Sentencia Social 154/2024 Juzgado de lo Social de Gijón nº 1, Rec. 22/2024 de 04 de abril del 2024

Primero.- Planteamiento de la cuestión.

Reclama el actor que se le reconozca la categoría profesional de maestro maquinista y la cantidad de 5.213,27 euros en concepto de diferencias salariales en el periodo comprendido entre el mes de diciembre de 2022 y el de noviembre de 2023.

Se opone la empresa tras mostrar expresa conformidad con los aspectos generales de la contratación como son la categoría expresada en el contrato, la antigüedad y el convenio colectivo de aplicación. No obstante, muestra disconformidad con el fondo del asunto, sosteniendo que el trabajador lleva a cabo las funciones propiaas de su categoría. Indica que el maquinista tiene el mismo nivel que el encargado, negando que el actor lleve a cabo funciones equiparaables, asumiendo que, tal y como dice el convenio, la relación de categoríaas y funciones es descriptiva. Señala que el actor hace funciones muy básicas de mantenimiento sin asumir responsabilidad ninguna y sin formación específica. Añade que la funcion propia de encargado la hace la jefa de explotación y que no hay la categoría de maestro maquinista. Argumenta que las funciones propias de esta categoría están externalizadas a otras empresas, que son las que llevan a cabo el verdadero mantenimiento. Destaca, por otro lado, la condición de empresa pública de la demandada y las restricciones de carácter presupuestario derivadas de tal circunstancia.

Subsidiariamente muestra disconformidad con la cantidad solicitada fijándola, para el caso de estimación de la demanda en 1.252,80 euros. Finaliza la contestación solicitando que no se le impongan los intereses moratorios para el caso de que se estimara la demanda.

Segundo.- Fuentes probatorias.

Los hechos declarados probados se deducen de la documental obrante en autos y, particularmente y en cuanto al hecho probado sexto, de la declaración testifical de Dª Otilia y de D. Victorio. Ha depuesto también D. Jose Luis, cuyo testimonio no ha sido relevante.

Tercero.- Funciones desarrolladas por el trabajador.

Como se ha adelantado y, con fundamento en la prueba testifical, el juzgador ha obtenido la convicción de que las funciones desarrolladas por el actor son las que se han reflejado en el hecho probado sexto. Partiendo de ello, el encaje en las propias de la categoría pretendida por el trabajador es clara. Se atribuye la empresa unas funciones hermenéuticas del convenio que no le son propias: pretende que la expresión con rendimiento y calidad de trabajo normales a la que se refiere el artículo 24.1.3 se ajusta a la función desempeñada por el trabajo pretendiendo distinguir entre un mantenimiento "normal" que vendría atribuido al oficial de segunda y un mantenimiento "extraordinario o importante" que sería el propio del maestro maquinista y que en este caso está externalizado. Frente a este razonamiento, la dicción del convenio es tozuda y los testigos han contestado que todas las funciones que el convenio dice propias del maestro maquinista son llevadas a cabo por el actor. El resultado del razonamiento silogístico no puede ser otro que el de que la categoría que más se ajusta a la función es la postulada en la demanda.

Cuarto.- Cantidades reclamadas.

Los cálculos llevados a cabo por la empresa son los que se ajustan a la realidad de las tablas que se recogen en los anexos de contenido económico publicados en el Boletín Oficial del Estado, sin que se alcance a comprender lo abultado de las diferencias solicitadas en la demanda.

Quinto.- Intereses.

Desde la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2014, recaída en el recurso 1315/2013 se viene sosteniendo que el interés del artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores es de aplicación automática a las deudas de naturaleza salarial con independencia de lo razonable de la oposición empresarial o lo discutible de la pretensión actora. Por lo que al interés del 10% interesado respecta, ha de indicarse que el interés moratorio que previene el artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores ha de determinarse en cómputo anual, en proporción al tiempo de demora, sobre los conceptos salariales, desde la fecha del devengo (en el caso presente no se realiza ninguna concreción en la demanda sobre tal fecha), hasta la sentencia, ya que no es equiparable a una multa sino a una indemnización por el retraso en el pago ( Sentencia del Tribunal Supremo - Sala Cuarta - de 9 de febrero de 1990). Con ello y habida cuenta de la vigencia del principio dispositivo en el ámbito en que nos hallamos, el dies a quo ha de fijarse en el acto de conciliación, en que constan las reclamaciones de las cantidades aquí solicitadas.

Sexto.- Recursos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 137.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, contra la presente resolución cabe interponer recurso de suplicación, habida cuenta de la cuantía de las diferencias salariales solicitadas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación