Sentencia Social 37/2024 Juzgado de lo Social de Ciutadella de Menorca nº 1, Rec. 9/2024 de 18 de marzo del 2024

PRIMERO.- El relato de hechos declarados probados resulta, de acuerdo con el art 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante, LRJS), de la libre y conjunta valoración de la prueba practicada en el presente procedimiento, de acuerdo con las referencias acompasadas que se han ido realizando en el apartado de hechos probados.

SEGUNDO.- Debiendo afirmarse en todo caso la procedencia de ejercicio de la acción en plazo, << recordando que el art. 138.1 de la LRJS señala que 1. El proceso se iniciará por demanda de los trabajadores afectados por la decisión empresarial, aunque no se haya seguido el procedimiento de los arts. 40, 41 y 47 del Estatuto de los Trabajadores. La demanda deberá presentarse en el plazo de caducidad de los veinte días hábiles siguientes a la notificación por escrito de la decisión a los trabajadores o a sus representantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del art. 59 del Estatuto de los Trabajadores, plazo que no comenzará a computarse hasta que tenga lugar dicha notificación, sin perjuicio de la prescripción en todo caso de las acciones derivadas por el transcurso del plazo previsto en el apartado 2 del art. 59 del Estatuto de los Trabajadores >>, se dispone en el art. 41.1 del ET, en su redacción al tiempo de llevar a cabo la modificación, que "1. La dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa.

Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes materias (entre otras):

a) Jornada de trabajo.

b) Horario y distribución del tiempo de trabajo.

TERCERO.- Ello sentado, ha de añadirse que el que la facultad concedida por el legislador al empresario no es omnímoda se deduce del número 1 del mismo artículo, pues aquél, para poder modificar las condiciones sustanciales del contrato de trabajo debe ampararse en probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción; y que la facultad no puede ejercerse de cualquier forma, igualmente se deduce del punto 3 de dicha norma pues, "3. La decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual deberá ser notificada por el empresario al trabajador afectado y a sus representantes legales con una antelación mínima de 15 días a la fecha de su efectividad".

Sobre la referida norma, es doctrina reiterada, (así, por todas, entre muchas, la STSJ de Navarra de 2/7/2008, STSJ de Cataluña 21/4/08, STS de 14/6/06, STSJ de Murcia de 11/5/09, STSJ de Madrid de 20/11/08 ó STSJ de Castilla-León de 10/9/08), en doctrina que sigue siendo válida tras la reforma de febrero de 2.012, la que expone que, además del supuesto en que no se hayan acreditado las razones invocadas por la empresa, procederá declarar también injustificada la medida modificativa impugnada en los casos en que se hubieran omitido o incumplido los requisitos formales ya señalados, referidos a la notificación escrita y con el contenido exigible de la decisión empresarial, así como a la observancia del plazo legal de treinta días (ahora 15), de antelación a la fecha de efectividad de la medida, quedando en principio reservado el pronunciamiento de nulidad de la decisión para los supuestos de fraude de ley ( art. 138.5.º LPL, actual 138 de la LRJS) y de vulneración de derechos fundamentales del trabajador.

Consecuentemente, como venía a expresarse la STSJ de Asturias de 11/9/09, el análisis de fondo y la eventual consideración de procedencia de la medida, depende del éxito de acreditar que las comunicaciones para la modificación individual de las condiciones sustanciales de trabajo tuvieron efectivo lugar; circunstancia que, como se reflejaba en el HP III, no se dio en el caso, pues no constó ninguna comunicación justificativa del cambio, ni a la trabajadora, ni a los representantes legales.

Ello habría de conducir, sin más, a la declaración de medida injustificada. En tal sentido, el art. 138.7 de la LRJS dispone que "La sentencia que declare injustificada la medida reconocerá el derecho del trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones de trabajo, así como al abono de los daños y perjuicios que la decisión empresarial hubiera podido ocasionar durante el tiempo en que ha producido efectos". Por lo tanto, con esa declaración de injustificación, se ha de reconocer el derecho de la trabajadora a ser repuesta en sus anteriores condiciones de trabajo desde el 3/02/24, a todos los efectos.

CUARTO.- Contra esta sentencia, art. 138.6 de la LRJS., no cabe interponer recurso de suplicación.

Vistos los preceptos legales de general y pertinente aplicación,