Sentencia Social 73/2024 Juzgado de lo Social de Murcia nº 5, Rec. 229/2023 de 04 de marzo del 2024

PRIMERO.- Se articula por la actora, empresa de comercialización y venta minorista de frutas y verduras demanda impugnado la resolución administrativa sancionadora, se afirma la caducidad y la prescripción, la nulidad de la resolución por los defectos del acta de la Inspección, subsidiariamente se solicita la rebaja de la sanción impuesta de grave a leve y además que no se aplique la agravante por el numero de afectados pues estos no son seis, solo se identificó a cinco.

Se opone la Consejería demandada, sostiene la no concurrencia ni de caducidad ni de prescripción, niega los vicios y afirma la inexistencia de vicios de procedimiento, procede ratificar el grado de la infracción y, por lo tanto, la cuantía, incluida la derivada del número de afectados

SEGUNDO.- A los fines de resolver sobre la caducidad y la prescripción alegada, es preciso partir inicialmente de la consideración general de que, la recepción efectiva de los actos de comunicación y, especialmente, de las notificaciones, es un deber o, al menos, una carga del interesado o su representante, que se incardina en la necesaria buena fe que ha de presidir las relaciones entre la Administración pública y los ciudadanos (TS 14-10-92, TSJ Murcia 10-11-99). Como consecuencia de ello, no es posible invocar defectos en la práctica de dichos actos por parte de que quien ha obstaculizado su efectividad (TS 5-4-89). A su vez que las notificaciones se han de practicar preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía (en este sentido LPAC art.14). De acuerdo al articulo 43.3 de la LEY 39/2015 DE 1 OCTUBRE DE 2015, se entenderá cumplida la obligación a la que se refiere el artículo 40.4 con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante o en la dirección electrónica habilitada única. En este sentido la STS (Contencioso), sec. 3ª, S 10-11- 2021, nº 1320/2021, rec. 4886/2020, establece que se fija como doctrina que en las notificaciones practicadas a través de medios electrónicos, la obligación de la Administración de notificar dentro del plazo máximo de duración del procedimiento se entenderá cumplida con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante o en la dirección electrónica habilitada única, pues debe distinguirse entre "notificación" a efectos de que el acto despliegue todos sus efectos, entre ellos el de abrir los plazos para la impugnación en vía administrativa o judicial y el "intento de notificación" a los efectos de entender por resuelto el procedimiento dentro de plazo.

Al folio 52 del expediente administrativo consta que la resolución fue puesta a disposición de la parte la notificación Por lo tanto, ni la actuación sancionadora esta prescrita ni caducada, pues no puede quedar en manos del infractor, determinar cuando la abre, y con ello provocar la prescripción o caducidad de la misma.

TERCERO.- En lo que respecta a la nulidad por vicios del expediente administrativo, se señalan dos cuestiones diferentes, la no suspensión del tramite por el hecho de que a la vez se ventile un procedimiento penal y la no concesión del plazo de alegaciones por el hecho de que se afirme que eran cinco y no seis los trabajadores identificados. Respecto a la primera cuestión, aunque no se realiza una clara exposición ni se indican los tramites penales, ni su situación, es preciso señalar que el principio de supremacía del orden penal ( art.133 Ley 30/1992; art. 3.1 LISOS) se basa en la imposibilidad de imponer una doble sanción por los mismos hechos. Pero esa articulación procedimental del non bis in idem no solo se orienta a impedir el resultado de la doble incriminación y castigo a un mismo sujeto por unos mismos hechos; también se pretende evitar que recaigan eventuales pronunciamientos de signo contradictorio como consecuencia de la sustanciación simultánea o sucesiva de dos procedimientos -penal y administrativo atribuidos a autoridades de diferente orden. Precisamente para evitar que se dicten resoluciones (judiciales y administrativas) contradictorias, los órganos jurisdiccionales penales tienen atribuido con carácter prioritario el enjuiciamiento de los hechos que prima facie se muestren delictivos. Esta atribución preferente descansa en la competencia exclusiva de este orden jurisdiccional en cuanto a la imposición de sanciones por conductas constitutivas de delito "y no en un abstracto criterio de prevalencia absoluta del ejercicio de su potestad punitiva sobre la potestad sancionadora de las Administraciones públicas, que encuentra también respaldo en el Texto Constitucional" ( STC 177/1999). El artículo 3.2 LISOS no contempla la exigencia de triple identidad (hechos, sujetos, fundamento) para que opere la paralización del procedimiento administrativo sancionador. Pero cuando tal precepto habla de que "las infracciones pudieran ser constitutivas de ilícito penal" hay que llevar la locución a su sentido lógico y contextual. Para que haya "infracciones" debe existir alguien a quien atribuirlas pues "constituyen infracciones administrativas en el orden social las acciones u omisiones de los distintos sujetos responsables tipificadas y sancionadas en la presente Ley y en las leyes del orden social" ( art. 1.1 LISOS). Aquí se tramito una actuación inspectora por el no abono o retraso en el abono de los salarios de los trabajadores, pero a la vez, un procedimiento penal derivado de la contratación de trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo en España. La parte actora no establece la identidad de objetos de los dos procedimientos y por tanto no procedía la suspensión de las actuaciones que, en principio, perseguían incumplimientos diferentes.

No todos los vicios o infracciones cometidos en la tramitación de un expediente tienen entidad jurídica suficiente para amparar una pretensión anulatoria por causa formal, dado que la nulidad de las actuaciones administrativas solo debe estimarse ante gravísimas infracciones del procedimiento que impida el nacimiento del acto administrativo o produzca la indefensión de los administrados, de tal manera que antes de llegar a una solución tan extrema hayan sido tomadas en consideración todas las circunstancias concurrentes, impuestas por la importancia y consecuencia de los vicios denunciados, la entidad del derecho afectado y la situación o posición de los interesados en el expediente, ya que de otra manera se incurriría en un extremado formalismo, con la consecuencia de dañar gravemente la operatividad de la actuación administrativa (TS cont-adm 13-3-91).

Respecto a la no concesión de plazo para no realizar alegaciones, la nulidad pretendida por defecto de forma solo determina la anulación cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a indefensión de los interesados, y a este respecto, se ha afirmado que en un procedimiento administrativo lo verdaderamente decisivo es si el sujeto ha podido alegar y probar lo que estimase por conveniente en los aspectos esenciales del conflicto en el que se encuentra inmerso ( TCo 144/1996), atendido que la indefensión relevante (TCo 210/1999) viene a ser una situación en la que tras la infracción de normas de procedimiento se impide a alguna de las partes el derecho de defensa ejercitando el derecho de contradicción (TCo 89/1986; 145/1990); Indefensión que ha de tener un carácter material y no meramente formal, lo que implica que no es suficiente con la existencia de un defecto o infracción administrativa, sino que este haya causado un perjuicio real y efectivo para el recurrente en sus posibilidades de defensa ( TCo 90/1988; 43/1989; 89/1997; 118/1997; 26/1999; 29/2000, entre otras). Aquí lo único que se menciona es que los trabajadores afectados eran solo cinco contra los seis que señala la resolución administrativa, pero ello no afecta a la agravación pues superados los dos trabajadores la misma concurría. La empresa ha tenido oportunidad de alegar durante el trámite la cuestión tanto en la vía administrativa como en la judicial, sin que en ningún momento se le provocara indefensión.

CUARTO.- Volviendo a la alegación principal referida a la inexistencia de impago o retrasos reiterados, se afirma que la mera existencia de un impago parcial, del salario de Convenio no constituye el tipo del articulo 8.1 de la LISOS, el argumento carece de validez alguna, tan grave es no abonar el salario o abonarlo con retraso, como abonarlo por debajo del limite del Convenio o la Ley, pues constituye además de incumplimiento gravísimo contra los trabajadores, constituye un fraude de ley, que afecta a la jornada laboral un fraude no solo contra el referido derecho sino también contra las normas estatales o convencionales. El salario íntegro y su percepción completa y puntual constituyen la obligación básica del empleador y el derecho más esencial del trabajador.

QUINTO.- Que no se fijara la identidad del ultimo trabajador o que se confundieran seis por cinco afectados, resulta indiferente para el resultado final, pues tanto agrava la conducta la afectación de cinco trabajadores como seis, lo que determina la existencia dela agravación es la destacada voluntad incumplidora de la empresa que le hace incurrir en un una especial desatención y extensión de la voluntad incumplidora. El acta levantada acredita claramente que fueron cinco los trabajadores afectados, los identifica por su nombre, el que finalmente se deslizara el error de mencionar el numero seis, no quita importancia ni degrada la gravedad del incumplimiento, ni de las poco sustentadas explicaciones del empleador sobre la forma del llamamiento de los mismos. Procede, por tanto, confirmar la resolución administrativa.

SEXTO.- En cumplimiento de la legalidad se hace saber que contra la Sentencia no cabe recurso alaguno dada la cuantía de la sanción impuesta, de acuerdo a lo establecido en el articulo 191.3g)

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación