Sentencia Social 132/2024 Juzgado de lo Social de Murcia nº 4, Rec. 744/2021 de 23 de abril del 2024

PRIMERO:De conformidad con lo establecido en el art. 97.2 de la LRJS, los hechos que se declaran probados resultan de la valoración de la prueba practicada consistente en expediente administrativo, documental aportada por la empresa demandante y testifical.

SEGUNDO:La parte actora interpone demanda en la que impugna la resolución administrativa que deniega el ERTE de reducción de jornada por causa de fuerza mayor que afecta a 179 trabajadores de la mercantil demandante, y solicita que se revoque y se deje sin efecto las resoluciones impugnadas, y se declare que sí ha lugar a constatar la existencia de fuerza mayor para la reducción de jornada de 179 trabajadores referidos en la solicitud de ERTE de 04-02-201, y se condene a la Administración demandada a satisfacer a la demandante por los daños y perjuicios sufridos, el importe de 89.620 €, que es la parte proporcional del (25% de horas de trabajo reducidas) del salario y cotizaciones a la Seguridad Social de los Trabajadores afectados por el ERTE, que la empresa ha tenido que pagar.. La parte demandada se opone a la demanda y solicita la confirmación de la resolución administrativa recurrida, alegando los motivos de oposición que constan en el acta registrada en documento electrónico.

TERCERO:En cuanto a los defectos formales alegados por la parte actora, aduce que se han infringido el art. 2.2 del Real Decreto Ley 8/2020 y art. 33.1 del Real Decreto 1483/2012 de 29 de octubre, ya que la resolución denegatoria se ha emitido fuera del plazo de 5 días hábiles contados desde la solicitud. Pues bien, el defecto formal referido ha de ser rechazado por cuanto, como se pone de manifiesto por la parte demandada, por resolución de fecha 23-09-2020 dictada por la Dirección General de Dialogo Social y Bienestar, publicada en el BORM el 01-10-2020, -y que no ha fue impugnada por la demandante- se acordó la ampliación del plazo contemplado en el art. 33.1 del RS 1483/2012, y lo amplía 5 días más, siendo por tanto el plazo aplicable de 10 días. Norma especial que ha de ser la aplicada en materia de plazos.

CUARTO:En cuanto al fondo, la parte actora alega que se infringe el de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 en relación con el art. 47.3 y 51.7 del ET y concordantes, e infracción del art. 2.2 del Real Decreto Ley 30/2020 de 29 de septiembre de medidas sociales en defensa del empleo, en relación con el art. 47.3 y 51.7 del ET, y concordantes, e infracción del Acuerdo del Consejo de Gobierno relativo a las medidas de prevención y contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y para la fase de reactivación (BORM de 19-06-2020), e infracción de los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, al haber ido en contra de la autoridad laboral que en marzo de 2020 aprobó un ERTE de la empresa a escala nacional, y que la Dirección General de Trabajo aprobó en fecha 30-03-2021.

El objeto de esta litis se circunscribe a la procedencia o no del ERTE de reducción de jornada por motivos de fuerza mayor, que afecta a 179 trabajadores que prestan servicios para la demandante en la Región de Murcia. Y en atención a ello y previa valoración de la documentación que obra en autos y declaración testifical, responsable del Departamento de RRHH de la empresa, se concluye que no se acredita la concurrencia de motivos de fuerza mayor que justifiquen la reducción del 25% de la jornada.

La resolución de 19-06-2020 de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Hacienda que disponía la publicación en el BORM del Acuerdo del Consejo de Gobierno, relativo a las medidas de prevención y contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y para la fase de reactivación se fijaron una serie de medidas específicas de contención y aforo aplicables a distintos sectores, entre los que no se encuentra la empresa demandante, perteneciente al sector de la industria de confección de otras prendas de vestir exteriores. Además la actividad desarrollada por los 179 trabajadores cuya reducción de jornada se pretende, -que prestan servicios en dos centros de trabajo ubicados en Puente Tocinos y El Esparragal-, como se refiere en la resolución administrativa denegatoria, no es consecuencia directa de la medida adoptada por la Administración al no tratarse el sector de la industria ni la actividad desarrollada por la mercantil en esos dos centros de trabajo, que no es la misma actividad que se desempeña en los establecimientos y locales comerciales minoristas que también constituyen sus centros de trabajo, que sí estaban afectados en la Región de Murcia por las medidas restrictivas, relativas a horario de cierre de los locales y establecimientos para la atención presencial, pues en la fecha en que se solicita la reducción de jornada las medidas restrictivas si afectaban a la cadena de tiendas "Inside" de la empresa demandante, pero ello no justifica la reducción de jornada del 25% de los 179 trabajadores que prestan servicios en dependencias de apoyo, oficinas de administración, recursos humanos, coordinación y supervisión, servicios de expansión y mantenimiento, compras y productos, calidad y apoyo logístico e informático, y que no prestan servicios en los establecimientos destinados a la venta al público (tiendas Inside) que como declara el testigo tienen un horario comercial de 10 h a 14h y de 16h a 21h, y en los centros comerciales de 10 h a 22 h., por lo que la reducción de una hora tampoco alcanzaría el 25% de reducción de jornada, aclarándose por el testigo que la empresa ha efectuado la media incluyendo todas las tiendas que tiene distribuidas la empresa por toda España, lo que no resulta procedente, dado que el ERTE solicitado por la empresa demandante afecta no a nivel nacional, sino únicamente a la Región de Murcia.

QUINTO:En cuanto a la indemnización por daños y perjuicios solicitada con carácter subsidiario, y aún cuando sea haya desestimado la pretensión principal, ha de ponerse de manifiesto que, la sentencia de 24-03-2021 dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, -invocada por la parte demandada- declara la incompetencia de la jurisdicción social para el conocimiento de la indemnización por daños y perjuicios por ser un acto administrativo y su reclamación debe suscitarse iniciando una reclamación administrativa.

SEXTO:De conformidad con lo establecido en el art. 191.3 g) de la LRJS frente a la presente sentencia cabe interponer recurso de suplicación.

Vistos los perceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,