Sentencia Social 163/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 319/2025 de 09 de diciembre del 2025

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 f) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO. -De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en hechos pacíficos y en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos, que no ha sido impugnada por ninguna de las partes.

TERCERO.- 1.Ejercita el sindicato actor acción de tutela de derechos fundamentales al considerar que la empresa demandada ha desplegado una conducta vulneradora de sus derechos fundamentales, que se ha manifestado en múltiples resoluciones estimatorias de las demandas interpuestas frente a sus afiliados y que aporta como prueba documental. Sostiene en su demanda que en los procedimientos iniciados por cada uno de los trabajadores que obtuvieron una sentencia favorable a sus pretensiones, USIPA no participó como coadyuvante, por lo que la vertiente colectiva de la libertad sindical quedó imprejuzgada, invocando la aplicación de la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo expresada en Sentencia de 14-10-2020, rc. 40/2019. Por ello insta a que esta Sala declare vulnerado su derecho de libertad sindical, ante la reiteración en el tiempo de conductas contrarias a su libertad sindical, ordenando el cese inmediato de la conducta y se le indemnice en la cuantía de 30.000 euros.

2. Por la empresa, que se opuso a la demanda, se planteó la excepción de prescripción de la acción, al considerar que la última de las sentencia dictadas en relación a uno de los afiliados del sindicato data del año 2022, por hechos acontecidos en el año 2020, por lo que la acción estaría sobradamente prescrita, invocando STS de 27-2-2025, rc. 1607/2022 en apoyo de su argumentación.

En este punto, hemos de traer a colación la Sentencia dictada por esta Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el 16-11-2015, proceso 255/2015, en el que decíamos que:

"Con relación a la prescripción, recordábamos en la SAN de 15-6-2.015 que "la jurisprudencia, por todas, STS 26-01-2005, rec. 35/2003 , ha estudiado el régimen de prescripción referido a las acciones en defensa de los derechos fundamentales, manteniendo los criterios siguientes:

" La argumentación sobre prescripción de acciones del segundo motivo del recurso del sindicato CSIT, a la que alude también el recurso de la CAM, se apoya en una premisa general cierta, asentada en la jurisprudencia constitucional desde la STC 7/1983 de 14 de febrero . De acuerdo con esta premisa, los derechos fundamentales son "permanentes e imprescriptibles"; lo que es compatible, no obstante, con que "el ordenamiento limite temporalmente la vida" de las acciones concretas que derivan de las lesiones infligidas a tales derechos . - Así, pues, dichas acciones prescriben y se agotan, sin que se extinga por ello el derecho fundamental, "que el ciudadano podrá continuar ejerciendo y que podrá hacer valer en relación con cualquier otra lesión futura". La propia STC 7/1983 declara que corresponde al legislador, a la hora de regular los distintos derechos fundamentales , la determinación del período de tiempo dentro del cual se podrá reaccionar frente a supuestas o reales vulneraciones de los mismos. Ello nos lleva, en casos como el presente, a las normas legales existentes sobre los plazos de la prescripción extintiva".

Dicho criterio se ha mantenido en STS 15-12-2008 (Rj. 2009/388), con cita de STC 7/1983 , donde se expresa que la naturaleza imprescriptible y permanente de los derechos fundamentales es compatible con que el ordenamiento límite temporalmente la de las acciones concretas que derivan de las lesiones infligidas a tales derechos , subrayando, además que el artículo 177.2 LPL (actualmente art. 179.2 LRJS ) dispone que la demanda de tutela de derechos fundamentales "habrá de interponerse dentro del plazo general de prescripción o caducidad de la acción previsto para las conductas o actos sobre los que se concrete la lesión a la libertad sindical". Así pues las acciones prescriben y se agotan, sin que se extinga por ello el derecho fundamental , que el ciudadano podrá continuar ejerciendo y que podrá hacer valer en relación con cualquier otra lesión futura, habiéndose mantenido así por la doctrina judicial, por todas STSJ Canarias 29-10-2012, rec. 135/2012." Y señalábamos que el plazo general de prescripción para el ejercicio de la acción de vulneración de la libertad sindical era de un año con arreglo al art. 59.2 E.T desde que hubiese podido ejercitarse".

3. Es de obligada lectura a los efectos que nos ocupan, la STS de 27-2-2025, rcud. 1607/2022 que invocó la empresa, siendo sus argumentos plenamente aplicables al presente supuesto. Partiendo de la aplicación del plazo de prescripción de un año del art. 59.1 ET en el ejercicio de acción de tutela de derechos fundamentales, señala el Alto Tribunal respecto del día de inicio del cómputo del plazo que " el dies a quo para el transcurso de la prescripción se inicia el día en el que la acción pudo ejercitarse, tal y como dispone el art. 1969 del CC y así ha reconocido nuestra doctrina, según recuerda la antes citada, de 28 de febrero de 2018 (...)" y así mismo "en cuanto aparezca fehacientemente evidenciado el "animus conservandi" por parte del titular de la acción, incompatible con toda idea de abandono de ésta, ha de entenderse queda correlativamente interrumpido el "tempus praescriptionis".[ STS de 26 de junio de 2013, rcud 1161/2012]»".

Y se añade: "La también invocada STS 65/2023, de 25 de enero, rec. 3505/2019, fija efectivamente el día inicial del plazo para reclamar daños y perjuicios, en un caso de vulneración del derecho de huelga por haber prestado servicios mínimos al amparo de una resolución administrativa posteriormente declarada nula por la jurisdicción contenciosa. Se reitera doctrina sobre el plazo general de prescripción en materia de derechos fundamentales, el del art. 59.1 ET, pero se sitúa la fecha de inicio del cómputo en el momento en que ya es posible aquilatar lo acaecido, es decir, cuando se declara la firmeza de la sentencia de lo contencioso-administrativo. Interpretación que se consideró más conveniente para la protección de los derechos fundamentales de tutela judicial ( art. 24.1 CE) y de huelga ( art. 28.2 CE) ante ese supuesto específico en que la impugnación directa de la resolución administrativa no estaba abierta a las personas individualmente afectadas por la misma, y la lesión quedó aquilatada cuando se declaró la firmeza de la sentencia de lo contencioso-administrativo".

4.Pues bien, a la vista de los hechos declarados probados, la acción ejercitada por el sindicato actor estaría prescrita. Véase que como bien se apuntó por la empresa, la última de las sentencias dictadas en referencia a una acción ejercitada por uno de sus afiliados se sitúa el 15-12-2022, y fue dictada por el TSJ de Galicia, confirmando la desestimación de la demanda en materia de despido interpuesta por doña Trinidad frente a Alcor Seguridad S.L.

No solo se ha de tener en cuenta que la sentencia fue desestimatoria del recurso de suplicación interpuesto frente a la sentencia de instancia, que desestimó la demanda interpuesta por la trabajadora y que por ende, ninguna vulneración de derechos fundamentales podría derivarse de la conducta empresarial, que fue convalidada, sino que situándonos en el mejor de los escenarios a efectos del cómputo del dies a quo, tomando como referencia la indicada resolución, habría transcurrido con creces el plazo de un año para el ejercicio de la acción, pues la demanda se interpuso el 7-10-2025.

5.Ni puede entenderse como se dijo por el sindicato actor, que el plazo de prescripción era de cinco años, ni mucho menos sostener, como así se afirmó que los hechos que motivaron las distintas resoluciones eran "concatenados", pues aunque ello fuera así, lo que desde luego no puede convalidarse, la fecha de la última de las resoluciones dictada es con mucho muy anterior, a la de interposición de la demanda rectora del procedimiento. Por todo ello, la misma ha de ser desestimada por la citada prescripción, absolviéndose a la empresa demandada de todos los pedimentos de la demanda, sin entrar a resolver sobre el fondo del asunto.

CUARTO.-Notifíquese la presente resolución a las partes personadas y hágase saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 206.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 f) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO. -De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en hechos pacíficos y en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos, que no ha sido impugnada por ninguna de las partes.

TERCERO.- 1.Ejercita el sindicato actor acción de tutela de derechos fundamentales al considerar que la empresa demandada ha desplegado una conducta vulneradora de sus derechos fundamentales, que se ha manifestado en múltiples resoluciones estimatorias de las demandas interpuestas frente a sus afiliados y que aporta como prueba documental. Sostiene en su demanda que en los procedimientos iniciados por cada uno de los trabajadores que obtuvieron una sentencia favorable a sus pretensiones, USIPA no participó como coadyuvante, por lo que la vertiente colectiva de la libertad sindical quedó imprejuzgada, invocando la aplicación de la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo expresada en Sentencia de 14-10-2020, rc. 40/2019. Por ello insta a que esta Sala declare vulnerado su derecho de libertad sindical, ante la reiteración en el tiempo de conductas contrarias a su libertad sindical, ordenando el cese inmediato de la conducta y se le indemnice en la cuantía de 30.000 euros.

2. Por la empresa, que se opuso a la demanda, se planteó la excepción de prescripción de la acción, al considerar que la última de las sentencia dictadas en relación a uno de los afiliados del sindicato data del año 2022, por hechos acontecidos en el año 2020, por lo que la acción estaría sobradamente prescrita, invocando STS de 27-2-2025, rc. 1607/2022 en apoyo de su argumentación.

En este punto, hemos de traer a colación la Sentencia dictada por esta Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el 16-11-2015, proceso 255/2015, en el que decíamos que:

"Con relación a la prescripción, recordábamos en la SAN de 15-6-2.015 que "la jurisprudencia, por todas, STS 26-01-2005, rec. 35/2003 , ha estudiado el régimen de prescripción referido a las acciones en defensa de los derechos fundamentales, manteniendo los criterios siguientes:

" La argumentación sobre prescripción de acciones del segundo motivo del recurso del sindicato CSIT, a la que alude también el recurso de la CAM, se apoya en una premisa general cierta, asentada en la jurisprudencia constitucional desde la STC 7/1983 de 14 de febrero . De acuerdo con esta premisa, los derechos fundamentales son "permanentes e imprescriptibles"; lo que es compatible, no obstante, con que "el ordenamiento limite temporalmente la vida" de las acciones concretas que derivan de las lesiones infligidas a tales derechos . - Así, pues, dichas acciones prescriben y se agotan, sin que se extinga por ello el derecho fundamental, "que el ciudadano podrá continuar ejerciendo y que podrá hacer valer en relación con cualquier otra lesión futura". La propia STC 7/1983 declara que corresponde al legislador, a la hora de regular los distintos derechos fundamentales , la determinación del período de tiempo dentro del cual se podrá reaccionar frente a supuestas o reales vulneraciones de los mismos. Ello nos lleva, en casos como el presente, a las normas legales existentes sobre los plazos de la prescripción extintiva".

Dicho criterio se ha mantenido en STS 15-12-2008 (Rj. 2009/388), con cita de STC 7/1983 , donde se expresa que la naturaleza imprescriptible y permanente de los derechos fundamentales es compatible con que el ordenamiento límite temporalmente la de las acciones concretas que derivan de las lesiones infligidas a tales derechos , subrayando, además que el artículo 177.2 LPL (actualmente art. 179.2 LRJS ) dispone que la demanda de tutela de derechos fundamentales "habrá de interponerse dentro del plazo general de prescripción o caducidad de la acción previsto para las conductas o actos sobre los que se concrete la lesión a la libertad sindical". Así pues las acciones prescriben y se agotan, sin que se extinga por ello el derecho fundamental , que el ciudadano podrá continuar ejerciendo y que podrá hacer valer en relación con cualquier otra lesión futura, habiéndose mantenido así por la doctrina judicial, por todas STSJ Canarias 29-10-2012, rec. 135/2012." Y señalábamos que el plazo general de prescripción para el ejercicio de la acción de vulneración de la libertad sindical era de un año con arreglo al art. 59.2 E.T desde que hubiese podido ejercitarse".

3. Es de obligada lectura a los efectos que nos ocupan, la STS de 27-2-2025, rcud. 1607/2022 que invocó la empresa, siendo sus argumentos plenamente aplicables al presente supuesto. Partiendo de la aplicación del plazo de prescripción de un año del art. 59.1 ET en el ejercicio de acción de tutela de derechos fundamentales, señala el Alto Tribunal respecto del día de inicio del cómputo del plazo que " el dies a quo para el transcurso de la prescripción se inicia el día en el que la acción pudo ejercitarse, tal y como dispone el art. 1969 del CC y así ha reconocido nuestra doctrina, según recuerda la antes citada, de 28 de febrero de 2018 (...)" y así mismo "en cuanto aparezca fehacientemente evidenciado el "animus conservandi" por parte del titular de la acción, incompatible con toda idea de abandono de ésta, ha de entenderse queda correlativamente interrumpido el "tempus praescriptionis".[ STS de 26 de junio de 2013, rcud 1161/2012]»".

Y se añade: "La también invocada STS 65/2023, de 25 de enero, rec. 3505/2019, fija efectivamente el día inicial del plazo para reclamar daños y perjuicios, en un caso de vulneración del derecho de huelga por haber prestado servicios mínimos al amparo de una resolución administrativa posteriormente declarada nula por la jurisdicción contenciosa. Se reitera doctrina sobre el plazo general de prescripción en materia de derechos fundamentales, el del art. 59.1 ET, pero se sitúa la fecha de inicio del cómputo en el momento en que ya es posible aquilatar lo acaecido, es decir, cuando se declara la firmeza de la sentencia de lo contencioso-administrativo. Interpretación que se consideró más conveniente para la protección de los derechos fundamentales de tutela judicial ( art. 24.1 CE) y de huelga ( art. 28.2 CE) ante ese supuesto específico en que la impugnación directa de la resolución administrativa no estaba abierta a las personas individualmente afectadas por la misma, y la lesión quedó aquilatada cuando se declaró la firmeza de la sentencia de lo contencioso-administrativo".

4.Pues bien, a la vista de los hechos declarados probados, la acción ejercitada por el sindicato actor estaría prescrita. Véase que como bien se apuntó por la empresa, la última de las sentencias dictadas en referencia a una acción ejercitada por uno de sus afiliados se sitúa el 15-12-2022, y fue dictada por el TSJ de Galicia, confirmando la desestimación de la demanda en materia de despido interpuesta por doña Trinidad frente a Alcor Seguridad S.L.

No solo se ha de tener en cuenta que la sentencia fue desestimatoria del recurso de suplicación interpuesto frente a la sentencia de instancia, que desestimó la demanda interpuesta por la trabajadora y que por ende, ninguna vulneración de derechos fundamentales podría derivarse de la conducta empresarial, que fue convalidada, sino que situándonos en el mejor de los escenarios a efectos del cómputo del dies a quo, tomando como referencia la indicada resolución, habría transcurrido con creces el plazo de un año para el ejercicio de la acción, pues la demanda se interpuso el 7-10-2025.

5.Ni puede entenderse como se dijo por el sindicato actor, que el plazo de prescripción era de cinco años, ni mucho menos sostener, como así se afirmó que los hechos que motivaron las distintas resoluciones eran "concatenados", pues aunque ello fuera así, lo que desde luego no puede convalidarse, la fecha de la última de las resoluciones dictada es con mucho muy anterior, a la de interposición de la demanda rectora del procedimiento. Por todo ello, la misma ha de ser desestimada por la citada prescripción, absolviéndose a la empresa demandada de todos los pedimentos de la demanda, sin entrar a resolver sobre el fondo del asunto.

CUARTO.-Notifíquese la presente resolución a las partes personadas y hágase saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 206.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 f) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO. -De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en hechos pacíficos y en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos, que no ha sido impugnada por ninguna de las partes.

TERCERO.- 1.Ejercita el sindicato actor acción de tutela de derechos fundamentales al considerar que la empresa demandada ha desplegado una conducta vulneradora de sus derechos fundamentales, que se ha manifestado en múltiples resoluciones estimatorias de las demandas interpuestas frente a sus afiliados y que aporta como prueba documental. Sostiene en su demanda que en los procedimientos iniciados por cada uno de los trabajadores que obtuvieron una sentencia favorable a sus pretensiones, USIPA no participó como coadyuvante, por lo que la vertiente colectiva de la libertad sindical quedó imprejuzgada, invocando la aplicación de la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo expresada en Sentencia de 14-10-2020, rc. 40/2019. Por ello insta a que esta Sala declare vulnerado su derecho de libertad sindical, ante la reiteración en el tiempo de conductas contrarias a su libertad sindical, ordenando el cese inmediato de la conducta y se le indemnice en la cuantía de 30.000 euros.

2. Por la empresa, que se opuso a la demanda, se planteó la excepción de prescripción de la acción, al considerar que la última de las sentencia dictadas en relación a uno de los afiliados del sindicato data del año 2022, por hechos acontecidos en el año 2020, por lo que la acción estaría sobradamente prescrita, invocando STS de 27-2-2025, rc. 1607/2022 en apoyo de su argumentación.

En este punto, hemos de traer a colación la Sentencia dictada por esta Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el 16-11-2015, proceso 255/2015, en el que decíamos que:

"Con relación a la prescripción, recordábamos en la SAN de 15-6-2.015 que "la jurisprudencia, por todas, STS 26-01-2005, rec. 35/2003 , ha estudiado el régimen de prescripción referido a las acciones en defensa de los derechos fundamentales, manteniendo los criterios siguientes:

" La argumentación sobre prescripción de acciones del segundo motivo del recurso del sindicato CSIT, a la que alude también el recurso de la CAM, se apoya en una premisa general cierta, asentada en la jurisprudencia constitucional desde la STC 7/1983 de 14 de febrero . De acuerdo con esta premisa, los derechos fundamentales son "permanentes e imprescriptibles"; lo que es compatible, no obstante, con que "el ordenamiento limite temporalmente la vida" de las acciones concretas que derivan de las lesiones infligidas a tales derechos . - Así, pues, dichas acciones prescriben y se agotan, sin que se extinga por ello el derecho fundamental, "que el ciudadano podrá continuar ejerciendo y que podrá hacer valer en relación con cualquier otra lesión futura". La propia STC 7/1983 declara que corresponde al legislador, a la hora de regular los distintos derechos fundamentales , la determinación del período de tiempo dentro del cual se podrá reaccionar frente a supuestas o reales vulneraciones de los mismos. Ello nos lleva, en casos como el presente, a las normas legales existentes sobre los plazos de la prescripción extintiva".

Dicho criterio se ha mantenido en STS 15-12-2008 (Rj. 2009/388), con cita de STC 7/1983 , donde se expresa que la naturaleza imprescriptible y permanente de los derechos fundamentales es compatible con que el ordenamiento límite temporalmente la de las acciones concretas que derivan de las lesiones infligidas a tales derechos , subrayando, además que el artículo 177.2 LPL (actualmente art. 179.2 LRJS ) dispone que la demanda de tutela de derechos fundamentales "habrá de interponerse dentro del plazo general de prescripción o caducidad de la acción previsto para las conductas o actos sobre los que se concrete la lesión a la libertad sindical". Así pues las acciones prescriben y se agotan, sin que se extinga por ello el derecho fundamental , que el ciudadano podrá continuar ejerciendo y que podrá hacer valer en relación con cualquier otra lesión futura, habiéndose mantenido así por la doctrina judicial, por todas STSJ Canarias 29-10-2012, rec. 135/2012." Y señalábamos que el plazo general de prescripción para el ejercicio de la acción de vulneración de la libertad sindical era de un año con arreglo al art. 59.2 E.T desde que hubiese podido ejercitarse".

3. Es de obligada lectura a los efectos que nos ocupan, la STS de 27-2-2025, rcud. 1607/2022 que invocó la empresa, siendo sus argumentos plenamente aplicables al presente supuesto. Partiendo de la aplicación del plazo de prescripción de un año del art. 59.1 ET en el ejercicio de acción de tutela de derechos fundamentales, señala el Alto Tribunal respecto del día de inicio del cómputo del plazo que " el dies a quo para el transcurso de la prescripción se inicia el día en el que la acción pudo ejercitarse, tal y como dispone el art. 1969 del CC y así ha reconocido nuestra doctrina, según recuerda la antes citada, de 28 de febrero de 2018 (...)" y así mismo "en cuanto aparezca fehacientemente evidenciado el "animus conservandi" por parte del titular de la acción, incompatible con toda idea de abandono de ésta, ha de entenderse queda correlativamente interrumpido el "tempus praescriptionis".[ STS de 26 de junio de 2013, rcud 1161/2012]»".

Y se añade: "La también invocada STS 65/2023, de 25 de enero, rec. 3505/2019, fija efectivamente el día inicial del plazo para reclamar daños y perjuicios, en un caso de vulneración del derecho de huelga por haber prestado servicios mínimos al amparo de una resolución administrativa posteriormente declarada nula por la jurisdicción contenciosa. Se reitera doctrina sobre el plazo general de prescripción en materia de derechos fundamentales, el del art. 59.1 ET, pero se sitúa la fecha de inicio del cómputo en el momento en que ya es posible aquilatar lo acaecido, es decir, cuando se declara la firmeza de la sentencia de lo contencioso-administrativo. Interpretación que se consideró más conveniente para la protección de los derechos fundamentales de tutela judicial ( art. 24.1 CE) y de huelga ( art. 28.2 CE) ante ese supuesto específico en que la impugnación directa de la resolución administrativa no estaba abierta a las personas individualmente afectadas por la misma, y la lesión quedó aquilatada cuando se declaró la firmeza de la sentencia de lo contencioso-administrativo".

4.Pues bien, a la vista de los hechos declarados probados, la acción ejercitada por el sindicato actor estaría prescrita. Véase que como bien se apuntó por la empresa, la última de las sentencias dictadas en referencia a una acción ejercitada por uno de sus afiliados se sitúa el 15-12-2022, y fue dictada por el TSJ de Galicia, confirmando la desestimación de la demanda en materia de despido interpuesta por doña Trinidad frente a Alcor Seguridad S.L.

No solo se ha de tener en cuenta que la sentencia fue desestimatoria del recurso de suplicación interpuesto frente a la sentencia de instancia, que desestimó la demanda interpuesta por la trabajadora y que por ende, ninguna vulneración de derechos fundamentales podría derivarse de la conducta empresarial, que fue convalidada, sino que situándonos en el mejor de los escenarios a efectos del cómputo del dies a quo, tomando como referencia la indicada resolución, habría transcurrido con creces el plazo de un año para el ejercicio de la acción, pues la demanda se interpuso el 7-10-2025.

5.Ni puede entenderse como se dijo por el sindicato actor, que el plazo de prescripción era de cinco años, ni mucho menos sostener, como así se afirmó que los hechos que motivaron las distintas resoluciones eran "concatenados", pues aunque ello fuera así, lo que desde luego no puede convalidarse, la fecha de la última de las resoluciones dictada es con mucho muy anterior, a la de interposición de la demanda rectora del procedimiento. Por todo ello, la misma ha de ser desestimada por la citada prescripción, absolviéndose a la empresa demandada de todos los pedimentos de la demanda, sin entrar a resolver sobre el fondo del asunto.

CUARTO.-Notifíquese la presente resolución a las partes personadas y hágase saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 206.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 f) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO. -De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en hechos pacíficos y en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos, que no ha sido impugnada por ninguna de las partes.

TERCERO.- 1.Ejercita el sindicato actor acción de tutela de derechos fundamentales al considerar que la empresa demandada ha desplegado una conducta vulneradora de sus derechos fundamentales, que se ha manifestado en múltiples resoluciones estimatorias de las demandas interpuestas frente a sus afiliados y que aporta como prueba documental. Sostiene en su demanda que en los procedimientos iniciados por cada uno de los trabajadores que obtuvieron una sentencia favorable a sus pretensiones, USIPA no participó como coadyuvante, por lo que la vertiente colectiva de la libertad sindical quedó imprejuzgada, invocando la aplicación de la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo expresada en Sentencia de 14-10-2020, rc. 40/2019. Por ello insta a que esta Sala declare vulnerado su derecho de libertad sindical, ante la reiteración en el tiempo de conductas contrarias a su libertad sindical, ordenando el cese inmediato de la conducta y se le indemnice en la cuantía de 30.000 euros.

2. Por la empresa, que se opuso a la demanda, se planteó la excepción de prescripción de la acción, al considerar que la última de las sentencia dictadas en relación a uno de los afiliados del sindicato data del año 2022, por hechos acontecidos en el año 2020, por lo que la acción estaría sobradamente prescrita, invocando STS de 27-2-2025, rc. 1607/2022 en apoyo de su argumentación.

En este punto, hemos de traer a colación la Sentencia dictada por esta Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el 16-11-2015, proceso 255/2015, en el que decíamos que:

"Con relación a la prescripción, recordábamos en la SAN de 15-6-2.015 que "la jurisprudencia, por todas, STS 26-01-2005, rec. 35/2003 , ha estudiado el régimen de prescripción referido a las acciones en defensa de los derechos fundamentales, manteniendo los criterios siguientes:

" La argumentación sobre prescripción de acciones del segundo motivo del recurso del sindicato CSIT, a la que alude también el recurso de la CAM, se apoya en una premisa general cierta, asentada en la jurisprudencia constitucional desde la STC 7/1983 de 14 de febrero . De acuerdo con esta premisa, los derechos fundamentales son "permanentes e imprescriptibles"; lo que es compatible, no obstante, con que "el ordenamiento limite temporalmente la vida" de las acciones concretas que derivan de las lesiones infligidas a tales derechos . - Así, pues, dichas acciones prescriben y se agotan, sin que se extinga por ello el derecho fundamental, "que el ciudadano podrá continuar ejerciendo y que podrá hacer valer en relación con cualquier otra lesión futura". La propia STC 7/1983 declara que corresponde al legislador, a la hora de regular los distintos derechos fundamentales , la determinación del período de tiempo dentro del cual se podrá reaccionar frente a supuestas o reales vulneraciones de los mismos. Ello nos lleva, en casos como el presente, a las normas legales existentes sobre los plazos de la prescripción extintiva".

Dicho criterio se ha mantenido en STS 15-12-2008 (Rj. 2009/388), con cita de STC 7/1983 , donde se expresa que la naturaleza imprescriptible y permanente de los derechos fundamentales es compatible con que el ordenamiento límite temporalmente la de las acciones concretas que derivan de las lesiones infligidas a tales derechos , subrayando, además que el artículo 177.2 LPL (actualmente art. 179.2 LRJS ) dispone que la demanda de tutela de derechos fundamentales "habrá de interponerse dentro del plazo general de prescripción o caducidad de la acción previsto para las conductas o actos sobre los que se concrete la lesión a la libertad sindical". Así pues las acciones prescriben y se agotan, sin que se extinga por ello el derecho fundamental , que el ciudadano podrá continuar ejerciendo y que podrá hacer valer en relación con cualquier otra lesión futura, habiéndose mantenido así por la doctrina judicial, por todas STSJ Canarias 29-10-2012, rec. 135/2012." Y señalábamos que el plazo general de prescripción para el ejercicio de la acción de vulneración de la libertad sindical era de un año con arreglo al art. 59.2 E.T desde que hubiese podido ejercitarse".

3. Es de obligada lectura a los efectos que nos ocupan, la STS de 27-2-2025, rcud. 1607/2022 que invocó la empresa, siendo sus argumentos plenamente aplicables al presente supuesto. Partiendo de la aplicación del plazo de prescripción de un año del art. 59.1 ET en el ejercicio de acción de tutela de derechos fundamentales, señala el Alto Tribunal respecto del día de inicio del cómputo del plazo que " el dies a quo para el transcurso de la prescripción se inicia el día en el que la acción pudo ejercitarse, tal y como dispone el art. 1969 del CC y así ha reconocido nuestra doctrina, según recuerda la antes citada, de 28 de febrero de 2018 (...)" y así mismo "en cuanto aparezca fehacientemente evidenciado el "animus conservandi" por parte del titular de la acción, incompatible con toda idea de abandono de ésta, ha de entenderse queda correlativamente interrumpido el "tempus praescriptionis".[ STS de 26 de junio de 2013, rcud 1161/2012]»".

Y se añade: "La también invocada STS 65/2023, de 25 de enero, rec. 3505/2019, fija efectivamente el día inicial del plazo para reclamar daños y perjuicios, en un caso de vulneración del derecho de huelga por haber prestado servicios mínimos al amparo de una resolución administrativa posteriormente declarada nula por la jurisdicción contenciosa. Se reitera doctrina sobre el plazo general de prescripción en materia de derechos fundamentales, el del art. 59.1 ET, pero se sitúa la fecha de inicio del cómputo en el momento en que ya es posible aquilatar lo acaecido, es decir, cuando se declara la firmeza de la sentencia de lo contencioso-administrativo. Interpretación que se consideró más conveniente para la protección de los derechos fundamentales de tutela judicial ( art. 24.1 CE) y de huelga ( art. 28.2 CE) ante ese supuesto específico en que la impugnación directa de la resolución administrativa no estaba abierta a las personas individualmente afectadas por la misma, y la lesión quedó aquilatada cuando se declaró la firmeza de la sentencia de lo contencioso-administrativo".

4.Pues bien, a la vista de los hechos declarados probados, la acción ejercitada por el sindicato actor estaría prescrita. Véase que como bien se apuntó por la empresa, la última de las sentencias dictadas en referencia a una acción ejercitada por uno de sus afiliados se sitúa el 15-12-2022, y fue dictada por el TSJ de Galicia, confirmando la desestimación de la demanda en materia de despido interpuesta por doña Trinidad frente a Alcor Seguridad S.L.

No solo se ha de tener en cuenta que la sentencia fue desestimatoria del recurso de suplicación interpuesto frente a la sentencia de instancia, que desestimó la demanda interpuesta por la trabajadora y que por ende, ninguna vulneración de derechos fundamentales podría derivarse de la conducta empresarial, que fue convalidada, sino que situándonos en el mejor de los escenarios a efectos del cómputo del dies a quo, tomando como referencia la indicada resolución, habría transcurrido con creces el plazo de un año para el ejercicio de la acción, pues la demanda se interpuso el 7-10-2025.

5.Ni puede entenderse como se dijo por el sindicato actor, que el plazo de prescripción era de cinco años, ni mucho menos sostener, como así se afirmó que los hechos que motivaron las distintas resoluciones eran "concatenados", pues aunque ello fuera así, lo que desde luego no puede convalidarse, la fecha de la última de las resoluciones dictada es con mucho muy anterior, a la de interposición de la demanda rectora del procedimiento. Por todo ello, la misma ha de ser desestimada por la citada prescripción, absolviéndose a la empresa demandada de todos los pedimentos de la demanda, sin entrar a resolver sobre el fondo del asunto.

CUARTO.-Notifíquese la presente resolución a las partes personadas y hágase saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 206.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto