Sentencia Social 46/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 410/2025 de 09 de marzo del 2026

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del proceso de conflicto colectivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos. Es preciso señalar en este punto que en el acto de la vista se denegó la prueba testifical propuesta por ambas partes a la vista de la extensa prueba documental aportada y, en particular, al considerar la testifical propuesta por la demandante como innecesaria a los efectos de acreditar los supuestos incumplimientos en materia preventiva a nivel nacional y con la creación de un Plan de Prevención meramente aparente que se imputan a la demandada.

También es este punto es preciso dar respuesta a la alegación de abuso de derecho y mala fe procesal de la parte demandante que efectúa el Abogado del Estado. Y ello al utilizar la parte actora la documentación aportada por la demandada en un procedimiento anterior entre las mismas partes, del que aquella demandante habría desistido. Considera la demanda que tal conducta resulta contraria al art.11.2 LOPJ, que impone el respeto a las reglas de la buena fe. Tal alegación, sin embargo, no puede ser compartida. Aun siendo cierto que existió un procedimiento anterior ante las mismas partes y con el mismo objeto y que en aquel se aportó por la demandada, por imponerlo así el vigente art.82.5 LRJS, la documentación de forma anticipada, el hecho de que la actora desistiera de aquel procedimiento y, posteriormente, interpusiera nueva demanda completando la información previamente obtenida no puede considerarse una conducta abusiva. Y ello por cuanto el mecanismo de los actos preparatorios y de las diligencias preliminares del art.76 LRJS no puede ser considerado como obligatorio y no se alega o prueba infracción de normas deontológicas (recordemos que el anterior procedimiento enfrentaba a las mismas partes). Y tampoco consta, por último, que las pruebas que ahora se reiteran hubieran sido obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales. En definitiva, con independencia de que los hechos en los que se fundamenta la demanda resulten o no acreditados, no aprecia la Sala una conducta contraria a la buena fe procesal.

TERCERO.-La parte demandante ejercita acción de conflicto colectivo con vulneración de derechos fundamentales y en relación con lo que afirma es un incumplimiento "sistemático, generalizado y continuado en el tiempo por parte del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía de su deber legal de garantizar una protección eficaz en materia de seguridad y salud a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía".Ahora bien, antes de examinar tal cuestión de fondo es precio dar respuesta a las excepciones planteadas por la representación de la demandada.

La primera de tales excepciones es la relativa a la falta de jurisdicción,pues entiende aquella parte que el conocimiento de los puntos 4º y 5º del suplico (relativos a la vulneración de los derechos fundamentales a la libertad sindical y a la vida e integridad física y moral) debería corresponder al orden contencioso-administrativo y no al social.

Es preciso recordar a este respecto que los conflictos sobre prevención de riesgos laborales abarcan las actuaciones de las Administraciones públicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral. Y ello a fin de que los mismos puedas ejercer sus acciones, a estos fines, en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, incluyendo la pretensión de condena a una indemnización, aunque se alegue además tutela de derechos fundamentales ( TS 11-10-18, rec. 2605/2016; 5-5-21, rec. 1634/2019; 19-7-21, rec. 2282/2020 y 10-11-21, rec. 2061/2019).

En la Sentencia del Tribunal Supremo nº 487/2021, de fecha 05/05/2021, recaída en el Recurso nº 1634/2019, en su parte dispositiva se estima el RCUD interpuesto por un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía frente a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nº 16/2019, de fecha 14/01/2019, recaída en el Recurso nº 671/201, en la que se confirma íntegramente el Auto de inadmisión de la demanda dictado por el Juzgado de lo Social nº 9 de los de Madrid de fecha 19/03/2018, en los autos nº 960/2016.

La cuestión litigiosa que se sometió a la consideración de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo quedó centrada y limitada a determinar si es competente el orden social de la jurisdicción para conocer de la demanda en la que interesa la responsabilidad por los daños sufridos por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, en concreto riesgos psicosociales, invocándose la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales (sin tratarse de proceso de tutela de derechos fundamentales), siendo el demandante un funcionario público.

A estos efectos la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, ha mantenido la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, ex artículo 3.c) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, para la tutela de los derechos de libertad sindical y de huelga cuando se vean afectados funcionarios o personal estatutario y personal laboral, "salvo en materia de prevención de riesgos laborales en que la competencia del orden social es plena", conforme a lo dispuesto en los artículos 2.e) y 3.b) de la citada Ley procesal.

Y es que no podemos obviar que la distribución competencial entre el orden social y el orden contencioso-administrativo de la jurisdicción ha variado tras la entrada en vigor de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, y que debemos partir de la clara distinción entre:

a) Las actuaciones de la Administración pública "realizadas en el ejercicio de sus potestades y funciones"en materia laboral, sindical y de Seguridad Social, las que como regla, tratándose de actos singulares o plurales (no de disposiciones generales o asimilados) de su impugnación conoce, como regla, el orden social, con excepciones (en especial en materia de actos de la TGSS) a favor del orden contencioso-administrativo en especial "siempre que en este caso su conocimiento no esté atribuido a otro orden jurisdiccional".

b) Los actos o decisiones de la Administración pública empleadora respecto de los trabajadores a su servicio de cuya impugnación conoce siempre el orden social, si bien cuando tales efectos afectaren conjuntamente al personal laboral y al funcionarial y/o estatutario, la Ley 36/2011, de 10 de octubre, ha optado por atribuir el conocimiento de la impugnación de tales actos en materia laboral o sindical (materia de derechos de libertad sindical y huelga, pactos o acuerdos ex EBEP o Laudos arbitrales sustitutivos) al orden contencioso-administrativo, "salvo en materia de prevención de riesgos laborales en que la competencia del orden social es plena".

Y ello, por ser de aplicación lo dispuesto en el artículo 2.e) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, que atribuye la competencia a la jurisdicción social cuando se trata de controlar judicialmente el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, incluida la reparación de los daños causados por ese concepto.

Y ciertamente el artículo 3.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, dispone que "esta Ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas, con las peculiaridades que, en este caso, se contemplan en la presente Ley o en sus normas de desarrollo", y añade que cuando en la presente Ley se haga referencia a trabajadores y empresarios, se entenderán también comprendidos en estos términos, "el personal con relación de carácter administrativo o estatutario y la Administración pública para la que presta servicios, en los términos expresados en la Disposición Adicional Tercera de esta Ley ".

En definitiva, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, establece la atribución plena al orden jurisdiccional social del conocimiento de los litigios sobre aplicación de la normativa de prevención riesgos laborales, aun cuando afecten al personal funcionarial o estatutario de las Administraciones públicas empleadoras, atribuyendo así a la jurisdicción social el conocimiento más completo de la materia social por su mayor especialización y evitando el llamado «peregrinaje de jurisdicciones.

Y es que, desde la perspectiva de la finalidad de la Ley, el propio preámbulo de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, es claro cuando afirma que "asimismo, esta unificación permite de manera general convertir el orden social en el garante del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, aun cuando no se hayan derivado daños concretos por tales incumplimientos. De este modo no sólo se fortalecen los instrumentos judiciales para proteger a las víctimas de accidentes de trabajo, sino que además se disponen los recursos para hacer efectiva la deuda de protección del empresario y la prevención de riesgos laborales. Esta asignación de competencias se efectúa con carácter pleno, incluyendo a los funcionarios o personal estatutario, quienes deberán plantear, en su caso, sus reclamaciones ante el orden jurisdiccional social en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de la relación funcionarial o estatutaria o laboral".

A mayor abundamiento, no podemos obviar aquí la condena al Reino de España, y se transcribe su literalidad, por haber incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, por lo que respecta al personal no civil de las Administraciones Públicas, al no haber adaptado íntegramente su ordenamiento jurídico interno a los artículos 2, apartados 1 y 2, y 4 de dicha Directiva ( Sentencia del TJUE de fecha 12/01/2006, dictada en el asunto Comisión/España, C-132/04).

La excepción de falta de jurisdicción debe, por ello, ser rechazada.

CUARTO.-Examinemos a continuación la excepción de falta de accióny la posible inadecuación de procedimiento.Al respecto hemos de reproducir lo que se razona en la STS de 26-6-2024, rec 189/2022, que recoge la Doctrina de la Sala IV del TS a la hora de delimitar los conflictos jurídicos de los conflictos de intereses de la forma siguiente:

"La delimitación jurisprudencial entre lo que es un conflicto jurídico y un conflicto de intereses, y sus consecuencias en la correspondiente demanda, puede sintetizarse en los siguientes pronunciamientos:

- STS 543/2020, 29 de junio (rec. 30/2019 ): "El conflicto colectivo jurídico presupone una controversia que puede ser solventada aplicando una norma jurídica, pues lo que se cuestiona es la existencia, el alcance, el contenido o los sujetos de una relación jurídica disciplinada por la ley o por el convenio colectivo, o afectada por decisión o práctica de empresa, en tanto se están cambiando de alguna manera las condiciones de trabajo y, como es lógico, surge la confrontación litigiosa ( STS/4ª de 10 noviembre 2013 -rec. 140/2009 -, 13 mayo 2014 -rec. 109/2013 -, y 3 abril 2018 -rec. 106/2017 -, entre otras). En suma, si lo que se pretende con una demanda que se plantea como conflicto colectivo es que sea el órgano judicial el que fije condiciones laborales cuyas notas o características no pueden extraerse o deducirse de ninguna fuente normativa u obligacional previa, nos encontraremos ante una evidente falta de acción de quien así acciona y, por ello, la consecuencia habrá de ser la desestimación de la demanda ( STS/4ª de 15 septiembre 2015 - rec. 252/2014 -)".

- En STS 929/2020, de 20 de octubre (rec. 95/2019 ), argumentamos: "a diferencia del conflicto de intereses o económico, cuya finalidad es la modificación del orden jurídico preestablecido y que, por ello, no puede encontrar solución en Derecho, ni permite que el Juez pueda suplantar la actividad negociadora de las partes -único procedimiento para pacificar la situación-, el conflicto colectivo jurídico presupone una controversia que puede ser solventada aplicando una norma jurídica. En este último lo que se cuestiona es la existencia, el alcance, el contenido o los sujetos de una relación jurídica que está disciplinada por la ley o por el convenio colectivo o que resulta afectada por una decisión o una práctica de la empresa. En suma, el conflicto jurídico surge porque una de las partes entiende que se están alterando de alguna manera las condiciones de las relaciones de trabajo".

- En STS 219/2021, de 23 de febrero (rec.149/2019 ) declaramos: "En este pleito, la sentencia recurrida estima la excepción de inadecuación de procedimiento, argumentando que se trata de un conflicto de intereses. La Audiencia Nacional examina el fondo del asunto y llega a la conclusión de que la Normativa Laboral en Renfe no ampara la pretensión de la parte.

Esta Sala no puede compartir la argumentación de instancia. No hay ninguna otra modalidad procesal distinta de la de conflicto colectivo que sea idónea para articular esa pretensión. Tampoco el procedimiento ordinario es adecuado para resolverla. En consecuencia, no puede declararse la inadecuación de procedimiento.

El hecho de que se desestime la pretensión ejercitada porque no tiene fundamento en el ordenamiento jurídico no significa que la parte actora haya solicitado la modificación del orden jurídico preestablecido. La parte actora no ha postulado una modificación jurídica sino una interpretación jurídica favorable a sus intereses.

1) La sentencia del TS de 30 de abril de 2001, recurso 3215/2000 , explica que la parte actora no buscaba propiamente la interpretación de un convenio colectivo sino el establecimiento de una estipulación nueva, por lo que en rigor estaríamos ante un conflicto de intereses o de regulación. "Ahora bien: es indudable que las pretensiones se definen e identifican por regla general de acuerdo con los fundamentos que proponen, como origen y basamento de la petición que a la postre se deduce. Y en este sentido, claro parece que esa parte propuso la controversia como una cuestión interpretativa, principalmente de los arts. 42 y 43 del Convenio Colectivo vigente, de cuya exégesis podría concluirse, se afirma, cuál es la jornada de mérito. Resulta por ello más aconsejable seguir el planteamiento de la cuestión que ofrece la sentencia recurrida, la cual entendió que concurrían elementos de partida suficientes, para entender cumplimentados los presupuestos procesales de un conflicto colectivo, sin perjuicio de constatar, como pronunciamiento final, que la Norma paccionada no autorizaba ni apoyaba la conclusión a que el Sindicato proponente llega."

2) La sentencia del TS de 6 de febrero de 2019, recurso 6/2018 , argumentó que la parte actora no pretendía alterar el convenio colectivo sino aplicarlo, lo que no tiene "Nada que ver, por tanto, con un conflicto de intereses. Estamos ante un paradigmático conflicto de interpretación del convenio, al hilo del cual aparecen posiciones encontradas que reclaman para sí, precisamente, el acierto en la forma de respetar lo acordado. En tales circunstancias, carece de sentido achacar a la contraparte el deseo de cambiar el articulado del convenio."

3) En el mismo sentido, las sentencias del TS de 8 de mayo de 2015, recurso. 56/2014 ; y 10 de octubre de 2018, recurso 145/2017 , explican que la demandante no pretende alterar el orden jurídico establecido y cambiar las condiciones de trabajo, sino que aspiran a que la empresa respete y haga efectivas las normas de obligado cumplimiento. No se trata de decidir cómo han de ser las cosas (conflicto de intereses) sino cómo son a la vista de las normas aplicables".

- En STS, 911/2020, de 14 de octubre (rec. 108/2019 ) sostuvimos: "En efecto, según establece el propio artículo 153.1 LRJS , el proceso de conflicto colectivo ha de necesariamente versar sobre la "aplicación e interpretación" de -sin realizar ahora mayores desarrollos ni precisiones- una norma estatal, convenio colectivo, pactos o acuerdo de empresa, o de una decisión empresarial de carácter colectivo o práctica de empresa".

En la demanda rectora del presente conflicto se solicita que se declare la nulidad e ineficacia del denominado Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Policía por incumplir los requisitos esenciales exigidos por la normativa de prevención de riesgos laborales, con cita de diversos preceptos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de los Reales Decretos 2/2006, 39/1997 y 393/2007. Y se detallan en tal suplico los supuestos incumplimientos generadores, al parecer de la parte, de una situación de apariencia de regulación que no sería tal. Y ello a nivel nacional y con afectación a la totalidad de funcionarios policiales. No se trata, por tanto, de acumular denuncias de incumplimiento en supuestos específicos sino de examinar si cabe apreciar una práctica en la demandada tendente a ignorar a sabiendas la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. De ahí que la segunda excepción de falta de acción (que engloba una eventual inadecuación de procedimiento) también deba ser rechazada.

QUINTO.-Examinemos a continuación el fondo del asunto. Como ya se ha indicado la demanda ejercita acción de conflicto reclamando la declaración de incumplimientos continuados y sistemáticos por parte de la demanda en materia de prevención de riesgos laborales del Cuerpo de Policía Nacional a la que acumula una acción de tutela de derechos fundamentales para que se declare la existencia de vulneración de los derechos fundamentales a la libertad sindical y a la vida e integridad física (de los funcionarios afectados), en ambos casos en relación con la infracción de normas de prevención de riesgos laborales.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) establece en su artículo 3.1 que tanto la Ley como sus normas de desarrollo, serán de aplicación en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas, con las peculiaridades que, en este caso, se contemplan en la presente Ley o en sus normas de desarrollo, pero su apartado 2 excluye la aplicación de la Ley en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de, entre otras, Policía, sin perjuicio de que dicha Ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las indicadas actividades. Aunque se excluya esa aplicación directa de la Ley, no queda fuera de la realidad interpretativa lo que constituyen elementos básicos de la responsabilidad en relación con las normas y reglas de prevención de riesgos laborales que se articula a partir de la obligación del empleador de promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo ( artículo 2.1 LPRL) y de los principios generales que implican la actividad de prevención de los riesgos profesionales que engloba la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva ( artículo 2.1 LPRL) . Toda actividad de prevención de riesgos laborales implica el conocimiento de cuáles son los riesgos posibles de la actividad, esto es, la evaluación de riesgos, tanto los evitables como los inevitables, y la adopción de medidas para evitarlos o reducirlos, es decir, la planificación de las medidas preventivas y su ejecución (en la LPRL reflejado en sus artículos 15 y, esencialmente, 16). Al respecto, la norma directamente aplicable al supuesto es el Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. El objeto de tal norma (artículo 1) es adoptar las medidas necesarias para promover la seguridad y salud en el trabajo de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, aplicando los principios y criterios contenidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, a las peculiaridades organizativas y a las especiales características de las funciones que tiene encomendadas. Como norma básica en la materia contempla las manifestaciones comunes de regulación genérica reproduciendo en muchos casos lo que establece la norma común de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y así, su artículo 3 no hace sino fijar el derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, como hace el artículo 14 LRRL; el artículo 6 del RD 2/2006 se equipara al artículo 17 de la LPRL, relativos a los medios de protección estableciendo en su apartado 2 que "La Administración proporcionará a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velará por su uso efectivo y correcto de los mismos".Por último, el artículo 12.2 4º del RD 2/2006, con paralelo en el artículo 29 LPRL, establece que, correspondiendo a cada funcionario policial, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación, las instrucciones de la Dirección General de la Policía y la normativa reguladora en la materia, "los funcionarios deberán en particular ... informar de inmediato a su superior jerárquico directo o al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los funcionarios",precepto que no se refiere a obligaciones del empleador sino a obligaciones de los policías.

La actividad de la empresa, por consiguiente, se inicia con la determinación de los riesgos, algo que se puede reclamar por los trabajadores (o, como en el presente caso, por un sindicato que los agrupa y representa), y continua con la adopción de medidas preventivas ajustándose a las normas que identifican esos riesgos y regulan su tratamiento, de modo que la primera consecuencia de la obligación del empleador es la exigencia de adoptar las medidas necesarias para evitar o reducir los riesgos y las consecuencias de su advenimiento. En la relación de prevención, por consiguiente, se establece la obligación empresarial y, de manera consecuencial inevitable, la responsabilidad por su incumplimiento o su cumplimiento irregular, parcial o incompleto. Esas consecuencias incluyen, sin duda, la reparación de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento.

Pues bien, partiendo de tal estructura general se ha de examinar si en el presente supuesto concurren los múltiples incumplimientos en materia de prevención que alega la demandante. Examinémoslos de manera separada:

1.- Afirma la demandante que el Plan de Prevención de Riesgos Laborales del año 2014 resulta nulo por la inexistencia de una "evaluación inicial de riesgos general, completa, actualizada y aplicable a todos los puestos y centros de trabajo, conforme a los arts. 14 y 16 LPRL , arts. 3 , 4 , 5 y 6 del RD 2/2006 y art. 4 RD 39/1997 "y por la inexistencia de una planificación "adecuada"(letras a y b, punto 1, del Suplico de la demanda). Sin embargo, no es eso lo que la Sala ha apreciado tras la valoración de la extensa documental aportada. Lo que consta es que, además de la elaboración de distintos procedimientos internos e instrucciones operativas en materia de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter previo a la aprobación del citado Plan de Prevención de Riesgos Laborales la Dirección General de la Policía ya había realizado las evaluaciones iniciales de riesgos laborales en las dependencias policiales desde el año 2007 en los diferentes centros de trabajo y actividades existentes en la Dirección General de la Policía. Y ello a través de distintos servicios de prevención ajenos (adjudicatarios de las distintas licitaciones) o de la propia Policía. El número total de evaluaciones de riesgos generales y su correspondiente planificación de la actividad preventiva realizadas en las dependencias de la Dirección General de la Policía entre los años 2007 y 2025, tanto por los Servicios de Prevención Ajenos como por el personal del Área de Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales, asciende a 2071. Mal cabe reclamar la nulidad el Plan por inexistencia de actividad preventiva cuando la misma ha existido y consta acreditada. Y todo ello sin perjuicio de que si la demandante no está conforme con alguna de tales actividades pueda ejercitar la acción correspondiente en el ámbito de la unidad o territorio donde se pudiera haber producido aquella irregularidad u omisión.

Es cierto que consta, además de la planificación preventiva llevada a cabo por las distintas adjudicatarias, una única auditoría interna elaborada por la Dirección General de la Policía fechada en el mes de junio de 2012. Pero también lo es que la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad inició una inspección sobre el "Control de Actividades del Servicio de Prevención del Cuerpo Nacional de Policía"que finalizó con informe de 4 de marzo de 2015; que se inició una nueva evaluación al sistema de prevención en diciembre del año 2021; y que, finalmente, consta una orden de servicio para retomar el proceso para realizar la auditoría y evaluación del art. 19 RD 2/2006 estando prevista su ejecución para el año 2026 (hecho probado decimotercero).

2.- Señala la demandante que tampoco habría existido una revisión periódica obligatoria de las evaluaciones y de su planificación, exigida por el art. 6 RD 2/2006, art. 16 LPRL y art. 7 RD 39/1997. Sin embargo, tal afirmación resulta incompatible con el listado de evaluaciones aportadas o con la elaboración de 135 fichas de actividades policiales en las que se evalúan los riesgos concretos, se analiza el equipamiento necesario y se proponen las medidas preventivas adecuadas a cada riesgo (descriptor nº 81, documento nº 4; y descriptor nº 89, documento nº 1). Es más, también consta que la demandada viene actualizando tales fichas en diversas unidades (descriptor nº 81, documento nº 5, por reproducido). E igualmente se acredita la existencia de simulacros, Planes de Autoprotección, Planes de Medidas de Emergencia y planificación de riesgos psicosociales (letras g), i) y k) del Suplico en relación con los hechos probados octavo, noveno y decimoprimero).

3.- Se afirma por la demandante, letras d) y f) del Suplico, que existe una falta de consulta y participación de los Representantes de los Funcionarios en la planificación y aplicación efectiva del Plan y una obstaculización de la labor de los Delegados de Prevención (recordemos, con carácter sistemático). Omite la parte la labor que se desarrolla, con participación de la representación de los Trabajadores en la Comisión de Seguridad y Salud Laboral Policial de la Policía Nacional (CSSLP) y en la Comisión Nacional de Riesgos Laborales (CNRL). Ambas celebran reuniones en las que las organizaciones sindicales, incluida la ahora demandante, plantean cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos. Y consta, igualmente, la existencia del Comité de Seguridad y Salud Laboral de los Servicios Centrales, que desarrolla su actividad respondiendo a cuestiones planteadas por las organizaciones sindicales. A ello debe unirse que, con independencia de la existencia de alguna reclamación puntual relativa a la actividad de los Delegados de Prevención (por ejemplo, descriptor nº 102, documentos nº 24 a 26) no consta acreditada tal supuesta obstaculización sistemática y material en modo alguno. Es más, desde el año 2020 se designa un responsable de la prevención de riesgos laborales en cada una de las dependencias/edificios de la Dirección General de la Policía, que actúa como personal designado y es el encargado de verificar y controlar que se ejecuten dichas medidas en su ámbito (descriptores nº 6, 10, 11; 102, documentos nº 9 a 17; y descriptor nº 81, documentos nº 3, 6 y 9).

4.- No basta, en relación con la letra h) del Suplico, afirmar que no existe actividad de coordinación en materia de protección de riesgos cuando el funcionario presta servicios en lugares distintos de las dependencias policiales. Y ello con más razón por cuanto sí se ha acreditado que cuando los funcionarios policiales prestan servicios en entidades como Aena o en Metro se produce coordinación y se intercambia información en materia de prevención de riesgos laborales (descriptor nº 81, documento nº 8).

5.- Tampoco aprecia la Sala infracción sistemática y continuada, tal y como afirma la demandante, de lo dispuesto en materia de adquisición de bienes y servicios, como parte integrante de la prevención y conforme a los arts. 14 y 15 LPRL y los arts. 3, 4 y 6 RD 2/2006. Y ello a la vista de la compra acreditada, entre los años 2011 y 2025, de un número de chalecos de protección superior al de la plantilla, sin perjuicio de la ejecución del expediente plurianual correspondiente al periodo 2025-2028, que garantiza la continuidad del suministro y la actualización progresiva de la dotación existente de tales chalecos. E igualmente se ha de tomar en consideración la adquisición de armeros, en función de la disponibilidad presupuestaria, para garantizar el cumplimiento de la normativa interna en materia de acceso a las zonas de celdas (hecho decimoctavo).

En definitiva, la mera disconformidad del sindicato demandante con actuaciones puntuales en la planificación, con el desarrollo de simulacros o actividades preventivas, con la respuesta de las demandadas a las labores de los delegados de prevención o con las respuestas recibidas a las consultas planteadas por aquel sindicato en los órganos de coordinación en materia preventiva no permiten afirmar un incumplimiento sistemático como el afirmando en la demanda. E igualmente, a la vista del relato fáctico acreditado, ha de descartarse la concurrencia de indicios suficientes de vulneración de la libertad sindical o del derecho a la integridad física y psíquica de los funcionarios representados por el sindicato actor. No cabe afirmar, por ello la existencia de un sistema de prevención de riesgos laborales meramente formal o limitado a un cumplimiento documental de la normativa y carente de la protección eficaz exigida por el artículo 14 LPRL, en relación con los artículos 3, 4 y 7 del Real Decreto 2/2006, de 16 de enero.

Y si no puede declararse la existencia de incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo ni concurren indicios de vulneración de derechos fundamentales la pretensión de condena relativa a la indemnización reclamada por el sindicato (por importe de 495.865 €) también debe ser rechazada.

Por lo expuesto, debemos dictar pronunciamiento desestimatorio.

SEXTO.-Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que la misma no es firme, pudiendo interponerse recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del proceso de conflicto colectivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos. Es preciso señalar en este punto que en el acto de la vista se denegó la prueba testifical propuesta por ambas partes a la vista de la extensa prueba documental aportada y, en particular, al considerar la testifical propuesta por la demandante como innecesaria a los efectos de acreditar los supuestos incumplimientos en materia preventiva a nivel nacional y con la creación de un Plan de Prevención meramente aparente que se imputan a la demandada.

También es este punto es preciso dar respuesta a la alegación de abuso de derecho y mala fe procesal de la parte demandante que efectúa el Abogado del Estado. Y ello al utilizar la parte actora la documentación aportada por la demandada en un procedimiento anterior entre las mismas partes, del que aquella demandante habría desistido. Considera la demanda que tal conducta resulta contraria al art.11.2 LOPJ, que impone el respeto a las reglas de la buena fe. Tal alegación, sin embargo, no puede ser compartida. Aun siendo cierto que existió un procedimiento anterior ante las mismas partes y con el mismo objeto y que en aquel se aportó por la demandada, por imponerlo así el vigente art.82.5 LRJS, la documentación de forma anticipada, el hecho de que la actora desistiera de aquel procedimiento y, posteriormente, interpusiera nueva demanda completando la información previamente obtenida no puede considerarse una conducta abusiva. Y ello por cuanto el mecanismo de los actos preparatorios y de las diligencias preliminares del art.76 LRJS no puede ser considerado como obligatorio y no se alega o prueba infracción de normas deontológicas (recordemos que el anterior procedimiento enfrentaba a las mismas partes). Y tampoco consta, por último, que las pruebas que ahora se reiteran hubieran sido obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales. En definitiva, con independencia de que los hechos en los que se fundamenta la demanda resulten o no acreditados, no aprecia la Sala una conducta contraria a la buena fe procesal.

TERCERO.-La parte demandante ejercita acción de conflicto colectivo con vulneración de derechos fundamentales y en relación con lo que afirma es un incumplimiento "sistemático, generalizado y continuado en el tiempo por parte del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía de su deber legal de garantizar una protección eficaz en materia de seguridad y salud a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía".Ahora bien, antes de examinar tal cuestión de fondo es precio dar respuesta a las excepciones planteadas por la representación de la demandada.

La primera de tales excepciones es la relativa a la falta de jurisdicción,pues entiende aquella parte que el conocimiento de los puntos 4º y 5º del suplico (relativos a la vulneración de los derechos fundamentales a la libertad sindical y a la vida e integridad física y moral) debería corresponder al orden contencioso-administrativo y no al social.

Es preciso recordar a este respecto que los conflictos sobre prevención de riesgos laborales abarcan las actuaciones de las Administraciones públicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral. Y ello a fin de que los mismos puedas ejercer sus acciones, a estos fines, en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, incluyendo la pretensión de condena a una indemnización, aunque se alegue además tutela de derechos fundamentales ( TS 11-10-18, rec. 2605/2016; 5-5-21, rec. 1634/2019; 19-7-21, rec. 2282/2020 y 10-11-21, rec. 2061/2019).

En la Sentencia del Tribunal Supremo nº 487/2021, de fecha 05/05/2021, recaída en el Recurso nº 1634/2019, en su parte dispositiva se estima el RCUD interpuesto por un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía frente a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nº 16/2019, de fecha 14/01/2019, recaída en el Recurso nº 671/201, en la que se confirma íntegramente el Auto de inadmisión de la demanda dictado por el Juzgado de lo Social nº 9 de los de Madrid de fecha 19/03/2018, en los autos nº 960/2016.

La cuestión litigiosa que se sometió a la consideración de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo quedó centrada y limitada a determinar si es competente el orden social de la jurisdicción para conocer de la demanda en la que interesa la responsabilidad por los daños sufridos por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, en concreto riesgos psicosociales, invocándose la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales (sin tratarse de proceso de tutela de derechos fundamentales), siendo el demandante un funcionario público.

A estos efectos la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, ha mantenido la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, ex artículo 3.c) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, para la tutela de los derechos de libertad sindical y de huelga cuando se vean afectados funcionarios o personal estatutario y personal laboral, "salvo en materia de prevención de riesgos laborales en que la competencia del orden social es plena", conforme a lo dispuesto en los artículos 2.e) y 3.b) de la citada Ley procesal.

Y es que no podemos obviar que la distribución competencial entre el orden social y el orden contencioso-administrativo de la jurisdicción ha variado tras la entrada en vigor de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, y que debemos partir de la clara distinción entre:

a) Las actuaciones de la Administración pública "realizadas en el ejercicio de sus potestades y funciones"en materia laboral, sindical y de Seguridad Social, las que como regla, tratándose de actos singulares o plurales (no de disposiciones generales o asimilados) de su impugnación conoce, como regla, el orden social, con excepciones (en especial en materia de actos de la TGSS) a favor del orden contencioso-administrativo en especial "siempre que en este caso su conocimiento no esté atribuido a otro orden jurisdiccional".

b) Los actos o decisiones de la Administración pública empleadora respecto de los trabajadores a su servicio de cuya impugnación conoce siempre el orden social, si bien cuando tales efectos afectaren conjuntamente al personal laboral y al funcionarial y/o estatutario, la Ley 36/2011, de 10 de octubre, ha optado por atribuir el conocimiento de la impugnación de tales actos en materia laboral o sindical (materia de derechos de libertad sindical y huelga, pactos o acuerdos ex EBEP o Laudos arbitrales sustitutivos) al orden contencioso-administrativo, "salvo en materia de prevención de riesgos laborales en que la competencia del orden social es plena".

Y ello, por ser de aplicación lo dispuesto en el artículo 2.e) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, que atribuye la competencia a la jurisdicción social cuando se trata de controlar judicialmente el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, incluida la reparación de los daños causados por ese concepto.

Y ciertamente el artículo 3.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, dispone que "esta Ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas, con las peculiaridades que, en este caso, se contemplan en la presente Ley o en sus normas de desarrollo", y añade que cuando en la presente Ley se haga referencia a trabajadores y empresarios, se entenderán también comprendidos en estos términos, "el personal con relación de carácter administrativo o estatutario y la Administración pública para la que presta servicios, en los términos expresados en la Disposición Adicional Tercera de esta Ley ".

En definitiva, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, establece la atribución plena al orden jurisdiccional social del conocimiento de los litigios sobre aplicación de la normativa de prevención riesgos laborales, aun cuando afecten al personal funcionarial o estatutario de las Administraciones públicas empleadoras, atribuyendo así a la jurisdicción social el conocimiento más completo de la materia social por su mayor especialización y evitando el llamado «peregrinaje de jurisdicciones.

Y es que, desde la perspectiva de la finalidad de la Ley, el propio preámbulo de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, es claro cuando afirma que "asimismo, esta unificación permite de manera general convertir el orden social en el garante del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, aun cuando no se hayan derivado daños concretos por tales incumplimientos. De este modo no sólo se fortalecen los instrumentos judiciales para proteger a las víctimas de accidentes de trabajo, sino que además se disponen los recursos para hacer efectiva la deuda de protección del empresario y la prevención de riesgos laborales. Esta asignación de competencias se efectúa con carácter pleno, incluyendo a los funcionarios o personal estatutario, quienes deberán plantear, en su caso, sus reclamaciones ante el orden jurisdiccional social en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de la relación funcionarial o estatutaria o laboral".

A mayor abundamiento, no podemos obviar aquí la condena al Reino de España, y se transcribe su literalidad, por haber incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, por lo que respecta al personal no civil de las Administraciones Públicas, al no haber adaptado íntegramente su ordenamiento jurídico interno a los artículos 2, apartados 1 y 2, y 4 de dicha Directiva ( Sentencia del TJUE de fecha 12/01/2006, dictada en el asunto Comisión/España, C-132/04).

La excepción de falta de jurisdicción debe, por ello, ser rechazada.

CUARTO.-Examinemos a continuación la excepción de falta de accióny la posible inadecuación de procedimiento.Al respecto hemos de reproducir lo que se razona en la STS de 26-6-2024, rec 189/2022, que recoge la Doctrina de la Sala IV del TS a la hora de delimitar los conflictos jurídicos de los conflictos de intereses de la forma siguiente:

"La delimitación jurisprudencial entre lo que es un conflicto jurídico y un conflicto de intereses, y sus consecuencias en la correspondiente demanda, puede sintetizarse en los siguientes pronunciamientos:

- STS 543/2020, 29 de junio (rec. 30/2019 ): "El conflicto colectivo jurídico presupone una controversia que puede ser solventada aplicando una norma jurídica, pues lo que se cuestiona es la existencia, el alcance, el contenido o los sujetos de una relación jurídica disciplinada por la ley o por el convenio colectivo, o afectada por decisión o práctica de empresa, en tanto se están cambiando de alguna manera las condiciones de trabajo y, como es lógico, surge la confrontación litigiosa ( STS/4ª de 10 noviembre 2013 -rec. 140/2009 -, 13 mayo 2014 -rec. 109/2013 -, y 3 abril 2018 -rec. 106/2017 -, entre otras). En suma, si lo que se pretende con una demanda que se plantea como conflicto colectivo es que sea el órgano judicial el que fije condiciones laborales cuyas notas o características no pueden extraerse o deducirse de ninguna fuente normativa u obligacional previa, nos encontraremos ante una evidente falta de acción de quien así acciona y, por ello, la consecuencia habrá de ser la desestimación de la demanda ( STS/4ª de 15 septiembre 2015 - rec. 252/2014 -)".

- En STS 929/2020, de 20 de octubre (rec. 95/2019 ), argumentamos: "a diferencia del conflicto de intereses o económico, cuya finalidad es la modificación del orden jurídico preestablecido y que, por ello, no puede encontrar solución en Derecho, ni permite que el Juez pueda suplantar la actividad negociadora de las partes -único procedimiento para pacificar la situación-, el conflicto colectivo jurídico presupone una controversia que puede ser solventada aplicando una norma jurídica. En este último lo que se cuestiona es la existencia, el alcance, el contenido o los sujetos de una relación jurídica que está disciplinada por la ley o por el convenio colectivo o que resulta afectada por una decisión o una práctica de la empresa. En suma, el conflicto jurídico surge porque una de las partes entiende que se están alterando de alguna manera las condiciones de las relaciones de trabajo".

- En STS 219/2021, de 23 de febrero (rec.149/2019 ) declaramos: "En este pleito, la sentencia recurrida estima la excepción de inadecuación de procedimiento, argumentando que se trata de un conflicto de intereses. La Audiencia Nacional examina el fondo del asunto y llega a la conclusión de que la Normativa Laboral en Renfe no ampara la pretensión de la parte.

Esta Sala no puede compartir la argumentación de instancia. No hay ninguna otra modalidad procesal distinta de la de conflicto colectivo que sea idónea para articular esa pretensión. Tampoco el procedimiento ordinario es adecuado para resolverla. En consecuencia, no puede declararse la inadecuación de procedimiento.

El hecho de que se desestime la pretensión ejercitada porque no tiene fundamento en el ordenamiento jurídico no significa que la parte actora haya solicitado la modificación del orden jurídico preestablecido. La parte actora no ha postulado una modificación jurídica sino una interpretación jurídica favorable a sus intereses.

1) La sentencia del TS de 30 de abril de 2001, recurso 3215/2000 , explica que la parte actora no buscaba propiamente la interpretación de un convenio colectivo sino el establecimiento de una estipulación nueva, por lo que en rigor estaríamos ante un conflicto de intereses o de regulación. "Ahora bien: es indudable que las pretensiones se definen e identifican por regla general de acuerdo con los fundamentos que proponen, como origen y basamento de la petición que a la postre se deduce. Y en este sentido, claro parece que esa parte propuso la controversia como una cuestión interpretativa, principalmente de los arts. 42 y 43 del Convenio Colectivo vigente, de cuya exégesis podría concluirse, se afirma, cuál es la jornada de mérito. Resulta por ello más aconsejable seguir el planteamiento de la cuestión que ofrece la sentencia recurrida, la cual entendió que concurrían elementos de partida suficientes, para entender cumplimentados los presupuestos procesales de un conflicto colectivo, sin perjuicio de constatar, como pronunciamiento final, que la Norma paccionada no autorizaba ni apoyaba la conclusión a que el Sindicato proponente llega."

2) La sentencia del TS de 6 de febrero de 2019, recurso 6/2018 , argumentó que la parte actora no pretendía alterar el convenio colectivo sino aplicarlo, lo que no tiene "Nada que ver, por tanto, con un conflicto de intereses. Estamos ante un paradigmático conflicto de interpretación del convenio, al hilo del cual aparecen posiciones encontradas que reclaman para sí, precisamente, el acierto en la forma de respetar lo acordado. En tales circunstancias, carece de sentido achacar a la contraparte el deseo de cambiar el articulado del convenio."

3) En el mismo sentido, las sentencias del TS de 8 de mayo de 2015, recurso. 56/2014 ; y 10 de octubre de 2018, recurso 145/2017 , explican que la demandante no pretende alterar el orden jurídico establecido y cambiar las condiciones de trabajo, sino que aspiran a que la empresa respete y haga efectivas las normas de obligado cumplimiento. No se trata de decidir cómo han de ser las cosas (conflicto de intereses) sino cómo son a la vista de las normas aplicables".

- En STS, 911/2020, de 14 de octubre (rec. 108/2019 ) sostuvimos: "En efecto, según establece el propio artículo 153.1 LRJS , el proceso de conflicto colectivo ha de necesariamente versar sobre la "aplicación e interpretación" de -sin realizar ahora mayores desarrollos ni precisiones- una norma estatal, convenio colectivo, pactos o acuerdo de empresa, o de una decisión empresarial de carácter colectivo o práctica de empresa".

En la demanda rectora del presente conflicto se solicita que se declare la nulidad e ineficacia del denominado Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Policía por incumplir los requisitos esenciales exigidos por la normativa de prevención de riesgos laborales, con cita de diversos preceptos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de los Reales Decretos 2/2006, 39/1997 y 393/2007. Y se detallan en tal suplico los supuestos incumplimientos generadores, al parecer de la parte, de una situación de apariencia de regulación que no sería tal. Y ello a nivel nacional y con afectación a la totalidad de funcionarios policiales. No se trata, por tanto, de acumular denuncias de incumplimiento en supuestos específicos sino de examinar si cabe apreciar una práctica en la demandada tendente a ignorar a sabiendas la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. De ahí que la segunda excepción de falta de acción (que engloba una eventual inadecuación de procedimiento) también deba ser rechazada.

QUINTO.-Examinemos a continuación el fondo del asunto. Como ya se ha indicado la demanda ejercita acción de conflicto reclamando la declaración de incumplimientos continuados y sistemáticos por parte de la demanda en materia de prevención de riesgos laborales del Cuerpo de Policía Nacional a la que acumula una acción de tutela de derechos fundamentales para que se declare la existencia de vulneración de los derechos fundamentales a la libertad sindical y a la vida e integridad física (de los funcionarios afectados), en ambos casos en relación con la infracción de normas de prevención de riesgos laborales.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) establece en su artículo 3.1 que tanto la Ley como sus normas de desarrollo, serán de aplicación en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas, con las peculiaridades que, en este caso, se contemplan en la presente Ley o en sus normas de desarrollo, pero su apartado 2 excluye la aplicación de la Ley en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de, entre otras, Policía, sin perjuicio de que dicha Ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las indicadas actividades. Aunque se excluya esa aplicación directa de la Ley, no queda fuera de la realidad interpretativa lo que constituyen elementos básicos de la responsabilidad en relación con las normas y reglas de prevención de riesgos laborales que se articula a partir de la obligación del empleador de promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo ( artículo 2.1 LPRL) y de los principios generales que implican la actividad de prevención de los riesgos profesionales que engloba la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva ( artículo 2.1 LPRL) . Toda actividad de prevención de riesgos laborales implica el conocimiento de cuáles son los riesgos posibles de la actividad, esto es, la evaluación de riesgos, tanto los evitables como los inevitables, y la adopción de medidas para evitarlos o reducirlos, es decir, la planificación de las medidas preventivas y su ejecución (en la LPRL reflejado en sus artículos 15 y, esencialmente, 16). Al respecto, la norma directamente aplicable al supuesto es el Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. El objeto de tal norma (artículo 1) es adoptar las medidas necesarias para promover la seguridad y salud en el trabajo de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, aplicando los principios y criterios contenidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, a las peculiaridades organizativas y a las especiales características de las funciones que tiene encomendadas. Como norma básica en la materia contempla las manifestaciones comunes de regulación genérica reproduciendo en muchos casos lo que establece la norma común de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y así, su artículo 3 no hace sino fijar el derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, como hace el artículo 14 LRRL; el artículo 6 del RD 2/2006 se equipara al artículo 17 de la LPRL, relativos a los medios de protección estableciendo en su apartado 2 que "La Administración proporcionará a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velará por su uso efectivo y correcto de los mismos".Por último, el artículo 12.2 4º del RD 2/2006, con paralelo en el artículo 29 LPRL, establece que, correspondiendo a cada funcionario policial, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación, las instrucciones de la Dirección General de la Policía y la normativa reguladora en la materia, "los funcionarios deberán en particular ... informar de inmediato a su superior jerárquico directo o al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los funcionarios",precepto que no se refiere a obligaciones del empleador sino a obligaciones de los policías.

La actividad de la empresa, por consiguiente, se inicia con la determinación de los riesgos, algo que se puede reclamar por los trabajadores (o, como en el presente caso, por un sindicato que los agrupa y representa), y continua con la adopción de medidas preventivas ajustándose a las normas que identifican esos riesgos y regulan su tratamiento, de modo que la primera consecuencia de la obligación del empleador es la exigencia de adoptar las medidas necesarias para evitar o reducir los riesgos y las consecuencias de su advenimiento. En la relación de prevención, por consiguiente, se establece la obligación empresarial y, de manera consecuencial inevitable, la responsabilidad por su incumplimiento o su cumplimiento irregular, parcial o incompleto. Esas consecuencias incluyen, sin duda, la reparación de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento.

Pues bien, partiendo de tal estructura general se ha de examinar si en el presente supuesto concurren los múltiples incumplimientos en materia de prevención que alega la demandante. Examinémoslos de manera separada:

1.- Afirma la demandante que el Plan de Prevención de Riesgos Laborales del año 2014 resulta nulo por la inexistencia de una "evaluación inicial de riesgos general, completa, actualizada y aplicable a todos los puestos y centros de trabajo, conforme a los arts. 14 y 16 LPRL , arts. 3 , 4 , 5 y 6 del RD 2/2006 y art. 4 RD 39/1997 "y por la inexistencia de una planificación "adecuada"(letras a y b, punto 1, del Suplico de la demanda). Sin embargo, no es eso lo que la Sala ha apreciado tras la valoración de la extensa documental aportada. Lo que consta es que, además de la elaboración de distintos procedimientos internos e instrucciones operativas en materia de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter previo a la aprobación del citado Plan de Prevención de Riesgos Laborales la Dirección General de la Policía ya había realizado las evaluaciones iniciales de riesgos laborales en las dependencias policiales desde el año 2007 en los diferentes centros de trabajo y actividades existentes en la Dirección General de la Policía. Y ello a través de distintos servicios de prevención ajenos (adjudicatarios de las distintas licitaciones) o de la propia Policía. El número total de evaluaciones de riesgos generales y su correspondiente planificación de la actividad preventiva realizadas en las dependencias de la Dirección General de la Policía entre los años 2007 y 2025, tanto por los Servicios de Prevención Ajenos como por el personal del Área de Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales, asciende a 2071. Mal cabe reclamar la nulidad el Plan por inexistencia de actividad preventiva cuando la misma ha existido y consta acreditada. Y todo ello sin perjuicio de que si la demandante no está conforme con alguna de tales actividades pueda ejercitar la acción correspondiente en el ámbito de la unidad o territorio donde se pudiera haber producido aquella irregularidad u omisión.

Es cierto que consta, además de la planificación preventiva llevada a cabo por las distintas adjudicatarias, una única auditoría interna elaborada por la Dirección General de la Policía fechada en el mes de junio de 2012. Pero también lo es que la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad inició una inspección sobre el "Control de Actividades del Servicio de Prevención del Cuerpo Nacional de Policía"que finalizó con informe de 4 de marzo de 2015; que se inició una nueva evaluación al sistema de prevención en diciembre del año 2021; y que, finalmente, consta una orden de servicio para retomar el proceso para realizar la auditoría y evaluación del art. 19 RD 2/2006 estando prevista su ejecución para el año 2026 (hecho probado decimotercero).

2.- Señala la demandante que tampoco habría existido una revisión periódica obligatoria de las evaluaciones y de su planificación, exigida por el art. 6 RD 2/2006, art. 16 LPRL y art. 7 RD 39/1997. Sin embargo, tal afirmación resulta incompatible con el listado de evaluaciones aportadas o con la elaboración de 135 fichas de actividades policiales en las que se evalúan los riesgos concretos, se analiza el equipamiento necesario y se proponen las medidas preventivas adecuadas a cada riesgo (descriptor nº 81, documento nº 4; y descriptor nº 89, documento nº 1). Es más, también consta que la demandada viene actualizando tales fichas en diversas unidades (descriptor nº 81, documento nº 5, por reproducido). E igualmente se acredita la existencia de simulacros, Planes de Autoprotección, Planes de Medidas de Emergencia y planificación de riesgos psicosociales (letras g), i) y k) del Suplico en relación con los hechos probados octavo, noveno y decimoprimero).

3.- Se afirma por la demandante, letras d) y f) del Suplico, que existe una falta de consulta y participación de los Representantes de los Funcionarios en la planificación y aplicación efectiva del Plan y una obstaculización de la labor de los Delegados de Prevención (recordemos, con carácter sistemático). Omite la parte la labor que se desarrolla, con participación de la representación de los Trabajadores en la Comisión de Seguridad y Salud Laboral Policial de la Policía Nacional (CSSLP) y en la Comisión Nacional de Riesgos Laborales (CNRL). Ambas celebran reuniones en las que las organizaciones sindicales, incluida la ahora demandante, plantean cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos. Y consta, igualmente, la existencia del Comité de Seguridad y Salud Laboral de los Servicios Centrales, que desarrolla su actividad respondiendo a cuestiones planteadas por las organizaciones sindicales. A ello debe unirse que, con independencia de la existencia de alguna reclamación puntual relativa a la actividad de los Delegados de Prevención (por ejemplo, descriptor nº 102, documentos nº 24 a 26) no consta acreditada tal supuesta obstaculización sistemática y material en modo alguno. Es más, desde el año 2020 se designa un responsable de la prevención de riesgos laborales en cada una de las dependencias/edificios de la Dirección General de la Policía, que actúa como personal designado y es el encargado de verificar y controlar que se ejecuten dichas medidas en su ámbito (descriptores nº 6, 10, 11; 102, documentos nº 9 a 17; y descriptor nº 81, documentos nº 3, 6 y 9).

4.- No basta, en relación con la letra h) del Suplico, afirmar que no existe actividad de coordinación en materia de protección de riesgos cuando el funcionario presta servicios en lugares distintos de las dependencias policiales. Y ello con más razón por cuanto sí se ha acreditado que cuando los funcionarios policiales prestan servicios en entidades como Aena o en Metro se produce coordinación y se intercambia información en materia de prevención de riesgos laborales (descriptor nº 81, documento nº 8).

5.- Tampoco aprecia la Sala infracción sistemática y continuada, tal y como afirma la demandante, de lo dispuesto en materia de adquisición de bienes y servicios, como parte integrante de la prevención y conforme a los arts. 14 y 15 LPRL y los arts. 3, 4 y 6 RD 2/2006. Y ello a la vista de la compra acreditada, entre los años 2011 y 2025, de un número de chalecos de protección superior al de la plantilla, sin perjuicio de la ejecución del expediente plurianual correspondiente al periodo 2025-2028, que garantiza la continuidad del suministro y la actualización progresiva de la dotación existente de tales chalecos. E igualmente se ha de tomar en consideración la adquisición de armeros, en función de la disponibilidad presupuestaria, para garantizar el cumplimiento de la normativa interna en materia de acceso a las zonas de celdas (hecho decimoctavo).

En definitiva, la mera disconformidad del sindicato demandante con actuaciones puntuales en la planificación, con el desarrollo de simulacros o actividades preventivas, con la respuesta de las demandadas a las labores de los delegados de prevención o con las respuestas recibidas a las consultas planteadas por aquel sindicato en los órganos de coordinación en materia preventiva no permiten afirmar un incumplimiento sistemático como el afirmando en la demanda. E igualmente, a la vista del relato fáctico acreditado, ha de descartarse la concurrencia de indicios suficientes de vulneración de la libertad sindical o del derecho a la integridad física y psíquica de los funcionarios representados por el sindicato actor. No cabe afirmar, por ello la existencia de un sistema de prevención de riesgos laborales meramente formal o limitado a un cumplimiento documental de la normativa y carente de la protección eficaz exigida por el artículo 14 LPRL, en relación con los artículos 3, 4 y 7 del Real Decreto 2/2006, de 16 de enero.

Y si no puede declararse la existencia de incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo ni concurren indicios de vulneración de derechos fundamentales la pretensión de condena relativa a la indemnización reclamada por el sindicato (por importe de 495.865 €) también debe ser rechazada.

Por lo expuesto, debemos dictar pronunciamiento desestimatorio.

SEXTO.-Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que la misma no es firme, pudiendo interponerse recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del proceso de conflicto colectivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos. Es preciso señalar en este punto que en el acto de la vista se denegó la prueba testifical propuesta por ambas partes a la vista de la extensa prueba documental aportada y, en particular, al considerar la testifical propuesta por la demandante como innecesaria a los efectos de acreditar los supuestos incumplimientos en materia preventiva a nivel nacional y con la creación de un Plan de Prevención meramente aparente que se imputan a la demandada.

También es este punto es preciso dar respuesta a la alegación de abuso de derecho y mala fe procesal de la parte demandante que efectúa el Abogado del Estado. Y ello al utilizar la parte actora la documentación aportada por la demandada en un procedimiento anterior entre las mismas partes, del que aquella demandante habría desistido. Considera la demanda que tal conducta resulta contraria al art.11.2 LOPJ, que impone el respeto a las reglas de la buena fe. Tal alegación, sin embargo, no puede ser compartida. Aun siendo cierto que existió un procedimiento anterior ante las mismas partes y con el mismo objeto y que en aquel se aportó por la demandada, por imponerlo así el vigente art.82.5 LRJS, la documentación de forma anticipada, el hecho de que la actora desistiera de aquel procedimiento y, posteriormente, interpusiera nueva demanda completando la información previamente obtenida no puede considerarse una conducta abusiva. Y ello por cuanto el mecanismo de los actos preparatorios y de las diligencias preliminares del art.76 LRJS no puede ser considerado como obligatorio y no se alega o prueba infracción de normas deontológicas (recordemos que el anterior procedimiento enfrentaba a las mismas partes). Y tampoco consta, por último, que las pruebas que ahora se reiteran hubieran sido obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales. En definitiva, con independencia de que los hechos en los que se fundamenta la demanda resulten o no acreditados, no aprecia la Sala una conducta contraria a la buena fe procesal.

TERCERO.-La parte demandante ejercita acción de conflicto colectivo con vulneración de derechos fundamentales y en relación con lo que afirma es un incumplimiento "sistemático, generalizado y continuado en el tiempo por parte del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía de su deber legal de garantizar una protección eficaz en materia de seguridad y salud a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía".Ahora bien, antes de examinar tal cuestión de fondo es precio dar respuesta a las excepciones planteadas por la representación de la demandada.

La primera de tales excepciones es la relativa a la falta de jurisdicción,pues entiende aquella parte que el conocimiento de los puntos 4º y 5º del suplico (relativos a la vulneración de los derechos fundamentales a la libertad sindical y a la vida e integridad física y moral) debería corresponder al orden contencioso-administrativo y no al social.

Es preciso recordar a este respecto que los conflictos sobre prevención de riesgos laborales abarcan las actuaciones de las Administraciones públicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral. Y ello a fin de que los mismos puedas ejercer sus acciones, a estos fines, en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, incluyendo la pretensión de condena a una indemnización, aunque se alegue además tutela de derechos fundamentales ( TS 11-10-18, rec. 2605/2016; 5-5-21, rec. 1634/2019; 19-7-21, rec. 2282/2020 y 10-11-21, rec. 2061/2019).

En la Sentencia del Tribunal Supremo nº 487/2021, de fecha 05/05/2021, recaída en el Recurso nº 1634/2019, en su parte dispositiva se estima el RCUD interpuesto por un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía frente a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nº 16/2019, de fecha 14/01/2019, recaída en el Recurso nº 671/201, en la que se confirma íntegramente el Auto de inadmisión de la demanda dictado por el Juzgado de lo Social nº 9 de los de Madrid de fecha 19/03/2018, en los autos nº 960/2016.

La cuestión litigiosa que se sometió a la consideración de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo quedó centrada y limitada a determinar si es competente el orden social de la jurisdicción para conocer de la demanda en la que interesa la responsabilidad por los daños sufridos por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, en concreto riesgos psicosociales, invocándose la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales (sin tratarse de proceso de tutela de derechos fundamentales), siendo el demandante un funcionario público.

A estos efectos la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, ha mantenido la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, ex artículo 3.c) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, para la tutela de los derechos de libertad sindical y de huelga cuando se vean afectados funcionarios o personal estatutario y personal laboral, "salvo en materia de prevención de riesgos laborales en que la competencia del orden social es plena", conforme a lo dispuesto en los artículos 2.e) y 3.b) de la citada Ley procesal.

Y es que no podemos obviar que la distribución competencial entre el orden social y el orden contencioso-administrativo de la jurisdicción ha variado tras la entrada en vigor de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, y que debemos partir de la clara distinción entre:

a) Las actuaciones de la Administración pública "realizadas en el ejercicio de sus potestades y funciones"en materia laboral, sindical y de Seguridad Social, las que como regla, tratándose de actos singulares o plurales (no de disposiciones generales o asimilados) de su impugnación conoce, como regla, el orden social, con excepciones (en especial en materia de actos de la TGSS) a favor del orden contencioso-administrativo en especial "siempre que en este caso su conocimiento no esté atribuido a otro orden jurisdiccional".

b) Los actos o decisiones de la Administración pública empleadora respecto de los trabajadores a su servicio de cuya impugnación conoce siempre el orden social, si bien cuando tales efectos afectaren conjuntamente al personal laboral y al funcionarial y/o estatutario, la Ley 36/2011, de 10 de octubre, ha optado por atribuir el conocimiento de la impugnación de tales actos en materia laboral o sindical (materia de derechos de libertad sindical y huelga, pactos o acuerdos ex EBEP o Laudos arbitrales sustitutivos) al orden contencioso-administrativo, "salvo en materia de prevención de riesgos laborales en que la competencia del orden social es plena".

Y ello, por ser de aplicación lo dispuesto en el artículo 2.e) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, que atribuye la competencia a la jurisdicción social cuando se trata de controlar judicialmente el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, incluida la reparación de los daños causados por ese concepto.

Y ciertamente el artículo 3.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, dispone que "esta Ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas, con las peculiaridades que, en este caso, se contemplan en la presente Ley o en sus normas de desarrollo", y añade que cuando en la presente Ley se haga referencia a trabajadores y empresarios, se entenderán también comprendidos en estos términos, "el personal con relación de carácter administrativo o estatutario y la Administración pública para la que presta servicios, en los términos expresados en la Disposición Adicional Tercera de esta Ley ".

En definitiva, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, establece la atribución plena al orden jurisdiccional social del conocimiento de los litigios sobre aplicación de la normativa de prevención riesgos laborales, aun cuando afecten al personal funcionarial o estatutario de las Administraciones públicas empleadoras, atribuyendo así a la jurisdicción social el conocimiento más completo de la materia social por su mayor especialización y evitando el llamado «peregrinaje de jurisdicciones.

Y es que, desde la perspectiva de la finalidad de la Ley, el propio preámbulo de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, es claro cuando afirma que "asimismo, esta unificación permite de manera general convertir el orden social en el garante del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, aun cuando no se hayan derivado daños concretos por tales incumplimientos. De este modo no sólo se fortalecen los instrumentos judiciales para proteger a las víctimas de accidentes de trabajo, sino que además se disponen los recursos para hacer efectiva la deuda de protección del empresario y la prevención de riesgos laborales. Esta asignación de competencias se efectúa con carácter pleno, incluyendo a los funcionarios o personal estatutario, quienes deberán plantear, en su caso, sus reclamaciones ante el orden jurisdiccional social en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de la relación funcionarial o estatutaria o laboral".

A mayor abundamiento, no podemos obviar aquí la condena al Reino de España, y se transcribe su literalidad, por haber incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, por lo que respecta al personal no civil de las Administraciones Públicas, al no haber adaptado íntegramente su ordenamiento jurídico interno a los artículos 2, apartados 1 y 2, y 4 de dicha Directiva ( Sentencia del TJUE de fecha 12/01/2006, dictada en el asunto Comisión/España, C-132/04).

La excepción de falta de jurisdicción debe, por ello, ser rechazada.

CUARTO.-Examinemos a continuación la excepción de falta de accióny la posible inadecuación de procedimiento.Al respecto hemos de reproducir lo que se razona en la STS de 26-6-2024, rec 189/2022, que recoge la Doctrina de la Sala IV del TS a la hora de delimitar los conflictos jurídicos de los conflictos de intereses de la forma siguiente:

"La delimitación jurisprudencial entre lo que es un conflicto jurídico y un conflicto de intereses, y sus consecuencias en la correspondiente demanda, puede sintetizarse en los siguientes pronunciamientos:

- STS 543/2020, 29 de junio (rec. 30/2019 ): "El conflicto colectivo jurídico presupone una controversia que puede ser solventada aplicando una norma jurídica, pues lo que se cuestiona es la existencia, el alcance, el contenido o los sujetos de una relación jurídica disciplinada por la ley o por el convenio colectivo, o afectada por decisión o práctica de empresa, en tanto se están cambiando de alguna manera las condiciones de trabajo y, como es lógico, surge la confrontación litigiosa ( STS/4ª de 10 noviembre 2013 -rec. 140/2009 -, 13 mayo 2014 -rec. 109/2013 -, y 3 abril 2018 -rec. 106/2017 -, entre otras). En suma, si lo que se pretende con una demanda que se plantea como conflicto colectivo es que sea el órgano judicial el que fije condiciones laborales cuyas notas o características no pueden extraerse o deducirse de ninguna fuente normativa u obligacional previa, nos encontraremos ante una evidente falta de acción de quien así acciona y, por ello, la consecuencia habrá de ser la desestimación de la demanda ( STS/4ª de 15 septiembre 2015 - rec. 252/2014 -)".

- En STS 929/2020, de 20 de octubre (rec. 95/2019 ), argumentamos: "a diferencia del conflicto de intereses o económico, cuya finalidad es la modificación del orden jurídico preestablecido y que, por ello, no puede encontrar solución en Derecho, ni permite que el Juez pueda suplantar la actividad negociadora de las partes -único procedimiento para pacificar la situación-, el conflicto colectivo jurídico presupone una controversia que puede ser solventada aplicando una norma jurídica. En este último lo que se cuestiona es la existencia, el alcance, el contenido o los sujetos de una relación jurídica que está disciplinada por la ley o por el convenio colectivo o que resulta afectada por una decisión o una práctica de la empresa. En suma, el conflicto jurídico surge porque una de las partes entiende que se están alterando de alguna manera las condiciones de las relaciones de trabajo".

- En STS 219/2021, de 23 de febrero (rec.149/2019 ) declaramos: "En este pleito, la sentencia recurrida estima la excepción de inadecuación de procedimiento, argumentando que se trata de un conflicto de intereses. La Audiencia Nacional examina el fondo del asunto y llega a la conclusión de que la Normativa Laboral en Renfe no ampara la pretensión de la parte.

Esta Sala no puede compartir la argumentación de instancia. No hay ninguna otra modalidad procesal distinta de la de conflicto colectivo que sea idónea para articular esa pretensión. Tampoco el procedimiento ordinario es adecuado para resolverla. En consecuencia, no puede declararse la inadecuación de procedimiento.

El hecho de que se desestime la pretensión ejercitada porque no tiene fundamento en el ordenamiento jurídico no significa que la parte actora haya solicitado la modificación del orden jurídico preestablecido. La parte actora no ha postulado una modificación jurídica sino una interpretación jurídica favorable a sus intereses.

1) La sentencia del TS de 30 de abril de 2001, recurso 3215/2000 , explica que la parte actora no buscaba propiamente la interpretación de un convenio colectivo sino el establecimiento de una estipulación nueva, por lo que en rigor estaríamos ante un conflicto de intereses o de regulación. "Ahora bien: es indudable que las pretensiones se definen e identifican por regla general de acuerdo con los fundamentos que proponen, como origen y basamento de la petición que a la postre se deduce. Y en este sentido, claro parece que esa parte propuso la controversia como una cuestión interpretativa, principalmente de los arts. 42 y 43 del Convenio Colectivo vigente, de cuya exégesis podría concluirse, se afirma, cuál es la jornada de mérito. Resulta por ello más aconsejable seguir el planteamiento de la cuestión que ofrece la sentencia recurrida, la cual entendió que concurrían elementos de partida suficientes, para entender cumplimentados los presupuestos procesales de un conflicto colectivo, sin perjuicio de constatar, como pronunciamiento final, que la Norma paccionada no autorizaba ni apoyaba la conclusión a que el Sindicato proponente llega."

2) La sentencia del TS de 6 de febrero de 2019, recurso 6/2018 , argumentó que la parte actora no pretendía alterar el convenio colectivo sino aplicarlo, lo que no tiene "Nada que ver, por tanto, con un conflicto de intereses. Estamos ante un paradigmático conflicto de interpretación del convenio, al hilo del cual aparecen posiciones encontradas que reclaman para sí, precisamente, el acierto en la forma de respetar lo acordado. En tales circunstancias, carece de sentido achacar a la contraparte el deseo de cambiar el articulado del convenio."

3) En el mismo sentido, las sentencias del TS de 8 de mayo de 2015, recurso. 56/2014 ; y 10 de octubre de 2018, recurso 145/2017 , explican que la demandante no pretende alterar el orden jurídico establecido y cambiar las condiciones de trabajo, sino que aspiran a que la empresa respete y haga efectivas las normas de obligado cumplimiento. No se trata de decidir cómo han de ser las cosas (conflicto de intereses) sino cómo son a la vista de las normas aplicables".

- En STS, 911/2020, de 14 de octubre (rec. 108/2019 ) sostuvimos: "En efecto, según establece el propio artículo 153.1 LRJS , el proceso de conflicto colectivo ha de necesariamente versar sobre la "aplicación e interpretación" de -sin realizar ahora mayores desarrollos ni precisiones- una norma estatal, convenio colectivo, pactos o acuerdo de empresa, o de una decisión empresarial de carácter colectivo o práctica de empresa".

En la demanda rectora del presente conflicto se solicita que se declare la nulidad e ineficacia del denominado Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Policía por incumplir los requisitos esenciales exigidos por la normativa de prevención de riesgos laborales, con cita de diversos preceptos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de los Reales Decretos 2/2006, 39/1997 y 393/2007. Y se detallan en tal suplico los supuestos incumplimientos generadores, al parecer de la parte, de una situación de apariencia de regulación que no sería tal. Y ello a nivel nacional y con afectación a la totalidad de funcionarios policiales. No se trata, por tanto, de acumular denuncias de incumplimiento en supuestos específicos sino de examinar si cabe apreciar una práctica en la demandada tendente a ignorar a sabiendas la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. De ahí que la segunda excepción de falta de acción (que engloba una eventual inadecuación de procedimiento) también deba ser rechazada.

QUINTO.-Examinemos a continuación el fondo del asunto. Como ya se ha indicado la demanda ejercita acción de conflicto reclamando la declaración de incumplimientos continuados y sistemáticos por parte de la demanda en materia de prevención de riesgos laborales del Cuerpo de Policía Nacional a la que acumula una acción de tutela de derechos fundamentales para que se declare la existencia de vulneración de los derechos fundamentales a la libertad sindical y a la vida e integridad física (de los funcionarios afectados), en ambos casos en relación con la infracción de normas de prevención de riesgos laborales.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) establece en su artículo 3.1 que tanto la Ley como sus normas de desarrollo, serán de aplicación en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas, con las peculiaridades que, en este caso, se contemplan en la presente Ley o en sus normas de desarrollo, pero su apartado 2 excluye la aplicación de la Ley en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de, entre otras, Policía, sin perjuicio de que dicha Ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las indicadas actividades. Aunque se excluya esa aplicación directa de la Ley, no queda fuera de la realidad interpretativa lo que constituyen elementos básicos de la responsabilidad en relación con las normas y reglas de prevención de riesgos laborales que se articula a partir de la obligación del empleador de promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo ( artículo 2.1 LPRL) y de los principios generales que implican la actividad de prevención de los riesgos profesionales que engloba la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva ( artículo 2.1 LPRL) . Toda actividad de prevención de riesgos laborales implica el conocimiento de cuáles son los riesgos posibles de la actividad, esto es, la evaluación de riesgos, tanto los evitables como los inevitables, y la adopción de medidas para evitarlos o reducirlos, es decir, la planificación de las medidas preventivas y su ejecución (en la LPRL reflejado en sus artículos 15 y, esencialmente, 16). Al respecto, la norma directamente aplicable al supuesto es el Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. El objeto de tal norma (artículo 1) es adoptar las medidas necesarias para promover la seguridad y salud en el trabajo de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, aplicando los principios y criterios contenidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, a las peculiaridades organizativas y a las especiales características de las funciones que tiene encomendadas. Como norma básica en la materia contempla las manifestaciones comunes de regulación genérica reproduciendo en muchos casos lo que establece la norma común de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y así, su artículo 3 no hace sino fijar el derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, como hace el artículo 14 LRRL; el artículo 6 del RD 2/2006 se equipara al artículo 17 de la LPRL, relativos a los medios de protección estableciendo en su apartado 2 que "La Administración proporcionará a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velará por su uso efectivo y correcto de los mismos".Por último, el artículo 12.2 4º del RD 2/2006, con paralelo en el artículo 29 LPRL, establece que, correspondiendo a cada funcionario policial, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación, las instrucciones de la Dirección General de la Policía y la normativa reguladora en la materia, "los funcionarios deberán en particular ... informar de inmediato a su superior jerárquico directo o al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los funcionarios",precepto que no se refiere a obligaciones del empleador sino a obligaciones de los policías.

La actividad de la empresa, por consiguiente, se inicia con la determinación de los riesgos, algo que se puede reclamar por los trabajadores (o, como en el presente caso, por un sindicato que los agrupa y representa), y continua con la adopción de medidas preventivas ajustándose a las normas que identifican esos riesgos y regulan su tratamiento, de modo que la primera consecuencia de la obligación del empleador es la exigencia de adoptar las medidas necesarias para evitar o reducir los riesgos y las consecuencias de su advenimiento. En la relación de prevención, por consiguiente, se establece la obligación empresarial y, de manera consecuencial inevitable, la responsabilidad por su incumplimiento o su cumplimiento irregular, parcial o incompleto. Esas consecuencias incluyen, sin duda, la reparación de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento.

Pues bien, partiendo de tal estructura general se ha de examinar si en el presente supuesto concurren los múltiples incumplimientos en materia de prevención que alega la demandante. Examinémoslos de manera separada:

1.- Afirma la demandante que el Plan de Prevención de Riesgos Laborales del año 2014 resulta nulo por la inexistencia de una "evaluación inicial de riesgos general, completa, actualizada y aplicable a todos los puestos y centros de trabajo, conforme a los arts. 14 y 16 LPRL , arts. 3 , 4 , 5 y 6 del RD 2/2006 y art. 4 RD 39/1997 "y por la inexistencia de una planificación "adecuada"(letras a y b, punto 1, del Suplico de la demanda). Sin embargo, no es eso lo que la Sala ha apreciado tras la valoración de la extensa documental aportada. Lo que consta es que, además de la elaboración de distintos procedimientos internos e instrucciones operativas en materia de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter previo a la aprobación del citado Plan de Prevención de Riesgos Laborales la Dirección General de la Policía ya había realizado las evaluaciones iniciales de riesgos laborales en las dependencias policiales desde el año 2007 en los diferentes centros de trabajo y actividades existentes en la Dirección General de la Policía. Y ello a través de distintos servicios de prevención ajenos (adjudicatarios de las distintas licitaciones) o de la propia Policía. El número total de evaluaciones de riesgos generales y su correspondiente planificación de la actividad preventiva realizadas en las dependencias de la Dirección General de la Policía entre los años 2007 y 2025, tanto por los Servicios de Prevención Ajenos como por el personal del Área de Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales, asciende a 2071. Mal cabe reclamar la nulidad el Plan por inexistencia de actividad preventiva cuando la misma ha existido y consta acreditada. Y todo ello sin perjuicio de que si la demandante no está conforme con alguna de tales actividades pueda ejercitar la acción correspondiente en el ámbito de la unidad o territorio donde se pudiera haber producido aquella irregularidad u omisión.

Es cierto que consta, además de la planificación preventiva llevada a cabo por las distintas adjudicatarias, una única auditoría interna elaborada por la Dirección General de la Policía fechada en el mes de junio de 2012. Pero también lo es que la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad inició una inspección sobre el "Control de Actividades del Servicio de Prevención del Cuerpo Nacional de Policía"que finalizó con informe de 4 de marzo de 2015; que se inició una nueva evaluación al sistema de prevención en diciembre del año 2021; y que, finalmente, consta una orden de servicio para retomar el proceso para realizar la auditoría y evaluación del art. 19 RD 2/2006 estando prevista su ejecución para el año 2026 (hecho probado decimotercero).

2.- Señala la demandante que tampoco habría existido una revisión periódica obligatoria de las evaluaciones y de su planificación, exigida por el art. 6 RD 2/2006, art. 16 LPRL y art. 7 RD 39/1997. Sin embargo, tal afirmación resulta incompatible con el listado de evaluaciones aportadas o con la elaboración de 135 fichas de actividades policiales en las que se evalúan los riesgos concretos, se analiza el equipamiento necesario y se proponen las medidas preventivas adecuadas a cada riesgo (descriptor nº 81, documento nº 4; y descriptor nº 89, documento nº 1). Es más, también consta que la demandada viene actualizando tales fichas en diversas unidades (descriptor nº 81, documento nº 5, por reproducido). E igualmente se acredita la existencia de simulacros, Planes de Autoprotección, Planes de Medidas de Emergencia y planificación de riesgos psicosociales (letras g), i) y k) del Suplico en relación con los hechos probados octavo, noveno y decimoprimero).

3.- Se afirma por la demandante, letras d) y f) del Suplico, que existe una falta de consulta y participación de los Representantes de los Funcionarios en la planificación y aplicación efectiva del Plan y una obstaculización de la labor de los Delegados de Prevención (recordemos, con carácter sistemático). Omite la parte la labor que se desarrolla, con participación de la representación de los Trabajadores en la Comisión de Seguridad y Salud Laboral Policial de la Policía Nacional (CSSLP) y en la Comisión Nacional de Riesgos Laborales (CNRL). Ambas celebran reuniones en las que las organizaciones sindicales, incluida la ahora demandante, plantean cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos. Y consta, igualmente, la existencia del Comité de Seguridad y Salud Laboral de los Servicios Centrales, que desarrolla su actividad respondiendo a cuestiones planteadas por las organizaciones sindicales. A ello debe unirse que, con independencia de la existencia de alguna reclamación puntual relativa a la actividad de los Delegados de Prevención (por ejemplo, descriptor nº 102, documentos nº 24 a 26) no consta acreditada tal supuesta obstaculización sistemática y material en modo alguno. Es más, desde el año 2020 se designa un responsable de la prevención de riesgos laborales en cada una de las dependencias/edificios de la Dirección General de la Policía, que actúa como personal designado y es el encargado de verificar y controlar que se ejecuten dichas medidas en su ámbito (descriptores nº 6, 10, 11; 102, documentos nº 9 a 17; y descriptor nº 81, documentos nº 3, 6 y 9).

4.- No basta, en relación con la letra h) del Suplico, afirmar que no existe actividad de coordinación en materia de protección de riesgos cuando el funcionario presta servicios en lugares distintos de las dependencias policiales. Y ello con más razón por cuanto sí se ha acreditado que cuando los funcionarios policiales prestan servicios en entidades como Aena o en Metro se produce coordinación y se intercambia información en materia de prevención de riesgos laborales (descriptor nº 81, documento nº 8).

5.- Tampoco aprecia la Sala infracción sistemática y continuada, tal y como afirma la demandante, de lo dispuesto en materia de adquisición de bienes y servicios, como parte integrante de la prevención y conforme a los arts. 14 y 15 LPRL y los arts. 3, 4 y 6 RD 2/2006. Y ello a la vista de la compra acreditada, entre los años 2011 y 2025, de un número de chalecos de protección superior al de la plantilla, sin perjuicio de la ejecución del expediente plurianual correspondiente al periodo 2025-2028, que garantiza la continuidad del suministro y la actualización progresiva de la dotación existente de tales chalecos. E igualmente se ha de tomar en consideración la adquisición de armeros, en función de la disponibilidad presupuestaria, para garantizar el cumplimiento de la normativa interna en materia de acceso a las zonas de celdas (hecho decimoctavo).

En definitiva, la mera disconformidad del sindicato demandante con actuaciones puntuales en la planificación, con el desarrollo de simulacros o actividades preventivas, con la respuesta de las demandadas a las labores de los delegados de prevención o con las respuestas recibidas a las consultas planteadas por aquel sindicato en los órganos de coordinación en materia preventiva no permiten afirmar un incumplimiento sistemático como el afirmando en la demanda. E igualmente, a la vista del relato fáctico acreditado, ha de descartarse la concurrencia de indicios suficientes de vulneración de la libertad sindical o del derecho a la integridad física y psíquica de los funcionarios representados por el sindicato actor. No cabe afirmar, por ello la existencia de un sistema de prevención de riesgos laborales meramente formal o limitado a un cumplimiento documental de la normativa y carente de la protección eficaz exigida por el artículo 14 LPRL, en relación con los artículos 3, 4 y 7 del Real Decreto 2/2006, de 16 de enero.

Y si no puede declararse la existencia de incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo ni concurren indicios de vulneración de derechos fundamentales la pretensión de condena relativa a la indemnización reclamada por el sindicato (por importe de 495.865 €) también debe ser rechazada.

Por lo expuesto, debemos dictar pronunciamiento desestimatorio.

SEXTO.-Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que la misma no es firme, pudiendo interponerse recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del proceso de conflicto colectivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos. Es preciso señalar en este punto que en el acto de la vista se denegó la prueba testifical propuesta por ambas partes a la vista de la extensa prueba documental aportada y, en particular, al considerar la testifical propuesta por la demandante como innecesaria a los efectos de acreditar los supuestos incumplimientos en materia preventiva a nivel nacional y con la creación de un Plan de Prevención meramente aparente que se imputan a la demandada.

También es este punto es preciso dar respuesta a la alegación de abuso de derecho y mala fe procesal de la parte demandante que efectúa el Abogado del Estado. Y ello al utilizar la parte actora la documentación aportada por la demandada en un procedimiento anterior entre las mismas partes, del que aquella demandante habría desistido. Considera la demanda que tal conducta resulta contraria al art.11.2 LOPJ, que impone el respeto a las reglas de la buena fe. Tal alegación, sin embargo, no puede ser compartida. Aun siendo cierto que existió un procedimiento anterior ante las mismas partes y con el mismo objeto y que en aquel se aportó por la demandada, por imponerlo así el vigente art.82.5 LRJS, la documentación de forma anticipada, el hecho de que la actora desistiera de aquel procedimiento y, posteriormente, interpusiera nueva demanda completando la información previamente obtenida no puede considerarse una conducta abusiva. Y ello por cuanto el mecanismo de los actos preparatorios y de las diligencias preliminares del art.76 LRJS no puede ser considerado como obligatorio y no se alega o prueba infracción de normas deontológicas (recordemos que el anterior procedimiento enfrentaba a las mismas partes). Y tampoco consta, por último, que las pruebas que ahora se reiteran hubieran sido obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales. En definitiva, con independencia de que los hechos en los que se fundamenta la demanda resulten o no acreditados, no aprecia la Sala una conducta contraria a la buena fe procesal.

TERCERO.-La parte demandante ejercita acción de conflicto colectivo con vulneración de derechos fundamentales y en relación con lo que afirma es un incumplimiento "sistemático, generalizado y continuado en el tiempo por parte del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía de su deber legal de garantizar una protección eficaz en materia de seguridad y salud a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía".Ahora bien, antes de examinar tal cuestión de fondo es precio dar respuesta a las excepciones planteadas por la representación de la demandada.

La primera de tales excepciones es la relativa a la falta de jurisdicción,pues entiende aquella parte que el conocimiento de los puntos 4º y 5º del suplico (relativos a la vulneración de los derechos fundamentales a la libertad sindical y a la vida e integridad física y moral) debería corresponder al orden contencioso-administrativo y no al social.

Es preciso recordar a este respecto que los conflictos sobre prevención de riesgos laborales abarcan las actuaciones de las Administraciones públicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral. Y ello a fin de que los mismos puedas ejercer sus acciones, a estos fines, en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, incluyendo la pretensión de condena a una indemnización, aunque se alegue además tutela de derechos fundamentales ( TS 11-10-18, rec. 2605/2016; 5-5-21, rec. 1634/2019; 19-7-21, rec. 2282/2020 y 10-11-21, rec. 2061/2019).

En la Sentencia del Tribunal Supremo nº 487/2021, de fecha 05/05/2021, recaída en el Recurso nº 1634/2019, en su parte dispositiva se estima el RCUD interpuesto por un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía frente a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nº 16/2019, de fecha 14/01/2019, recaída en el Recurso nº 671/201, en la que se confirma íntegramente el Auto de inadmisión de la demanda dictado por el Juzgado de lo Social nº 9 de los de Madrid de fecha 19/03/2018, en los autos nº 960/2016.

La cuestión litigiosa que se sometió a la consideración de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo quedó centrada y limitada a determinar si es competente el orden social de la jurisdicción para conocer de la demanda en la que interesa la responsabilidad por los daños sufridos por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, en concreto riesgos psicosociales, invocándose la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales (sin tratarse de proceso de tutela de derechos fundamentales), siendo el demandante un funcionario público.

A estos efectos la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, ha mantenido la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, ex artículo 3.c) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, para la tutela de los derechos de libertad sindical y de huelga cuando se vean afectados funcionarios o personal estatutario y personal laboral, "salvo en materia de prevención de riesgos laborales en que la competencia del orden social es plena", conforme a lo dispuesto en los artículos 2.e) y 3.b) de la citada Ley procesal.

Y es que no podemos obviar que la distribución competencial entre el orden social y el orden contencioso-administrativo de la jurisdicción ha variado tras la entrada en vigor de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, y que debemos partir de la clara distinción entre:

a) Las actuaciones de la Administración pública "realizadas en el ejercicio de sus potestades y funciones"en materia laboral, sindical y de Seguridad Social, las que como regla, tratándose de actos singulares o plurales (no de disposiciones generales o asimilados) de su impugnación conoce, como regla, el orden social, con excepciones (en especial en materia de actos de la TGSS) a favor del orden contencioso-administrativo en especial "siempre que en este caso su conocimiento no esté atribuido a otro orden jurisdiccional".

b) Los actos o decisiones de la Administración pública empleadora respecto de los trabajadores a su servicio de cuya impugnación conoce siempre el orden social, si bien cuando tales efectos afectaren conjuntamente al personal laboral y al funcionarial y/o estatutario, la Ley 36/2011, de 10 de octubre, ha optado por atribuir el conocimiento de la impugnación de tales actos en materia laboral o sindical (materia de derechos de libertad sindical y huelga, pactos o acuerdos ex EBEP o Laudos arbitrales sustitutivos) al orden contencioso-administrativo, "salvo en materia de prevención de riesgos laborales en que la competencia del orden social es plena".

Y ello, por ser de aplicación lo dispuesto en el artículo 2.e) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, que atribuye la competencia a la jurisdicción social cuando se trata de controlar judicialmente el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, incluida la reparación de los daños causados por ese concepto.

Y ciertamente el artículo 3.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, dispone que "esta Ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas, con las peculiaridades que, en este caso, se contemplan en la presente Ley o en sus normas de desarrollo", y añade que cuando en la presente Ley se haga referencia a trabajadores y empresarios, se entenderán también comprendidos en estos términos, "el personal con relación de carácter administrativo o estatutario y la Administración pública para la que presta servicios, en los términos expresados en la Disposición Adicional Tercera de esta Ley ".

En definitiva, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, establece la atribución plena al orden jurisdiccional social del conocimiento de los litigios sobre aplicación de la normativa de prevención riesgos laborales, aun cuando afecten al personal funcionarial o estatutario de las Administraciones públicas empleadoras, atribuyendo así a la jurisdicción social el conocimiento más completo de la materia social por su mayor especialización y evitando el llamado «peregrinaje de jurisdicciones.

Y es que, desde la perspectiva de la finalidad de la Ley, el propio preámbulo de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, es claro cuando afirma que "asimismo, esta unificación permite de manera general convertir el orden social en el garante del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, aun cuando no se hayan derivado daños concretos por tales incumplimientos. De este modo no sólo se fortalecen los instrumentos judiciales para proteger a las víctimas de accidentes de trabajo, sino que además se disponen los recursos para hacer efectiva la deuda de protección del empresario y la prevención de riesgos laborales. Esta asignación de competencias se efectúa con carácter pleno, incluyendo a los funcionarios o personal estatutario, quienes deberán plantear, en su caso, sus reclamaciones ante el orden jurisdiccional social en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de la relación funcionarial o estatutaria o laboral".

A mayor abundamiento, no podemos obviar aquí la condena al Reino de España, y se transcribe su literalidad, por haber incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, por lo que respecta al personal no civil de las Administraciones Públicas, al no haber adaptado íntegramente su ordenamiento jurídico interno a los artículos 2, apartados 1 y 2, y 4 de dicha Directiva ( Sentencia del TJUE de fecha 12/01/2006, dictada en el asunto Comisión/España, C-132/04).

La excepción de falta de jurisdicción debe, por ello, ser rechazada.

CUARTO.-Examinemos a continuación la excepción de falta de accióny la posible inadecuación de procedimiento.Al respecto hemos de reproducir lo que se razona en la STS de 26-6-2024, rec 189/2022, que recoge la Doctrina de la Sala IV del TS a la hora de delimitar los conflictos jurídicos de los conflictos de intereses de la forma siguiente:

"La delimitación jurisprudencial entre lo que es un conflicto jurídico y un conflicto de intereses, y sus consecuencias en la correspondiente demanda, puede sintetizarse en los siguientes pronunciamientos:

- STS 543/2020, 29 de junio (rec. 30/2019 ): "El conflicto colectivo jurídico presupone una controversia que puede ser solventada aplicando una norma jurídica, pues lo que se cuestiona es la existencia, el alcance, el contenido o los sujetos de una relación jurídica disciplinada por la ley o por el convenio colectivo, o afectada por decisión o práctica de empresa, en tanto se están cambiando de alguna manera las condiciones de trabajo y, como es lógico, surge la confrontación litigiosa ( STS/4ª de 10 noviembre 2013 -rec. 140/2009 -, 13 mayo 2014 -rec. 109/2013 -, y 3 abril 2018 -rec. 106/2017 -, entre otras). En suma, si lo que se pretende con una demanda que se plantea como conflicto colectivo es que sea el órgano judicial el que fije condiciones laborales cuyas notas o características no pueden extraerse o deducirse de ninguna fuente normativa u obligacional previa, nos encontraremos ante una evidente falta de acción de quien así acciona y, por ello, la consecuencia habrá de ser la desestimación de la demanda ( STS/4ª de 15 septiembre 2015 - rec. 252/2014 -)".

- En STS 929/2020, de 20 de octubre (rec. 95/2019 ), argumentamos: "a diferencia del conflicto de intereses o económico, cuya finalidad es la modificación del orden jurídico preestablecido y que, por ello, no puede encontrar solución en Derecho, ni permite que el Juez pueda suplantar la actividad negociadora de las partes -único procedimiento para pacificar la situación-, el conflicto colectivo jurídico presupone una controversia que puede ser solventada aplicando una norma jurídica. En este último lo que se cuestiona es la existencia, el alcance, el contenido o los sujetos de una relación jurídica que está disciplinada por la ley o por el convenio colectivo o que resulta afectada por una decisión o una práctica de la empresa. En suma, el conflicto jurídico surge porque una de las partes entiende que se están alterando de alguna manera las condiciones de las relaciones de trabajo".

- En STS 219/2021, de 23 de febrero (rec.149/2019 ) declaramos: "En este pleito, la sentencia recurrida estima la excepción de inadecuación de procedimiento, argumentando que se trata de un conflicto de intereses. La Audiencia Nacional examina el fondo del asunto y llega a la conclusión de que la Normativa Laboral en Renfe no ampara la pretensión de la parte.

Esta Sala no puede compartir la argumentación de instancia. No hay ninguna otra modalidad procesal distinta de la de conflicto colectivo que sea idónea para articular esa pretensión. Tampoco el procedimiento ordinario es adecuado para resolverla. En consecuencia, no puede declararse la inadecuación de procedimiento.

El hecho de que se desestime la pretensión ejercitada porque no tiene fundamento en el ordenamiento jurídico no significa que la parte actora haya solicitado la modificación del orden jurídico preestablecido. La parte actora no ha postulado una modificación jurídica sino una interpretación jurídica favorable a sus intereses.

1) La sentencia del TS de 30 de abril de 2001, recurso 3215/2000 , explica que la parte actora no buscaba propiamente la interpretación de un convenio colectivo sino el establecimiento de una estipulación nueva, por lo que en rigor estaríamos ante un conflicto de intereses o de regulación. "Ahora bien: es indudable que las pretensiones se definen e identifican por regla general de acuerdo con los fundamentos que proponen, como origen y basamento de la petición que a la postre se deduce. Y en este sentido, claro parece que esa parte propuso la controversia como una cuestión interpretativa, principalmente de los arts. 42 y 43 del Convenio Colectivo vigente, de cuya exégesis podría concluirse, se afirma, cuál es la jornada de mérito. Resulta por ello más aconsejable seguir el planteamiento de la cuestión que ofrece la sentencia recurrida, la cual entendió que concurrían elementos de partida suficientes, para entender cumplimentados los presupuestos procesales de un conflicto colectivo, sin perjuicio de constatar, como pronunciamiento final, que la Norma paccionada no autorizaba ni apoyaba la conclusión a que el Sindicato proponente llega."

2) La sentencia del TS de 6 de febrero de 2019, recurso 6/2018 , argumentó que la parte actora no pretendía alterar el convenio colectivo sino aplicarlo, lo que no tiene "Nada que ver, por tanto, con un conflicto de intereses. Estamos ante un paradigmático conflicto de interpretación del convenio, al hilo del cual aparecen posiciones encontradas que reclaman para sí, precisamente, el acierto en la forma de respetar lo acordado. En tales circunstancias, carece de sentido achacar a la contraparte el deseo de cambiar el articulado del convenio."

3) En el mismo sentido, las sentencias del TS de 8 de mayo de 2015, recurso. 56/2014 ; y 10 de octubre de 2018, recurso 145/2017 , explican que la demandante no pretende alterar el orden jurídico establecido y cambiar las condiciones de trabajo, sino que aspiran a que la empresa respete y haga efectivas las normas de obligado cumplimiento. No se trata de decidir cómo han de ser las cosas (conflicto de intereses) sino cómo son a la vista de las normas aplicables".

- En STS, 911/2020, de 14 de octubre (rec. 108/2019 ) sostuvimos: "En efecto, según establece el propio artículo 153.1 LRJS , el proceso de conflicto colectivo ha de necesariamente versar sobre la "aplicación e interpretación" de -sin realizar ahora mayores desarrollos ni precisiones- una norma estatal, convenio colectivo, pactos o acuerdo de empresa, o de una decisión empresarial de carácter colectivo o práctica de empresa".

En la demanda rectora del presente conflicto se solicita que se declare la nulidad e ineficacia del denominado Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Policía por incumplir los requisitos esenciales exigidos por la normativa de prevención de riesgos laborales, con cita de diversos preceptos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de los Reales Decretos 2/2006, 39/1997 y 393/2007. Y se detallan en tal suplico los supuestos incumplimientos generadores, al parecer de la parte, de una situación de apariencia de regulación que no sería tal. Y ello a nivel nacional y con afectación a la totalidad de funcionarios policiales. No se trata, por tanto, de acumular denuncias de incumplimiento en supuestos específicos sino de examinar si cabe apreciar una práctica en la demandada tendente a ignorar a sabiendas la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. De ahí que la segunda excepción de falta de acción (que engloba una eventual inadecuación de procedimiento) también deba ser rechazada.

QUINTO.-Examinemos a continuación el fondo del asunto. Como ya se ha indicado la demanda ejercita acción de conflicto reclamando la declaración de incumplimientos continuados y sistemáticos por parte de la demanda en materia de prevención de riesgos laborales del Cuerpo de Policía Nacional a la que acumula una acción de tutela de derechos fundamentales para que se declare la existencia de vulneración de los derechos fundamentales a la libertad sindical y a la vida e integridad física (de los funcionarios afectados), en ambos casos en relación con la infracción de normas de prevención de riesgos laborales.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) establece en su artículo 3.1 que tanto la Ley como sus normas de desarrollo, serán de aplicación en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas, con las peculiaridades que, en este caso, se contemplan en la presente Ley o en sus normas de desarrollo, pero su apartado 2 excluye la aplicación de la Ley en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de, entre otras, Policía, sin perjuicio de que dicha Ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las indicadas actividades. Aunque se excluya esa aplicación directa de la Ley, no queda fuera de la realidad interpretativa lo que constituyen elementos básicos de la responsabilidad en relación con las normas y reglas de prevención de riesgos laborales que se articula a partir de la obligación del empleador de promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo ( artículo 2.1 LPRL) y de los principios generales que implican la actividad de prevención de los riesgos profesionales que engloba la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva ( artículo 2.1 LPRL) . Toda actividad de prevención de riesgos laborales implica el conocimiento de cuáles son los riesgos posibles de la actividad, esto es, la evaluación de riesgos, tanto los evitables como los inevitables, y la adopción de medidas para evitarlos o reducirlos, es decir, la planificación de las medidas preventivas y su ejecución (en la LPRL reflejado en sus artículos 15 y, esencialmente, 16). Al respecto, la norma directamente aplicable al supuesto es el Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. El objeto de tal norma (artículo 1) es adoptar las medidas necesarias para promover la seguridad y salud en el trabajo de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, aplicando los principios y criterios contenidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, a las peculiaridades organizativas y a las especiales características de las funciones que tiene encomendadas. Como norma básica en la materia contempla las manifestaciones comunes de regulación genérica reproduciendo en muchos casos lo que establece la norma común de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y así, su artículo 3 no hace sino fijar el derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, como hace el artículo 14 LRRL; el artículo 6 del RD 2/2006 se equipara al artículo 17 de la LPRL, relativos a los medios de protección estableciendo en su apartado 2 que "La Administración proporcionará a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velará por su uso efectivo y correcto de los mismos".Por último, el artículo 12.2 4º del RD 2/2006, con paralelo en el artículo 29 LPRL, establece que, correspondiendo a cada funcionario policial, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación, las instrucciones de la Dirección General de la Policía y la normativa reguladora en la materia, "los funcionarios deberán en particular ... informar de inmediato a su superior jerárquico directo o al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los funcionarios",precepto que no se refiere a obligaciones del empleador sino a obligaciones de los policías.

La actividad de la empresa, por consiguiente, se inicia con la determinación de los riesgos, algo que se puede reclamar por los trabajadores (o, como en el presente caso, por un sindicato que los agrupa y representa), y continua con la adopción de medidas preventivas ajustándose a las normas que identifican esos riesgos y regulan su tratamiento, de modo que la primera consecuencia de la obligación del empleador es la exigencia de adoptar las medidas necesarias para evitar o reducir los riesgos y las consecuencias de su advenimiento. En la relación de prevención, por consiguiente, se establece la obligación empresarial y, de manera consecuencial inevitable, la responsabilidad por su incumplimiento o su cumplimiento irregular, parcial o incompleto. Esas consecuencias incluyen, sin duda, la reparación de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento.

Pues bien, partiendo de tal estructura general se ha de examinar si en el presente supuesto concurren los múltiples incumplimientos en materia de prevención que alega la demandante. Examinémoslos de manera separada:

1.- Afirma la demandante que el Plan de Prevención de Riesgos Laborales del año 2014 resulta nulo por la inexistencia de una "evaluación inicial de riesgos general, completa, actualizada y aplicable a todos los puestos y centros de trabajo, conforme a los arts. 14 y 16 LPRL , arts. 3 , 4 , 5 y 6 del RD 2/2006 y art. 4 RD 39/1997 "y por la inexistencia de una planificación "adecuada"(letras a y b, punto 1, del Suplico de la demanda). Sin embargo, no es eso lo que la Sala ha apreciado tras la valoración de la extensa documental aportada. Lo que consta es que, además de la elaboración de distintos procedimientos internos e instrucciones operativas en materia de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter previo a la aprobación del citado Plan de Prevención de Riesgos Laborales la Dirección General de la Policía ya había realizado las evaluaciones iniciales de riesgos laborales en las dependencias policiales desde el año 2007 en los diferentes centros de trabajo y actividades existentes en la Dirección General de la Policía. Y ello a través de distintos servicios de prevención ajenos (adjudicatarios de las distintas licitaciones) o de la propia Policía. El número total de evaluaciones de riesgos generales y su correspondiente planificación de la actividad preventiva realizadas en las dependencias de la Dirección General de la Policía entre los años 2007 y 2025, tanto por los Servicios de Prevención Ajenos como por el personal del Área de Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales, asciende a 2071. Mal cabe reclamar la nulidad el Plan por inexistencia de actividad preventiva cuando la misma ha existido y consta acreditada. Y todo ello sin perjuicio de que si la demandante no está conforme con alguna de tales actividades pueda ejercitar la acción correspondiente en el ámbito de la unidad o territorio donde se pudiera haber producido aquella irregularidad u omisión.

Es cierto que consta, además de la planificación preventiva llevada a cabo por las distintas adjudicatarias, una única auditoría interna elaborada por la Dirección General de la Policía fechada en el mes de junio de 2012. Pero también lo es que la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad inició una inspección sobre el "Control de Actividades del Servicio de Prevención del Cuerpo Nacional de Policía"que finalizó con informe de 4 de marzo de 2015; que se inició una nueva evaluación al sistema de prevención en diciembre del año 2021; y que, finalmente, consta una orden de servicio para retomar el proceso para realizar la auditoría y evaluación del art. 19 RD 2/2006 estando prevista su ejecución para el año 2026 (hecho probado decimotercero).

2.- Señala la demandante que tampoco habría existido una revisión periódica obligatoria de las evaluaciones y de su planificación, exigida por el art. 6 RD 2/2006, art. 16 LPRL y art. 7 RD 39/1997. Sin embargo, tal afirmación resulta incompatible con el listado de evaluaciones aportadas o con la elaboración de 135 fichas de actividades policiales en las que se evalúan los riesgos concretos, se analiza el equipamiento necesario y se proponen las medidas preventivas adecuadas a cada riesgo (descriptor nº 81, documento nº 4; y descriptor nº 89, documento nº 1). Es más, también consta que la demandada viene actualizando tales fichas en diversas unidades (descriptor nº 81, documento nº 5, por reproducido). E igualmente se acredita la existencia de simulacros, Planes de Autoprotección, Planes de Medidas de Emergencia y planificación de riesgos psicosociales (letras g), i) y k) del Suplico en relación con los hechos probados octavo, noveno y decimoprimero).

3.- Se afirma por la demandante, letras d) y f) del Suplico, que existe una falta de consulta y participación de los Representantes de los Funcionarios en la planificación y aplicación efectiva del Plan y una obstaculización de la labor de los Delegados de Prevención (recordemos, con carácter sistemático). Omite la parte la labor que se desarrolla, con participación de la representación de los Trabajadores en la Comisión de Seguridad y Salud Laboral Policial de la Policía Nacional (CSSLP) y en la Comisión Nacional de Riesgos Laborales (CNRL). Ambas celebran reuniones en las que las organizaciones sindicales, incluida la ahora demandante, plantean cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos. Y consta, igualmente, la existencia del Comité de Seguridad y Salud Laboral de los Servicios Centrales, que desarrolla su actividad respondiendo a cuestiones planteadas por las organizaciones sindicales. A ello debe unirse que, con independencia de la existencia de alguna reclamación puntual relativa a la actividad de los Delegados de Prevención (por ejemplo, descriptor nº 102, documentos nº 24 a 26) no consta acreditada tal supuesta obstaculización sistemática y material en modo alguno. Es más, desde el año 2020 se designa un responsable de la prevención de riesgos laborales en cada una de las dependencias/edificios de la Dirección General de la Policía, que actúa como personal designado y es el encargado de verificar y controlar que se ejecuten dichas medidas en su ámbito (descriptores nº 6, 10, 11; 102, documentos nº 9 a 17; y descriptor nº 81, documentos nº 3, 6 y 9).

4.- No basta, en relación con la letra h) del Suplico, afirmar que no existe actividad de coordinación en materia de protección de riesgos cuando el funcionario presta servicios en lugares distintos de las dependencias policiales. Y ello con más razón por cuanto sí se ha acreditado que cuando los funcionarios policiales prestan servicios en entidades como Aena o en Metro se produce coordinación y se intercambia información en materia de prevención de riesgos laborales (descriptor nº 81, documento nº 8).

5.- Tampoco aprecia la Sala infracción sistemática y continuada, tal y como afirma la demandante, de lo dispuesto en materia de adquisición de bienes y servicios, como parte integrante de la prevención y conforme a los arts. 14 y 15 LPRL y los arts. 3, 4 y 6 RD 2/2006. Y ello a la vista de la compra acreditada, entre los años 2011 y 2025, de un número de chalecos de protección superior al de la plantilla, sin perjuicio de la ejecución del expediente plurianual correspondiente al periodo 2025-2028, que garantiza la continuidad del suministro y la actualización progresiva de la dotación existente de tales chalecos. E igualmente se ha de tomar en consideración la adquisición de armeros, en función de la disponibilidad presupuestaria, para garantizar el cumplimiento de la normativa interna en materia de acceso a las zonas de celdas (hecho decimoctavo).

En definitiva, la mera disconformidad del sindicato demandante con actuaciones puntuales en la planificación, con el desarrollo de simulacros o actividades preventivas, con la respuesta de las demandadas a las labores de los delegados de prevención o con las respuestas recibidas a las consultas planteadas por aquel sindicato en los órganos de coordinación en materia preventiva no permiten afirmar un incumplimiento sistemático como el afirmando en la demanda. E igualmente, a la vista del relato fáctico acreditado, ha de descartarse la concurrencia de indicios suficientes de vulneración de la libertad sindical o del derecho a la integridad física y psíquica de los funcionarios representados por el sindicato actor. No cabe afirmar, por ello la existencia de un sistema de prevención de riesgos laborales meramente formal o limitado a un cumplimiento documental de la normativa y carente de la protección eficaz exigida por el artículo 14 LPRL, en relación con los artículos 3, 4 y 7 del Real Decreto 2/2006, de 16 de enero.

Y si no puede declararse la existencia de incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo ni concurren indicios de vulneración de derechos fundamentales la pretensión de condena relativa a la indemnización reclamada por el sindicato (por importe de 495.865 €) también debe ser rechazada.

Por lo expuesto, debemos dictar pronunciamiento desestimatorio.

SEXTO.-Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que la misma no es firme, pudiendo interponerse recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto