Sentencia Social 15/2023 Juzgado de lo Social de Murcia nº 3, Rec. 206/2022 de 31 de enero del 2023

PRIMERO.- Se ha llegado a la convicción de los hechos que se declaran probados a través de las pruebas documentales de ambas partes, además del interrogatorio y testifical propuesta por la demandada, no compareciendo personalmente la parte actora, con las consecuencias y efectos que de tal incomparecencia se derivan a tenor de lo dispuesto en el artículo 91 de la LPL.

En el presente caso, previo desistimiento de la acción frente al Ministerio Fiscal, se acciona a través de demanda por despido nulo, alegando también fraude en la contratación, además de por razones de embarazo de la demandante, postulando subsidiariamente, la declaración de improcedencia del cese basada en la existencia de dicho fraude en la contratación, por entender que las causas de la misma no se corresponden con lo indicado en el contrato.

La empresa se opuso a la demanda por las razones expuestas en el antecedente de hecho segundo.

Comenzamos indicando, vistas las posiciones de ambas partes, que que el supuesto de Nulidad de despido o extinción de una relación laboral por motivos de embarazo, viene regulada expresamente en el Art. 53.4, párrafo 2º letra b) del Estatuto de los Trabajadores, que contiene una "presunción legal" de nulidad del despido de trabajadoras embarazadas, sin necesidad de accionar de forma acumulada, por la acción de tutela, introduciendo una especial protección, de mujeres embarazadas, que refuerza más la exigencia de inversión de carga de la prueba, pues es presunción legal, que admite prueba en contrario. En estos casos ni siquiera se hace necesaria la presencia del Ministerio Fiscal, salvo que se aleguen también de forma acumulada, otros derechos fundamentales, no amparados por esta presunción de Nulidad del despido, en cuyo caso, sí se haría necesaria su llamada a juicio. Basta, pues, la existencia de embarazo, como indicio suficiente de esa vulneración, si se produce extinción del contrato, salvo que se acredite prueba suficiente para desvirtuar y destruir esa presunción de Nulidad.

Por tanto, es a la empresa o administración que actúe en su condición de empleador a quiénes corresponderá probar que concurrieron razones que justifiquen su actuación o decisiones adoptadas al margen de una actitud supuestamente vulneradora, como se establece actualmente en estos procesos conforme a la doctrina ya consolidada por sentencias del TC, y de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 179.3, 181.2 en relación al actual Art. 96.1 de la nueva LRJS aprobada por Ley 36/2011 de 10 de octubre.

En cuanto a la vulneración denunciada por situación de embarazo, no ha quedado acreditado que la empresa conociera la situación de embarazo de la trabajadora, pues no se puede inferir lo contrario únicamente de sus meras manifestaciones en demanda y documental médica en relación con la primera visita de gestación que realiza el 12 de enero de 2022, cuyo informe se ha reflejado en el Hecho Probado Quinto de la presente, siendo la trabajadora la única que dispone del diagnóstico de ese informe no disponible para la empresa, ni consta que la empresa haya tenido conocimiento del mismo.

Así, tanto en la forma de la contratación como en la forma de comunicar el cese, de lo que no cabe duda es que se prueban razones objetivas ajenas al embarazo de la trabajadora, que era la duración pactada, y el limite temporal establecido en el contrato para este tipo de contratación. Por todo lo cual, procede rechazar la petición de principal de Nulidad, por no apreciar ni concurrir en definitiva vulneración alguna de derechos fundamentales contenidos en el art.14 y 10 de la CE, y haberse practicado prueba suficiente para desvirtuar la presunción de nulidad a que se refiere el Art. 55.5.a) y b) del ET.

Y en definitiva, con independencia de si se guardaron las formalidades legales o no, tanto en la forma de la contratación como como en la forma de comunicar el cese, lo que se analizará seguidamente, de lo que no cabe duda es que se prueban razones objetivas ajenas al embarazo de la trabajadora.

SEGUNDO.- En cuanto a la petición subsidiaria de improcedencia del despido, la parte demandante alegó en su demanda, sobre los motivos que fundamentan la improcedencia, la existencia de fraude en la contratación, que habría convertido en indefinida la relación laboral.

La empresa alegó cumplimiento de requisitos formales, tanto en la contratación, como en cuanto a la notificación del cese o finalización del contrato, debiendo examinarse la cuestión sobre el fraude en primer lugar.

En cuanto a la alegación del carácter fraudulento del contrato suscrito, hay que decir que la contratación temporal por acumulación de tareas o exceso de pedidos tiene cabida legal en el Art. 15.1. b) del ET, y Art. 3 del RD 2720/1.998 de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el contado Art. 15 del ET. Se permite esta contratación, según el Art. 15.1.b) en la actual según redacción dada al mismo por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con entrada en vigor el 24-10-15: " b) Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo exigieran, aun tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos podrán tener una duración máxima de seis meses, dentro de un periodo de doce meses, contados a partir del momento en que se produzcan dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá modificarse la duración máxima de estos contratos y el periodo dentro del cual se puedan realizar en atención al carácter estacional de la actividad en que dichas circunstancias se puedan producir. En tal supuesto, el periodo máximo dentro del cual se podrán realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración del contrato las tres cuartas partes del periodo de referencia establecido ni, como máximo, doce meses. En caso de que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima legal o convencionalmente establecida, podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes, por una única vez, sin que la duración total del contrato pueda exceder de dicha duración máxima. Por convenio colectivo se podrán determinar las actividades en las que puedan contratarse trabajadores eventuales, así como fijar criterios generales relativos a la adecuada relación entre el volumen de esta modalidad contractual y la plantilla total de la empresa."

En el Art. 15.3 y Art. 9.3 del RD 2720/1.998 se establece una presunción del carácter indefinido de los contratos temporales celebrados en fraude de Ley. Esta presunción admite prueba en contrario, de forma que acreditado que concurren requisitos de los que extraer esa presunción, corresponde al que mantiene el carácter temporal del contrato, en el presente caso al empresario, acreditar que no ha existido fraude sino verdadera intención de contrato de duración determinada.

La jurisprudencia viene estableciendo en relación a este tipo de contratación, una serie de notas características. La primera consiste en la concurrencia de necesidad extraordinaria de trabajo que pueda justificar la contratación realizada. La segunda es la relativa a que la necesidad de trabajo es, en principio, imprevisible y queda fuera de cualquier ciclo de reiteración regular ( Sentencias de 27 de septiembre de 1988, 26 de mayo de 1997, 25 de febrero de 1998, y 1 de octubre de 2001).

Al respecto es de señalar que la doctrina constante del Tribunal Supremo, sostenida también por los Tribunales Superiores de Justicia, es la de que aún cuando la descripción del trabajo que va a realizarse no tiene que ser exhaustiva, y la propia norma legal admite prueba en contra de la presunción de fraude que acredite su naturaleza temporal, a virtud del artículo 15.2 del Estatuto de los Trabajadores y el Art. 9.1 del Real Decreto de contratación temporal, ello no puede traducirse en cláusulas genéricas que ocultan al trabajador la información necesaria para el conocimiento de los límites temporales de su contrato.

No obstante lo dicho, si trasladamos al presente caso las exigencias normativas citadas y la interpretación jurisprudencial de las citadas normas, y las comparamos con la realidad de los hechos que se declaran probados, nos encontramos con que, en la contratación estudiada, no se ha producido un quebrantamiento de los preceptos habilitadores del tipo de contratación eventual empleado por la parte demandada, ya que no sólo de manera genérica se menciona la causa del contrato, sino que lo justifica y acredita con la actividad realizada durante la vigencia del mismo, motivando que la actividad y sobre todo la que conlleva la contratación temporal de carácter eventual es la verdadera intención de contrato de duración determinada, sin ocultar a la trabajadora la información necesaria para el conocimiento de los límites temporales de su contrato.

Y todo ello, porque con la prueba practicada, se llega a acreditar la verdadera naturaleza temporal de la contratación y se justifican el incremento de tareas de la empresa en el periodo concreto y limitado a que se contrae, llegando a la conclusión de que la causa fue verdadera y el motivo la acumulación transitoria de trabajo en un periodo concreto de contratación, acreditada en juicio.

TERCERO.- Reiterar, partiendo de lo expuesto en el Fundamento de Derecho que precede, que no se ha producido un quebrantamiento de los preceptos habilitadores del tipo de contratación eventual empleado por la parte demandada, ya que aunque de manera sucinta se menciona la causa del contrato, cual es " Atender las exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, consistentes en PREPARACIÓN DE CONSUMICIONES, DEBIDO AL AUMENTO DE CLIENTES, aún tratándose de la actividad normal de la empresa", se puede decir que la expresión de la causa de contratación cumple los requisitos suficientes exigidos para esta modalidad temporal de contratación, al describirse de forma adecuada la necesidad eventual de contratación.

Abundar en que queda acreditado que Varias/os trabajadoras/es cesaron en la misma fecha que la demandante, coincidente, a su vez, con la baja de actividad del empresario en el centro de trabajo en que prestaba servicios la trabajadora actora, según Informe de Vida Laboral del empresario. Así lo acredita la propia documental firmada por la trabajadora y no impugnada en relación con su contrato, su finiquito y su certificación de disfrute de vacaciones, sin mención en su demanda a estos dos últimos documentos, que en el acto no fueron impugnados. Además, resulta acreditado el incremento de tareas y pedidos en ese período y el cese de finalización de la actividad de la empresa y de todos los trabajadores a finalización del mismo, lo que corrobora el testigo propuesto a instancia de la demandada, Don Abel, reconociendo como ciertos los motivos de oposición esgrimidos al contestar la demanda y desvirtuando los expresados en ésta en cuanto al fraude alegado, respondiendo afirmativamente cuál fue el motivo y causa de la contratación temporal por el incremento de pedidos, que su trabajo era el de cocinero y que como ayudante de cocina no sólo estaba la demandante, sino también Brigida, admitiendo finalmente que él mismo cesó por la misma razón y motivo, siendo llamado de nuevo a trabajar en marzo de 2022.

En definitiva, y dados los términos de la demanda, y en atención a las pruebas practicadas no se aprecia la vulneración denunciada en el cese de la trabajadora, que era ajustado a la fecha de finalización del periodo pactado al quedar corroborada con toda la documental acompañada por la mercantil demandada en cuanto a resultados económicos, incremento de pedidos, totalizaciones en TPV, resumen de la actividad de comercio y ventas e ingresos, se refiere, de cuyos datos se ha hecho fiel reflejo en los hechos probados de esta resolución.

Por todo ello, de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 15.1.b), 15.2 del ET, y Art. 3.2., 8.1.b), 8.2 del RD 2720/1.998 de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el contenido del Art. 15 del ET., no cabe apreciar que concurra fraude de ley en la contratación, con los efectos indicados, por aplicación de los Arts. 15.3 del ET y Art. 9.3 del RD 2720/1.998 que establecen una presunción del carácter indefinido de los contratos temporales celebrados en fraude de Ley, que en este caso ha quedado destruida por prueba en contrario, procediendo la desestimación de la pretensión principal de Nulidad y la subsidiaria de improcedencia.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.