Sentencia Social 161/2024 Juzgado de lo Social de Cuenca nº 1, Rec. 549/2023 de 25 de abril del 2024

PRIMERO.- La prueba practicada ha sido valorada en conciencia por este juzgador conforme al artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, habiéndose deducido los hechos declarados probados de la prueba documental aportada y de la testifical escuchada.

SEGUNDO.- La empresa opone la excepción de falta de acción al entender que no existe un interés actual a la vista de la situación de excedencia en que se encuentra la demandante.

Excepción que debe ser rechazada dado que el interés actual existe en la medida en que la demandante está vinculada a la empresa a pesar de encontrarse en situación de excedencia por cuidado de hijos, y tiene una expectativa de vuelta a su puesto de trabajo tras la finalización de la excedencia.

El artículo 34.8, en su segundo párrafo, establece el derecho a solicitar esta adaptación para las personas trabajadoras que tengan hijos o hijas con edades inferiores a los doce años. El legislador está presumiendo que niños de tan corta tienen unas necesidades de cuidado y atención inherentes a la precisamente a esa corta edad, y que dichas necesidades deben se atendidas por los progenitores.

Por ello no es necesario que se aleguen ni acrediten unas especiales circunstancias para formular esta solicitud que el legislador no condiciona a más requisitos que la corta edad de los hijos e hijas de las personas que lo solicitan.

Se desestima la excepción.

TERCERO.- El art. 34 del Estatuto de los Trabajadores que al regular la "jornada" dentro del apartado 8 establece:

"Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Dichas adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa.

En el caso de que tengan hijos o hijas, las personas trabajadoras tienen derecho a efectuar dicha solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan doce años.

En la negociación colectiva se pactarán los términos de su ejercicio, que se acomodarán a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta, entre personas trabajadoras de uno y otro sexo. En su ausencia, la empresa, ante la solicitud de adaptación de jornada, abrirá un proceso de negociación con la persona trabajadora durante un periodo máximo de treinta días. Finalizado el mismo, la empresa, por escrito, comunicará la aceptación de la petición, planteará una propuesta alternativa que posibilite las necesidades de conciliación de la persona trabajadora o bien manifestará la negativa a su ejercicio. En este último caso, se indicarán las razones objetivas en las que se sustenta la decisión...".

El convenio colectivo, prevé en su artículo 46 que:

"En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que eleva a la categoría de derechos los diferentes instrumentos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores y trabajadoras para fomentar la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares y evitar toda discriminación laboral por su ejercicio, las Empresas, para su organización, tendrán en cuenta estas circunstancias.

Asimismo, para hacer efectivo este derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de su jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, en los términos establecidos en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores . Dichas adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa."

Desde un punto de vista formal, resulta acreditado como en el presente caso se han cumplido los requisitos previstos en el citado precepto ya que se abrió un proceso de negociación entre las partes sin que se llegara a un acuerdo.

Desde el punto de vista material, y siendo acorde a la letra del convenio colectivo que conforme al contenido del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, la solicitud pueda implicar teletrabajo, es de valorar si la respuesta empresarial denegatoria de la primera solicitud de prestar servicios en las oficinas cercanas al domicilio de la actora se basó en verdaderas necesidades organizativas o productivas.

En este caso, la actora trabaja en el desarrollo e implantación de las herramientas informáticas propias de la entidad financiera en relación con las Cooperativas que son clientes de la entidad. Es claro que de ello deriva una notoria exposición a riesgos de recibir ciberataques que puedan suponer robo de datos de clientes en cuestiones tan delicadas como ésta, lo que implica que, de manera comprensible, la empresa exija, tanto en las conexiones a internet, como en la propia exposición de los datos de los clientes, la máxima seguridad, y por ello no permita el teletrabajo salvo de manera puntual y en circunstancias tan excepcionales como el periodo de confinamiento derivado del denominado COVID-19.

Por los mismos motivos este trabajo exige también que se realice de manera reservada, y por ello se hace en los edificios que la empresa posee en las distintas direcciones territoriales de las capitales de provincia, que es donde los datos que pueda manejar la persona trabajadora quedan a salvo de las miradas indiscretas de terceros que puedan deambular por la zona. De ahí que no resulte posible instalar a este tipo de trabajadores en Oficinas abiertas al público y menos aún si son de pequeño tamaño y tan expuestas como las de una pequeña localidad a la que acceden los clientes de manera continua y cotidiana, no siendo posible desplazar al Director de la Oficina de su despacho, donde tiene que tratar temas también con los clientes en los que se exige privacidad, ni se le puede exigir a la empresa que haga obras en dichas sucursales para adaptar el puesto a la demandante.

Es por ello que la respuesta empresarial resulta razonable y acorde con sus necesidades organizativas la denegación de adaptación del puesto en los términos solicitados por la demandante.

CUARTO.- Contra la presente Sentencia no cabe recurso alguno ex artículo 138 bis apartado b) Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y 139.1 b) del mismo texto legal.

En atención a lo expuesto, vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, y en virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Constitución Española,