Sentencia Social 13/2023 Juzgado de lo Social de Cuenca nº 2, Rec. 348/2022 de 14 de febrero del 2023

PRIMERO.- En cumplimiento de lo establecido en el art. 97.3 de la LRJS los hechos que se han declarado probados en la presente resolución se deducen de la valoración conjunta de la prueba practicada.

SEGUNDO.- La parte actora postula la declaración de vulneración de derechos fundamentales al entender que la decisión que se impugna no es más que la reproducción de las Evaluaciones Negativa del Puesto realizado por la demandada de fecha 31 de mayo de 2008 y 31 de octubre de 2012, que motivaron las sentencias estimatorias recogidas en los hechos probados. Alega que nuevamente la Entidad demandada vuelve a incurrir en los mismos vicios que determinaron las revocaciones anteriores por "evaluación negativa" en la medida que, nuevamente sitúa a la recurrente en evidente indefensión, vulnerando su derecho a la defensa consagrado en el artículo 24.2 de la Constitución Española ya que, los motivos por los que se acuerda su decaimiento en las bolsas de trabajo en las que se encontraba inscrita, no obedecen a una auténtica "evaluación" objetiva de su trabajo realizado, sino más bien a la aplicación de un régimen sancionador - que implica como sanción su exclusión de las bolsas de trabajo a las que se encontraba adscrita- omitiéndose toda posibilidad de realizar alegaciones respecto de los extremos valorados negativamente, como de los realizados positivamente que pudieran haber sido tomados en su consideración.

Aclarándose en el acto de juicio, que no se trata de una vulneración de la Garantía de Indemnidad sino únicamente del derecho a la defensa previsto en el artículo 24.2 de la CE "todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa". Por cuanto entiende que se ha omitido el "tramite de alegaciones" previsto en el artículo 88.b) del convenio colectivo para sanciones por faltas graves o muy graves. Y ello por cuanto la actora únicamente conoce los hechos en el momento en el que se le comunica la resolución definitiva de 28 de julio de 2022, se quebranta su derecho de defensa y a la posibilidad de conocer las imputaciones antes de resultar separada de las bolsas en las que permanecía inscrita.

Asimismo, aclara que no se está alegando discriminación por enfermedad o discapacidad, por lo que retira la alegación consistente en que "nos encontramos ante una decisión formalmente sin causa pero que tiene como único objeto el de prescindir de un empleado enfermo para así servir de ejemplo hacia el resto de la plantilla y así reducir o eliminar todo tipo de absentismo".

En el acto de juico se concretó la pretensión en que se declarara el derecho de la actora a ser reintegrada en todas y cada una de las bolsas de trabajo en las que estaba integrada con anterioridad al 28/07/2022, concretamente en Atención al Cliente, en Quintanar de la Oren y en Tarancón. Condenando a la entidad demandada a estar y pasar por los efectos de dicha declaración, al cese inmediato de la vulneración de derechos fundamentales. Interesando una indemnización adicional por los perjuicios causados de 6.300 euros, al entender que resulta de aplicación la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, ya que los hechos denunciados podrían constituir una infracción muy grave en materia de empleo.

Por la Abogacía del Estado, en representación de la demandada, una vez aclarado por la parte actora que se invocaba el derecho a la defensa del artículo 24.2 de la Constitución, se alegó que no es acumulable al presente procedimiento de derechos fundamentales, el análisis de si se siguió o no correctamente el procedimiento para la evaluación de desempeño establecido en el convenio colectivo, al tratarse de legalidad ordinaria (artículo 178 de la RLJS). Así como que no son de aplicación los trámites de audiencia establecidos para la imposición de sanciones graves y muy graves, al no tratarse de un expediente disciplinario, para el que sí está previsto en el convenio colectivo. Insiste en que, además, se han seguido los trámites del procedimiento de evaluación de desempeño previsto en el III Convenio y que se le dio traslado a la actora de la resolución motivada y a la Comisión de Empleo, así como acceso al expediente, no provocando indefensión alguna.

Por último, para el caso de que prosperara la demanda, se opone a la indemnización pretendida por la parte actora, planteando que debe indemnizarse únicamente con los salarios dejados de percibir por el contrato de 15 días (del 1 al 15 de agosto de 2022) al que no fue llamada la actora tras el decaimiento de la bolsa de atención al cliente, pudiendo participar en otras Bolsas.

TERCERO.- El artículo 177 LRJS establece que " 1. Cualquier trabajador o sindicato que, invocando un derecho o interés legítimo, considere lesionados los derechos de libertad sindical, huelga u otros derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio y del acoso, podrá recabar su tutela a través de este procedimiento cuando la pretensión se suscite en el ámbito de las relaciones jurídicas atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional social o en conexión directa con las mismas, incluidas las que se formulen contra terceros vinculados al empresario por cualquier título, cuando la vulneración alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios.

Según el artículo 178 el objeto del presente proceso queda limitado al conocimiento de la lesión del derecho fundamental o libertad pública, sin posibilidad de acumulación con acciones de otra naturaleza o con idéntica pretensión basada en fundamentos diversos a la tutela del citado derecho o libertad. Es decir, se trata de un proceso que limita su ámbito de enjuiciamiento a las lesiones directas de derechos fundamentales derivadas de conductas de violación o incumplimiento de la norma constitucional o de las normas legales que los regulan, porque las ventajas que tiene este procedimiento especial tienen como contrapartida la limitación del objeto, que se limita a la verificación de si ha existido o no vulneración del derecho fundamental alegado, ahora bien ello no impide que se puedan alegar fundamentos de legalidad ordinaria en la medida que tengan trascendencia para la calificación jurídica de la misma. Por otra parte, el artículo 182 dispone que la sentencia declarará haber lugar o no al amparo judicial solicitado y, en caso de estimación de la demanda, según las pretensiones concretamente ejercitadas:

a) Declarará la existencia o no de vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas, así como el derecho o libertad infringidos, según su contenido constitucionalmente declarado (...)

b) Declarará la nulidad radical de la actuación del empleador, (...)

c) Ordenará el cese inmediato de la actuación contraria a derechos fundamentales o a libertades públicas, o en su caso, la prohibición de interrumpir una conducta o la obligación de realizar una actividad omitida, cuando una u otra resulten exigibles según la naturaleza del derecho o libertad vulnerados.

d) Dispondrá el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho y la reposición de la situación al momento anterior a producirse la lesión del derecho fundamental, así como la reparación de las consecuencias derivadas de la acción u omisión del sujeto responsable, incluida la indemnización que procediera en los términos señalados en el artículo 183.

Por consiguiente, se está admitiendo la posibilidad de que se pueda producir una acumulación de acciones. Así pues, la realidad es que siempre que se alega una vulneración de los derechos fundamentales existe una relación entre ésta con otra pretensión adicional, ascenso, sanción, etc., pues es muy difícil hablar de una "violación pura" de los derechos fundamentales, por lo que ciertamente se podrán acumular la acción de tutela y la ordinaria, sin perjuicio de que si se estimara que no ha existido vulneración de los derechos fundamentales no se podría examinar la legislación ordinaria.

Entrando en el análisis del fondo de asunto, según la pretensión concretada en el acto de juicio, es de significar que la doctrina que se invoca por la parte actora para argumentar la vulneración del derecho a la defensa del artículo 24.2 CE se encuadra en el ámbito sancionador con remisión a la legislación penal, que no es el caso en el que estamos, pues se trata de un procedimiento regulado en el Anexo sobre Ingreso y Ciclo de Empleo III Convenio Colectivo de Correos, en su punto 4. Así la evaluación de la actora se llevó a cabo bajo los criterios fijados por la Dirección de Recursos Humanos, como se establece en el referido procedimiento convencional, no en base al régimen disciplinario del convenio, por lo que no se abrió un expediente disciplinario previsto para sanciones graves o muy graves al no tratarse de una sanción ni directa ni encubierta, al haberse desistido la parte actora de la alegación de vulneración de la garantía de indemnidad.

Resultando que el TS en sentencia de 19/12/2006 estableció que el trabajador que participe en las pruebas selectivas convocadas por la empresa, está sujeto a las normas que la regulan que son la ley del proceso y no puede accionar contra lo establecido en ellas " ... el trabajador había participado en las pruebas selectivas convocadas por la empresa ahora recurrente para cubrir plazas de trabajadores fijos en la Sociedad Estatal [hasta 10.000, conforme a resolución de la Presidencia de fecha 13/04/04], y_ esta participación supuso la aceptación por su parte, aun cuando no fuera expresa, de todas las cláusulas de la convocatoria, de la misma forma que la convocante se obligaba a respetar tales condiciones; (...)

4. En segundo término [causa íntimamente ligada a la anterior, aunque incidiendo más en la exigible buena fe], porque así lo impone la doctrina de los actos propios construida precisamente sobre la base de la buena fe y del art. 7 CC (...)".

En este mismo sentido cabe mencionar la sentencia del Tribunal Supremo de 26/12/07 en la que se mantiene que los Tribunales no están llamados a suplir y contrariar la diáfana voluntad de las partes negociadoras, sin que puedan los órganos judiciales tomar decisiones que, en la práctica, vengan a sustituir a la autonomía colectiva, no pudiendo exigir unos requisitos formales que no se pactaron expresamente por empresa y los sindicatos ( sentencia TSJ de Castilla La Mancha de 17/2/2009, TSJ de Madrid de 20/11/ 2007 o de TSJ de Aragón de 27/9/2007.

Concretamente, para el caso de Correos, el Tribunal Supremo en sentencias de 4/4/2019 y 6/5/2020 se ha pronunciado confirmando que la normativa propia y convencional de Correos es lo suficientemente extensa y concreta, que no necesita que se aplique con carácter supletorio otros preceptos, por lo que el decaimiento en las Bolsas será válido siempre y cuando se realice conforme a la normativa convencional citada.

En definitiva, debemos partir de que es correcto el procedimiento establecido en el convenio colectivo y que se ha seguido para la evaluación de la actora que ha dado lugar a su decaimiento de las bolsas. Si bien, no puede ser objeto del presente procedimiento, el examen de si se cumplió o no el procedimiento o si se han aplicado correctamente los criterios de RRHH, al tratarse de procedimiento de derechos fundamentales que no admite la acumulación de pretensiones de legalidad ordinaria ( artículo 178 LRJS), en este caso para dilucidar si la evaluación de la actora fue o no correcta y, por ende, su decaimiento en las Bolsas, una vez descartada la existencia de vulneración de derechos fundamentales, como se informó por el Ministerio Fiscal.

Por todo lo anteriormente expuesto, se ha de desestimar la demanda.

CUARTO.- Frente a esta sentencia cabe recurso de Suplicación conforme a lo dispuesto en el art. 191.3.f) LRJS.