de la Primera División a Miami.

5. La decisión del promotor del evento deportivo de cancelar el mismo tampoco puede achacarse de forma única a dicho acto. Véase que lo único que consta en la nota de prensa emitida por la LNFP el día 21-10-2025 es lo siguiente:

"LALIGA informa de que, tras conversaciones con la promotora del Partido Oficial de LALIGA en Miami, esta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas"(el subrayado es nuestro)".

Quien emite la nota de prensa es la LNFP, sin que se haga una referencia explícita a la causa concreta de cancelación del partido por parte del promotor. Y si bien evidentemente la protesta de los futbolistas tuvo incidencia en dicha decisión final, no es menos cierto que la referencia a las últimas semanas vincula la cancelación del partido a unos hechos acontecidos con anterioridad, en los que AFE y la LNFP mantuvieron posiciones discordantes sobre el proyecto. Y en cualquier caso, existiendo un conflicto laboral, es evidente que cualquier forma de reivindicación, protesta, presión o manifestación pública busca conseguir un efecto positivo en quien la secunda, eliminando o mitigando la decisión o conducta que motiva su actuación. Fin legítimo que puede verse conseguido, siempre que las citadas actuaciones se lleven a cabo dentro del respeto a las normas y derechos fundamentales.

6. Todo ello nos hace concluir que el paro secundado por los futbolistas y promovido por AFE no puede ser calificado como huelga, y por ende, no puede esta Sala entrar a valorar si la misma se puede ser calificada como ilegal, en los términos recogidos en el art. 11 del RDLey 17/1977, de 4 de marzo, ni sobre los concretos efectos de la misma y su materialización en los perjuicios denunciados en la demanda, que solo se indican de manera referencial en los hechos probados de la presente resolución, en orden a recoger la totalidad de los datos que pudieran afectar a un pronunciamiento de fondo.

En consecuencia, la demanda ha de ser desestimada en su integridad.

NOVENO.-Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que frente a la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto

PRIMERO. -La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 h) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO. -De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en cada una de las pruebas que se hacen constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos así como en la declaración de la perito que depuso en el acto de juicio.

TERCERO. - 1.La cuestión que se nos plantea en el presente conflicto colectivo es estrictamente jurídica, pues más allá de las interpretaciones que sobre determinados hechos puedan tener las partes, de los hechos declarados probados no se revela una controversia fáctica sustancial, sino más bien, la calificación jurídica que de los mismos pueda desprenderse una vez valoradas las circunstancias concurrentes.

2. La parte actora, la LNFP, considera que el paro de los jugadores de la Liga de Fútbol Profesional en la jornada novena de liga tiene la consideración de huelga y la misma ha de ser calificada de ilegal por contravenir lo dispuesto en el Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, al no haberse convocado cumpliendo con los requisitos mínimos exigidos por la normativa y la jurisprudencia (falta de comunicación escrita y preaviso, falta de convocatoria formal y comité de huelga, y ejecución de manera inmediata y unilateral). Todo ello, según se expresa en demanda, ha provocado un daño económico a la LNFP que la parte actora cifra en 8,7 millones de euros y un daño reputacional incuantificable. Por ello, en el suplico del escrito rector, insta a que esta Sala declare que el paro de los futbolistas de la jornada nueve constituye una huelga ilegal, con las consecuencias legales inherentes a dicha declaración.

3. Por su parte el sindicato AFE se opone a las pretensiones anteriores, al considerar que los hechos enjuiciados no constituyeron en ningún caso una huelga ilegal, sino el ejercicio legítimo del derecho de libertad de expresión de los futbolistas ante un conflicto laboral que reconoce expresamente, motivado por el traslado de uno de los partidos de la Liga de Futbol profesional fuera del territorio español, sin contar con la aquiescencia de los futbolistas y sin informar adecuadamente del proyecto. Manifiesta el sindicato que la escasa duración del paro, con una media de duración entre diez y quince segundos, unido al hecho de que los partidos se jugaron con total normalidad, no permite calificar tal hecho de huelga ilegal, y niega de forma rotunda los daños que se invocan por la parte demandante.

CUARTO.- 1.Baste la lectura de los hechos declarados probados en la presente resolución para verificar que a partir del día 31-7-2025, fecha en que el Villareal CF, el FC Barcelona y la empresa Relevent Sports LLC comunicaron a la RFEF su acuerdo para celebrar el partido de la decimoséptima jornada de liga entre ambos clubes en Miami, solicitando que fuera aprobado dicho proyecto, comenzó un periplo de discrepancias entre el sindicato AFE y la LNFP.

2. Es relevante verificar que en la reunión telemática celebrada el 11-8-2025 de la Junta Directiva de la RFEF en el punto del día número 4 figuraba la elevación a la UEFA de la petición para el inicio de los trámites para la ulterior autorización por la FIFA de la disputa del partido de la 17ª jornada de liga entre el Villareal Club de Fútbol SAD y el Fútbol Club Barcelona en Miami el 20-12-2025.

En esta reunión el sr. Fructuoso, Presidente de AFE y a su vez Vicepresidente de la RFEF ya mostró su disconformidad con la forma en que dicho proyecto se estaba llevando a cabo, denunciando que la decisión se estaba tomando sin contar con información suficiente, al no hablar con los jugadores ni con los capitanes de los equipos de Primera y Segunda División. De hecho, el sr. Fructuoso hizo referencia expresa a la necesidad de cumplir con las previsiones del art. 37 del convenio colectivo de aplicación, entendiendo que la patronal estaba actuando de manera unilateral. Y en consonancia con lo expuesto, sometida a votación la autorización para celebrar el partido fuera de España, se aprobó por mayoría, pero con el voto en contra del Sr. Fructuoso.

3. A partir de este momento, tomando como punto de partida el día 12-8-2025, se inicia un cruce incesante de comunicaciones entre el sr. Fructuoso, en su condición de Presidente de AFE y don Hipolito, Presidente de la LNFP por la que, atendiendo al respaldo por parte de la LNFP de la iniciativa de jugar el partido en Miami, se solicitaba la información pertinente del proyecto y se insistía en la necesidad de celebrar un encuentro para escuchar a los futbolistas y capitanes de la Liga de Futbol Profesional, proponiéndose fecha para las reuniones y un goteo incesante de desencuentros en lo que respecta a la celebración del partido que no demuestran sino la presencia de un conflicto laboral que desembocó en el hecho nuclear que aquí debe examinarse: el paro de los futbolistas en la jornada novena de Liga.

4. En aras a la brevedad de la presente resolución, damos por reproducidas las comunicaciones entre el sr. Fructuoso y el sr. Hipolito, que han quedado recogidas convenientemente en los hechos declaramos probados y que no sirven sino para dibujar el escenario previo a lo verdaderamente relevante.

QUINTO.-1. Y así, el 17-10-2025 AFE emitió un comunicado oficial anunciando lo siguiente:

"La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE),con el apoyo de los capitanes de Primera División,anuncia que, durante todos los partidos correspondientes a la novena jornada del Campeonato Nacional de Liga de Primera División de España,al inicio de cada encuentro, los futbolistas protestarán de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherenciade LALIGA, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos.

El sindicatoha decidido mantener al margen de la iniciativa, a pesar de que comparten la posición de fondo y los puntos críticos, a los futbolistas del FC Barcelona y Villareal CF,clubes solicitantes del proyecto, para evitar que la acción de protesta pudiera interpretarse como una posible medida contra ningún club.

Ante las permanentes negativasy propuestas quiméricas de LALIGA, la Asociación de Futbolistas Españoles rechaza de manera rotunda un proyecto que no cuenta con la aprobación de los protagonistas principalesde nuestro deporte y exige a la patronal la creación de una mesa de negociación en la que se comparta toda la información y se analicen las características excepcionales del proyecto, se atiendan las necesidades e inquietudes de los futbolistasy se garantice la protección de sus derechos laborales y el cumplimiento de la normativa actual".

2. En reunión de la Comisión Paritaria del Convenio celebrada el 22-10-2025 las partes implicadas ya manifestaron su posición frente a dicho paro, manifestando la LNFP que el mismo constituía una huelga y AFE una manifestación de la libertad de expresión. El paro se materializó en la jornada nueve de Liga, en los términos que más adelante se analizarán.

SEXTO.- 1.Expuesto lo anterior, debe traerse a colación en ese momento la reciente STS de 4-2-2026, rc. 215/2024 que al amparo de jurisprudencia constitucional, dibuja los contornos del derecho fundamental de huelga. En ella se hacen las siguientes consideraciones:

"1. El siguiente motivo del recurso cuestiona la legitimidad del sindicato FIST para convocar esta huelga. Al resolver este motivo debemos partir de la reiterada doctrina jurisprudencial que sostiene que el derecho de huelga es un derecho fundamental que no permite una interpretación restrictiva [por todas, STS 874/2025, de 2 de octubre (rec. 46/2024 ); y 884/2025, de 6 de octubre (rec. 58/2024 )].

2. El art. 7 de la CE reconoce a los sindicatos el carácter de organismos básicos del sistema político y el art. 28.2 de la CE reconoce el derecho fundamental a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses.

El art. 2.2.d) de la Ley Orgánica de Libertad Sindical tiene el siguiente contenido:

«2. Las organizaciones sindicales en el ejercicio de la libertad sindical, tienen derecho a [...] d) El ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella, que comprenderá, en todo caso, el derecho a la negociación colectiva, al ejercicio del derecho de huelga [...]».

El art. 3.Dos del Real Decreto-ley 17/1977 regula la legitimación para convocar huelgas: «Están facultados para acordar la declaración de huelga: a) Los trabajadores, a través de sus representantes [...]».

3. La STC (Pleno) 11/1981, de 8 de abril , explica que «[e]l artículo 28, apartado 2.°, de la Constitución , al decir que -se reconoce el derecho de huelga, de los trabajadores para la defensa de sus intereses, introduce en el ordenamiento jurídico español una importante novedad: la proclamación de la huelga como derecho subjetivo y como derecho de carácter fundamental [...] En este concepto más amplio, huelga es una perturbación que se produce en el normal desenvolvimiento de la vida social y en particular en el proceso de producción de bienes y de servicios que se lleva a cabo en forma pacífica y no violenta, mediante un concierto de los trabajadores y de los demás intervinientes en dicho proceso. En este sentido amplio, la huelga puede tener por objeto reivindicar mejoras en las condiciones económicas, o, en general. en las condiciones de trabajo, y puede suponer también una protesta con repercusión en otras esferas o ámbitos [...] el derecho de huelga comprende la facultad de declararse en huelga -estableciendo la causa o porqué y la finalidad reivindicativa que se persigue- y la facultad de elegir la modalidad de huelga ».

A continuación, el TC argumenta que lo que define el derecho de huelga es que es «un derecho atribuido a los trabajadores uti singuli, aunque tenga que ser ejercitado colectivamente mediante concierto o acuerdo entre ellos. Para aclarar lo que se entiende por ejercicio colectivo debe señalarse que son facultades del derecho de huelga la convocatoria o llamada, el establecimiento de las reivindicaciones, la publicidad o proyección exterior, la negociación y, finalmente, la decisión de darla por terminada. Se puede, por ello, decir que si bien la titularidad del derecho de huelga pertenece a los trabajadores y que a cada uno de ellos corresponde el derecho de sumarse o no a las huelgas declaradas, las facultades en que consiste el ejercicio del derecho de huelga, en cuanto acción colectiva y concertada, corresponden tanto a los trabajadores como a sus representantes y a las organizaciones sindicales.

No puede en absoluto decirse que el Real Decreto-Ley 17/77 esté impidiendo las llamadas huelgas sindicales. Esa conclusión no es posible desde el momento en que el art. 7 de la Constitución reconoce a los sindicatos de trabajadores, el carácter de organismos básicos del sistema político. De esta suerte, en el momento actual son perfectamente posibles las huelgas organizadas, dirigidas y controladas por los sindicatos de trabajadores y las llamadas huelgas espontáneas, que en la terminología anglosajona se conocen con el nombre de wild strikes, huelgas "salvajes" o huelgas sin control sindical.

Por ello, no es dudoso que el art. 3 del Real Decreto-Ley 17/77 hay que entenderlo en el sentido de que, si bien la titularidad del derecho de huelga les pertenece a los trabajadores, el derecho puede ser ejercitado por las organizaciones sindicales extiende la huelga.».

2. Son deportistas profesionales, de conformidad con lo dispuesto en el art. 21.1 de la Ley 39/2022 , de 30 de diciembre, del Deporte (BOE 31/12/2022), "quienes en virtud de una relación establecida con carácter regular, se dedican voluntariamente a la práctica deportiva por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de un club o entidad deportiva a cambio de una retribución"estando sujetas a la relación laboral especial prevista en el art. 2.1 d) del ET.

El art. 18 del RD 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales, prevé en su apartado Uno que "los deportistas profesionales tendrán los derechos colectivos reconocidos con carácter general en la legislación vigente, en la forma y condiciones que se pacten en los convenios".

3.No puede tampoco obviarse que el convenio colectivo para la actividad del fútbol profesional (BOE 8-12-2015) recoge en su Capítulo V los derechos y libertades de los futbolistas profesionales, en concreto y por lo que ahora nos concierne, los derechos sindicales en su art. 40 que dispone:

"1. Los Futbolistas Profesionales tendrán derecho a desarrollar, en el seno de los Clubes/SADs a que pertenezcan, la actividad sindical reconocida por la legislación vigente en la materia. A estos efectos, podrán elegir a los componentes de la plantilla que les representen ante el Club/SAD para tratar las materias relacionadas con su régimen laboral y condiciones en que se desarrolla.

2. Los Futbolistas Profesionales, afiliados a la AFE y pertenecientes a plantillas de equipos de la LNFP, podrán constituir secciones sindicales en los Clubes/SADs en que presten sus servicios, representados, a todos los efectos, por dos delegados sindicales.

3. Los Clubes/SADs deberán poner a disposición de los Futbolistas, en los vestuarios, un tablón de anuncios, que esté en lugar visible, que podrá ser utilizado por estos para sus comunicados sindicales o de interés para la plantilla".

4.Y asimismo, la Ley del Deporte reconoce como derecho de las personas deportistas profesionales, entre otros, en su art. 27, apartado f) "a nombrar personas que representen sus intereses frente a clubes y organizadores de las competiciones, pudiendo actuar en representación de asociaciones y sindicatos"y en su apartado 2 , los derechos específicos siguientes:

"Además, son derechos específicos de las personas deportistas a que se refiere el artículo 21.1 de esta ley : la negociación colectiva, la huelga y la rescisión unilateral de su relación laboral cuando exista incumplimiento grave y culpable de la entidad deportiva a que pertenezca".

SÉPTIMO.- 1.Ahora bien, junto con el derecho de huelga, que ya se reconoce expresamente por el art. 27.2 de la Ley del Deporte, el art. 7.Dos del RD 1006/1985 prevé expresamente:

"Los deportistas profesionales tendrán derecho a manifestar libremente sus opiniones sobre los temas relacionados con su profesión, con respeto de la Ley y de las exigencias de su situación contractual, y sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecerse en convenio colectivo, siempre que estén debidamente justificadas por razones deportivas".

2. Y el convenio colectivo para la actividad del fútbol profesional recoge expresamente en su art. 39 el derecho de libertad de expresión del siguiente modo:

"Los Futbolistas Profesionales tendrán derecho a manifestar libremente su pensamiento sobre cualquier materia y, en especial sobre los temas relacionados con su profesión, sin más limitaciones que las que se deriven de la Ley y el respeto a los demás".

3.Y directamente conectado con los derechos anteriores, esta Sala no puede obviar la doctrina constitucional acerca del derecho de libertad sindical en conexión con el derecho a la libertad de expresión, recogida entre otras en STC de 27-3-2023, rec. 6005/2021 en la que el Alto Tribunal realiza las siguientes consideraciones:

"a) La STC 89/2018, de 6 de septiembre, FJ 3 sintetiza el contenido del derecho a la libertad de expresión en el ámbito sindical [ art. 20.1 a) CE] en los siguientes términos: «[E]l derecho a la libertad de expresión tiene por objeto la libre expresión de pensamientos, ideas y opiniones, concepto amplio dentro del cual deben incluirse las creencias y juicios de valor. Según hemos dicho con reiteración, este derecho comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige ( SSTC 6/2000, de 17 de enero, FJ 5; 49/2001, de 26 de febrero, FJ 4, y 204/2001, de 15 de octubre, FJ 4), pues "así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe 'sociedad democrática' ( SSTEDH de 23 de abril de 1992, Castells c. España, § 42, y de 29 de febrero de 2000, Fuentes Bobo c. España, § 43). Fuera del ámbito de protección de dicho derecho se sitúan las frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito, dado que el art. 20.1 a) CE no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería, por lo demás incompatible con la norma fundamental" ( SSTC 204/1997, de 25 de noviembre; 134/1999, de 15 de julio, FJ 3; 6/2000, de 17 de enero, FJ 5; 11/2000, de 17 de enero, FJ 7; 110/2000, de 5 de mayo, FJ 8; 297/2000, de 11 de diciembre, FJ 7; 49/2001, de 26 de febrero, FJ 5, y 148/2001, de 15 de octubre, FJ 4)». Los sindicatos son titulares del derecho a la libertad de expresión y pueden ejercerlo a través de un representante o dirigente que manifieste la opinión de la organización en relación con un asunto que afecte a los intereses de los trabajadores ( STC 160/2003, de 15 de septiembre, FJ 3). El derecho a la libertad de expresión del que son titulares los sindicatos no es la del genérico derecho del que son titulares todos los ciudadanos, sino el derecho a la libertad de expresión sobre materias de interés laboral o sindical como instrumento del ejercicio de la función representativa sindical. La invocación del derecho a la libertad de expresión [ art. 20.1 a) CE] carece pues de sustantividad propia y no es escindible de la que se hace del derecho a la libertad sindical ( SSTC entre otras 213/2002, de 11 de noviembre, FJ 4; 198/2004, de 15 de noviembre, FJ 4; 208/2008, de 22 de septiembre, FJ 4; 203/2015, de 5 de octubre, FJ 5; 89/2018, de 6 de septiembre, FJ 2 y las citadas en esta última). Este tribunal ha reconocido, en materia de libertad de expresión, que cuando la conducta se desarrolla en el marco de la libertad sindical, su ámbito de protección es más amplio ( STC 89/2018, de 6 de septiembre, FJ 6 y las en ella citadas). b) Expuesta la necesaria conexión entre el derecho a la libertad de expresión [ art. 20.1 a) CE] y el derecho a la libertad sindical ( art. 28.1 CE) , conviene recordar el contenido plural de este último derecho ( art. 2 en relación con los arts. 8 a 11 de la Ley Orgánica de libertad sindical: LOLS) . Según reiterada doctrina constitucional, expuesta de forma exhaustiva en la STC 281/2005, de 7 de noviembre, FJ 3: "Aun cuando del tenor literal del art. 28.1 CE pudiera deducirse la restricción del contenido de la libertad sindical a una vertiente exclusivamente organizativa o asociativa, este tribunal ha declarado reiteradamente, en virtud de una interpretación sistemática de los arts. 7 y 28 CE, efectuada según el canon hermenéutico del art. 10.2 CE, que llama a los textos internacionales ratificados por España -en este caso, Convenios de la Organización Internacional del Trabajo núms. 87 y 98, señaladamente-, que la enumeración de derechos efectuada en el primeramente referido precepto constitucional no se realiza con el carácter de numerus clausus, sino que en el contenido de dicho precepto se integra también la vertiente funcional, es decir, el derecho de los sindicatos a ejercer aquellas actividades dirigidas a la defensa, protección y promoción de los intereses de los trabajadores; en suma, a desplegar los medios de acción necesarios para que puedan cumplir las funciones que constitucionalmente les corresponden (por todas, SSTC 94/1995, de 19 de junio, FJ 2; 308/2000, de 18 de diciembre, FJ 6; 185/2003, de 27 de octubre, FJ 6, y 198/2004, de 15 de noviembre, FJ 5). Las anteriores expresiones del derecho fundamental (organizativas o asociativas y funcionales o de actividad) constituyen su núcleo mínimo e indisponible, el contenido esencial de la libertad sindical. En particular, en coherencia con la vertiente funcional del derecho, la Ley Orgánica de libertad sindical establece que la libertad sindical comprende el derecho a la actividad sindical [art. 2.1 d)] y, de otra parte, que las organizaciones sindicales, en el ejercicio de su libertad sindical, tienen derecho a desarrollar actividades sindicales en la empresa o fuera de ella [art. 2.2 d)]". El derecho a la libre actividad sindical comprensiva de todos los medios lícitos prohíbe todo acto de injerencia, impeditivo u obstativo del ejercicio de la libre actividad sindical, por parte de terceros en general y del empleador en particular que en ningún caso podrá ampararse en sus poderes o facultades empresariales [ arts. 1.1 y 5 c) de la Ley del estatuto de los trabajadores ( LET)] como pretexto para quebrantar el ámbito de libertad protegido en el art. 28.1 CE (entre otras SSTC 134/1994; de 9 de mayo, FJ 4; 227/2006, de 17 de julio, FJ 3, y 89/2018, de 6 de septiembre, FJ 3).

OCTAVO.- 1.Vista la normativa y jurisprudencia recogida en los dos fundamentos de derecho precedentes, esta Sala no puede acoger la tesis de la LNFP, pues entiende que el parón de los futbolistas en la novena jornada de la Liga de Futbol Profesional no tiene la consideración de una huelga y sí de una manifestación de la libertad de expresión, tanto de los jugadores que secundaron el mismo como del propio sindicato AFE, del que partió la iniciativa.

2. Si se analizan las concretas circunstancias en las que se produjeron los hechos, consta acreditado que al inicio de los partidos, los jugadores permanecieron inmóviles sin intención de empezar a jugar. El tiempo transcurrido entre el inicio del partido y el inicio de juego, no superó en ningún caso los quince segundos, siendo en ocasiones incluso más breve. Solo en el partido Celta de Vigo-Real Sociedad, se produjeron dos paros, al inicio del partido y en el minuto uno, tras un saque de banda, permaneciendo los jugadores inmóviles de nuevo durante diez segundos. Dichos paros se registraron en las actas arbitrales en el apartado "otras observaciones"en las que los árbitros reseñaron el paro de los jugadores al inicio del partido, y la continuación del juego hasta el final del mismo sin incidencia alguna. La interrupción del juego se produjo durante la jornada de trabajo de los citados futbolistas, que comprende "la prestación se servicios ante el público y el tiempo en que esté bajo las órdenes directas del club o entidad deportiva a efectos de entrenamiento o preparación física y técnica para la misma"( art. 9 RD 1006/1985), en consonancia también con lo dispuesto en el art. 7 del convenio colectivo de aplicación.

3. La motivación de dicho paro fue clara, tal y como se expresa en el comunicado emitido por AFE anunciando el mismo: protestar de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LALIGA, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos, y ello ante la falta de información y consulta a los directamente implicados, sobre la posibilidad de disputar en el extranjero.

Es cierto que conforme a lo dispuesto en el art. 37 del convenio colectivo de aplicación las partes (AFE-LNFP) acordaron y se comprometieron a dedicar sus mejores esfuerzos a desarrollar e implementar proyectos y programas orientados a la promoción de las competiciones, eventos, actividades de marketing en general, promovidos por la LNFP y sus patrocinadores, dedicando AFE sus esfuerzos para asegurar la presencia de jugadores en activo y retirados en los eventos que se recogen en el precepto. Y si bien pudiera entenderse que el partido en Miami no fue promovido por la LNFP, mostrando únicamente su aquiescencia al proyecto planteado por los Clubes implicados y el promotor del evento, ello no excluye que tanto AFE como los jugadores de los equipos, no pudieran ser destinatarios de cuanta información fuera precisa para conocer el proyecto y sus implicaciones.

4.No estamos conformes con que la convocatoria de la protesta se hiciera para dejar a un lado los presupuestos y requisitos de la convocatoria de una huelga. Véase que desde que se aprueba por la RFEF la propuesta realizada por el Villareal CF y el FC Barcelona, el goteo de comunicaciones entre AFE y la LNFP es incesante, sin que se atendiera a las reivindicaciones de información sobre el proyecto en los términos requeridos por AFE, que consideraba insuficiente, ya sea por imposibilidad de reunirse ambas partes, ya por entender la Liga que no podía anticiparse información antes de la aprobación definitiva del proyecto. Sea como fuere, y ante la imposibilidad de ser escuchados los capitanes de los clubes, AFE y los jugadores decidieron instrumentar su malestar a través del paro que se secundó en los partidos de la novena jornada. Paro que por su escasa duración (10 segundos de una duración de 90 minutos, a salvo del tiempo añadido en su caso) y nula trascendencia en cuanto al desarrollo de la novena jornada, pues todos los partidos se jugaron hasta su finalización sin incidencia alguna más allá de los lances del juego, no puede calificarse o tildarse de huelga. Todo ello sin olvidar que la propia LNFP trató de difuminar la puesta en conocimiento de las razones de dicha protesta haciendo coincidir con el paro de los futbolistas, un acto de apoyo del fútbol con la paz, al hilo del conflicto en Palestina, apareciendo en las retransmisiones de televisión la mención "compromiso por la paz"mientras que los jugadores secundaban el paro de segundos al inicio del partido, motivado por la decisión de trasladar un partido de la Primera División a Miami.

5. La decisión del promotor del evento deportivo de cancelar el mismo tampoco puede achacarse de forma única a dicho acto. Véase que lo único que consta en la nota de prensa emitida por la LNFP el día 21-10-2025 es lo siguiente:

"LALIGA informa de que, tras conversaciones con la promotora del Partido Oficial de LALIGA en Miami, esta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas"(el subrayado es nuestro)".

Quien emite la nota de prensa es la LNFP, sin que se haga una referencia explícita a la causa concreta de cancelación del partido por parte del promotor. Y si bien evidentemente la protesta de los futbolistas tuvo incidencia en dicha decisión final, no es menos cierto que la referencia a las últimas semanas vincula la cancelación del partido a unos hechos acontecidos con anterioridad, en los que AFE y la LNFP mantuvieron posiciones discordantes sobre el proyecto. Y en cualquier caso, existiendo un conflicto laboral, es evidente que cualquier forma de reivindicación, protesta, presión o manifestación pública busca conseguir un efecto positivo en quien la secunda, eliminando o mitigando la decisión o conducta que motiva su actuación. Fin legítimo que puede verse conseguido, siempre que las citadas actuaciones se lleven a cabo dentro del respeto a las normas y derechos fundamentales.

6. Todo ello nos hace concluir que el paro secundado por los futbolistas y promovido por AFE no puede ser calificado como huelga, y por ende, no puede esta Sala entrar a valorar si la misma se puede ser calificada como ilegal, en los términos recogidos en el art. 11 del RDLey 17/1977, de 4 de marzo, ni sobre los concretos efectos de la misma y su materialización en los perjuicios denunciados en la demanda, que solo se indican de manera referencial en los hechos probados de la presente resolución, en orden a recoger la totalidad de los datos que pudieran afectar a un pronunciamiento de fondo.

En consecuencia, la demanda ha de ser desestimada en su integridad.

NOVENO.-Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que frente a la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto

PRIMERO. -La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 h) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO. -De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en cada una de las pruebas que se hacen constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos así como en la declaración de la perito que depuso en el acto de juicio.

TERCERO. - 1.La cuestión que se nos plantea en el presente conflicto colectivo es estrictamente jurídica, pues más allá de las interpretaciones que sobre determinados hechos puedan tener las partes, de los hechos declarados probados no se revela una controversia fáctica sustancial, sino más bien, la calificación jurídica que de los mismos pueda desprenderse una vez valoradas las circunstancias concurrentes.

2. La parte actora, la LNFP, considera que el paro de los jugadores de la Liga de Fútbol Profesional en la jornada novena de liga tiene la consideración de huelga y la misma ha de ser calificada de ilegal por contravenir lo dispuesto en el Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, al no haberse convocado cumpliendo con los requisitos mínimos exigidos por la normativa y la jurisprudencia (falta de comunicación escrita y preaviso, falta de convocatoria formal y comité de huelga, y ejecución de manera inmediata y unilateral). Todo ello, según se expresa en demanda, ha provocado un daño económico a la LNFP que la parte actora cifra en 8,7 millones de euros y un daño reputacional incuantificable. Por ello, en el suplico del escrito rector, insta a que esta Sala declare que el paro de los futbolistas de la jornada nueve constituye una huelga ilegal, con las consecuencias legales inherentes a dicha declaración.

3. Por su parte el sindicato AFE se opone a las pretensiones anteriores, al considerar que los hechos enjuiciados no constituyeron en ningún caso una huelga ilegal, sino el ejercicio legítimo del derecho de libertad de expresión de los futbolistas ante un conflicto laboral que reconoce expresamente, motivado por el traslado de uno de los partidos de la Liga de Futbol profesional fuera del territorio español, sin contar con la aquiescencia de los futbolistas y sin informar adecuadamente del proyecto. Manifiesta el sindicato que la escasa duración del paro, con una media de duración entre diez y quince segundos, unido al hecho de que los partidos se jugaron con total normalidad, no permite calificar tal hecho de huelga ilegal, y niega de forma rotunda los daños que se invocan por la parte demandante.

CUARTO.- 1.Baste la lectura de los hechos declarados probados en la presente resolución para verificar que a partir del día 31-7-2025, fecha en que el Villareal CF, el FC Barcelona y la empresa Relevent Sports LLC comunicaron a la RFEF su acuerdo para celebrar el partido de la decimoséptima jornada de liga entre ambos clubes en Miami, solicitando que fuera aprobado dicho proyecto, comenzó un periplo de discrepancias entre el sindicato AFE y la LNFP.

2. Es relevante verificar que en la reunión telemática celebrada el 11-8-2025 de la Junta Directiva de la RFEF en el punto del día número 4 figuraba la elevación a la UEFA de la petición para el inicio de los trámites para la ulterior autorización por la FIFA de la disputa del partido de la 17ª jornada de liga entre el Villareal Club de Fútbol SAD y el Fútbol Club Barcelona en Miami el 20-12-2025.

En esta reunión el sr. Fructuoso, Presidente de AFE y a su vez Vicepresidente de la RFEF ya mostró su disconformidad con la forma en que dicho proyecto se estaba llevando a cabo, denunciando que la decisión se estaba tomando sin contar con información suficiente, al no hablar con los jugadores ni con los capitanes de los equipos de Primera y Segunda División. De hecho, el sr. Fructuoso hizo referencia expresa a la necesidad de cumplir con las previsiones del art. 37 del convenio colectivo de aplicación, entendiendo que la patronal estaba actuando de manera unilateral. Y en consonancia con lo expuesto, sometida a votación la autorización para celebrar el partido fuera de España, se aprobó por mayoría, pero con el voto en contra del Sr. Fructuoso.

3. A partir de este momento, tomando como punto de partida el día 12-8-2025, se inicia un cruce incesante de comunicaciones entre el sr. Fructuoso, en su condición de Presidente de AFE y don Hipolito, Presidente de la LNFP por la que, atendiendo al respaldo por parte de la LNFP de la iniciativa de jugar el partido en Miami, se solicitaba la información pertinente del proyecto y se insistía en la necesidad de celebrar un encuentro para escuchar a los futbolistas y capitanes de la Liga de Futbol Profesional, proponiéndose fecha para las reuniones y un goteo incesante de desencuentros en lo que respecta a la celebración del partido que no demuestran sino la presencia de un conflicto laboral que desembocó en el hecho nuclear que aquí debe examinarse: el paro de los futbolistas en la jornada novena de Liga.

4. En aras a la brevedad de la presente resolución, damos por reproducidas las comunicaciones entre el sr. Fructuoso y el sr. Hipolito, que han quedado recogidas convenientemente en los hechos declaramos probados y que no sirven sino para dibujar el escenario previo a lo verdaderamente relevante.

QUINTO.-1. Y así, el 17-10-2025 AFE emitió un comunicado oficial anunciando lo siguiente:

"La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE),con el apoyo de los capitanes de Primera División,anuncia que, durante todos los partidos correspondientes a la novena jornada del Campeonato Nacional de Liga de Primera División de España,al inicio de cada encuentro, los futbolistas protestarán de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherenciade LALIGA, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos.

El sindicatoha decidido mantener al margen de la iniciativa, a pesar de que comparten la posición de fondo y los puntos críticos, a los futbolistas del FC Barcelona y Villareal CF,clubes solicitantes del proyecto, para evitar que la acción de protesta pudiera interpretarse como una posible medida contra ningún club.

Ante las permanentes negativasy propuestas quiméricas de LALIGA, la Asociación de Futbolistas Españoles rechaza de manera rotunda un proyecto que no cuenta con la aprobación de los protagonistas principalesde nuestro deporte y exige a la patronal la creación de una mesa de negociación en la que se comparta toda la información y se analicen las características excepcionales del proyecto, se atiendan las necesidades e inquietudes de los futbolistasy se garantice la protección de sus derechos laborales y el cumplimiento de la normativa actual".

2. En reunión de la Comisión Paritaria del Convenio celebrada el 22-10-2025 las partes implicadas ya manifestaron su posición frente a dicho paro, manifestando la LNFP que el mismo constituía una huelga y AFE una manifestación de la libertad de expresión. El paro se materializó en la jornada nueve de Liga, en los términos que más adelante se analizarán.

SEXTO.- 1.Expuesto lo anterior, debe traerse a colación en ese momento la reciente STS de 4-2-2026, rc. 215/2024 que al amparo de jurisprudencia constitucional, dibuja los contornos del derecho fundamental de huelga. En ella se hacen las siguientes consideraciones:

"1. El siguiente motivo del recurso cuestiona la legitimidad del sindicato FIST para convocar esta huelga. Al resolver este motivo debemos partir de la reiterada doctrina jurisprudencial que sostiene que el derecho de huelga es un derecho fundamental que no permite una interpretación restrictiva [por todas, STS 874/2025, de 2 de octubre (rec. 46/2024 ); y 884/2025, de 6 de octubre (rec. 58/2024 )].

2. El art. 7 de la CE reconoce a los sindicatos el carácter de organismos básicos del sistema político y el art. 28.2 de la CE reconoce el derecho fundamental a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses.

El art. 2.2.d) de la Ley Orgánica de Libertad Sindical tiene el siguiente contenido:

«2. Las organizaciones sindicales en el ejercicio de la libertad sindical, tienen derecho a [...] d) El ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella, que comprenderá, en todo caso, el derecho a la negociación colectiva, al ejercicio del derecho de huelga [...]».

El art. 3.Dos del Real Decreto-ley 17/1977 regula la legitimación para convocar huelgas: «Están facultados para acordar la declaración de huelga: a) Los trabajadores, a través de sus representantes [...]».

3. La STC (Pleno) 11/1981, de 8 de abril , explica que «[e]l artículo 28, apartado 2.°, de la Constitución , al decir que -se reconoce el derecho de huelga, de los trabajadores para la defensa de sus intereses, introduce en el ordenamiento jurídico español una importante novedad: la proclamación de la huelga como derecho subjetivo y como derecho de carácter fundamental [...] En este concepto más amplio, huelga es una perturbación que se produce en el normal desenvolvimiento de la vida social y en particular en el proceso de producción de bienes y de servicios que se lleva a cabo en forma pacífica y no violenta, mediante un concierto de los trabajadores y de los demás intervinientes en dicho proceso. En este sentido amplio, la huelga puede tener por objeto reivindicar mejoras en las condiciones económicas, o, en general. en las condiciones de trabajo, y puede suponer también una protesta con repercusión en otras esferas o ámbitos [...] el derecho de huelga comprende la facultad de declararse en huelga -estableciendo la causa o porqué y la finalidad reivindicativa que se persigue- y la facultad de elegir la modalidad de huelga ».

A continuación, el TC argumenta que lo que define el derecho de huelga es que es «un derecho atribuido a los trabajadores uti singuli, aunque tenga que ser ejercitado colectivamente mediante concierto o acuerdo entre ellos. Para aclarar lo que se entiende por ejercicio colectivo debe señalarse que son facultades del derecho de huelga la convocatoria o llamada, el establecimiento de las reivindicaciones, la publicidad o proyección exterior, la negociación y, finalmente, la decisión de darla por terminada. Se puede, por ello, decir que si bien la titularidad del derecho de huelga pertenece a los trabajadores y que a cada uno de ellos corresponde el derecho de sumarse o no a las huelgas declaradas, las facultades en que consiste el ejercicio del derecho de huelga, en cuanto acción colectiva y concertada, corresponden tanto a los trabajadores como a sus representantes y a las organizaciones sindicales.

No puede en absoluto decirse que el Real Decreto-Ley 17/77 esté impidiendo las llamadas huelgas sindicales. Esa conclusión no es posible desde el momento en que el art. 7 de la Constitución reconoce a los sindicatos de trabajadores, el carácter de organismos básicos del sistema político. De esta suerte, en el momento actual son perfectamente posibles las huelgas organizadas, dirigidas y controladas por los sindicatos de trabajadores y las llamadas huelgas espontáneas, que en la terminología anglosajona se conocen con el nombre de wild strikes, huelgas "salvajes" o huelgas sin control sindical.

Por ello, no es dudoso que el art. 3 del Real Decreto-Ley 17/77 hay que entenderlo en el sentido de que, si bien la titularidad del derecho de huelga les pertenece a los trabajadores, el derecho puede ser ejercitado por las organizaciones sindicales extiende la huelga.».

2. Son deportistas profesionales, de conformidad con lo dispuesto en el art. 21.1 de la Ley 39/2022 , de 30 de diciembre, del Deporte (BOE 31/12/2022), "quienes en virtud de una relación establecida con carácter regular, se dedican voluntariamente a la práctica deportiva por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de un club o entidad deportiva a cambio de una retribución"estando sujetas a la relación laboral especial prevista en el art. 2.1 d) del ET.

El art. 18 del RD 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales, prevé en su apartado Uno que "los deportistas profesionales tendrán los derechos colectivos reconocidos con carácter general en la legislación vigente, en la forma y condiciones que se pacten en los convenios".

3.No puede tampoco obviarse que el convenio colectivo para la actividad del fútbol profesional (BOE 8-12-2015) recoge en su Capítulo V los derechos y libertades de los futbolistas profesionales, en concreto y por lo que ahora nos concierne, los derechos sindicales en su art. 40 que dispone:

"1. Los Futbolistas Profesionales tendrán derecho a desarrollar, en el seno de los Clubes/SADs a que pertenezcan, la actividad sindical reconocida por la legislación vigente en la materia. A estos efectos, podrán elegir a los componentes de la plantilla que les representen ante el Club/SAD para tratar las materias relacionadas con su régimen laboral y condiciones en que se desarrolla.

2. Los Futbolistas Profesionales, afiliados a la AFE y pertenecientes a plantillas de equipos de la LNFP, podrán constituir secciones sindicales en los Clubes/SADs en que presten sus servicios, representados, a todos los efectos, por dos delegados sindicales.

3. Los Clubes/SADs deberán poner a disposición de los Futbolistas, en los vestuarios, un tablón de anuncios, que esté en lugar visible, que podrá ser utilizado por estos para sus comunicados sindicales o de interés para la plantilla".

4.Y asimismo, la Ley del Deporte reconoce como derecho de las personas deportistas profesionales, entre otros, en su art. 27, apartado f) "a nombrar personas que representen sus intereses frente a clubes y organizadores de las competiciones, pudiendo actuar en representación de asociaciones y sindicatos"y en su apartado 2 , los derechos específicos siguientes:

"Además, son derechos específicos de las personas deportistas a que se refiere el artículo 21.1 de esta ley : la negociación colectiva, la huelga y la rescisión unilateral de su relación laboral cuando exista incumplimiento grave y culpable de la entidad deportiva a que pertenezca".

SÉPTIMO.- 1.Ahora bien, junto con el derecho de huelga, que ya se reconoce expresamente por el art. 27.2 de la Ley del Deporte, el art. 7.Dos del RD 1006/1985 prevé expresamente:

"Los deportistas profesionales tendrán derecho a manifestar libremente sus opiniones sobre los temas relacionados con su profesión, con respeto de la Ley y de las exigencias de su situación contractual, y sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecerse en convenio colectivo, siempre que estén debidamente justificadas por razones deportivas".

2. Y el convenio colectivo para la actividad del fútbol profesional recoge expresamente en su art. 39 el derecho de libertad de expresión del siguiente modo:

"Los Futbolistas Profesionales tendrán derecho a manifestar libremente su pensamiento sobre cualquier materia y, en especial sobre los temas relacionados con su profesión, sin más limitaciones que las que se deriven de la Ley y el respeto a los demás".

3.Y directamente conectado con los derechos anteriores, esta Sala no puede obviar la doctrina constitucional acerca del derecho de libertad sindical en conexión con el derecho a la libertad de expresión, recogida entre otras en STC de 27-3-2023, rec. 6005/2021 en la que el Alto Tribunal realiza las siguientes consideraciones:

"a) La STC 89/2018, de 6 de septiembre, FJ 3 sintetiza el contenido del derecho a la libertad de expresión en el ámbito sindical [ art. 20.1 a) CE] en los siguientes términos: «[E]l derecho a la libertad de expresión tiene por objeto la libre expresión de pensamientos, ideas y opiniones, concepto amplio dentro del cual deben incluirse las creencias y juicios de valor. Según hemos dicho con reiteración, este derecho comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige ( SSTC 6/2000, de 17 de enero, FJ 5; 49/2001, de 26 de febrero, FJ 4, y 204/2001, de 15 de octubre, FJ 4), pues "así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe 'sociedad democrática' ( SSTEDH de 23 de abril de 1992, Castells c. España, § 42, y de 29 de febrero de 2000, Fuentes Bobo c. España, § 43). Fuera del ámbito de protección de dicho derecho se sitúan las frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito, dado que el art. 20.1 a) CE no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería, por lo demás incompatible con la norma fundamental" ( SSTC 204/1997, de 25 de noviembre; 134/1999, de 15 de julio, FJ 3; 6/2000, de 17 de enero, FJ 5; 11/2000, de 17 de enero, FJ 7; 110/2000, de 5 de mayo, FJ 8; 297/2000, de 11 de diciembre, FJ 7; 49/2001, de 26 de febrero, FJ 5, y 148/2001, de 15 de octubre, FJ 4)». Los sindicatos son titulares del derecho a la libertad de expresión y pueden ejercerlo a través de un representante o dirigente que manifieste la opinión de la organización en relación con un asunto que afecte a los intereses de los trabajadores ( STC 160/2003, de 15 de septiembre, FJ 3). El derecho a la libertad de expresión del que son titulares los sindicatos no es la del genérico derecho del que son titulares todos los ciudadanos, sino el derecho a la libertad de expresión sobre materias de interés laboral o sindical como instrumento del ejercicio de la función representativa sindical. La invocación del derecho a la libertad de expresión [ art. 20.1 a) CE] carece pues de sustantividad propia y no es escindible de la que se hace del derecho a la libertad sindical ( SSTC entre otras 213/2002, de 11 de noviembre, FJ 4; 198/2004, de 15 de noviembre, FJ 4; 208/2008, de 22 de septiembre, FJ 4; 203/2015, de 5 de octubre, FJ 5; 89/2018, de 6 de septiembre, FJ 2 y las citadas en esta última). Este tribunal ha reconocido, en materia de libertad de expresión, que cuando la conducta se desarrolla en el marco de la libertad sindical, su ámbito de protección es más amplio ( STC 89/2018, de 6 de septiembre, FJ 6 y las en ella citadas). b) Expuesta la necesaria conexión entre el derecho a la libertad de expresión [ art. 20.1 a) CE] y el derecho a la libertad sindical ( art. 28.1 CE) , conviene recordar el contenido plural de este último derecho ( art. 2 en relación con los arts. 8 a 11 de la Ley Orgánica de libertad sindical : LOLS). Según reiterada doctrina constitucional, expuesta de forma exhaustiva en la STC 281/2005, de 7 de noviembre, FJ 3: "Aun cuando del tenor literal del art. 28.1 CE pudiera deducirse la restricción del contenido de la libertad sindical a una vertiente exclusivamente organizativa o asociativa, este tribunal ha declarado reiteradamente, en virtud de una interpretación sistemática de los arts. 7 y 28 CE, efectuada según el canon hermenéutico del art. 10.2 CE, que llama a los textos internacionales ratificados por España -en este caso, Convenios de la Organización Internacional del Trabajo núms. 87 y 98, señaladamente-, que la enumeración de derechos efectuada en el primeramente referido precepto constitucional no se realiza con el carácter de numerus clausus, sino que en el contenido de dicho precepto se integra también la vertiente funcional, es decir, el derecho de los sindicatos a ejercer aquellas actividades dirigidas a la defensa, protección y promoción de los intereses de los trabajadores; en suma, a desplegar los medios de acción necesarios para que puedan cumplir las funciones que constitucionalmente les corresponden (por todas, SSTC 94/1995, de 19 de junio, FJ 2; 308/2000, de 18 de diciembre, FJ 6; 185/2003, de 27 de octubre, FJ 6, y 198/2004, de 15 de noviembre, FJ 5). Las anteriores expresiones del derecho fundamental (organizativas o asociativas y funcionales o de actividad) constituyen su núcleo mínimo e indisponible, el contenido esencial de la libertad sindical. En particular, en coherencia con la vertiente funcional del derecho, la Ley Orgánica de libertad sindical establece que la libertad sindical comprende el derecho a la actividad sindical [art. 2.1 d)] y, de otra parte, que las organizaciones sindicales, en el ejercicio de su libertad sindical, tienen derecho a desarrollar actividades sindicales en la empresa o fuera de ella [art. 2.2 d)]". El derecho a la libre actividad sindical comprensiva de todos los medios lícitos prohíbe todo acto de injerencia, impeditivo u obstativo del ejercicio de la libre actividad sindical, por parte de terceros en general y del empleador en particular que en ningún caso podrá ampararse en sus poderes o facultades empresariales [ arts. 1.1 y 5 c) de la Ley del estatuto de los trabajadores ( LET)] como pretexto para quebrantar el ámbito de libertad protegido en el art. 28.1 CE (entre otras SSTC 134/1994; de 9 de mayo, FJ 4; 227/2006, de 17 de julio, FJ 3, y 89/2018, de 6 de septiembre, FJ 3).

OCTAVO.- 1.Vista la normativa y jurisprudencia recogida en los dos fundamentos de derecho precedentes, esta Sala no puede acoger la tesis de la LNFP, pues entiende que el parón de los futbolistas en la novena jornada de la Liga de Futbol Profesional no tiene la consideración de una huelga y sí de una manifestación de la libertad de expresión, tanto de los jugadores que secundaron el mismo como del propio sindicato AFE, del que partió la iniciativa.

2. Si se analizan las concretas circunstancias en las que se produjeron los hechos, consta acreditado que al inicio de los partidos, los jugadores permanecieron inmóviles sin intención de empezar a jugar. El tiempo transcurrido entre el inicio del partido y el inicio de juego, no superó en ningún caso los quince segundos, siendo en ocasiones incluso más breve. Solo en el partido Celta de Vigo-Real Sociedad, se produjeron dos paros, al inicio del partido y en el minuto uno, tras un saque de banda, permaneciendo los jugadores inmóviles de nuevo durante diez segundos. Dichos paros se registraron en las actas arbitrales en el apartado "otras observaciones"en las que los árbitros reseñaron el paro de los jugadores al inicio del partido, y la continuación del juego hasta el final del mismo sin incidencia alguna. La interrupción del juego se produjo durante la jornada de trabajo de los citados futbolistas, que comprende "la prestación se servicios ante el público y el tiempo en que esté bajo las órdenes directas del club o entidad deportiva a efectos de entrenamiento o preparación física y técnica para la misma"( art. 9 RD 1006/1985), en consonancia también con lo dispuesto en el art. 7 del convenio colectivo de aplicación.

3. La motivación de dicho paro fue clara, tal y como se expresa en el comunicado emitido por AFE anunciando el mismo: protestar de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LALIGA, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos, y ello ante la falta de información y consulta a los directamente implicados, sobre la posibilidad de disputar en el extranjero.

Es cierto que conforme a lo dispuesto en el art. 37 del convenio colectivo de aplicación las partes (AFE-LNFP) acordaron y se comprometieron a dedicar sus mejores esfuerzos a desarrollar e implementar proyectos y programas orientados a la promoción de las competiciones, eventos, actividades de marketing en general, promovidos por la LNFP y sus patrocinadores, dedicando AFE sus esfuerzos para asegurar la presencia de jugadores en activo y retirados en los eventos que se recogen en el precepto. Y si bien pudiera entenderse que el partido en Miami no fue promovido por la LNFP, mostrando únicamente su aquiescencia al proyecto planteado por los Clubes implicados y el promotor del evento, ello no excluye que tanto AFE como los jugadores de los equipos, no pudieran ser destinatarios de cuanta información fuera precisa para conocer el proyecto y sus implicaciones.

4.No estamos conformes con que la convocatoria de la protesta se hiciera para dejar a un lado los presupuestos y requisitos de la convocatoria de una huelga. Véase que desde que se aprueba por la RFEF la propuesta realizada por el Villareal CF y el FC Barcelona, el goteo de comunicaciones entre AFE y la LNFP es incesante, sin que se atendiera a las reivindicaciones de información sobre el proyecto en los términos requeridos por AFE, que consideraba insuficiente, ya sea por imposibilidad de reunirse ambas partes, ya por entender la Liga que no podía anticiparse información antes de la aprobación definitiva del proyecto. Sea como fuere, y ante la imposibilidad de ser escuchados los capitanes de los clubes, AFE y los jugadores decidieron instrumentar su malestar a través del paro que se secundó en los partidos de la novena jornada. Paro que por su escasa duración (10 segundos de una duración de 90 minutos, a salvo del tiempo añadido en su caso) y nula trascendencia en cuanto al desarrollo de la novena jornada, pues todos los partidos se jugaron hasta su finalización sin incidencia alguna más allá de los lances del juego, no puede calificarse o tildarse de huelga. Todo ello sin olvidar que la propia LNFP trató de difuminar la puesta en conocimiento de las razones de dicha protesta haciendo coincidir con el paro de los futbolistas, un acto de apoyo del fútbol con la paz, al hilo del conflicto en Palestina, apareciendo en las retransmisiones de televisión la mención "compromiso por la paz"mientras que los jugadores secundaban el paro de segundos al inicio del partido, motivado por la decisión de trasladar un partido de la Primera División a Miami.

5. La decisión del promotor del evento deportivo de cancelar el mismo tampoco puede achacarse de forma única a dicho acto. Véase que lo único que consta en la nota de prensa emitida por la LNFP el día 21-10-2025 es lo siguiente:

"LALIGA informa de que, tras conversaciones con la promotora del Partido Oficial de LALIGA en Miami, esta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas"(el subrayado es nuestro)".

Quien emite la nota de prensa es la LNFP, sin que se haga una referencia explícita a la causa concreta de cancelación del partido por parte del promotor. Y si bien evidentemente la protesta de los futbolistas tuvo incidencia en dicha decisión final, no es menos cierto que la referencia a las últimas semanas vincula la cancelación del partido a unos hechos acontecidos con anterioridad, en los que AFE y la LNFP mantuvieron posiciones discordantes sobre el proyecto. Y en cualquier caso, existiendo un conflicto laboral, es evidente que cualquier forma de reivindicación, protesta, presión o manifestación pública busca conseguir un efecto positivo en quien la secunda, eliminando o mitigando la decisión o conducta que motiva su actuación. Fin legítimo que puede verse conseguido, siempre que las citadas actuaciones se lleven a cabo dentro del respeto a las normas y derechos fundamentales.

6. Todo ello nos hace concluir que el paro secundado por los futbolistas y promovido por AFE no puede ser calificado como huelga, y por ende, no puede esta Sala entrar a valorar si la misma se puede ser calificada como ilegal, en los términos recogidos en el art. 11 del RDLey 17/1977, de 4 de marzo, ni sobre los concretos efectos de la misma y su materialización en los perjuicios denunciados en la demanda, que solo se indican de manera referencial en los hechos probados de la presente resolución, en orden a recoger la totalidad de los datos que pudieran afectar a un pronunciamiento de fondo.

En consecuencia, la demanda ha de ser desestimada en su integridad.

NOVENO.-Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que frente a la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto

PRIMERO. -La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 h) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO. -De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en cada una de las pruebas que se hacen constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos así como en la declaración de la perito que depuso en el acto de juicio.

TERCERO. - 1.La cuestión que se nos plantea en el presente conflicto colectivo es estrictamente jurídica, pues más allá de las interpretaciones que sobre determinados hechos puedan tener las partes, de los hechos declarados probados no se revela una controversia fáctica sustancial, sino más bien, la calificación jurídica que de los mismos pueda desprenderse una vez valoradas las circunstancias concurrentes.

2. La parte actora, la LNFP, considera que el paro de los jugadores de la Liga de Fútbol Profesional en la jornada novena de liga tiene la consideración de huelga y la misma ha de ser calificada de ilegal por contravenir lo dispuesto en el Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, al no haberse convocado cumpliendo con los requisitos mínimos exigidos por la normativa y la jurisprudencia (falta de comunicación escrita y preaviso, falta de convocatoria formal y comité de huelga, y ejecución de manera inmediata y unilateral). Todo ello, según se expresa en demanda, ha provocado un daño económico a la LNFP que la parte actora cifra en 8,7 millones de euros y un daño reputacional incuantificable. Por ello, en el suplico del escrito rector, insta a que esta Sala declare que el paro de los futbolistas de la jornada nueve constituye una huelga ilegal, con las consecuencias legales inherentes a dicha declaración.

3. Por su parte el sindicato AFE se opone a las pretensiones anteriores, al considerar que los hechos enjuiciados no constituyeron en ningún caso una huelga ilegal, sino el ejercicio legítimo del derecho de libertad de expresión de los futbolistas ante un conflicto laboral que reconoce expresamente, motivado por el traslado de uno de los partidos de la Liga de Futbol profesional fuera del territorio español, sin contar con la aquiescencia de los futbolistas y sin informar adecuadamente del proyecto. Manifiesta el sindicato que la escasa duración del paro, con una media de duración entre diez y quince segundos, unido al hecho de que los partidos se jugaron con total normalidad, no permite calificar tal hecho de huelga ilegal, y niega de forma rotunda los daños que se invocan por la parte demandante.

CUARTO.- 1.Baste la lectura de los hechos declarados probados en la presente resolución para verificar que a partir del día 31-7-2025, fecha en que el Villareal CF, el FC Barcelona y la empresa Relevent Sports LLC comunicaron a la RFEF su acuerdo para celebrar el partido de la decimoséptima jornada de liga entre ambos clubes en Miami, solicitando que fuera aprobado dicho proyecto, comenzó un periplo de discrepancias entre el sindicato AFE y la LNFP.

2. Es relevante verificar que en la reunión telemática celebrada el 11-8-2025 de la Junta Directiva de la RFEF en el punto del día número 4 figuraba la elevación a la UEFA de la petición para el inicio de los trámites para la ulterior autorización por la FIFA de la disputa del partido de la 17ª jornada de liga entre el Villareal Club de Fútbol SAD y el Fútbol Club Barcelona en Miami el 20-12-2025.

En esta reunión el sr. Fructuoso, Presidente de AFE y a su vez Vicepresidente de la RFEF ya mostró su disconformidad con la forma en que dicho proyecto se estaba llevando a cabo, denunciando que la decisión se estaba tomando sin contar con información suficiente, al no hablar con los jugadores ni con los capitanes de los equipos de Primera y Segunda División. De hecho, el sr. Fructuoso hizo referencia expresa a la necesidad de cumplir con las previsiones del art. 37 del convenio colectivo de aplicación, entendiendo que la patronal estaba actuando de manera unilateral. Y en consonancia con lo expuesto, sometida a votación la autorización para celebrar el partido fuera de España, se aprobó por mayoría, pero con el voto en contra del Sr. Fructuoso.

3. A partir de este momento, tomando como punto de partida el día 12-8-2025, se inicia un cruce incesante de comunicaciones entre el sr. Fructuoso, en su condición de Presidente de AFE y don Hipolito, Presidente de la LNFP por la que, atendiendo al respaldo por parte de la LNFP de la iniciativa de jugar el partido en Miami, se solicitaba la información pertinente del proyecto y se insistía en la necesidad de celebrar un encuentro para escuchar a los futbolistas y capitanes de la Liga de Futbol Profesional, proponiéndose fecha para las reuniones y un goteo incesante de desencuentros en lo que respecta a la celebración del partido que no demuestran sino la presencia de un conflicto laboral que desembocó en el hecho nuclear que aquí debe examinarse: el paro de los futbolistas en la jornada novena de Liga.

4. En aras a la brevedad de la presente resolución, damos por reproducidas las comunicaciones entre el sr. Fructuoso y el sr. Hipolito, que han quedado recogidas convenientemente en los hechos declaramos probados y que no sirven sino para dibujar el escenario previo a lo verdaderamente relevante.

QUINTO.-1. Y así, el 17-10-2025 AFE emitió un comunicado oficial anunciando lo siguiente:

"La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE),con el apoyo de los capitanes de Primera División,anuncia que, durante todos los partidos correspondientes a la novena jornada del Campeonato Nacional de Liga de Primera División de España,al inicio de cada encuentro, los futbolistas protestarán de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherenciade LALIGA, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos.

El sindicatoha decidido mantener al margen de la iniciativa, a pesar de que comparten la posición de fondo y los puntos críticos, a los futbolistas del FC Barcelona y Villareal CF,clubes solicitantes del proyecto, para evitar que la acción de protesta pudiera interpretarse como una posible medida contra ningún club.

Ante las permanentes negativasy propuestas quiméricas de LALIGA, la Asociación de Futbolistas Españoles rechaza de manera rotunda un proyecto que no cuenta con la aprobación de los protagonistas principalesde nuestro deporte y exige a la patronal la creación de una mesa de negociación en la que se comparta toda la información y se analicen las características excepcionales del proyecto, se atiendan las necesidades e inquietudes de los futbolistasy se garantice la protección de sus derechos laborales y el cumplimiento de la normativa actual".

2. En reunión de la Comisión Paritaria del Convenio celebrada el 22-10-2025 las partes implicadas ya manifestaron su posición frente a dicho paro, manifestando la LNFP que el mismo constituía una huelga y AFE una manifestación de la libertad de expresión. El paro se materializó en la jornada nueve de Liga, en los términos que más adelante se analizarán.

SEXTO.- 1.Expuesto lo anterior, debe traerse a colación en ese momento la reciente STS de 4-2-2026, rc. 215/2024 que al amparo de jurisprudencia constitucional, dibuja los contornos del derecho fundamental de huelga. En ella se hacen las siguientes consideraciones:

"1. El siguiente motivo del recurso cuestiona la legitimidad del sindicato FIST para convocar esta huelga. Al resolver este motivo debemos partir de la reiterada doctrina jurisprudencial que sostiene que el derecho de huelga es un derecho fundamental que no permite una interpretación restrictiva [por todas, STS 874/2025, de 2 de octubre (rec. 46/2024 ); y 884/2025, de 6 de octubre (rec. 58/2024 )].

2. El art. 7 de la CE reconoce a los sindicatos el carácter de organismos básicos del sistema político y el art. 28.2 de la CE reconoce el derecho fundamental a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses.

El art. 2.2.d) de la Ley Orgánica de Libertad Sindical tiene el siguiente contenido:

«2. Las organizaciones sindicales en el ejercicio de la libertad sindical, tienen derecho a [...] d) El ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella, que comprenderá, en todo caso, el derecho a la negociación colectiva, al ejercicio del derecho de huelga [...]».

El art. 3.Dos del Real Decreto-ley 17/1977 regula la legitimación para convocar huelgas: «Están facultados para acordar la declaración de huelga: a) Los trabajadores, a través de sus representantes [...]».

3. La STC (Pleno) 11/1981, de 8 de abril , explica que «[e]l artículo 28, apartado 2.°, de la Constitución , al decir que -se reconoce el derecho de huelga, de los trabajadores para la defensa de sus intereses, introduce en el ordenamiento jurídico español una importante novedad: la proclamación de la huelga como derecho subjetivo y como derecho de carácter fundamental [...] En este concepto más amplio, huelga es una perturbación que se produce en el normal desenvolvimiento de la vida social y en particular en el proceso de producción de bienes y de servicios que se lleva a cabo en forma pacífica y no violenta, mediante un concierto de los trabajadores y de los demás intervinientes en dicho proceso. En este sentido amplio, la huelga puede tener por objeto reivindicar mejoras en las condiciones económicas, o, en general. en las condiciones de trabajo, y puede suponer también una protesta con repercusión en otras esferas o ámbitos [...] el derecho de huelga comprende la facultad de declararse en huelga -estableciendo la causa o porqué y la finalidad reivindicativa que se persigue- y la facultad de elegir la modalidad de huelga ».

A continuación, el TC argumenta que lo que define el derecho de huelga es que es «un derecho atribuido a los trabajadores uti singuli, aunque tenga que ser ejercitado colectivamente mediante concierto o acuerdo entre ellos. Para aclarar lo que se entiende por ejercicio colectivo debe señalarse que son facultades del derecho de huelga la convocatoria o llamada, el establecimiento de las reivindicaciones, la publicidad o proyección exterior, la negociación y, finalmente, la decisión de darla por terminada. Se puede, por ello, decir que si bien la titularidad del derecho de huelga pertenece a los trabajadores y que a cada uno de ellos corresponde el derecho de sumarse o no a las huelgas declaradas, las facultades en que consiste el ejercicio del derecho de huelga, en cuanto acción colectiva y concertada, corresponden tanto a los trabajadores como a sus representantes y a las organizaciones sindicales.

No puede en absoluto decirse que el Real Decreto-Ley 17/77 esté impidiendo las llamadas huelgas sindicales. Esa conclusión no es posible desde el momento en que el art. 7 de la Constitución reconoce a los sindicatos de trabajadores, el carácter de organismos básicos del sistema político. De esta suerte, en el momento actual son perfectamente posibles las huelgas organizadas, dirigidas y controladas por los sindicatos de trabajadores y las llamadas huelgas espontáneas, que en la terminología anglosajona se conocen con el nombre de wild strikes, huelgas "salvajes" o huelgas sin control sindical.

Por ello, no es dudoso que el art. 3 del Real Decreto-Ley 17/77 hay que entenderlo en el sentido de que, si bien la titularidad del derecho de huelga les pertenece a los trabajadores, el derecho puede ser ejercitado por las organizaciones sindicales extiende la huelga.».

2. Son deportistas profesionales, de conformidad con lo dispuesto en el art. 21.1 de la Ley 39/2022 , de 30 de diciembre, del Deporte (BOE 31/12/2022), "quienes en virtud de una relación establecida con carácter regular, se dedican voluntariamente a la práctica deportiva por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de un club o entidad deportiva a cambio de una retribución"estando sujetas a la relación laboral especial prevista en el art. 2.1 d) del ET.

El art. 18 del RD 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales, prevé en su apartado Uno que "los deportistas profesionales tendrán los derechos colectivos reconocidos con carácter general en la legislación vigente, en la forma y condiciones que se pacten en los convenios".

3.No puede tampoco obviarse que el convenio colectivo para la actividad del fútbol profesional (BOE 8-12-2015) recoge en su Capítulo V los derechos y libertades de los futbolistas profesionales, en concreto y por lo que ahora nos concierne, los derechos sindicales en su art. 40 que dispone:

"1. Los Futbolistas Profesionales tendrán derecho a desarrollar, en el seno de los Clubes/SADs a que pertenezcan, la actividad sindical reconocida por la legislación vigente en la materia. A estos efectos, podrán elegir a los componentes de la plantilla que les representen ante el Club/SAD para tratar las materias relacionadas con su régimen laboral y condiciones en que se desarrolla.

2. Los Futbolistas Profesionales, afiliados a la AFE y pertenecientes a plantillas de equipos de la LNFP, podrán constituir secciones sindicales en los Clubes/SADs en que presten sus servicios, representados, a todos los efectos, por dos delegados sindicales.

3. Los Clubes/SADs deberán poner a disposición de los Futbolistas, en los vestuarios, un tablón de anuncios, que esté en lugar visible, que podrá ser utilizado por estos para sus comunicados sindicales o de interés para la plantilla".

4.Y asimismo, la Ley del Deporte reconoce como derecho de las personas deportistas profesionales, entre otros, en su art. 27, apartado f) "a nombrar personas que representen sus intereses frente a clubes y organizadores de las competiciones, pudiendo actuar en representación de asociaciones y sindicatos"y en su apartado 2 , los derechos específicos siguientes:

"Además, son derechos específicos de las personas deportistas a que se refiere el artículo 21.1 de esta ley : la negociación colectiva, la huelga y la rescisión unilateral de su relación laboral cuando exista incumplimiento grave y culpable de la entidad deportiva a que pertenezca".

SÉPTIMO.- 1.Ahora bien, junto con el derecho de huelga, que ya se reconoce expresamente por el art. 27.2 de la Ley del Deporte, el art. 7.Dos del RD 1006/1985 prevé expresamente:

"Los deportistas profesionales tendrán derecho a manifestar libremente sus opiniones sobre los temas relacionados con su profesión, con respeto de la Ley y de las exigencias de su situación contractual, y sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecerse en convenio colectivo, siempre que estén debidamente justificadas por razones deportivas".

2. Y el convenio colectivo para la actividad del fútbol profesional recoge expresamente en su art. 39 el derecho de libertad de expresión del siguiente modo:

"Los Futbolistas Profesionales tendrán derecho a manifestar libremente su pensamiento sobre cualquier materia y, en especial sobre los temas relacionados con su profesión, sin más limitaciones que las que se deriven de la Ley y el respeto a los demás".

3.Y directamente conectado con los derechos anteriores, esta Sala no puede obviar la doctrina constitucional acerca del derecho de libertad sindical en conexión con el derecho a la libertad de expresión, recogida entre otras en STC de 27-3-2023, rec. 6005/2021 en la que el Alto Tribunal realiza las siguientes consideraciones:

"a) La STC 89/2018, de 6 de septiembre, FJ 3 sintetiza el contenido del derecho a la libertad de expresión en el ámbito sindical [ art. 20.1 a) CE] en los siguientes términos: «[E]l derecho a la libertad de expresión tiene por objeto la libre expresión de pensamientos, ideas y opiniones, concepto amplio dentro del cual deben incluirse las creencias y juicios de valor. Según hemos dicho con reiteración, este derecho comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige ( SSTC 6/2000, de 17 de enero, FJ 5; 49/2001, de 26 de febrero, FJ 4, y 204/2001, de 15 de octubre, FJ 4), pues "así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe 'sociedad democrática' ( SSTEDH de 23 de abril de 1992, Castells c. España, § 42, y de 29 de febrero de 2000, Fuentes Bobo c. España, § 43). Fuera del ámbito de protección de dicho derecho se sitúan las frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito, dado que el art. 20.1 a) CE no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería, por lo demás incompatible con la norma fundamental" ( SSTC 204/1997, de 25 de noviembre; 134/1999, de 15 de julio, FJ 3; 6/2000, de 17 de enero, FJ 5; 11/2000, de 17 de enero, FJ 7; 110/2000, de 5 de mayo, FJ 8; 297/2000, de 11 de diciembre, FJ 7; 49/2001, de 26 de febrero, FJ 5, y 148/2001, de 15 de octubre, FJ 4)». Los sindicatos son titulares del derecho a la libertad de expresión y pueden ejercerlo a través de un representante o dirigente que manifieste la opinión de la organización en relación con un asunto que afecte a los intereses de los trabajadores ( STC 160/2003, de 15 de septiembre, FJ 3). El derecho a la libertad de expresión del que son titulares los sindicatos no es la del genérico derecho del que son titulares todos los ciudadanos, sino el derecho a la libertad de expresión sobre materias de interés laboral o sindical como instrumento del ejercicio de la función representativa sindical. La invocación del derecho a la libertad de expresión [ art. 20.1 a) CE] carece pues de sustantividad propia y no es escindible de la que se hace del derecho a la libertad sindical ( SSTC entre otras 213/2002, de 11 de noviembre, FJ 4; 198/2004, de 15 de noviembre, FJ 4; 208/2008, de 22 de septiembre, FJ 4; 203/2015, de 5 de octubre, FJ 5; 89/2018, de 6 de septiembre, FJ 2 y las citadas en esta última). Este tribunal ha reconocido, en materia de libertad de expresión, que cuando la conducta se desarrolla en el marco de la libertad sindical, su ámbito de protección es más amplio ( STC 89/2018, de 6 de septiembre, FJ 6 y las en ella citadas). b) Expuesta la necesaria conexión entre el derecho a la libertad de expresión [ art. 20.1 a) CE] y el derecho a la libertad sindical ( art. 28.1 CE) , conviene recordar el contenido plural de este último derecho ( art. 2 en relación con los arts. 8 a 11 de la Ley Orgánica de libertad sindical : LOLS). Según reiterada doctrina constitucional, expuesta de forma exhaustiva en la STC 281/2005, de 7 de noviembre, FJ 3: "Aun cuando del tenor literal del art. 28.1 CE pudiera deducirse la restricción del contenido de la libertad sindical a una vertiente exclusivamente organizativa o asociativa, este tribunal ha declarado reiteradamente, en virtud de una interpretación sistemática de los arts. 7 y 28 CE, efectuada según el canon hermenéutico del art. 10.2 CE, que llama a los textos internacionales ratificados por España -en este caso, Convenios de la Organización Internacional del Trabajo núms. 87 y 98, señaladamente-, que la enumeración de derechos efectuada en el primeramente referido precepto constitucional no se realiza con el carácter de numerus clausus, sino que en el contenido de dicho precepto se integra también la vertiente funcional, es decir, el derecho de los sindicatos a ejercer aquellas actividades dirigidas a la defensa, protección y promoción de los intereses de los trabajadores; en suma, a desplegar los medios de acción necesarios para que puedan cumplir las funciones que constitucionalmente les corresponden (por todas, SSTC 94/1995, de 19 de junio, FJ 2; 308/2000, de 18 de diciembre, FJ 6; 185/2003, de 27 de octubre, FJ 6, y 198/2004, de 15 de noviembre, FJ 5). Las anteriores expresiones del derecho fundamental (organizativas o asociativas y funcionales o de actividad) constituyen su núcleo mínimo e indisponible, el contenido esencial de la libertad sindical. En particular, en coherencia con la vertiente funcional del derecho, la Ley Orgánica de libertad sindical establece que la libertad sindical comprende el derecho a la actividad sindical [art. 2.1 d)] y, de otra parte, que las organizaciones sindicales, en el ejercicio de su libertad sindical, tienen derecho a desarrollar actividades sindicales en la empresa o fuera de ella [art. 2.2 d)]". El derecho a la libre actividad sindical comprensiva de todos los medios lícitos prohíbe todo acto de injerencia, impeditivo u obstativo del ejercicio de la libre actividad sindical, por parte de terceros en general y del empleador en particular que en ningún caso podrá ampararse en sus poderes o facultades empresariales [ arts. 1.1 y 5 c) de la Ley del estatuto de los trabajadores ( LET)] como pretexto para quebrantar el ámbito de libertad protegido en el art. 28.1 CE (entre otras SSTC 134/1994; de 9 de mayo, FJ 4; 227/2006, de 17 de julio, FJ 3, y 89/2018, de 6 de septiembre, FJ 3).

OCTAVO.- 1.Vista la normativa y jurisprudencia recogida en los dos fundamentos de derecho precedentes, esta Sala no puede acoger la tesis de la LNFP, pues entiende que el parón de los futbolistas en la novena jornada de la Liga de Futbol Profesional no tiene la consideración de una huelga y sí de una manifestación de la libertad de expresión, tanto de los jugadores que secundaron el mismo como del propio sindicato AFE, del que partió la iniciativa.

2. Si se analizan las concretas circunstancias en las que se produjeron los hechos, consta acreditado que al inicio de los partidos, los jugadores permanecieron inmóviles sin intención de empezar a jugar. El tiempo transcurrido entre el inicio del partido y el inicio de juego, no superó en ningún caso los quince segundos, siendo en ocasiones incluso más breve. Solo en el partido Celta de Vigo-Real Sociedad, se produjeron dos paros, al inicio del partido y en el minuto uno, tras un saque de banda, permaneciendo los jugadores inmóviles de nuevo durante diez segundos. Dichos paros se registraron en las actas arbitrales en el apartado "otras observaciones"en las que los árbitros reseñaron el paro de los jugadores al inicio del partido, y la continuación del juego hasta el final del mismo sin incidencia alguna. La interrupción del juego se produjo durante la jornada de trabajo de los citados futbolistas, que comprende "la prestación se servicios ante el público y el tiempo en que esté bajo las órdenes directas del club o entidad deportiva a efectos de entrenamiento o preparación física y técnica para la misma"( art. 9 RD 1006/1985), en consonancia también con lo dispuesto en el art. 7 del convenio colectivo de aplicación.

3. La motivación de dicho paro fue clara, tal y como se expresa en el comunicado emitido por AFE anunciando el mismo: protestar de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LALIGA, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos, y ello ante la falta de información y consulta a los directamente implicados, sobre la posibilidad de disputar en el extranjero.

Es cierto que conforme a lo dispuesto en el art. 37 del convenio colectivo de aplicación las partes (AFE-LNFP) acordaron y se comprometieron a dedicar sus mejores esfuerzos a desarrollar e implementar proyectos y programas orientados a la promoción de las competiciones, eventos, actividades de marketing en general, promovidos por la LNFP y sus patrocinadores, dedicando AFE sus esfuerzos para asegurar la presencia de jugadores en activo y retirados en los eventos que se recogen en el precepto. Y si bien pudiera entenderse que el partido en Miami no fue promovido por la LNFP, mostrando únicamente su aquiescencia al proyecto planteado por los Clubes implicados y el promotor del evento, ello no excluye que tanto AFE como los jugadores de los equipos, no pudieran ser destinatarios de cuanta información fuera precisa para conocer el proyecto y sus implicaciones.

4.No estamos conformes con que la convocatoria de la protesta se hiciera para dejar a un lado los presupuestos y requisitos de la convocatoria de una huelga. Véase que desde que se aprueba por la RFEF la propuesta realizada por el Villareal CF y el FC Barcelona, el goteo de comunicaciones entre AFE y la LNFP es incesante, sin que se atendiera a las reivindicaciones de información sobre el proyecto en los términos requeridos por AFE, que consideraba insuficiente, ya sea por imposibilidad de reunirse ambas partes, ya por entender la Liga que no podía anticiparse información antes de la aprobación definitiva del proyecto. Sea como fuere, y ante la imposibilidad de ser escuchados los capitanes de los clubes, AFE y los jugadores decidieron instrumentar su malestar a través del paro que se secundó en los partidos de la novena jornada. Paro que por su escasa duración (10 segundos de una duración de 90 minutos, a salvo del tiempo añadido en su caso) y nula trascendencia en cuanto al desarrollo de la novena jornada, pues todos los partidos se jugaron hasta su finalización sin incidencia alguna más allá de los lances del juego, no puede calificarse o tildarse de huelga. Todo ello sin olvidar que la propia LNFP trató de difuminar la puesta en conocimiento de las razones de dicha protesta haciendo coincidir con el paro de los futbolistas, un acto de apoyo del fútbol con la paz, al hilo del conflicto en Palestina, apareciendo en las retransmisiones de televisión la mención "compromiso por la paz"mientras que los jugadores secundaban el paro de segundos al inicio del partido, motivado por la decisión de trasladar un partido de la Primera División a Miami.

5. La decisión del promotor del evento deportivo de cancelar el mismo tampoco puede achacarse de forma única a dicho acto. Véase que lo único que consta en la nota de prensa emitida por la LNFP el día 21-10-2025 es lo siguiente:

"LALIGA informa de que, tras conversaciones con la promotora del Partido Oficial de LALIGA en Miami, esta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas"(el subrayado es nuestro)".

Quien emite la nota de prensa es la LNFP, sin que se haga una referencia explícita a la causa concreta de cancelación del partido por parte del promotor. Y si bien evidentemente la protesta de los futbolistas tuvo incidencia en dicha decisión final, no es menos cierto que la referencia a las últimas semanas vincula la cancelación del partido a unos hechos acontecidos con anterioridad, en los que AFE y la LNFP mantuvieron posiciones discordantes sobre el proyecto. Y en cualquier caso, existiendo un conflicto laboral, es evidente que cualquier forma de reivindicación, protesta, presión o manifestación pública busca conseguir un efecto positivo en quien la secunda, eliminando o mitigando la decisión o conducta que motiva su actuación. Fin legítimo que puede verse conseguido, siempre que las citadas actuaciones se lleven a cabo dentro del respeto a las normas y derechos fundamentales.

6. Todo ello nos hace concluir que el paro secundado por los futbolistas y promovido por AFE no puede ser calificado como huelga, y por ende, no puede esta Sala entrar a valorar si la misma se puede ser calificada como ilegal, en los términos recogidos en el art. 11 del RDLey 17/1977, de 4 de marzo, ni sobre los concretos efectos de la misma y su materialización en los perjuicios denunciados en la demanda, que solo se indican de manera referencial en los hechos probados de la presente resolución, en orden a recoger la totalidad de los datos que pudieran afectar a un pronunciamiento de fondo.

En consecuencia, la demanda ha de ser desestimada en su integridad.

NOVENO.-Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que frente a la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto