Sentencia Social 36/2024 Juzgado de lo Social de Ciutadella de Menorca nº 1, Rec. 466/2023 de 15 de marzo del 2024

PRIMERO.- El relato de hechos declarados probados resulta, de acuerdo con el art 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante, LRJS), de la libre y conjunta valoración de la prueba practicada en el presente procedimiento, de acuerdo con las referencias acompasadas que se han ido realizando en el apartado de hechos probados.

SEGUNDO.- Se dispone en el art. 41.1 del ET, en su redacción al tiempo de llevar a cabo la modificación, que "1. La dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa.

Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes materias (entre otras):

a) Jornada de trabajo.

b) Horario y distribución del tiempo de trabajo.".

TERCERO.- Ello sentado, ha de añadirse que el que la facultad concedida por el legislador al empresario no es omnímoda se deduce del número 1 del mismo artículo, pues aquél, para poder modificar las condiciones sustanciales del contrato de trabajo debe ampararse en probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción; y que la facultad no puede ejercerse de cualquier forma, igualmente se deduce del punto 3 de dicha norma pues, "3. La decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual deberá ser notificada por el empresario al trabajador afectado y a sus representantes legales con una antelación mínima de 15 días a la fecha de su efectividad".

Sobre la referida norma, es doctrina reiterada, (así, por todas, entre muchas, la STSJ de Navarra de 2/7/2008, STSJ de Cataluña 21/4/08, STS de 14/6/06, STSJ de Murcia de 11/5/09, STSJ de Madrid de 20/11/08 ó STSJ de Castilla-León de 10/9/08), en doctrina que sigue siendo válida tras la reforma de febrero de 2.012, la que expone que, además del supuesto en que no se hayan acreditado las razones invocadas por la empresa, procederá declarar también injustificada la medida modificativa impugnada en los casos en que se hubieran omitido o incumplido los requisitos formales ya señalados, referidos a la notificación escrita y con el contenido exigible de la decisión empresarial, así como a la observancia del plazo legal de treinta días (ahora 15), de antelación a la fecha de efectividad de la medida, quedando en principio reservado el pronunciamiento de nulidad de la decisión para los supuestos de fraude de ley ( art. 138.5.º LPL, actual 138 de la LRJS) y de vulneración de derechos fundamentales del trabajador.

Consecuentemente, como venía a expresarse la STSJ de Asturias de 11/9/09, el análisis de fondo y la eventual consideración de procedencia de la medida, depende del éxito de acreditar que las comunicaciones para la modificación individual de las condiciones sustanciales de trabajo tuvieron efectivo lugar.

Circunstancia ésta que, como se deja indicado o apuntado en el HP II, y siendo indudable que se estaba ante jornada de trabajo como materia de condición sustancial, no se dio en el caso, - admitiéndose ello por la demandada -. Ciertamente, esa omisión por la demandada respondía, de acuerdo con su criterio, a no haber de tratarse de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, sino a una situación de necesidad temporal, - lo que, como se explica en el fundamento jurídico siguiente, no ha de prevalecer -.

CUARTO.- No se ignora el que no todo cambio tenga que calificarse necesariamente de modificación sustancial de condiciones de trabajo, habiendo de tener la misma vocación de cambio estable o indefinido.

Lo que sucede es que << lo que se dice máxime cuando en el informe de Inspección de Trabajo (pestaña expediente), y en el marco del presente juicio se llegaba directa o indirectamente a cuestionar la obligación del mantenimiento de la condición referida, y cuando, efectivamente, después de terminar la temporada, se ha verificado formalmente una variación como la indicada y sobre el mismo aspecto >>, de esa circunstancia excepcional temporal se ha de dar constancia clara, precisa y firme, preferentemente de forma fehaciente al trabajador.

Y ello precisamente para que no pueda albergarse por el mismo ninguna duda por la que se viera obligado a reaccionar, para evitar cualquier tipo de sentido de aquiescencia o conformidad con el cambio.

En la medida en que no sucedió así, - puesto que ningún tipo de comunicación específica explicativa o justificativa se aportaba en el acto del juicio como recibida por el trabajador, aludiéndose en el informe del servicio de Inspección de Trabajo a causa genérica de organización por la empresa, sin desvelarse ante la misma en ningún momento la concreta y detallada circunstancia que lo hubiera de motivar (al objeto de que la Inspección pudiera sopesar acerca de su justificación y calificación); y puesto que tampoco se instó como prueba en confesión del actor, resultando además que lo que se exponía con la simple documental presentada en el acto del juicio era harto discutible (al referirse a 8 trabajadores en IT, siendo 6 los que estaban en esa situación, de los cuales dos de ellos eran de muy larga duración arrastrada de la temporada anterior o del inicio de la de 2.023, sin referencias de sus sustituciones; otro ya de alta en todos los días de cambio realizado al trabajador, excepto uno; y otro, de baja sólo a partir del día 11/10/23) -, en dicha medida, se reitera, la conclusión ha de ser la de estimación de la demanda. Por más que el pronunciamiento - habiéndose negado el trabajador a efectuar cambio alguno, sin consecuencia disciplinaria, (informe de Inspección de Trabajo) -, hubiera de ser en el caso meramente declarativo.

Todo ello, en el bien entendido de enjuiciarse lo sucedido en el tramo final de la temporada de 2.023, sin prejuzgar lo que pudiera darse con ocasión de la comunicación que se mencionaba de febrero de 2.024.

QUINTO.- Contra esta sentencia, art. 138.6 de la LRJS., no cabe interponer recurso de suplicación.

Vistos los preceptos legales de general y pertinente aplicación,