Sentencia Social 327/2024 Juzgado de lo Social de Ciudad Real nº 2, Rec. 285/2023 de 28 de mayo del 2024

PRIMERO:Los hechos declarados probados son acreditados por las pruebas practicadas en el plenario consistentes en documental unida a la demanda, a los ramos de prueba de ambas partes, testifical practicada a instancias de la parte actora e informe de la Inspección de Trabajo, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 97.2 LJS.

SEGUNDO:En el presente procedimiento la demandante reclama que se le reconozca la clasificación profesional relativa a Jefa de Negociado, Grupo A2, o subsidiariamente, de administrativa como Grupo C1 así como al abono de las diferencias retributivas entre lo percibido y lo debido percibir, desde enero de 2022 a la actualidad. Se afirma que viene realizando labores superiores, propias de Jefa de Negociado o en su caso de Administrativa. Dicha petición ya fue cursada en el año 2016 por la trabajadora, sin que el ente empleador diera respuesta alguna. Hoy viene a oponerse a la reclamación, sin negarse a que efectivamente realice las funciones que afirma la trabajadora, y limitándose a manifestar que no es posible la pretensión pues no hay ninguna plaza en el ayuntamiento que ampare lo que dice, pues no hay RPT, y afirmando que la actora se encuentra bajo la supervisión únicamente del Secretario del Consistorio.

En lo relativo a la clasificación profesional, el artículo 39, relativo a la movilidad funcional, dispone que:

1. La movilidad funcional en la empresa se efectuará de acuerdo a las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y con respeto a la dignidad del trabajador.

2. La movilidad funcional para la realización de funciones, tanto superiores como inferiores, no correspondientes al grupo profesional solo será posible si existen, además, razones técnicas u organizativas que la justifiquen y por el tiempo imprescindible para su atención. El empresario deberá comunicar su decisión y las razones de esta a los representantes de los trabajadores. En el caso de encomienda de funciones superiores a las del grupo profesional por un periodo superior a seis meses durante un año u ocho durante dos años, el trabajador podrá reclamar el ascenso, si a ello no obsta lo dispuesto en convenio colectivo o, en todo caso, la cobertura de la vacante correspondiente a las funciones por él realizadas conforme a las reglas en materia de ascensos aplicables en la empresa, correspondiente. Estas acciones serán acumulables. Contra la negativa de la empresa, y previo informe del comité o, en su caso, de los delegados de personal, el trabajador podrá reclamar ante la jurisdicción social. Mediante la negociación colectiva se podrán establecer periodos distintos de los expresados en este artículo a efectos de reclamar la cobertura de vacantes.

3. El trabajador tendrá derecho a la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice, salvo en los casos de encomienda de funciones inferiores, en los que mantendrá la retribución de origen. No cabrá invocar como causa de despido objetivo la ineptitud sobrevenida o la falta de adaptación en los supuestos de realización de funciones distintas de las habituales como consecuencia de la movilidad funcional.

4. El cambio de funciones distintas de las pactadas no incluido en los supuestos previstos en este artículo requerirá el acuerdo de las partes o, en su defecto, el sometimiento a las reglas previstas para las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo o a las que a tal fin se hubieran establecido en convenio colectivo.

A su vez, el mismo artículo 27 del Convenio recoge que cuando las necesidades del servicio lo exijan, el ayuntamiento podrá encomendar a sus trabajadores el desempeño de funciones correspondientes a una categoría superior a la que ostente, por un tiempo no superior a seis meses durante un año u ocho meses durante dos. Según el artículo, el trabajador que desempeñe un puesto de superior categoría, tendrá derecho a la diferencia retributiva entre su categoría y la ocupada.

En lo relativo a esta cuestión lo primero que hay que hacer es examinar si el actor lleva a cabo las funciones correspondientes al Grupo Profesional cuya retribución pretende habiendo señalado el Tribunal Supremo a este respecto en sentencia dictada con fecha 10.02.2016 que "El principio de adecuación entre la función desempeñada y las retribuciones que se corresponden a tales trabajos se encuentra positivizada en nuestro ordenamiento jurídico. En concreto el artículo 39.3 ET, el cual establece que el trabajador tendrá derecho a las retribuciones correspondientes a las funciones que efectivamente realice, salvo en los casos de encomienda de funciones inferiores, en los que mantendrá la retribución de origen. Previsión que se acompaña de la correspondiente acción reconocida al trabajador al señalar el apartado 2 del mencionado precepto el derecho del trabajador a reclamar las diferencias salariales en los casos de encomienda de funciones superiores. El trabajador mantiene el derecho a la retribución de las funciones que efectivamente desempeñe, aunque no ostente el título convencionalmente exigido para obtener el reconocimiento del grupo superior ( STS d 21 de junio de 2000, rec. 3815/1999) y para tener derecho a tales retribuciones "es necesario no solo que el ejercicio de dichas funciones de categoría superior exceda de modo evidente a las que son atribuidas a su categoría profesional, sino que es preciso que entren en pleno en las asignadas en la categoría superior " ( STS de 18 de septiembre de 2004, Rec. 2615/2003)".

Asimismo el citado Tribunal en sentencias entre otras de 04.07.1976 y 08.05.1978 ha señalado que aun no exigiéndose como requisito indispensable el cumplimiento de todas y cada una de las funciones integrantes de la categoría pretendida sí resulta necesario que el trabajador tenga a su cargo las funciones o cometidos que califican la categoría en cuestión.

TERCERO:Pues bien, de las pruebas practicadas podemos concluir que ha quedado acreditado que la actora viene desempeñando funciones de categoría superior a la de auxiliar administrativo y así, todas las que se mencionan en el hecho probado tercero. En este sentido se hace constar en el informe emitido el 12-4-2024 por la Inspección de Trabajo, que hace mención de todas esas funciones como propias y habituales de la trabajadora. La Inspección concluye con dicha afirmación no solo porque la actora le muestra documentación acreditativa de realizar dichas funciones, sino porque el propio Alcalde del ayuntamiento, cuando es requerido por la Inspección para que aporte relación de funciones que realiza la trabajadora, manifiesta que no hay RPT ni catálogo de funciones, reconociendo que las funciones que viene realizando son las que ha enumerado la propia trabajadora.

El informe de la Inspección concluye que "estas funciones no se corresponden a las de un auxiliar administrativo, dada la complejidad de las mismas, así como por la asunción de un alto de grado de responsabilidad, la toma de decisiones y la gestión de un departamento que resulta clave para el funcionamiento de toda la estructura del Ayuntamiento.

A mayor abundamiento, comparece el testigo propuesto por la actora y compañero de trabajo de la misma, Sr. León, auxiliar administrativo auxiliar también, que ratifica que la actora se encarga a la actora emitir todo tipo de informes acerca de cualquier departamentos del Ayuntamiento relacionado con el personal. A modo de ejemplo, si se va a jubilar un trabajador de forma parcial, el Alcalde pide a la actora informes para decidir la procedencia o no. También se le piden informes acerca de las circunstancias personales de un jardinero, para ver si procede o no subida salarial. Afirma el testigo que es la jefa del departamento de personal y así lo tienen entendido ellos.

Por último, la realización de funciones descritas en el hecho probado tercero se corroboran por la documental que aporta la actora en su ramo de prueba como documento nº 1, en el que se observan la emisión de todo tipo de informes realizados por la actora en lo relativo a jubilación parcial de trabajadores, a la equiparación salarial entre trabajadores, en este caso, con la categoría de jardineros, excedencias voluntarias, etc. Dichos informes son los utilizados por el Alcalde del consistorio para emitir y fundar sus resoluciones.

En definitiva, se trata de funciones que exceden con mucho de las tareas que puede realizar un auxiliar administrativo y ello, no solo por la complejidad de las mismas, sino por la asunción de un alto de grado de responsabilidad, toma de decisiones y la gestión de un departamento que resulta clave para el funcionamiento de toda la estructura del Ayuntamiento, siendo que en el departamento de personal de la actora, se gestiona un volumen de mas de 200 personas, de variada tipología profesional y que supone mas de la mitad del Presupuesto de la Entidad, como recoge el informe de Inspección.

El hecho de que no se hayan confeccionado las RPT, no es óbice para que la actora no deba ser incluida en una categoría superior, ni menos aún para que no perciba el sueldo que le correspondería si estuviera correctamente clasificada según las funciones que realiza. La pasividad del ente empleador no puede perjudicar a los trabajadores. El artículo 27 del Convenio ya prevé que cuando las necesidades del servicio lo exijan, el ayuntamiento podrá encomendar a sus trabajadores el desempeño de funciones correspondientes a una categoría superior a la que ostente, por un tiempo no superior a seis meses durante un año u ocho meses durante dos, así como la obligación a abonar la diferencia retributiva entre su categoría y la ocupada, y según el artículo, habrá de proveerse dicho puesto cuando se superen esos plazos. A su vez, el artículo 35 del Convenio relativo a la RPT recoge que es el documento en que se habrán de reflejar las características fundamentales de la totalidad de los puestos de trabajo permanentes existentes en el Ayuntamiento. Y el artículo 36 dispone que "el Ayuntamiento elaborará un Catálogo en el que se recogerán del modo más preciso posible las funciones de todos los puestos de trabajo que consten en las RPT, de tal manera que se constituya en el elemento clarificador y determinante de los cometidos de los distintos puestos de trabajo así como de su clasificación". Si el Ayuntamiento incumple estas obligaciones convencionales, no puede ello suponer un perjuicio al trabajador. De hecho, en Pleno de 1-2-2012 ya se acordó "crear las plazas correspondientes a los puestos que en la realizad material vienen desempeñando" (los trabajadores), y también se habla de una futura "RPT", siendo obligación del mismo la elaboración de dicha relación siendo reprochable el largo periodo de tiempo sin llevarla a cabo, pero desde luego lo que no es tolerable es atribuir funciones superiores a los trabajadores sin asumir las consecuencias retributivas que conlleva.

En cuanto al grupo en el que debe ser encuadrada la trabajadora, entendemos debe serlo en el de administrativa, así lo pidió la trabajadora en el año 2016, y así están encuadrados otros administrativos, como el del centro cultural, que se corresponde con el Grupo C1 nivel 18 y también el cargo de administrativo de gestión tributaria, todo ello según obra en la página 20 y ss del expediente remitido por el Ayuntamiento. Aun cuando algunas de las funciones que realiza la actora puedan exceder de dicha categoría de administrativo, lo cierto es que la categoría de Jefa de Negociado puede requerir una titulación que no consta esté en posesión, y será cuando las RPT se creen cuando definitivamente se describan los puestos, funciones y titulación, pudiendo en dicho momento la actora ejercer su derecho si le conviniere.

Con arreglo a ello, a lo recogido en el cuadro del hecho quinto de la demanda, y la instructa que se aporta en el ramo de prueba de la actora, la diferencia salarial entre lo percibido y lo que debió percibir correspondiente al Grupo C1, nivel salarial 18, desde el mes de enero de 2022 hasta mayo de 2024, ambos incluidos asciende a la cantidad de 10.363,54 euros. Por otra parte, la demandada no ha contradicho dicha cantidad ni ha presentado otra alternativa.

CUARTO:Las cantidades reclamadas devengarán el interés de mora del artículo 29.3 ET al tratarse de cantidades de contenido salarial.

QUINTO:La materia objeto de esta litis no es firme al ser susceptible de recurso de suplicación conforme a los arts. 190 y 191 LRJS.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,