Sentencia Social 104/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 139/2025 de 09 de julio del 2025

PRIMERO. -La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 f) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO. -De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en hechos pacíficos y en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos, que no ha sido impugnada por ninguna de las partes.

TERCERO.-1. Interpone el sindicato demandante demanda de tutela de derechos fundamentales, por entender que los trabajadores de Mutua Intercomarcal han visto vulnerado su derecho fundamental de igualdad, en comparación con el resto de personal del sector público, pues no ha percibido los incrementos salariales correspondientes a las anualidades 2023 y 2024, a diferencia de aquéllos. Ello comporta a su juicio la presencia de un trato desigual en materia retributiva que ha de ser reparado, solicitando en el suplico de su escrito rector, que se declare el derecho a que perciban en concepto de compensación indemnizatoria el 3,5% de subida correspondiente a los servicios prestados en 2023 y el 2,5% por los servicios prestado en 2024. Asimismo, solicita se condene a Mutua Intercomarcal en la cuantía correspondiente al 6,4% de las retribuciones dejadas de percibir respecto a los incrementos de 2023 y 2024. Y para el caso de no estimarse la vulneración de derechos fundamentales, como pretensión subsidiaria, se condene al abono de las percepciones del incremento salarial de los años 2023 y 2024, y las que se vayan devengando, en concepto de daños y perjuicios.

2. Con carácter previo a resolver sobre el fondo del asunto, debe esta Sala proceder a resolver las excepciones de carácter procesal que se opusieron en el acto de juicio. En primer término, si bien no se opuso de manera formal como excepción, el letrado de Mutua Intercomarcal hizo referencia a la pretensión subsidiaria contenida en el suplico de la demanda, considerando que la Sala en ningún caso podría proceder a resolver sobre la misma, al situarse extramuros del procedimiento de tutela elegido. En el mismo sentido, el Abogado del Estado opuso la indebida acumulación de acciones, sosteniendo que a la acción de tutela se acumulan pretensiones de legalidad ordinaria, que no tendrían cabida en el procedimiento.

En este sentido, se ha de dar la razón a ambos codemandados. Como puede observarse en el suplico del escrito rector, después de expresar las pretensiones atinentes a la vulneración de derechos fundamentales, se introduce una pretensión subsidiaria para el caso de no apreciarse la misma como es el reconocimiento de los porcentajes de subida salarial correspondientes a los años 2023 y 2024. Esta pretensión, de ningún modo puede ser objeto de análisis, pues tal y como se indica por el art. 178 LRJS, "el objeto del presente proceso queda limitado al conocimiento de la lesión del derecho fundamental o libertad pública, sin posibilidad de acumulación con acciones de otra naturaleza o con idéntica pretensión basada en fundamentos diversos a la tutela del citado derecho o libertad".Es decir, que el objeto del proceso de tutela, de cognición limitada, se circunscribe única y exclusivamente a determinar si en el concreto supuesto, se ha producido la vulneración de derechos fundamentales, con las consecuencias que ello comporta, por lo que la pretensión subsidiaria contenida en la demanda, está incorrectamente acumulada sin que proceda resolver sobre la misma.

3. Lo anterior entronca con la excepción opuesta tanto por Mutua Intercomarcal como por el Abogado del Estado atinente a la inadecuación de procedimiento, pues a su juicio, la reclamación efectuada debió articularse por el procedimiento de conflicto. Ya se advirtió por esta Sala al letrado de la parte actora si era consciente de las limitaciones que comportaba acudir a la modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales, dada la reclamación efectuada; y confirmándose por aquél que era correcta la vía elegida, ninguna inadecuación de procedimiento podemos apreciar, desde el momento en que lo que se alega es que existe una vulneración del derecho fundamental de igualdad. Cuestión distinta es que la Sala pueda apreciar la misma, como después se dirá. En consecuencia, esta excepción ha de ser desestimada.

4. Por último, y por lo que respecta a las excepciones de incompetencia de jurisdicción y falta de legitimación pasiva de los Ministerios demandados, por las actuaciones imputadas a los mismos en la página 20, 28 y 30 de la demanda, si bien las alegaciones no se concretan ni lo más mínimo, no efectuándose por ende una impugnación concreta de conductas llevadas a cabo por el Ministerio, más allá de la mera alegación, lo cierto y verdad es que la actuación de aquéllos se concretó en las facultades de control en relación a las autorizaciones de masa salarial, de carácter eminentemente administrativo, por lo que la Sala no puede entrar a valorar la actuación de aquéllos, por corresponder al Orden Contencioso Administrativo en su caso, declarar o no su adecuación a derecho. Por ello, se ha de estimar la falta de legitimación pasiva de los Ministerios demandados, al no desarrollar actividad alguna, en el ámbito de competencias de la jurisdicción social, de la que pudiera derivarse una vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores de Mutua Intercomarcal.

CUARTO.-1. Centrándonos en el fondo del asunto, y por lo que respecta al derecho de igualdad retributiva, conforme a reiterada jurisprudencia constitucional el derecho a la igualdad tiene un carácter general que comprende a los servidores públicos y actúa tanto en el acceso a la función pública como a lo largo de la duración de la relación funcionarial, de modo que los ciudadanos no deben ser discriminados para el empleo público o una vez incorporados a la función pública ( SSTC 75/1983, de 3 de agosto, FJ 3, y 37/2004, de 11 de marzo, FJ 3), siendo aplicable el principio de igualdad, por tanto, a los actos posteriores al acceso ( STC 192/1991, de 14 de octubre, FJ 4). Por otro lado, se ha de recordar que el principio de igualdad prohíbe al legislador "configurar los supuestos de hecho de la norma de modo tal que se dé trato distinto a personas que, desde todos los puntos de vista legítimamente adoptables, se encuentran en la misma situación o, dicho de otro modo, impidiendo que se otorgue relevancia jurídica a circunstancias que, o bien no pueden ser jamás tomadas en consideración por prohibirlo así expresamente la propia Constitución, o bien no guardan relación alguna con el sentido de la regulación que, al incluirlas, incurre en arbitrariedad y es por eso discriminatoria" ( STC 125/2003, de 19 de junio, FJ 4).

2. Y así, conforme a doctrina expresada en STCo de 4-10-2001, rec. 2992/1999:

"El art. 14 CE contiene en su primer inciso una cláusula general de igualdad de todos los españoles ante la Ley, habiendo sido configurado este principio general de igualdad, por una conocida doctrina constitucional, como un derecho subjetivo de los ciudadanos a obtener un trato igual, que obliga y limita a los poderes públicos a respetarlo y que exige que los supuestos de hecho iguales sean tratados idénticamente en sus consecuencias jurídicas y que, para introducir diferencias entre ellos, tenga que existir una suficiente justificación de tal diferencia, que aparezca al mismo tiempo como fundada y razonable, de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados, y cuyas consecuencias no resulten, en todo caso, desproporcionadas.- Como tiene declarado este Tribunal desde la STC 22/1981, de 2 de julio, recogiendo al respecto la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el art. 14 CEDH, el principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica, de manera que no toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulación de una determinada materia supone una infracción del mandato contenido en el art. 14 CE, sino tan sólo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para ello, pues, como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas y, en consecuencia, veda la utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o carentes de una justificación razonable. Lo que prohíbe el principio de igualdad son, en suma, las desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y razonables, según criterios o juicios de valor generalmente aceptados. También es necesario, para que sea constitucionalmente lícita la diferencia de trato, que las consecuencias jurídicas que se deriven de tal distinción sean proporcionadas a la finalidad perseguida, de suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos.

En resumen, el principio de igualdad, no sólo exige que la diferencia de trato resulte objetivamente justificada, sino también que supere un juicio de proporcionalidad en sede constitucional sobre la relación existente entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida ( SSTC 22/1981, de 2 de julio, FJ 3; 49/1982, de 14 de julio, FJ 2; 2/1983, de 24 de enero, FJ 4; 23/1984, de 20 de febrero, FJ 6; 209/1987, de 22 de diciembre, FJ 3; 209/1988, de 10 de noviembre, FJ 6; 20/1991, de 31 de enero, FJ 2; 110/1993, de 25 de marzo, FJ 6; 176/1993, de 27 de mayo, FJ 2; 340/1993, de 16 de noviembre, FJ 4; 117/1998, de 2 de junio, FJ 8, por todas)".

Esto así, el principio genérico de igualdad no postula ni como fin ni como medio la paridad pero sí exige la razonabilidad de la diferencia normativa de trato.

4. El juicio de igualdad, por lo demás, es de carácter relacional. Requiere como presupuestos obligados, de un lado, que, como consecuencia de la medida normativa cuestionada, se haya introducido directa o indirectamente una diferencia de trato entre grupos o categorías de personas ( STC 181/2000, de 29 de junio) y, de otro, que las situaciones subjetivas que quieran traerse a la comparación sean, efectivamente, homogéneas o equiparables, es decir, que el término de comparación no resulte arbitrario o caprichoso ( SSTC 148/1986, de 25 de noviembre; 29/1987, de 6 de marzo; 1/2001, de 15 de enero). Sólo una vez verificado uno y otro presupuesto resulta procedente entrar a determinar la licitud constitucional o no de la diferencia contenida en la norma.

3. No obstante lo anterior, "cuando la empleadora es la administración pública, esta no se rige en sus relaciones jurídicas por el principio de la autonomía de la voluntad, sino que debe actuar con sometimiento pleno a la ley y al Derecho ( art. 103.1 CE) , con interdicción expresa de la arbitrariedad ( art. 9.3 CE) . Como poder público que es, está sujeta al principio de igualdad ante la ley que concede a las personas el derecho subjetivo de alcanzar de los poderes públicos un trato igual para supuestos iguales" ( STC 34/2004, de 8 de marzo, FJ 3). En los supuestos en los que se produzca una desigualdad retributiva es necesario determinar si esa diferenciación resulta discriminatoria y, en consecuencia, inconstitucional, lo cual, a su vez, depende de que se dé realmente la identidad de situaciones entre unos y otros funcionarios y, una vez afirmada dicha identidad, de que no exista justificación suficiente para el trato desigual ( STC 161/1991, FJ 2).

4. En el presente supuesto, no existe posibilidad de apreciar la pretendida vulneración del derecho fundamental de igualdad retributiva, pues el sindicato actor parte de un error de base de su pretensión como es invocar, como grupo o categoría de trabajadores comparables a los trabajadores de Mutua, al resto de personal del sector público, sin especificar nada más. La generalidad empleada en el término de comparación, impide que pueda entenderse que las situaciones comparadas sean homogéneas o equiparables, y que por ende, se pueda apreciar una actuación de Mutua Intercomarcal, que no justifique no aplicar las subidas salariales que se dicen han percibido el resto de empleados del sector público.

De hecho, la especial situación de la Mutua en los que respecta a la autorización de masa salarial que se viene arrastrando desde el año 2022, hace difícil considerar que otros trabajadores públicos, se encuentren en una situación idéntica o mimética. Esta Sala no puede analizar si resulta conforme a derecho o no la falta de abono de los incrementos correspondientes a los años 2023 y 2024, pues no podemos olvidar que la modalidad procesal elegida por la parte actora, ha sido el proceso de tutela de derechos fundamentales, de cognición limitada. El relato histórico que se contiene en los hechos probados, sirve a esta Sala para partir de un escenario que no se plantea siquiera indiciariamente concurra en otros funcionarios o empleados del sector público, por lo que de modo alguno, puede entenderse que el juicio de comparación pueda llevarse a cabo en idénticas condiciones.

En consecuencia, la demanda ha de ser desestimada, sin descender a las concretas actuaciones llevadas a cabo por Mutua Intercomarcal, cuya adecuación o no a derecho, se sitúa extramuros del especial procedimiento de tutela de derechos fundamentales, máxime cuando ni siquiera se ofrece por la parte actora, un escenario comparativo homogéneo al presente en los trabajadores de Mutua, y sin que proceda resolver sobre la petición indemnizatoria solicitada, al no apreciarse vulneración del derecho regulado en el art. 14 CE.

QUINTO.-Notifíqu ese la presente resolución a las partes y hágase saber que la misma no es firme, pudiendo interponerse recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto