Sentencia Social 20/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 400/2024 de 07 de febrero del 2025

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del proceso de conflicto colectivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan únicamente en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.-Considera el sindicato demandante que las empresas del Grupo Renfe no permiten el acceso de los trabajadores y de sus representantes al registro de jornada, pese a la obligación que emana del artículo 34.9 ET. Y plantea por ello el presente Conflicto Colectivo interesando, en primer lugar, a habilitar el acceso de la RLT y, en particular. que las entidades Renfe Viajeros y Renfe Ingeniería y Mantenimiento pongan a disposición de sus plantillas, de manera inmediata, los registros de jornada de los últimos cuatro años.

Como anticipamos en los antecedentes de hecho, la representación de las empresas del Grupo Renfe excepcionó falta de acción y la inadecuación de procedimiento. Vamos a acometer, en primer lugar, la excepción de falta de acción, puesto que, si fuera estimada, no habría razón alguna para resolver la segunda de las excepciones ni para conocer del fondo del asunto.

La Sala, en SAN 4-12-2015, proced. 301/2015, ya estudió la excepción de falta de acción, señalando lo siguiente: "La STS de 18 de julio de 2002 (Rec. 1289/2001 ) realizó un importante esfuerzo para delimitar el concepto de "falta de acción". Dicha sentencia razona que: "La denominada" falta de acción "no tiene, al menos desde la visión de los tribunales laborales, un estatuto procesal claramente delimitado que le otorgue autonomía propia. Ello ha propiciado que, según las ocasiones, se la haya identificado, y no en todos los casos acertadamente, con: A) un desajuste subjetivo entre la acción y su titular; B) una inadecuación objetiva del proceso elegido en relación con la pretensión ejercitada; C) la ausencia de un interés litigioso actual y real, de modo especial cuando se ejercitan acciones declarativas; y D) una falta de fundamentación de la pretensión ejercitada".- Hemos mantenido el mismo criterio, en SAN 23-12-2013, proced. 386/2012 ; 11-02-2014, procedimientos 477/2013 y 356/2013 , 25-02- 2014, proced. 39/14 , 21-07-2014, proced. 135/2014 , SAN 2-03-2016, proced. 377/15 , SAN 10-05-2017, proced. 71/17 y SAN 20-07-2017, proced. 177/2017 , en los que hemos definido qué criterios son aplicables para la estimación de la excepción de falta de acción".

El art. 153.1 LRJS dice lo siguiente: 1. Se tramitarán a través del presente proceso las demandas que afecten a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores o a un colectivo genérico susceptible de determinación individual y que versen sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, pactos o acuerdos de empresa, o de una decisión empresarial de carácter colectivo, incluidas las que regulan el apartado 2 del artículo 40, el apartado 2 del artículo 41, y las suspensiones y reducciones de jornada previstas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores que afecten a un número de trabajadores igual o superior a los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, o de una práctica de empresa y de los acuerdos de interés profesional de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, así como la impugnación directa de los convenios o pactos colectivos no comprendidos en el artículo 163 de esta Ley. Las decisiones empresariales de despidos colectivos se tramitarán de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de esta Ley.

Es claro, por tanto, que el conflicto colectivo constituye un vehículo adecuado para resolver conflictos jurídicos, entre los que cabe la interpretación y/o aplicación de normas convencionales, siempre que se trate de conflictos jurídicos actuales, en los que las posiciones de los litigantes estén perfectamente definidas, entendiéndose como tales, que mantengan posiciones antagónicas.

En el presente supuesto la Sala no aprecia la concurrencia de esos presupuestos. De hecho, no existe discrepancia ni posición antagónica alguna por parte de la demandada en relación al acceso al registro horario en los términos previstos en el art.34.9 ET. Y no se cuestiona en la demanda que en las empresas del Grupo Renfe exista un sistema de control de presencia (si bien se citan únicamente como sociedades que no cumplen estrictamente con aquella obligación a Renfe Viajeros y a Renfe Ingeniería y Mantenimiento). Lo acreditado, sin embargo, es que en ambas existe un sistema de control horario que posibilita la consulta por parte de los trabajadores y el acceso a tales datos por la RLT. Solo de manera forzada se puede interpretar que existe en aquellas dos entidades un incumplimiento generalizado de aquella obligación legal. Y decimos forzada porque lo cierto es que en la entidad Renfe Viajeros se implantó un nuevo sistema de digitalización del registro horario desde el 5 de diciembre de 2024; procedimiento del que se informó al Comité General del Grupo Renfe en reunión de fecha 3 de diciembre de 2024. E igualmente consta acreditado que en Renfe Ingeniería y Sistemas existe un Sistema de Control de Presencia implantado desde el año 2017 que permite a la RLT y a los trabajadores consultar sus datos de jornada de los últimos cuatro años bien a través de los ordenadores de la empresa bien efectuando la petición correspondiente a Recursos Humanos. Y, pese a la evidencia de tales sistemas, el sindicato ahora demandante presenta una primera solicitud de reunión de la Comisión de Conflictos Laborales de Dirección de Relaciones Laborales del Grupo Renfe en fecha 11 de diciembre de 2024 y, sin que conste la celebración de aquella reunión o, al menos, su convocatoria, inmediatamente después presenta papeleta de conciliación en fecha 13 de diciembre de 2024 e interpone, en esa misma fecha, la demanda que ha dado origen al presente procedimiento. Y solo posteriormente, desde el 13 de diciembre de 2024 y hasta el 14 de enero de 2025 (hecho probado cuarto) el sindicato actor presenta un mismo formulario en distintos centros de trabajo para, sin esperar respuesta, intentar afirmar la existencia de un incumplimiento generalizado en relación al acceso a los registros horarios. A la vista de aquellos hechos, sin embargo, no es posible apreciar la existencia de una práctica generalizada por parte de las empresas del Grupo Renfe o la existencia de un criterio restrictivo aplicado por las mismas en relación al acceso al registro horario previsto en el art.34.9 ET. Cabe recordar en este punto que, como ya hemos señalado en SAN de 9 de diciembre de 2024, proc. 54/2022, en lo relativo a los sistemas de acceso a los registros de jornada "[...] si el legislador quisiera establecer ese sistema de acceso inmediato al registro de jornada el mismo habría de resultar de manera inequívoca de la previsión legal. Sin embargo, el tenor literal del art.34.9 ET no permite afirmar que exista una obligación diferenciada de poner a disposición de la RLT un sistema de acceso inmediato distinto de la entrega mensual de dicha información pactada con la representación mayoritaria de los trabajadores".Pues bien, dada esa ausencia de esa práctica empresarial rectrictiva, sin perjuicio de posibles situaciones puntuales que podrán dar lugar, en su caso, a acciones individuales de los trabajadores que pudieran haber resultado afectados, se ha de apreciar la excepción de falta de acción para iniciar un Conflicto Colectivo como el pretendido en demanda.

En definitiva, al ejercitar la parte una acción meramente declarativa, no concurre el presupuesto básico que permita apreciar una adecuación objetiva entre el proceso elegido y la pretensión ejercitada, ni cabe apreciar un interés litigioso actual y real que posibilite una acción de Conflicto Colectivo como la ejercitada.

Por lo expuesto, y al apreciarse la falta de acción, la demanda ha de ser desestimada.

CUARTO.-La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto