Sentencia Social 86/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 54/2026 de 08 de mayo del 2026

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del proceso de conflicto colectivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan únicamente en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.-Como consta en los antecedentes fácticos de la presente resolución por parte de la empresa SERVEO SERVICIOS SAU se pretende sea declarada ilegal y abusiva la huelga promovida por el sindicato SFF-CGT que tuvo lugar finalmente los días 10 y 11 de febrero de 2026 (se desconvocó el llamamiento inicial para el 9 de febrero). Y ello por lo que se afirma son irregularidades de forma y fondo en la convocatoria que denotarían la existencia de un ejercicio abusivo del derecho de huelga por parte de la entidad convocante.

Se afirma, de este modo, que se infringe lo dispuesto en el art.11 del Real Decreto Ley 17/1977 por cuanto la convocatoria de huelga del sindicato demandado contraviene lo dispuesto en tal norma. Y ello al afirmar que con su conducta el sindicato SFF CGT ha violentado y adulterado la negociación en perjuicio de la empresa y el interés público y que se ha impedido o, como mínimo, dificultado la negociación de forma crítica impidiendo la posibilidad de un acuerdo.

Recordemos que el art. 11 Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, dice textualmente lo siguiente:

La huelga es ilegal:

a) Cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados.

b) Cuando sea de solidaridad o apoyo, salvo que afecte directamente al interés profesional de quienes la promuevan o sostengan (el inciso directamente fue declarado inconstitucional por STCo 11/1981, de 8 de abril).

c) Cuando tenga por objeto alterar, dentro de su período de vigencia, lo pactado en un Convenio Colectivo o lo establecido por laudo.

d) Cuando se produzca contraviniendo lo dispuesto en el presente Real Decreto-ley, o lo expresamente pactado en Convenio Colectivo para la solución de conflictos.

La jurisprudencia, por todas STS 11-02-2015, rec. 95/14, ya examinó el alcance del derecho de huelga, garantizado por el art. 28.2 CE, en relación con el art. 2.2.d LOLS, concluyendo lo siguiente:

La solución de la cuestión controvertida exige una ponderación adecuada del contenido y los límites de dos derechos constitucionales en presencia, como son el derecho fundamental de huelga, consagrado en el artículo 28.2 de la Constitución, ubicado en la Sección 1ª del Capítulo II, y la libertad de empresa, que se reconoce en el artículo 38 de la Constitución, ubicado en la Sección 2ª de dicho Capítulo II, derechos a los que debe añadirse el también constitucional derecho de trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, que reconoce el artículo 37.2 de la Constitución.

La STC 123/1992 de 28 de septiembre contiene el siguiente razonamiento al respecto: "El derecho de huelga, que hemos calificado ya como subjetivo por su contenido y fundamental por su configuración constitucional, goza además de una singular preeminencia por su más intensa protección. En efecto, la Constitución reconoce en su art. 37 el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, pero desgaja de este marco general una de ellas, la huelga, para colocarlo en lugar preferente, el art. 28, confiriéndole -como a todos los de su grupo- una mayor consistencia que se refleja en el mayor rango exigible para la Ley que lo regule y en la más completa tutela jurisdiccional, con un cauce procesal ad hoc en la vía judicial ordinaria y el recurso de amparo ante nosotros ( arts. 53 , 81 y 161 CE ). La preeminencia de este derecho produce, durante su ejercicio, el efecto de reducir y en cierto modo anestesiar, paralizar o mantener en una vida vegetativa, latente, otros derechos que en situaciones de normalidad pueden y deben desplegar toda su capacidad potencial. Tal sucede con la potestad directiva del empresario, regulada en el art. 20 del Estatuto de los Trabajadores ".

En cuanto al alcance del derecho de huelga, la STC 33/2011, de 28 de marzo, señaló lo siguiente: "Por otra parte, como dijéramos en la decisiva STC 11/1981, de 8 de abril , que ha inspirado de forma continua los pronunciamientos posteriores de este Tribunal en la materia: "la huelga se consagra como un derecho constitucional, lo que es coherente con la idea del Estado social y democrático de Derecho establecido por el art. 1.1 de la Constitución , que entre otras significaciones tiene la de legitimar medios de defensa a los intereses de grupos y estratos de la población socialmente dependientes, y entre los que se cuenta el de otorgar reconocimiento constitucional a un instrumento de presión que la experiencia secular ha mostrado ser necesario para la afirmación de los intereses de los trabajadores en los conflictos socioeconómicos, conflictos que el Estado social no puede excluir, pero a los que sí puede y debe proporcionar los adecuados cauces institucionales; lo es también con el derecho reconocido a los sindicatos en el art. 7 de la Constitución , ya que un sindicato sin derecho al ejercicio de la huelga quedaría, en una sociedad democrática, vaciado prácticamente de contenido; y lo es, en fin, con la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y grupos sociales sean reales y efectivas ( art. 9.2 de la Constitución )"(FJ 9).

CUARTO.-A la vista de la doctrina constitucional antes señalada y de los hechos declarados como probados se ha de dar respuesta a las pretensiones de la demanda. La empresa Serveo sostiene, en primer lugar, como defecto formal demostrativo de fraude de ley y de la intención del sindicato de hacer un uso abusivo del derecho de huelga, la existencia de una finalidad ilícita (causar un perjuicio a la empresa) que puede apreciarse en la variación del contenido de la petición de mediación respecto del contenido final de la convocatoria y dada la inclusión de peticiones que escaparían a la posibilidad de negociación y a las facultades de la empleadora.

Tal argumentación, sin embargo, no puede ser compartida por la Sala. Si bien es cierto que el art.3 del Real Decreto-ley 17/1997 exige que el escrito de comunicación de la convocatoria de huelga exprese los objetivos de la huelga no se requiere un detalle agotador o exhaustivo de las pretensiones o intereses perseguidos. Basta, por tanto, una identificación clara y precisa de la reivindicación que conduce a su convocatoria. Por ello, la mención somera de los objetivos de la huelga es suficiente si permite el conocimiento de su contenido, cubriendo la concreción imprescindible para posibilitar la reacción de todos los agentes afectados (TS 22-9-20, rec. 185/2018). Además del contenido mínimo legal, el escrito de preaviso debe precisar el ámbito subjetivo de la huelga, es decir, los trabajadores a los que afecta, lo que resulta especialmente obligado cuando se promueva en servicios esenciales de la comunidad a fin de que puedan determinarse los servicios mínimos necesarios (TS 22-10-02, 48/2002).

Pues bien, en el presente supuesto ya la petición de mediación incluía a la totalidad de empleados de la empresa demandante. Y esa misma extensión subjetiva se desprende de la comunicación de convocatoria, aunque en la misma ya se citara expresamente a "los servicios de restauración y atención a bordo de los trenes y logística para los trenes de transporte ferroviario de viajeros".Tal terminología no restringe la ya anunciada en la petición de mediación (totalidad de la plantilla) ni permite afirmar la existencia de una intención fraudulenta por parte del sindicato demandado. La terminología desarrollada en la comunicación de la convocatoria resulta, por otra parte, coincidente, al menos parcialmente, con la también utilizada por el resto de los sindicatos convocantes de huelga en las mismas fechas (hecho probado séptimo).

A lo anterior debe añadirse que tanto en petición de mediación inicial como en la comunicación formal de la convocatoria sí existían propuestas concretas que la Sala no puede considerar como desvinculadas de la actividad y potestades de la demandante. Así, se hacía referencia a la necesidad de un protocolo en materia de seguridad y emergencias, a la necesidad de dotaciones mínimas de personal (también en las contratas) o a la adopción de medidas relativas a la jornada, descansos, cargas de trabajo y salud laboral. No cabe reducir tales peticiones a meras peticiones de política legislativa ajenas a las funciones desempeñadas por Serveo Servicios y de cumplimiento o negociación imposibles. Y ello en atención a las obligaciones que le incumben, tal y como señala la demandada, conforme al art.64.5 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario (aplicación de medidas de control de riesgos que afecta a los agentes que tengan una posible incidencia en la seguridad de la explotación del sistema ferroviario); art.24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (coordinación de actividades empresariales en materia preventiva); y arts. 32.2 y 90 del Convenio de aplicación (formación en materia de seguridad y salud laboral y principios generales pactados sobre tal materia). Resulta, por otra parte, ciertamente llamativo que se califiquen tales peticiones como de imposible cumplimiento y, al mismo tiempo, se reconozca haber alcanzado un acuerdo de desconvocatoria con otros sindicatos por el que se pactan cuestiones tales como la formación y capacitación en materia de autoprotección, emergencias y seguridad para las tripulaciones de Serveo, la aprobación de un protocolo de incidencias a bordo, la elaboración y armonización de protocolos de seguridad o la mejora de los canales de comunicación entre todo el personal a bordo. Mal casa todo ello con la afirmación relativa al cumplimiento imposible de la totalidad de las propuestas formuladas por el sindicato SFF CGT en su convocatoria.

Existe un segundo bloque argumental por el que la empresa interesa la declaración de ilegalidad. Se afirma que el sindicato demandado ha impedido o, como mínimo, dificultado la negociación y la adopción de un acuerdo. Tal afirmación carece, a juicio de esta Sala, de cualquier soporte probatorio. Es cierto que, conforme se desprende del art.8.2 del Real Decreto-ley 17/1977, durante la huelga, el comité de huelga y el empresario o, en su caso, las asociaciones empresariales están obligadas a negociar para llegar a un acuerdo, pudiendo recurrir a procedimientos de mediación. Pero, tal y como también señala con acierto el Ministerio Público, no es posible afirmar que los ahora demandados han faltado a su deber negociador cuando se reconoce abiertamente que Serveo no mantuvo ninguna reunión, ni presencial ni virtual, ni con el Comité de Huelga ni con el sindicato SFF de la CGT. No se cuestiona, pues nada se indica en la demanda, que existiera incumplimiento imputable a los distintos Comités de Huelga o negativa a constituir una comisión única (cuestión ya resuelta por la STC 130/2021) sino de la ausencia de prueba de conducta fraudulenta imputable a las ahora demandadas. Así pues, a la vista de los hilos de correo electrónico aportados, no cabe afirmar que las codemandadas se negaran a negociar de buena fe, alteraran la negociación o rompieran en forma alguna el equilibrio de la misma.

A la vista de lo expuesto hemos de dictar sentencia desestimatoria, al no apreciar las causas de ilegalidad de la huelga que se afirman en la demanda.

QUINTO.-La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del proceso de conflicto colectivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan únicamente en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.-Como consta en los antecedentes fácticos de la presente resolución por parte de la empresa SERVEO SERVICIOS SAU se pretende sea declarada ilegal y abusiva la huelga promovida por el sindicato SFF-CGT que tuvo lugar finalmente los días 10 y 11 de febrero de 2026 (se desconvocó el llamamiento inicial para el 9 de febrero). Y ello por lo que se afirma son irregularidades de forma y fondo en la convocatoria que denotarían la existencia de un ejercicio abusivo del derecho de huelga por parte de la entidad convocante.

Se afirma, de este modo, que se infringe lo dispuesto en el art.11 del Real Decreto Ley 17/1977 por cuanto la convocatoria de huelga del sindicato demandado contraviene lo dispuesto en tal norma. Y ello al afirmar que con su conducta el sindicato SFF CGT ha violentado y adulterado la negociación en perjuicio de la empresa y el interés público y que se ha impedido o, como mínimo, dificultado la negociación de forma crítica impidiendo la posibilidad de un acuerdo.

Recordemos que el art. 11 Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, dice textualmente lo siguiente:

La huelga es ilegal:

a) Cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados.

b) Cuando sea de solidaridad o apoyo, salvo que afecte directamente al interés profesional de quienes la promuevan o sostengan (el inciso directamente fue declarado inconstitucional por STCo 11/1981, de 8 de abril).

c) Cuando tenga por objeto alterar, dentro de su período de vigencia, lo pactado en un Convenio Colectivo o lo establecido por laudo.

d) Cuando se produzca contraviniendo lo dispuesto en el presente Real Decreto-ley, o lo expresamente pactado en Convenio Colectivo para la solución de conflictos.

La jurisprudencia, por todas STS 11-02-2015, rec. 95/14, ya examinó el alcance del derecho de huelga, garantizado por el art. 28.2 CE, en relación con el art. 2.2.d LOLS, concluyendo lo siguiente:

La solución de la cuestión controvertida exige una ponderación adecuada del contenido y los límites de dos derechos constitucionales en presencia, como son el derecho fundamental de huelga, consagrado en el artículo 28.2 de la Constitución, ubicado en la Sección 1ª del Capítulo II, y la libertad de empresa, que se reconoce en el artículo 38 de la Constitución, ubicado en la Sección 2ª de dicho Capítulo II, derechos a los que debe añadirse el también constitucional derecho de trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, que reconoce el artículo 37.2 de la Constitución.

La STC 123/1992 de 28 de septiembre contiene el siguiente razonamiento al respecto: "El derecho de huelga, que hemos calificado ya como subjetivo por su contenido y fundamental por su configuración constitucional, goza además de una singular preeminencia por su más intensa protección. En efecto, la Constitución reconoce en su art. 37 el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, pero desgaja de este marco general una de ellas, la huelga, para colocarlo en lugar preferente, el art. 28, confiriéndole -como a todos los de su grupo- una mayor consistencia que se refleja en el mayor rango exigible para la Ley que lo regule y en la más completa tutela jurisdiccional, con un cauce procesal ad hoc en la vía judicial ordinaria y el recurso de amparo ante nosotros ( arts. 53 , 81 y 161 CE ). La preeminencia de este derecho produce, durante su ejercicio, el efecto de reducir y en cierto modo anestesiar, paralizar o mantener en una vida vegetativa, latente, otros derechos que en situaciones de normalidad pueden y deben desplegar toda su capacidad potencial. Tal sucede con la potestad directiva del empresario, regulada en el art. 20 del Estatuto de los Trabajadores ".

En cuanto al alcance del derecho de huelga, la STC 33/2011, de 28 de marzo, señaló lo siguiente: "Por otra parte, como dijéramos en la decisiva STC 11/1981, de 8 de abril , que ha inspirado de forma continua los pronunciamientos posteriores de este Tribunal en la materia: "la huelga se consagra como un derecho constitucional, lo que es coherente con la idea del Estado social y democrático de Derecho establecido por el art. 1.1 de la Constitución , que entre otras significaciones tiene la de legitimar medios de defensa a los intereses de grupos y estratos de la población socialmente dependientes, y entre los que se cuenta el de otorgar reconocimiento constitucional a un instrumento de presión que la experiencia secular ha mostrado ser necesario para la afirmación de los intereses de los trabajadores en los conflictos socioeconómicos, conflictos que el Estado social no puede excluir, pero a los que sí puede y debe proporcionar los adecuados cauces institucionales; lo es también con el derecho reconocido a los sindicatos en el art. 7 de la Constitución , ya que un sindicato sin derecho al ejercicio de la huelga quedaría, en una sociedad democrática, vaciado prácticamente de contenido; y lo es, en fin, con la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y grupos sociales sean reales y efectivas ( art. 9.2 de la Constitución )"(FJ 9).

CUARTO.-A la vista de la doctrina constitucional antes señalada y de los hechos declarados como probados se ha de dar respuesta a las pretensiones de la demanda. La empresa Serveo sostiene, en primer lugar, como defecto formal demostrativo de fraude de ley y de la intención del sindicato de hacer un uso abusivo del derecho de huelga, la existencia de una finalidad ilícita (causar un perjuicio a la empresa) que puede apreciarse en la variación del contenido de la petición de mediación respecto del contenido final de la convocatoria y dada la inclusión de peticiones que escaparían a la posibilidad de negociación y a las facultades de la empleadora.

Tal argumentación, sin embargo, no puede ser compartida por la Sala. Si bien es cierto que el art.3 del Real Decreto-ley 17/1997 exige que el escrito de comunicación de la convocatoria de huelga exprese los objetivos de la huelga no se requiere un detalle agotador o exhaustivo de las pretensiones o intereses perseguidos. Basta, por tanto, una identificación clara y precisa de la reivindicación que conduce a su convocatoria. Por ello, la mención somera de los objetivos de la huelga es suficiente si permite el conocimiento de su contenido, cubriendo la concreción imprescindible para posibilitar la reacción de todos los agentes afectados (TS 22-9-20, rec. 185/2018). Además del contenido mínimo legal, el escrito de preaviso debe precisar el ámbito subjetivo de la huelga, es decir, los trabajadores a los que afecta, lo que resulta especialmente obligado cuando se promueva en servicios esenciales de la comunidad a fin de que puedan determinarse los servicios mínimos necesarios (TS 22-10-02, 48/2002).

Pues bien, en el presente supuesto ya la petición de mediación incluía a la totalidad de empleados de la empresa demandante. Y esa misma extensión subjetiva se desprende de la comunicación de convocatoria, aunque en la misma ya se citara expresamente a "los servicios de restauración y atención a bordo de los trenes y logística para los trenes de transporte ferroviario de viajeros".Tal terminología no restringe la ya anunciada en la petición de mediación (totalidad de la plantilla) ni permite afirmar la existencia de una intención fraudulenta por parte del sindicato demandado. La terminología desarrollada en la comunicación de la convocatoria resulta, por otra parte, coincidente, al menos parcialmente, con la también utilizada por el resto de los sindicatos convocantes de huelga en las mismas fechas (hecho probado séptimo).

A lo anterior debe añadirse que tanto en petición de mediación inicial como en la comunicación formal de la convocatoria sí existían propuestas concretas que la Sala no puede considerar como desvinculadas de la actividad y potestades de la demandante. Así, se hacía referencia a la necesidad de un protocolo en materia de seguridad y emergencias, a la necesidad de dotaciones mínimas de personal (también en las contratas) o a la adopción de medidas relativas a la jornada, descansos, cargas de trabajo y salud laboral. No cabe reducir tales peticiones a meras peticiones de política legislativa ajenas a las funciones desempeñadas por Serveo Servicios y de cumplimiento o negociación imposibles. Y ello en atención a las obligaciones que le incumben, tal y como señala la demandada, conforme al art.64.5 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario (aplicación de medidas de control de riesgos que afecta a los agentes que tengan una posible incidencia en la seguridad de la explotación del sistema ferroviario); art.24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (coordinación de actividades empresariales en materia preventiva); y arts. 32.2 y 90 del Convenio de aplicación (formación en materia de seguridad y salud laboral y principios generales pactados sobre tal materia). Resulta, por otra parte, ciertamente llamativo que se califiquen tales peticiones como de imposible cumplimiento y, al mismo tiempo, se reconozca haber alcanzado un acuerdo de desconvocatoria con otros sindicatos por el que se pactan cuestiones tales como la formación y capacitación en materia de autoprotección, emergencias y seguridad para las tripulaciones de Serveo, la aprobación de un protocolo de incidencias a bordo, la elaboración y armonización de protocolos de seguridad o la mejora de los canales de comunicación entre todo el personal a bordo. Mal casa todo ello con la afirmación relativa al cumplimiento imposible de la totalidad de las propuestas formuladas por el sindicato SFF CGT en su convocatoria.

Existe un segundo bloque argumental por el que la empresa interesa la declaración de ilegalidad. Se afirma que el sindicato demandado ha impedido o, como mínimo, dificultado la negociación y la adopción de un acuerdo. Tal afirmación carece, a juicio de esta Sala, de cualquier soporte probatorio. Es cierto que, conforme se desprende del art.8.2 del Real Decreto-ley 17/1977, durante la huelga, el comité de huelga y el empresario o, en su caso, las asociaciones empresariales están obligadas a negociar para llegar a un acuerdo, pudiendo recurrir a procedimientos de mediación. Pero, tal y como también señala con acierto el Ministerio Público, no es posible afirmar que los ahora demandados han faltado a su deber negociador cuando se reconoce abiertamente que Serveo no mantuvo ninguna reunión, ni presencial ni virtual, ni con el Comité de Huelga ni con el sindicato SFF de la CGT. No se cuestiona, pues nada se indica en la demanda, que existiera incumplimiento imputable a los distintos Comités de Huelga o negativa a constituir una comisión única (cuestión ya resuelta por la STC 130/2021) sino de la ausencia de prueba de conducta fraudulenta imputable a las ahora demandadas. Así pues, a la vista de los hilos de correo electrónico aportados, no cabe afirmar que las codemandadas se negaran a negociar de buena fe, alteraran la negociación o rompieran en forma alguna el equilibrio de la misma.

A la vista de lo expuesto hemos de dictar sentencia desestimatoria, al no apreciar las causas de ilegalidad de la huelga que se afirman en la demanda.

QUINTO.-La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del proceso de conflicto colectivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan únicamente en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.-Como consta en los antecedentes fácticos de la presente resolución por parte de la empresa SERVEO SERVICIOS SAU se pretende sea declarada ilegal y abusiva la huelga promovida por el sindicato SFF-CGT que tuvo lugar finalmente los días 10 y 11 de febrero de 2026 (se desconvocó el llamamiento inicial para el 9 de febrero). Y ello por lo que se afirma son irregularidades de forma y fondo en la convocatoria que denotarían la existencia de un ejercicio abusivo del derecho de huelga por parte de la entidad convocante.

Se afirma, de este modo, que se infringe lo dispuesto en el art.11 del Real Decreto Ley 17/1977 por cuanto la convocatoria de huelga del sindicato demandado contraviene lo dispuesto en tal norma. Y ello al afirmar que con su conducta el sindicato SFF CGT ha violentado y adulterado la negociación en perjuicio de la empresa y el interés público y que se ha impedido o, como mínimo, dificultado la negociación de forma crítica impidiendo la posibilidad de un acuerdo.

Recordemos que el art. 11 Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, dice textualmente lo siguiente:

La huelga es ilegal:

a) Cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados.

b) Cuando sea de solidaridad o apoyo, salvo que afecte directamente al interés profesional de quienes la promuevan o sostengan (el inciso directamente fue declarado inconstitucional por STCo 11/1981, de 8 de abril).

c) Cuando tenga por objeto alterar, dentro de su período de vigencia, lo pactado en un Convenio Colectivo o lo establecido por laudo.

d) Cuando se produzca contraviniendo lo dispuesto en el presente Real Decreto-ley, o lo expresamente pactado en Convenio Colectivo para la solución de conflictos.

La jurisprudencia, por todas STS 11-02-2015, rec. 95/14, ya examinó el alcance del derecho de huelga, garantizado por el art. 28.2 CE, en relación con el art. 2.2.d LOLS, concluyendo lo siguiente:

La solución de la cuestión controvertida exige una ponderación adecuada del contenido y los límites de dos derechos constitucionales en presencia, como son el derecho fundamental de huelga, consagrado en el artículo 28.2 de la Constitución, ubicado en la Sección 1ª del Capítulo II, y la libertad de empresa, que se reconoce en el artículo 38 de la Constitución, ubicado en la Sección 2ª de dicho Capítulo II, derechos a los que debe añadirse el también constitucional derecho de trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, que reconoce el artículo 37.2 de la Constitución.

La STC 123/1992 de 28 de septiembre contiene el siguiente razonamiento al respecto: "El derecho de huelga, que hemos calificado ya como subjetivo por su contenido y fundamental por su configuración constitucional, goza además de una singular preeminencia por su más intensa protección. En efecto, la Constitución reconoce en su art. 37 el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, pero desgaja de este marco general una de ellas, la huelga, para colocarlo en lugar preferente, el art. 28, confiriéndole -como a todos los de su grupo- una mayor consistencia que se refleja en el mayor rango exigible para la Ley que lo regule y en la más completa tutela jurisdiccional, con un cauce procesal ad hoc en la vía judicial ordinaria y el recurso de amparo ante nosotros ( arts. 53 , 81 y 161 CE ). La preeminencia de este derecho produce, durante su ejercicio, el efecto de reducir y en cierto modo anestesiar, paralizar o mantener en una vida vegetativa, latente, otros derechos que en situaciones de normalidad pueden y deben desplegar toda su capacidad potencial. Tal sucede con la potestad directiva del empresario, regulada en el art. 20 del Estatuto de los Trabajadores ".

En cuanto al alcance del derecho de huelga, la STC 33/2011, de 28 de marzo, señaló lo siguiente: "Por otra parte, como dijéramos en la decisiva STC 11/1981, de 8 de abril , que ha inspirado de forma continua los pronunciamientos posteriores de este Tribunal en la materia: "la huelga se consagra como un derecho constitucional, lo que es coherente con la idea del Estado social y democrático de Derecho establecido por el art. 1.1 de la Constitución , que entre otras significaciones tiene la de legitimar medios de defensa a los intereses de grupos y estratos de la población socialmente dependientes, y entre los que se cuenta el de otorgar reconocimiento constitucional a un instrumento de presión que la experiencia secular ha mostrado ser necesario para la afirmación de los intereses de los trabajadores en los conflictos socioeconómicos, conflictos que el Estado social no puede excluir, pero a los que sí puede y debe proporcionar los adecuados cauces institucionales; lo es también con el derecho reconocido a los sindicatos en el art. 7 de la Constitución , ya que un sindicato sin derecho al ejercicio de la huelga quedaría, en una sociedad democrática, vaciado prácticamente de contenido; y lo es, en fin, con la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y grupos sociales sean reales y efectivas ( art. 9.2 de la Constitución )"(FJ 9).

CUARTO.-A la vista de la doctrina constitucional antes señalada y de los hechos declarados como probados se ha de dar respuesta a las pretensiones de la demanda. La empresa Serveo sostiene, en primer lugar, como defecto formal demostrativo de fraude de ley y de la intención del sindicato de hacer un uso abusivo del derecho de huelga, la existencia de una finalidad ilícita (causar un perjuicio a la empresa) que puede apreciarse en la variación del contenido de la petición de mediación respecto del contenido final de la convocatoria y dada la inclusión de peticiones que escaparían a la posibilidad de negociación y a las facultades de la empleadora.

Tal argumentación, sin embargo, no puede ser compartida por la Sala. Si bien es cierto que el art.3 del Real Decreto-ley 17/1997 exige que el escrito de comunicación de la convocatoria de huelga exprese los objetivos de la huelga no se requiere un detalle agotador o exhaustivo de las pretensiones o intereses perseguidos. Basta, por tanto, una identificación clara y precisa de la reivindicación que conduce a su convocatoria. Por ello, la mención somera de los objetivos de la huelga es suficiente si permite el conocimiento de su contenido, cubriendo la concreción imprescindible para posibilitar la reacción de todos los agentes afectados (TS 22-9-20, rec. 185/2018). Además del contenido mínimo legal, el escrito de preaviso debe precisar el ámbito subjetivo de la huelga, es decir, los trabajadores a los que afecta, lo que resulta especialmente obligado cuando se promueva en servicios esenciales de la comunidad a fin de que puedan determinarse los servicios mínimos necesarios (TS 22-10-02, 48/2002).

Pues bien, en el presente supuesto ya la petición de mediación incluía a la totalidad de empleados de la empresa demandante. Y esa misma extensión subjetiva se desprende de la comunicación de convocatoria, aunque en la misma ya se citara expresamente a "los servicios de restauración y atención a bordo de los trenes y logística para los trenes de transporte ferroviario de viajeros".Tal terminología no restringe la ya anunciada en la petición de mediación (totalidad de la plantilla) ni permite afirmar la existencia de una intención fraudulenta por parte del sindicato demandado. La terminología desarrollada en la comunicación de la convocatoria resulta, por otra parte, coincidente, al menos parcialmente, con la también utilizada por el resto de los sindicatos convocantes de huelga en las mismas fechas (hecho probado séptimo).

A lo anterior debe añadirse que tanto en petición de mediación inicial como en la comunicación formal de la convocatoria sí existían propuestas concretas que la Sala no puede considerar como desvinculadas de la actividad y potestades de la demandante. Así, se hacía referencia a la necesidad de un protocolo en materia de seguridad y emergencias, a la necesidad de dotaciones mínimas de personal (también en las contratas) o a la adopción de medidas relativas a la jornada, descansos, cargas de trabajo y salud laboral. No cabe reducir tales peticiones a meras peticiones de política legislativa ajenas a las funciones desempeñadas por Serveo Servicios y de cumplimiento o negociación imposibles. Y ello en atención a las obligaciones que le incumben, tal y como señala la demandada, conforme al art.64.5 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario (aplicación de medidas de control de riesgos que afecta a los agentes que tengan una posible incidencia en la seguridad de la explotación del sistema ferroviario); art.24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (coordinación de actividades empresariales en materia preventiva); y arts. 32.2 y 90 del Convenio de aplicación (formación en materia de seguridad y salud laboral y principios generales pactados sobre tal materia). Resulta, por otra parte, ciertamente llamativo que se califiquen tales peticiones como de imposible cumplimiento y, al mismo tiempo, se reconozca haber alcanzado un acuerdo de desconvocatoria con otros sindicatos por el que se pactan cuestiones tales como la formación y capacitación en materia de autoprotección, emergencias y seguridad para las tripulaciones de Serveo, la aprobación de un protocolo de incidencias a bordo, la elaboración y armonización de protocolos de seguridad o la mejora de los canales de comunicación entre todo el personal a bordo. Mal casa todo ello con la afirmación relativa al cumplimiento imposible de la totalidad de las propuestas formuladas por el sindicato SFF CGT en su convocatoria.

Existe un segundo bloque argumental por el que la empresa interesa la declaración de ilegalidad. Se afirma que el sindicato demandado ha impedido o, como mínimo, dificultado la negociación y la adopción de un acuerdo. Tal afirmación carece, a juicio de esta Sala, de cualquier soporte probatorio. Es cierto que, conforme se desprende del art.8.2 del Real Decreto-ley 17/1977, durante la huelga, el comité de huelga y el empresario o, en su caso, las asociaciones empresariales están obligadas a negociar para llegar a un acuerdo, pudiendo recurrir a procedimientos de mediación. Pero, tal y como también señala con acierto el Ministerio Público, no es posible afirmar que los ahora demandados han faltado a su deber negociador cuando se reconoce abiertamente que Serveo no mantuvo ninguna reunión, ni presencial ni virtual, ni con el Comité de Huelga ni con el sindicato SFF de la CGT. No se cuestiona, pues nada se indica en la demanda, que existiera incumplimiento imputable a los distintos Comités de Huelga o negativa a constituir una comisión única (cuestión ya resuelta por la STC 130/2021) sino de la ausencia de prueba de conducta fraudulenta imputable a las ahora demandadas. Así pues, a la vista de los hilos de correo electrónico aportados, no cabe afirmar que las codemandadas se negaran a negociar de buena fe, alteraran la negociación o rompieran en forma alguna el equilibrio de la misma.

A la vista de lo expuesto hemos de dictar sentencia desestimatoria, al no apreciar las causas de ilegalidad de la huelga que se afirman en la demanda.

QUINTO.-La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del proceso de conflicto colectivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan únicamente en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.-Como consta en los antecedentes fácticos de la presente resolución por parte de la empresa SERVEO SERVICIOS SAU se pretende sea declarada ilegal y abusiva la huelga promovida por el sindicato SFF-CGT que tuvo lugar finalmente los días 10 y 11 de febrero de 2026 (se desconvocó el llamamiento inicial para el 9 de febrero). Y ello por lo que se afirma son irregularidades de forma y fondo en la convocatoria que denotarían la existencia de un ejercicio abusivo del derecho de huelga por parte de la entidad convocante.

Se afirma, de este modo, que se infringe lo dispuesto en el art.11 del Real Decreto Ley 17/1977 por cuanto la convocatoria de huelga del sindicato demandado contraviene lo dispuesto en tal norma. Y ello al afirmar que con su conducta el sindicato SFF CGT ha violentado y adulterado la negociación en perjuicio de la empresa y el interés público y que se ha impedido o, como mínimo, dificultado la negociación de forma crítica impidiendo la posibilidad de un acuerdo.

Recordemos que el art. 11 Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, dice textualmente lo siguiente:

La huelga es ilegal:

a) Cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados.

b) Cuando sea de solidaridad o apoyo, salvo que afecte directamente al interés profesional de quienes la promuevan o sostengan (el inciso directamente fue declarado inconstitucional por STCo 11/1981, de 8 de abril).

c) Cuando tenga por objeto alterar, dentro de su período de vigencia, lo pactado en un Convenio Colectivo o lo establecido por laudo.

d) Cuando se produzca contraviniendo lo dispuesto en el presente Real Decreto-ley, o lo expresamente pactado en Convenio Colectivo para la solución de conflictos.

La jurisprudencia, por todas STS 11-02-2015, rec. 95/14, ya examinó el alcance del derecho de huelga, garantizado por el art. 28.2 CE, en relación con el art. 2.2.d LOLS, concluyendo lo siguiente:

La solución de la cuestión controvertida exige una ponderación adecuada del contenido y los límites de dos derechos constitucionales en presencia, como son el derecho fundamental de huelga, consagrado en el artículo 28.2 de la Constitución, ubicado en la Sección 1ª del Capítulo II, y la libertad de empresa, que se reconoce en el artículo 38 de la Constitución, ubicado en la Sección 2ª de dicho Capítulo II, derechos a los que debe añadirse el también constitucional derecho de trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, que reconoce el artículo 37.2 de la Constitución.

La STC 123/1992 de 28 de septiembre contiene el siguiente razonamiento al respecto: "El derecho de huelga, que hemos calificado ya como subjetivo por su contenido y fundamental por su configuración constitucional, goza además de una singular preeminencia por su más intensa protección. En efecto, la Constitución reconoce en su art. 37 el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, pero desgaja de este marco general una de ellas, la huelga, para colocarlo en lugar preferente, el art. 28, confiriéndole -como a todos los de su grupo- una mayor consistencia que se refleja en el mayor rango exigible para la Ley que lo regule y en la más completa tutela jurisdiccional, con un cauce procesal ad hoc en la vía judicial ordinaria y el recurso de amparo ante nosotros ( arts. 53 , 81 y 161 CE ). La preeminencia de este derecho produce, durante su ejercicio, el efecto de reducir y en cierto modo anestesiar, paralizar o mantener en una vida vegetativa, latente, otros derechos que en situaciones de normalidad pueden y deben desplegar toda su capacidad potencial. Tal sucede con la potestad directiva del empresario, regulada en el art. 20 del Estatuto de los Trabajadores ".

En cuanto al alcance del derecho de huelga, la STC 33/2011, de 28 de marzo, señaló lo siguiente: "Por otra parte, como dijéramos en la decisiva STC 11/1981, de 8 de abril , que ha inspirado de forma continua los pronunciamientos posteriores de este Tribunal en la materia: "la huelga se consagra como un derecho constitucional, lo que es coherente con la idea del Estado social y democrático de Derecho establecido por el art. 1.1 de la Constitución , que entre otras significaciones tiene la de legitimar medios de defensa a los intereses de grupos y estratos de la población socialmente dependientes, y entre los que se cuenta el de otorgar reconocimiento constitucional a un instrumento de presión que la experiencia secular ha mostrado ser necesario para la afirmación de los intereses de los trabajadores en los conflictos socioeconómicos, conflictos que el Estado social no puede excluir, pero a los que sí puede y debe proporcionar los adecuados cauces institucionales; lo es también con el derecho reconocido a los sindicatos en el art. 7 de la Constitución , ya que un sindicato sin derecho al ejercicio de la huelga quedaría, en una sociedad democrática, vaciado prácticamente de contenido; y lo es, en fin, con la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y grupos sociales sean reales y efectivas ( art. 9.2 de la Constitución )"(FJ 9).

CUARTO.-A la vista de la doctrina constitucional antes señalada y de los hechos declarados como probados se ha de dar respuesta a las pretensiones de la demanda. La empresa Serveo sostiene, en primer lugar, como defecto formal demostrativo de fraude de ley y de la intención del sindicato de hacer un uso abusivo del derecho de huelga, la existencia de una finalidad ilícita (causar un perjuicio a la empresa) que puede apreciarse en la variación del contenido de la petición de mediación respecto del contenido final de la convocatoria y dada la inclusión de peticiones que escaparían a la posibilidad de negociación y a las facultades de la empleadora.

Tal argumentación, sin embargo, no puede ser compartida por la Sala. Si bien es cierto que el art.3 del Real Decreto-ley 17/1997 exige que el escrito de comunicación de la convocatoria de huelga exprese los objetivos de la huelga no se requiere un detalle agotador o exhaustivo de las pretensiones o intereses perseguidos. Basta, por tanto, una identificación clara y precisa de la reivindicación que conduce a su convocatoria. Por ello, la mención somera de los objetivos de la huelga es suficiente si permite el conocimiento de su contenido, cubriendo la concreción imprescindible para posibilitar la reacción de todos los agentes afectados (TS 22-9-20, rec. 185/2018). Además del contenido mínimo legal, el escrito de preaviso debe precisar el ámbito subjetivo de la huelga, es decir, los trabajadores a los que afecta, lo que resulta especialmente obligado cuando se promueva en servicios esenciales de la comunidad a fin de que puedan determinarse los servicios mínimos necesarios (TS 22-10-02, 48/2002).

Pues bien, en el presente supuesto ya la petición de mediación incluía a la totalidad de empleados de la empresa demandante. Y esa misma extensión subjetiva se desprende de la comunicación de convocatoria, aunque en la misma ya se citara expresamente a "los servicios de restauración y atención a bordo de los trenes y logística para los trenes de transporte ferroviario de viajeros".Tal terminología no restringe la ya anunciada en la petición de mediación (totalidad de la plantilla) ni permite afirmar la existencia de una intención fraudulenta por parte del sindicato demandado. La terminología desarrollada en la comunicación de la convocatoria resulta, por otra parte, coincidente, al menos parcialmente, con la también utilizada por el resto de los sindicatos convocantes de huelga en las mismas fechas (hecho probado séptimo).

A lo anterior debe añadirse que tanto en petición de mediación inicial como en la comunicación formal de la convocatoria sí existían propuestas concretas que la Sala no puede considerar como desvinculadas de la actividad y potestades de la demandante. Así, se hacía referencia a la necesidad de un protocolo en materia de seguridad y emergencias, a la necesidad de dotaciones mínimas de personal (también en las contratas) o a la adopción de medidas relativas a la jornada, descansos, cargas de trabajo y salud laboral. No cabe reducir tales peticiones a meras peticiones de política legislativa ajenas a las funciones desempeñadas por Serveo Servicios y de cumplimiento o negociación imposibles. Y ello en atención a las obligaciones que le incumben, tal y como señala la demandada, conforme al art.64.5 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario (aplicación de medidas de control de riesgos que afecta a los agentes que tengan una posible incidencia en la seguridad de la explotación del sistema ferroviario); art.24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (coordinación de actividades empresariales en materia preventiva); y arts. 32.2 y 90 del Convenio de aplicación (formación en materia de seguridad y salud laboral y principios generales pactados sobre tal materia). Resulta, por otra parte, ciertamente llamativo que se califiquen tales peticiones como de imposible cumplimiento y, al mismo tiempo, se reconozca haber alcanzado un acuerdo de desconvocatoria con otros sindicatos por el que se pactan cuestiones tales como la formación y capacitación en materia de autoprotección, emergencias y seguridad para las tripulaciones de Serveo, la aprobación de un protocolo de incidencias a bordo, la elaboración y armonización de protocolos de seguridad o la mejora de los canales de comunicación entre todo el personal a bordo. Mal casa todo ello con la afirmación relativa al cumplimiento imposible de la totalidad de las propuestas formuladas por el sindicato SFF CGT en su convocatoria.

Existe un segundo bloque argumental por el que la empresa interesa la declaración de ilegalidad. Se afirma que el sindicato demandado ha impedido o, como mínimo, dificultado la negociación y la adopción de un acuerdo. Tal afirmación carece, a juicio de esta Sala, de cualquier soporte probatorio. Es cierto que, conforme se desprende del art.8.2 del Real Decreto-ley 17/1977, durante la huelga, el comité de huelga y el empresario o, en su caso, las asociaciones empresariales están obligadas a negociar para llegar a un acuerdo, pudiendo recurrir a procedimientos de mediación. Pero, tal y como también señala con acierto el Ministerio Público, no es posible afirmar que los ahora demandados han faltado a su deber negociador cuando se reconoce abiertamente que Serveo no mantuvo ninguna reunión, ni presencial ni virtual, ni con el Comité de Huelga ni con el sindicato SFF de la CGT. No se cuestiona, pues nada se indica en la demanda, que existiera incumplimiento imputable a los distintos Comités de Huelga o negativa a constituir una comisión única (cuestión ya resuelta por la STC 130/2021) sino de la ausencia de prueba de conducta fraudulenta imputable a las ahora demandadas. Así pues, a la vista de los hilos de correo electrónico aportados, no cabe afirmar que las codemandadas se negaran a negociar de buena fe, alteraran la negociación o rompieran en forma alguna el equilibrio de la misma.

A la vista de lo expuesto hemos de dictar sentencia desestimatoria, al no apreciar las causas de ilegalidad de la huelga que se afirman en la demanda.

QUINTO.-La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto