Sentencia Social 26/2023 Juzgado de lo Social de Gijón nº 4, Rec. 243/2022 de 31 de enero del 2023

PRIMERO.- El trabajador ataca el despido operado; entiende que la sanción se encuentra prescrita, cualquiera que sea la fecha de dies a quo que se tenga en cuenta.

En cuanto al fondo, afirma que los hechos no pueden subsumirse en la falta imputada. La no presentación de cuentas en los términos que se imputan, se debió a la falta de medios personales y materiales y al ingente encargo que suponían sus atribuciones de las que era conocedor el Administrador. También éste lo era de la falta de presentación de las citadas cuentas como estrategia de mercado y como medio para ocultar la situación financiera real de la empresa; añade que no se concreta la incompleta contabilidad que se afirma se presentó del año 2021 como tampoco el haber presentado el impuesto de sociedades sin tener completa la contabilidad.

SEGUNDO.- PRESCRIPCION. El análisis de este motivo debe realizarse, teniendo en cuenta las particulares circunstancias del caso enjuiciado, su dimensión temporal y complejidad, y la concreta actividad desplegada en la investigación de los mismos. No puede obviarse, en efecto, que se trata de la averiguación de la contabilidad en lo que constituye toda la actividad de la empresa durante varios años. Ello permite desestimar el juego de los plazos de prescripción (corta y larga ) invocados en la demanda pues entendemos que hasta el resultado de la auditoria referida no consta tuvo un conocimiento cabal y completo, como exige la doctrina jurisprudencial (por todas, la sentencia del Tribunal Supremo de 19.9.2011). Además, que lo que se enjuicia es una sucesión prolongada en el tiempo de comportamientos donde el protagonista se encuentra en poder de los datos que permiten precisamente conocer el alcance de los hechos y ha dilatado su exhibición, continuidad que impide, mientras perdura, que se inicie el computo de la prescripción. Tal ocultación no requiere ineludiblemente actos positivos del trabajador, bastando para que no empiece a computarse la prescripción, que el cargo que desempeña el infractor obligue a la vigilancia y denuncia de la falta cometida, pues en este supuesto, al estar de modo continuo gozando de una confianza especial de la empresa que sirve para la ocultación de la propia falta, es una falta continua de lealtad que impide, mientras persiste, que se inicie el cómputo de la prescripción ( STS 29 de septiembre de 1995 , dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina, sentencia del Tribunal Supremo de 15.7.2003, entre otras).

Resulta en este caso tal y como se ha constatado con la testifical de la testigo responsable de personal y el interrogatorio del propio administrador de la empresa, existieron problemas de financiación con el banco como elemento indicador de la sospecha que vino confirmada por el auditor al señalar que en septiembre se le encomendó un análisis de la situación de la empresa debiendo exigir la participación precisamente del investigado en cuyo poder se encontraban los datos contables. La última entrega de documentación relevante la hizo en marzo de 202; por ser éste el acto que exterioriza el conocimiento, debe ser el dies a quo de la prescripción de 6 meses, como dice el tribunal supremo. Debemos pues desestimar la excepción.

SEGUNDO.- FONDO. El trabajador no niega la falta de presentación de las cuentas anuales en el registro. Pero aduce que lo hizo con conocimiento, incluso con la connivencia del administrador. Sin embargo, nada se acredita sobre tal extremo. Nada prueba de conocimiento y beneplácito en el que se escuda. Ni siquiera en la conversación que aporta como documento número 10, datada en el 2018 anterior pues a la relación laboral y dentro de la relación mercantil que previamente les unía. En no expresa nada a propósito de esa anuencia que relata en su demanda.

Afirma además que la justificación a su incumplimiento reconocido se debe al deficiente programa informático y falta de medios técnicos y personales en general. En apoyatura de tal afirmación aporta dos correos electrónicos que dice son la petición de presupuestos para el cambio de programa informático, fechados el septiembre de 2020, pero que en realidad se dirigen a él, por lo que desconocemos si efectivamente fueron iniciativa del propio trabajador. Los correos fechados en nada menos que 2015 y 2016 intercambiados con el responsable de informática externo, D. Antonio, revelan conflictos laborales y de entendimiento entre ellos en una época en la que ambos ejercían de autónomos contratados externamente. Se añade a todo ellos la evidencia de que la contabilidad en los términos que debía llevarla el actor, fue encomendada desde enero de 2022 a la trabajadora Dña. Gracia, inicialmente para colaborar con la gestión entonces de la contabilidad mientras actor atendía los requerimientos de la auditoría. Asumió desde entonces y hasta ahora la gestión contable, con los mismos medios informáticos, siendo eximida parece de la parte laboral de nóminas, externalizada, de un total de 21 trabajadores que constan en la vida laboral. Tan solo fueron contratados profesionales externos ( fiscales y economistas y letrados) a los efectos de auditar la situación existente y durante el tiempo que precedió al despido. ( declaración Dña. Luisa, coordinadora del centro). Nada acreditan las facturas abonadas por le propio trabajador a D. Pablo Jesús para la colaboración en tareas contables cuando no consta hayan sido abonadas por la empresa.

En fin, no acredita el actor que la falta de presentación de las cuentas anuales que se le imputan durante todos los años que la carta manifiesta pueda justificarse con los deficientes medios materiales y personales con los que contaba ni mucho menos que se tratase de una estrategia consensuada con el administrador.

Finalmente, en la carta se refiere que las liquidaciones que el trabajador presentó en el impuesto de sociedades de los años 2019 y 2020 no se corresponden con la contabilidad que presentó referida a tales años y con ocasión de la auditoria el 23 de diciembre de 2021 y el 21 de noviembre de 2021, concluyendo que no tenía hecha la contabilidad de tales años. Dice el trabajador que se trata de una afirmación genérica e inconcreta; no compartimos la apreciación. Se trata de una imputación clara corroborada en la vista con la declaración del auditor de cuentas y el informe que de los hechos elaboró y que ha servido de base para la redacción de los declarados probados. Resulta deducible cuando la contabilidad de 2019 se presenta dos meses después de haber sido requerida en el 2021( requerida en septiembre y entregada en diciembre) y la de 2020 se presenta incluso antes, en noviembre, cuando como explicó el auditor, las contabilidades se encuentran encadenadas de forma que la anterior condiciona a la siguiente; esto es, sobre la base del resultado de la precedente se elabora la siguiente.

Acreditados pues los hechos descritos en la misiva, éstos los subsume la empresa en (artículo 31,1,5,17 y 20):

1.-La desobediencia continuada o persistente en el trabajo.

5. El fraude, la deslealtad o el abuso de confianza en las gestiones encomendadas, así como el hurto o robo, tanto a la empresa como a los compañeros de trabajo o a terceras personas dentro de las dependencias de la empresa o durante el desarrollo de su actividad profesional.

17. La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento normal de trabajo.

20. La comisión de errores repetidos e intencionados que puedan originar perjuicios a la empresa.

No se discute su subsunción en los tipos mencionados, procediendo pues la desestimación de la demanda en este punto.

CUARTO.- Finalmente, reclama la parte actora el abono del incentivo anual. La configuración que el contrato le da recogida en hechos probados, le otorga la consideración de parte del salario y por ello el trabajador tiene derecho a su abono. Efectivamente su devengo no depende de unos objetivos o cumplimiento personales si no que se deriva de unos rendimientos obtenidos ( ventas anuales) que la empresa no discute. En este sentido podemos traer a colación la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 de julio de 2017 confirmada en casación. Se refería ésta al supuesto de un despido disciplinario y al abono de un bonus que venía pactado en convenio y que condicionaba su pago a que el trabajdaor estuviese en alta al momento del pago. Acababa considerando ilegítima ese requisito y lo que aquí nos interesa "A esta conclusión llegamos teniendo en cuenta la doctrina sentada por la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2015, Recurso nº 326/2014 , cuando en relación a una cláusula similar, establecida en un convenio y por lo tanto, también aceptada en todos sus términos para las partes negociadoras del mismo, afirma que «... la condición establecida en el convenio no sólo es, como señala la sentencia de instancia, claramente abusiva porque puede dejar el cumplimiento de la obligación en manos de una sola de las partes, teniendo en cuenta, además, la indeterminación del momento del pago (durante el primer cuatrimestre del añosiguiente al de su devengo) y porque puede provocar el enriquecimiento injusto de la empresa que ya ha percibido el trabajo convenido pero se exime de pagar el complemento pactado en el convenio. La cláusula es, además, directamente ilegal porque contraviene elartículo 4.2. f) ET que reconoce y garantiza el derecho del trabajador a la percepción de la remuneración pactada o legalmente establecida, derecho absoluto y básico del trabajador, y como tal, de carácter incondicionado que no puede quedar sujeto a ninguna circunstancia impeditiva de su cobro, una vez ha sido devengado. Por tanto, someter el cobro de la partida salarial de referencia, ya devengada, a la condición de que el trabajador se encuentre de alta en la empresa en el momento de su pago es una disposición convencional totalmente ilegal (...).

Es el derecho del trabajador a su remuneración un derecho absoluto y básico que no puede sustraerse cuando ha devengado el derecho durante el año 2021 mientras permanecía en alta para la empresa, por mucho incumplimiento posterior que se demostrase; como tampoco podría verse privado de su remuneración fija, procediendo pues la estimación de dicha reclamación.