Sentencia Social 147/2024 Juzgado de lo Social de Cuenca nº 2, Rec. 335/2023 de 24 de abril del 2024

PRIMERO.- Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, por la que se aprueba la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se declara que los hechos probados lo son en base a la prueba documental aportada.

Con carácter previo a resolver sobre el fondo del asunto, la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DE CUENCA opuso la excepción de falta de legitimación pasiva, al entender que, dado que los hechos denunciados se derivan de la seguridad e higiene en el trabajo, la competencia recae en la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha.

Igualmente, las empresas BENIBALDO, S.A. Y DANIMAR ALIMENTACIÓN, S.L. opusieron la excepción de falta de legitimación activa y de acción, por entender que el actor no es interesado en el procedimiento sancionador, sino mero denunciante y que, en ningún caso puede tipificar ni imponer sanciones a los responsables.

SEGUNDO.- Como hemos adelantado, el Abogado del Estado planteó en primer lugar la falta de legitimación pasiva por falta de competencia funcional del Estado. A este respecto hemos de precisar, porque parecen confundirlo las partes, que el objeto del pleito viene determinado exclusivamente por el petitum de la demanda, que no es otro que la impugnación de dos oficios de la Inspección Provincial de Trabajo. Es decir, este proceso no versa, ni puede versar, sobre el accidente sufrido por el actor ni la competencia para imponer una sanción, sino sobre si la decisión de la Inspección Provincial de Trabajo de no abrir un expediente sancionador para investigar y depurar responsabilidad es ajustada a Derecho o no.

Sentado lo anterior, en tanto que se ha impugnado un acto de la Inspección Provincial de Trabajo, el Abogado del Estado, en tanto que ostenta su representación, está legitimado para ser demandado, debiendo desestimar su excepción.

TERCERO.- En segundo lugar, hemos de resolver las excepciones de falta de legitimación activa y de acción planteada por los otros dos codemandados. La cuestión se enmarca en el ámbito del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Esta norma dispone en su artículo 48.1 que "El ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las infracciones del orden social en el ámbito de la Administración General del Estado corresponderá al órgano competente, según lo que reglamentariamente se disponga.

2. El ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las infracciones del orden social, cuando corresponda a la Administración de las Comunidades Autónomas con competencia en materia de ejecución de la legislación del orden social, se ejercerá por los órganos y con los límites de distribución que determine cada Comunidad Autónoma.

3. La potestad para acordar las sanciones accesorias establecidas en esta ley corresponderá a quien la ostente para imponer las de carácter principal de las que deriven aquéllas.

Por otro lado, el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social establece en su artículo 1.3 que "El procedimiento de imposición de sanciones, leves y graves, a los solicitantes y beneficiarios de prestaciones a que se refiere la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, se iniciará por la entidad gestora, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VII de este Reglamento."

Asimismo, el artículo 21.1 dispone que "Las resoluciones recaídas en los procedimientos sancionadores por infracciones de orden social serán notificadas a los interesados, advirtiéndoles de los recursos que correspondan contra ellas, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos. Cuando el sujeto infractor hubiese hecho efectivo el pago de la sanción con carácter previo a la resolución, se le indicará la imposibilidad de interponer cualquier recurso o acción en vía administrativa contra la resolución. Asimismo, se remitirá copia del acto al funcionario que hubiere promovido el expediente (...)."

Así las cosas, la competencia para iniciar expedientes sancionadores por accidentes en el ámbito laboral corresponde de forma exclusiva a la Inspección de trabajo, por lo que los Juzgados y Tribunales no tenemos la potestad para decidir sobre este extremo por la entidad gestora. Es decir, no hay atribución legal expresa para que los Juzgados decidan sobre esta competencia exclusiva de la Inspección de trabajo, por cuanto que la posibilidad de acudir a los Tribunales se concede, a los interesados (quienes hayan sido sancionados) una vez tramitado el expediente y recaída sanción. De este modo, la parte actora carece de acción en los términos solicitados, no pudiendo obligar, por carecer de competencia los órganos jurisdiccionales sociales, a iniciar un procedimiento sancionador. Por ello, el actor lo que realmente busca es depurar responsabilidades, para lo cual dispone de otros procedimientos, no pudiendo entrar en el seno de este a dilucidar lo ocurrido y las responsabilidades del accidente.

En conclusión, procede la desestimación íntegra de la demanda.

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 191.3.g) LRJS frente a esta resolución sí cabe recurso de suplicación, al no poderse cuantificar el acto administrativo impugnado.

En atención a lo expuesto,