Sentencia Social 106/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 110/2026 de 08 de junio del 2026

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del proceso de conflicto colectivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.-La parte demandante ejercita acción de conflicto colectivo al considerar que la conducta de la Administración demandada, que desde el año 2020 no convoca procesos de promoción interna no cruzada para el personal del Anexo II del IV CUAGE, constituye una infracción de lo dispuesto en el propio Convenio y en la Ley y constituye, además, una actuación discriminatoria, al tratar de forma distinta, sin causa justificada, al personal laboral incluido en el Anexo II del Convenio en relación con el tratamiento dispensado en materia de promoción interna al personal del Anexo I.

La cuestión que enfrenta a las partes es, por ello, eminentemente jurídica sin que exista discrepancia respecto de la realidad fáctica. Así, no se cuestiona que el IV-CUAGE distingue entre el personal laboral incluido en el Anexo I y el II. Y al personal del Anexo II que decida no funcionarizarse, le resulta de aplicación el IV Convenio AGE, a excepción de los títulos III (Clasificación profesional) y VI (Promoción profesional), tal y como recoge el propio Anexo II del Convenio.

La controversia surge respecto de la posibilidad de que se convoquen para el personal del Anexo II procesos de "promoción no cruzada" (derecho a promocionar internamente dentro de su propio sistema de clasificación profesional).

La Disposición Transitoria Primera del Convenio, introdujo la posibilidad de promocionar como funcionario "promoción cruzada". Y ello en los siguientes términos:

"Disposición transitoria primera. Régimen aplicable a los puestos cuyo desempeño ya no es requerido por la organización en el ámbito del Convenio único.

A partir de la entrada en vigor del presente Convenio no habrá convocatorias de acceso libre para la cobertura de puestos en los que el contenido de la prestación laboral se corresponda con funciones o actividades que, en el ámbito de la Administración Pública, estén reservadas al personal funcionario en virtud de lo dispuesto en la normativa básica vigente en materia de función pública o cuyo desempeño no es requerido por la organización en el ámbito del Convenio único.

Este conjunto de actividades se relacionan en el anexo II, en el que además se establece el régimen de clasificación, promoción, movilidad y retribuciones de este colectivo.

Para el personal laboral fijo que desempeñe puestos en los que el contenido de la prestación laboral se corresponda con funciones o actividades reservadas al personal funcionario, se promoverán procesos de promoción interna a los Cuerpos o Escalas de funcionarios de carrera a los que les correspondan tales funciones.

Los criterios generales relacionados con el acceso a la condición de funcionario de carrera a través de estos procesos serán objeto de negociación colectiva".

Sin embargo, lo que se afirma en la demanda es que el personal del Anexo II ve limitada sus posibilidades de promoción interna al no convocarse procesos de "promoción no cruzada"; esto es, que ven limitada la posibilidad de promocionar internamente dentro de su propio sistema de clasificación.

Pue s bien, la Sala debe ya adelantar que la posición del sindicato demandante no puede ser compartida. Y ello por los siguientes argumentos:

1º. - El IV CUAGE no establece una obligación de la Administración de convocar plazas de promoción interna de especialidades del Anexo II. En el apartado C) del Anexo II se establece que "En los procesos de promoción interna podrá participar el personal laboral fijo del presente anexo, desde el grupo profesional inmediatamente inferior, siempre que haya prestado dos años de servicios efectivos en dicho grupo profesional y cumpla los requisitos de titulación y cualificación exigidos para el grupo al que pretenden acceder",estableciendo esa opción como una posibilidad y en ningún caso como una garantía o una obligación de la Administración. El derecho a la promoción interna a una especialidad concreta se supedita a la necesidad de la Administración de convocar esa especialidad concreta. Además, el personal laboral del Anexo II dispone de dos procedimientos específicos y reservados exclusivamente a ese personal de promoción interna a cuerpos y escalas de personal funcionario.

2º. - El apartado E) del Anexo II señala que "Las vacantes de necesaria provisión, dotadas presupuestariamente, que se generen como consecuencia de la baja de los efectivos que son objeto de clasificación en el presente anexo serán provistas a través de los procedimientos descritos en el título VII de este Convenio, aplicando los criterios y requisitos establecidos en la regulación de cada uno de ellos".Aquí el Convenio sí establece un mandato de cobertura de las vacantes de necesaria provisión mediante los procedimientos de movilidad (no de promoción interna) regulados en el título VII.

3º. - El Convenio establece dos realidades laborales diferenciadas en el Anexo I y Anexo II, con distinta concreción de sus derechos en materia de promoción interna y con procesos selectivos de promoción interna reservados al personal del Anexo II. No se observa por tanto vulneración del principio de igualdad. Es preciso recordar en este punto que el principio de igualdad ante la ley supone que toda persona tiene derecho a recibir el mismo trato por parte de las normas laborales (leyes, reglamentos o convenios colectivos), de modo que a situaciones iguales han de recibir la misma respuesta o consecuencia jurídica. Sin embargo, esta igualdad no es absoluta: el ordenamiento jurídico solo prohíbe las diferencias de trato que carezcan de una justificación objetiva y razonable (TCo 63/1984; 197/2003). En concreto, el convenio colectivo no puede establecer condiciones de trabajo diferentes sin una justificación objetiva y sin la debida proporcionalidad entre la desigualdad generada y el objetivo que se persigue (TCo 177/1998). En el presente supuesto es el propio Convenio el que establece una diferenciación de trato basada en las distintas circunstancias de prestación de servicio de ambos colectivos. No se aprecia, por ello, trato discriminatorio por la falta de convocatoria de procesos de promoción cruzada para el personal del Anexo II cuando tales convocatorias resultan no obligadas sino únicamente posibles.

4º.- Tal y como pudo de manifiesto la demandada en la reunión de la Comisión Paritaria de 23 de diciembre de 2025, existe un argumento adicional. La Dirección General de la Función Pública no puede comprometer la convocatoria de plazas de promoción interna de especialidades de Anexo II con carácter general ni regular, del mismo modo que no puede comprometer la convocatoria de plazas de ninguna otra especialidad concreta de Anexo I. El IV CUAGE vincula la promoción interna a la Oferta de Empleo Público, que es un acto de planificación en el que la Administración cuantifica sus necesidades. Por lo tanto, para autorizar una plaza de promoción interna la Administración debe necesitar esa plaza. El personal laboral tiene derecho a la promoción interna, pero no a promocionar a cualquier plaza, ni de cualquier especialidad, ni en cualquier localidad, sino a las plazas que la Administración determine como necesarias en sus instrumentos de planificación. Y el IV CUAGE establece que las especialidades recogidas en el Anexo II corresponden a actividades "cuyo desempeño no es requerido por la organización en el ámbito del Convenio único".Esto es, no es necesario convocar nuevas plazas de especialidades de Anexo II, porque se ha determinado que la Administración las cubre mediante personal funcionario.

En definitiva, a la vista de la literalidad del propio Convenio y de las características del personal incluido en el Anexo II del IV CUAGE, el hecho de que la Administración demandada no convoque para tal personal procesos de promoción interna no cruzada no constituye infracción normativa alguna ni actuación discriminatoria del colectivo afectado. De ahí la necesaria desestimación de la demanda.

CUARTO.-Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que la misma no es firme, pudiendo interponerse recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del proceso de conflicto colectivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.-La parte demandante ejercita acción de conflicto colectivo al considerar que la conducta de la Administración demandada, que desde el año 2020 no convoca procesos de promoción interna no cruzada para el personal del Anexo II del IV CUAGE, constituye una infracción de lo dispuesto en el propio Convenio y en la Ley y constituye, además, una actuación discriminatoria, al tratar de forma distinta, sin causa justificada, al personal laboral incluido en el Anexo II del Convenio en relación con el tratamiento dispensado en materia de promoción interna al personal del Anexo I.

La cuestión que enfrenta a las partes es, por ello, eminentemente jurídica sin que exista discrepancia respecto de la realidad fáctica. Así, no se cuestiona que el IV-CUAGE distingue entre el personal laboral incluido en el Anexo I y el II. Y al personal del Anexo II que decida no funcionarizarse, le resulta de aplicación el IV Convenio AGE, a excepción de los títulos III (Clasificación profesional) y VI (Promoción profesional), tal y como recoge el propio Anexo II del Convenio.

La controversia surge respecto de la posibilidad de que se convoquen para el personal del Anexo II procesos de "promoción no cruzada" (derecho a promocionar internamente dentro de su propio sistema de clasificación profesional).

La Disposición Transitoria Primera del Convenio, introdujo la posibilidad de promocionar como funcionario "promoción cruzada". Y ello en los siguientes términos:

"Disposición transitoria primera. Régimen aplicable a los puestos cuyo desempeño ya no es requerido por la organización en el ámbito del Convenio único.

A partir de la entrada en vigor del presente Convenio no habrá convocatorias de acceso libre para la cobertura de puestos en los que el contenido de la prestación laboral se corresponda con funciones o actividades que, en el ámbito de la Administración Pública, estén reservadas al personal funcionario en virtud de lo dispuesto en la normativa básica vigente en materia de función pública o cuyo desempeño no es requerido por la organización en el ámbito del Convenio único.

Este conjunto de actividades se relacionan en el anexo II, en el que además se establece el régimen de clasificación, promoción, movilidad y retribuciones de este colectivo.

Para el personal laboral fijo que desempeñe puestos en los que el contenido de la prestación laboral se corresponda con funciones o actividades reservadas al personal funcionario, se promoverán procesos de promoción interna a los Cuerpos o Escalas de funcionarios de carrera a los que les correspondan tales funciones.

Los criterios generales relacionados con el acceso a la condición de funcionario de carrera a través de estos procesos serán objeto de negociación colectiva".

Sin embargo, lo que se afirma en la demanda es que el personal del Anexo II ve limitada sus posibilidades de promoción interna al no convocarse procesos de "promoción no cruzada"; esto es, que ven limitada la posibilidad de promocionar internamente dentro de su propio sistema de clasificación.

Pue s bien, la Sala debe ya adelantar que la posición del sindicato demandante no puede ser compartida. Y ello por los siguientes argumentos:

1º. - El IV CUAGE no establece una obligación de la Administración de convocar plazas de promoción interna de especialidades del Anexo II. En el apartado C) del Anexo II se establece que "En los procesos de promoción interna podrá participar el personal laboral fijo del presente anexo, desde el grupo profesional inmediatamente inferior, siempre que haya prestado dos años de servicios efectivos en dicho grupo profesional y cumpla los requisitos de titulación y cualificación exigidos para el grupo al que pretenden acceder",estableciendo esa opción como una posibilidad y en ningún caso como una garantía o una obligación de la Administración. El derecho a la promoción interna a una especialidad concreta se supedita a la necesidad de la Administración de convocar esa especialidad concreta. Además, el personal laboral del Anexo II dispone de dos procedimientos específicos y reservados exclusivamente a ese personal de promoción interna a cuerpos y escalas de personal funcionario.

2º. - El apartado E) del Anexo II señala que "Las vacantes de necesaria provisión, dotadas presupuestariamente, que se generen como consecuencia de la baja de los efectivos que son objeto de clasificación en el presente anexo serán provistas a través de los procedimientos descritos en el título VII de este Convenio, aplicando los criterios y requisitos establecidos en la regulación de cada uno de ellos".Aquí el Convenio sí establece un mandato de cobertura de las vacantes de necesaria provisión mediante los procedimientos de movilidad (no de promoción interna) regulados en el título VII.

3º. - El Convenio establece dos realidades laborales diferenciadas en el Anexo I y Anexo II, con distinta concreción de sus derechos en materia de promoción interna y con procesos selectivos de promoción interna reservados al personal del Anexo II. No se observa por tanto vulneración del principio de igualdad. Es preciso recordar en este punto que el principio de igualdad ante la ley supone que toda persona tiene derecho a recibir el mismo trato por parte de las normas laborales (leyes, reglamentos o convenios colectivos), de modo que a situaciones iguales han de recibir la misma respuesta o consecuencia jurídica. Sin embargo, esta igualdad no es absoluta: el ordenamiento jurídico solo prohíbe las diferencias de trato que carezcan de una justificación objetiva y razonable (TCo 63/1984; 197/2003). En concreto, el convenio colectivo no puede establecer condiciones de trabajo diferentes sin una justificación objetiva y sin la debida proporcionalidad entre la desigualdad generada y el objetivo que se persigue (TCo 177/1998). En el presente supuesto es el propio Convenio el que establece una diferenciación de trato basada en las distintas circunstancias de prestación de servicio de ambos colectivos. No se aprecia, por ello, trato discriminatorio por la falta de convocatoria de procesos de promoción cruzada para el personal del Anexo II cuando tales convocatorias resultan no obligadas sino únicamente posibles.

4º.- Tal y como pudo de manifiesto la demandada en la reunión de la Comisión Paritaria de 23 de diciembre de 2025, existe un argumento adicional. La Dirección General de la Función Pública no puede comprometer la convocatoria de plazas de promoción interna de especialidades de Anexo II con carácter general ni regular, del mismo modo que no puede comprometer la convocatoria de plazas de ninguna otra especialidad concreta de Anexo I. El IV CUAGE vincula la promoción interna a la Oferta de Empleo Público, que es un acto de planificación en el que la Administración cuantifica sus necesidades. Por lo tanto, para autorizar una plaza de promoción interna la Administración debe necesitar esa plaza. El personal laboral tiene derecho a la promoción interna, pero no a promocionar a cualquier plaza, ni de cualquier especialidad, ni en cualquier localidad, sino a las plazas que la Administración determine como necesarias en sus instrumentos de planificación. Y el IV CUAGE establece que las especialidades recogidas en el Anexo II corresponden a actividades "cuyo desempeño no es requerido por la organización en el ámbito del Convenio único".Esto es, no es necesario convocar nuevas plazas de especialidades de Anexo II, porque se ha determinado que la Administración las cubre mediante personal funcionario.

En definitiva, a la vista de la literalidad del propio Convenio y de las características del personal incluido en el Anexo II del IV CUAGE, el hecho de que la Administración demandada no convoque para tal personal procesos de promoción interna no cruzada no constituye infracción normativa alguna ni actuación discriminatoria del colectivo afectado. De ahí la necesaria desestimación de la demanda.

CUARTO.-Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que la misma no es firme, pudiendo interponerse recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del proceso de conflicto colectivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.-La parte demandante ejercita acción de conflicto colectivo al considerar que la conducta de la Administración demandada, que desde el año 2020 no convoca procesos de promoción interna no cruzada para el personal del Anexo II del IV CUAGE, constituye una infracción de lo dispuesto en el propio Convenio y en la Ley y constituye, además, una actuación discriminatoria, al tratar de forma distinta, sin causa justificada, al personal laboral incluido en el Anexo II del Convenio en relación con el tratamiento dispensado en materia de promoción interna al personal del Anexo I.

La cuestión que enfrenta a las partes es, por ello, eminentemente jurídica sin que exista discrepancia respecto de la realidad fáctica. Así, no se cuestiona que el IV-CUAGE distingue entre el personal laboral incluido en el Anexo I y el II. Y al personal del Anexo II que decida no funcionarizarse, le resulta de aplicación el IV Convenio AGE, a excepción de los títulos III (Clasificación profesional) y VI (Promoción profesional), tal y como recoge el propio Anexo II del Convenio.

La controversia surge respecto de la posibilidad de que se convoquen para el personal del Anexo II procesos de "promoción no cruzada" (derecho a promocionar internamente dentro de su propio sistema de clasificación profesional).

La Disposición Transitoria Primera del Convenio, introdujo la posibilidad de promocionar como funcionario "promoción cruzada". Y ello en los siguientes términos:

"Disposición transitoria primera. Régimen aplicable a los puestos cuyo desempeño ya no es requerido por la organización en el ámbito del Convenio único.

A partir de la entrada en vigor del presente Convenio no habrá convocatorias de acceso libre para la cobertura de puestos en los que el contenido de la prestación laboral se corresponda con funciones o actividades que, en el ámbito de la Administración Pública, estén reservadas al personal funcionario en virtud de lo dispuesto en la normativa básica vigente en materia de función pública o cuyo desempeño no es requerido por la organización en el ámbito del Convenio único.

Este conjunto de actividades se relacionan en el anexo II, en el que además se establece el régimen de clasificación, promoción, movilidad y retribuciones de este colectivo.

Para el personal laboral fijo que desempeñe puestos en los que el contenido de la prestación laboral se corresponda con funciones o actividades reservadas al personal funcionario, se promoverán procesos de promoción interna a los Cuerpos o Escalas de funcionarios de carrera a los que les correspondan tales funciones.

Los criterios generales relacionados con el acceso a la condición de funcionario de carrera a través de estos procesos serán objeto de negociación colectiva".

Sin embargo, lo que se afirma en la demanda es que el personal del Anexo II ve limitada sus posibilidades de promoción interna al no convocarse procesos de "promoción no cruzada"; esto es, que ven limitada la posibilidad de promocionar internamente dentro de su propio sistema de clasificación.

Pue s bien, la Sala debe ya adelantar que la posición del sindicato demandante no puede ser compartida. Y ello por los siguientes argumentos:

1º. - El IV CUAGE no establece una obligación de la Administración de convocar plazas de promoción interna de especialidades del Anexo II. En el apartado C) del Anexo II se establece que "En los procesos de promoción interna podrá participar el personal laboral fijo del presente anexo, desde el grupo profesional inmediatamente inferior, siempre que haya prestado dos años de servicios efectivos en dicho grupo profesional y cumpla los requisitos de titulación y cualificación exigidos para el grupo al que pretenden acceder",estableciendo esa opción como una posibilidad y en ningún caso como una garantía o una obligación de la Administración. El derecho a la promoción interna a una especialidad concreta se supedita a la necesidad de la Administración de convocar esa especialidad concreta. Además, el personal laboral del Anexo II dispone de dos procedimientos específicos y reservados exclusivamente a ese personal de promoción interna a cuerpos y escalas de personal funcionario.

2º. - El apartado E) del Anexo II señala que "Las vacantes de necesaria provisión, dotadas presupuestariamente, que se generen como consecuencia de la baja de los efectivos que son objeto de clasificación en el presente anexo serán provistas a través de los procedimientos descritos en el título VII de este Convenio, aplicando los criterios y requisitos establecidos en la regulación de cada uno de ellos".Aquí el Convenio sí establece un mandato de cobertura de las vacantes de necesaria provisión mediante los procedimientos de movilidad (no de promoción interna) regulados en el título VII.

3º. - El Convenio establece dos realidades laborales diferenciadas en el Anexo I y Anexo II, con distinta concreción de sus derechos en materia de promoción interna y con procesos selectivos de promoción interna reservados al personal del Anexo II. No se observa por tanto vulneración del principio de igualdad. Es preciso recordar en este punto que el principio de igualdad ante la ley supone que toda persona tiene derecho a recibir el mismo trato por parte de las normas laborales (leyes, reglamentos o convenios colectivos), de modo que a situaciones iguales han de recibir la misma respuesta o consecuencia jurídica. Sin embargo, esta igualdad no es absoluta: el ordenamiento jurídico solo prohíbe las diferencias de trato que carezcan de una justificación objetiva y razonable (TCo 63/1984; 197/2003). En concreto, el convenio colectivo no puede establecer condiciones de trabajo diferentes sin una justificación objetiva y sin la debida proporcionalidad entre la desigualdad generada y el objetivo que se persigue (TCo 177/1998). En el presente supuesto es el propio Convenio el que establece una diferenciación de trato basada en las distintas circunstancias de prestación de servicio de ambos colectivos. No se aprecia, por ello, trato discriminatorio por la falta de convocatoria de procesos de promoción cruzada para el personal del Anexo II cuando tales convocatorias resultan no obligadas sino únicamente posibles.

4º.- Tal y como pudo de manifiesto la demandada en la reunión de la Comisión Paritaria de 23 de diciembre de 2025, existe un argumento adicional. La Dirección General de la Función Pública no puede comprometer la convocatoria de plazas de promoción interna de especialidades de Anexo II con carácter general ni regular, del mismo modo que no puede comprometer la convocatoria de plazas de ninguna otra especialidad concreta de Anexo I. El IV CUAGE vincula la promoción interna a la Oferta de Empleo Público, que es un acto de planificación en el que la Administración cuantifica sus necesidades. Por lo tanto, para autorizar una plaza de promoción interna la Administración debe necesitar esa plaza. El personal laboral tiene derecho a la promoción interna, pero no a promocionar a cualquier plaza, ni de cualquier especialidad, ni en cualquier localidad, sino a las plazas que la Administración determine como necesarias en sus instrumentos de planificación. Y el IV CUAGE establece que las especialidades recogidas en el Anexo II corresponden a actividades "cuyo desempeño no es requerido por la organización en el ámbito del Convenio único".Esto es, no es necesario convocar nuevas plazas de especialidades de Anexo II, porque se ha determinado que la Administración las cubre mediante personal funcionario.

En definitiva, a la vista de la literalidad del propio Convenio y de las características del personal incluido en el Anexo II del IV CUAGE, el hecho de que la Administración demandada no convoque para tal personal procesos de promoción interna no cruzada no constituye infracción normativa alguna ni actuación discriminatoria del colectivo afectado. De ahí la necesaria desestimación de la demanda.

CUARTO.-Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que la misma no es firme, pudiendo interponerse recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del proceso de conflicto colectivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.-La parte demandante ejercita acción de conflicto colectivo al considerar que la conducta de la Administración demandada, que desde el año 2020 no convoca procesos de promoción interna no cruzada para el personal del Anexo II del IV CUAGE, constituye una infracción de lo dispuesto en el propio Convenio y en la Ley y constituye, además, una actuación discriminatoria, al tratar de forma distinta, sin causa justificada, al personal laboral incluido en el Anexo II del Convenio en relación con el tratamiento dispensado en materia de promoción interna al personal del Anexo I.

La cuestión que enfrenta a las partes es, por ello, eminentemente jurídica sin que exista discrepancia respecto de la realidad fáctica. Así, no se cuestiona que el IV-CUAGE distingue entre el personal laboral incluido en el Anexo I y el II. Y al personal del Anexo II que decida no funcionarizarse, le resulta de aplicación el IV Convenio AGE, a excepción de los títulos III (Clasificación profesional) y VI (Promoción profesional), tal y como recoge el propio Anexo II del Convenio.

La controversia surge respecto de la posibilidad de que se convoquen para el personal del Anexo II procesos de "promoción no cruzada" (derecho a promocionar internamente dentro de su propio sistema de clasificación profesional).

La Disposición Transitoria Primera del Convenio, introdujo la posibilidad de promocionar como funcionario "promoción cruzada". Y ello en los siguientes términos:

"Disposición transitoria primera. Régimen aplicable a los puestos cuyo desempeño ya no es requerido por la organización en el ámbito del Convenio único.

A partir de la entrada en vigor del presente Convenio no habrá convocatorias de acceso libre para la cobertura de puestos en los que el contenido de la prestación laboral se corresponda con funciones o actividades que, en el ámbito de la Administración Pública, estén reservadas al personal funcionario en virtud de lo dispuesto en la normativa básica vigente en materia de función pública o cuyo desempeño no es requerido por la organización en el ámbito del Convenio único.

Este conjunto de actividades se relacionan en el anexo II, en el que además se establece el régimen de clasificación, promoción, movilidad y retribuciones de este colectivo.

Para el personal laboral fijo que desempeñe puestos en los que el contenido de la prestación laboral se corresponda con funciones o actividades reservadas al personal funcionario, se promoverán procesos de promoción interna a los Cuerpos o Escalas de funcionarios de carrera a los que les correspondan tales funciones.

Los criterios generales relacionados con el acceso a la condición de funcionario de carrera a través de estos procesos serán objeto de negociación colectiva".

Sin embargo, lo que se afirma en la demanda es que el personal del Anexo II ve limitada sus posibilidades de promoción interna al no convocarse procesos de "promoción no cruzada"; esto es, que ven limitada la posibilidad de promocionar internamente dentro de su propio sistema de clasificación.

Pue s bien, la Sala debe ya adelantar que la posición del sindicato demandante no puede ser compartida. Y ello por los siguientes argumentos:

1º. - El IV CUAGE no establece una obligación de la Administración de convocar plazas de promoción interna de especialidades del Anexo II. En el apartado C) del Anexo II se establece que "En los procesos de promoción interna podrá participar el personal laboral fijo del presente anexo, desde el grupo profesional inmediatamente inferior, siempre que haya prestado dos años de servicios efectivos en dicho grupo profesional y cumpla los requisitos de titulación y cualificación exigidos para el grupo al que pretenden acceder",estableciendo esa opción como una posibilidad y en ningún caso como una garantía o una obligación de la Administración. El derecho a la promoción interna a una especialidad concreta se supedita a la necesidad de la Administración de convocar esa especialidad concreta. Además, el personal laboral del Anexo II dispone de dos procedimientos específicos y reservados exclusivamente a ese personal de promoción interna a cuerpos y escalas de personal funcionario.

2º. - El apartado E) del Anexo II señala que "Las vacantes de necesaria provisión, dotadas presupuestariamente, que se generen como consecuencia de la baja de los efectivos que son objeto de clasificación en el presente anexo serán provistas a través de los procedimientos descritos en el título VII de este Convenio, aplicando los criterios y requisitos establecidos en la regulación de cada uno de ellos".Aquí el Convenio sí establece un mandato de cobertura de las vacantes de necesaria provisión mediante los procedimientos de movilidad (no de promoción interna) regulados en el título VII.

3º. - El Convenio establece dos realidades laborales diferenciadas en el Anexo I y Anexo II, con distinta concreción de sus derechos en materia de promoción interna y con procesos selectivos de promoción interna reservados al personal del Anexo II. No se observa por tanto vulneración del principio de igualdad. Es preciso recordar en este punto que el principio de igualdad ante la ley supone que toda persona tiene derecho a recibir el mismo trato por parte de las normas laborales (leyes, reglamentos o convenios colectivos), de modo que a situaciones iguales han de recibir la misma respuesta o consecuencia jurídica. Sin embargo, esta igualdad no es absoluta: el ordenamiento jurídico solo prohíbe las diferencias de trato que carezcan de una justificación objetiva y razonable (TCo 63/1984; 197/2003). En concreto, el convenio colectivo no puede establecer condiciones de trabajo diferentes sin una justificación objetiva y sin la debida proporcionalidad entre la desigualdad generada y el objetivo que se persigue (TCo 177/1998). En el presente supuesto es el propio Convenio el que establece una diferenciación de trato basada en las distintas circunstancias de prestación de servicio de ambos colectivos. No se aprecia, por ello, trato discriminatorio por la falta de convocatoria de procesos de promoción cruzada para el personal del Anexo II cuando tales convocatorias resultan no obligadas sino únicamente posibles.

4º.- Tal y como pudo de manifiesto la demandada en la reunión de la Comisión Paritaria de 23 de diciembre de 2025, existe un argumento adicional. La Dirección General de la Función Pública no puede comprometer la convocatoria de plazas de promoción interna de especialidades de Anexo II con carácter general ni regular, del mismo modo que no puede comprometer la convocatoria de plazas de ninguna otra especialidad concreta de Anexo I. El IV CUAGE vincula la promoción interna a la Oferta de Empleo Público, que es un acto de planificación en el que la Administración cuantifica sus necesidades. Por lo tanto, para autorizar una plaza de promoción interna la Administración debe necesitar esa plaza. El personal laboral tiene derecho a la promoción interna, pero no a promocionar a cualquier plaza, ni de cualquier especialidad, ni en cualquier localidad, sino a las plazas que la Administración determine como necesarias en sus instrumentos de planificación. Y el IV CUAGE establece que las especialidades recogidas en el Anexo II corresponden a actividades "cuyo desempeño no es requerido por la organización en el ámbito del Convenio único".Esto es, no es necesario convocar nuevas plazas de especialidades de Anexo II, porque se ha determinado que la Administración las cubre mediante personal funcionario.

En definitiva, a la vista de la literalidad del propio Convenio y de las características del personal incluido en el Anexo II del IV CUAGE, el hecho de que la Administración demandada no convoque para tal personal procesos de promoción interna no cruzada no constituye infracción normativa alguna ni actuación discriminatoria del colectivo afectado. De ahí la necesaria desestimación de la demanda.

CUARTO.-Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que la misma no es firme, pudiendo interponerse recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto