Sentencia Social 18/2024 Juzgado de lo Social de Oviedo nº 6, Rec. 673/2023 de 22 de enero del 2024

PRIMERO.-Impugna el demandante la resolución del Gerente de la entidad demandada por la que se acordó su cese, invocando en primer lugar como cuestión puramente formal, la falta de competencia del Gerente del Organismo para acordar su cese, ya que entiende que este le corresponde al Presidente tal y como establece el artículo 19 de la Ley 2/2023 de Empleo Público del Principado de Asturias, la que entró en vigor el 24-04-23 y por tanto antes del acuerdo de cese; y tal norma atribuye las competencias para los nombramientos y ceses del personal de libre designación a la Presidencia del Organismo, que en este caso es el Presidente del SEPA, no el Gerente.

El mencionado artículo 19 establece lo siguiente: " Competencias de los máximos órganos unipersonales de los organismos públicos y las entidades de derecho público.

Además de lo dispuesto en las leyes reguladoras de cada organismo o entidad, corresponde a sus máximos órganos unipersonales el ejercicio de las competencias atribuidas en esta ley a los Consejeros y los Secretarios Generales Técnicos, salvo que la legislación específica establezca otro órgano competente"; y el demandante entiende que el Gerente no es el máximo órgano unipersonal, sino que es el Presidente; sin embargo la Ley 1/2013 de 24 de mayo, de medidas de reestructuración del sector público autonómico, dispone en sus artículo 9 y siguientes referidos específicamente al SEPA, que este se estructura en los siguientes órganos: El Consejo Rector, la Presidencia, la Vicepresidencia y la Gerencia; y el Consejo Rector, que evidentemente es un órgano colegiado, está compuesto por el Presidente (que es el Presidente del SEPA y que a su vez es el titular de la Consejería correspondiente), el Vicepresidente, y seis Vocales, actuando el Gerente como Secretario con voz pero sin voto; por tanto, el Presidente es del Consejo Rector, que es un órgano colegiado, no del SEPA, siendo el máximo órgano unipersonal del SEPA el Gerente; y de hecho, su nombramiento no es por el Presidente, sino por Decreto del Consejo de Gobierno a propuesta del Consejo Rector (art. 16), lo cual contradice el planteamiento de la parte actora; pero es que además a la hora de delimitar las funciones del Gerente, en ninguna de ellas se hace referencia a cumplir órdenes o instrucciones del Presidente, sino a ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Rector, dar cuenta a éste de su gestión, coordinar y planificar las actividades, dirigir al personal, elaborar y someter al Consejo Rector la propuesta de anteproyecto de presupuesto... etc.; de manera que la dependencia directa del Gerente es del Consejo Rector, el cual evidentemente tiene un Presidente, pero este no es un órgano unipersonal con funciones propias individualizadas fuera del ámbito del Consejo Rector; en consecuencia, el Gerente del SEPA sí tiene competencias para acordar el cese del actor.

Todo ello sin mencionar que en el recurso de Alzada interpuesto, en ningún momento se hace referencia a tal falta de competencia por parte del Gerente.

SEGUNDO.-En cuanto a las razones de fondo, se alega por el demandante la inexistencia de motivos razonables y suficientes para haber acordado su cese, haciéndose referencia en la comunicación de cese únicamente a circunstancias genéricas y abstractas que le generan una situación de indefensión, las que además son falsas; y tratándose de un puesto de trabajo singularizado, que no eventual, el hecho de que se trate de un nombramiento discrecional no significa que arbitrariamente pueda acordarse su cese sin razón alguna, cuando desde su nombramiento no ha sido objeto de amonestación ni llamada de atención por ningún motivo; por tanto y aunque tal designación conlleva un cierto grado de cargo de confianza, para su destitución no es suficiente con una mera declaración de voluntad, como sí lo sería si se tratase de un puro cargo de confianza y por tanto de carácter temporal, ya que la discrecionalidad en los nombramientos y ceses no está exenta de justificación.

Tal y como explica el demandante, se trata de un puesto de trabajo singularizado que se cubre por libre designación; y también es cierto que el cese no está exento de alegarse y acreditarse razones que justifiquen la pérdida de confianza en el sentido de la falta de idoneidad para el puesto; la cual no tiene por qué ser originaria sino que puede ser perfectamente sobrevenida, por lo que la inexistencia de llamadas de atención hasta épocas recientes no es razón alguna para que no pueda ser cesado el actor; ahora bien, tal alegación y justificación de las razones del cese no pueden confundirse con lo que son razones puramente disciplinarias, ya que el convenio contiene su propio catálogo de infracciones y sanciones; y no se están imputando unas conductas merecedoras de una o varias sanciones disciplinarias, en cuyo caso sí sería preceptivo la incoación de un expediente disciplinario, además de tener que precisarse con detalle los hechos imputados y acreditar los mismos, sino que se están alegando unos comportamientos no acordes con el cargo ocupado y con las responsabilidades que conlleva, lo que motivó la pérdida de confianza para el desempeño de unas funciones en las cuales tal elemento es de carácter esencial; a cuyo fin se pusieron de manifiesto en la carta de cese dos motivos en concreto; uno es el trato irrespetuoso y agresivo hacia sus compañeros de trabajo creando un ambiente laboral hostil y nocivo para el funcionamiento del Servicio, y otro es la demora injustificada en el cumplimiento de instrucciones dadas por la Gerencia para el cumplimiento de un acuerdo adoptado para poner fin a una huelga.

En este sentido, la STSJ Madrid de 07-12-23 ha considerado que " A esos efectos, recordemos que la sentencia del Tribunal Constitucional num. 190/2001 , con remisión a la num. 127/1995, de ese mismo Tribunal, recuerda que: "...para el desempeño de un puesto de libre designación resulta indispensable la existencia de una relación de confianza garante del buen funcionamiento del servicio, y que, cuando se trata de un puesto de libre designación, el nombramiento, y también el cese, son discrecionales...". O sea y por decirlo más gráficamente, quien le ha nombrado para ese cargo puede cesarle sin tener que darle más "explicaciones", ya que bajo el paraguas de la confianza pueden incluirse motivos de diverso signo que siempre existirán, en buena lógica y también precisamos. Tales motivos podrán desglosarse en la pertinente comunicación pero tampoco es preceptivo desde un punto de vista normativo. Es pues un cese sin causa y a diferencia de lo previsto en el ET para aquellos supuestos en los que igualmente concurra la exclusiva voluntad del empleador a tal fin. No obstante y como señala la sentencia recurrida, aquí se dan explicaciones como el "no encajar en el perfil del nuevo modelo de gestión y organización del trabajo", entre otras y sobre las que luego volveremos. Sin embargo, esa potestad no es omnímoda, como igualmente reconoce el Juzgador de instancia, ya que aparece limitada por el necesario respeto y consiguiente tutela, de los derechos fundamentales y libertades públicas".

Y es que efectivamente una cosa es el tener que realizar unas imputaciones concretas y específicas, acreditarlas debidamente cada una de ellas, y hacer posteriormente un juicio de proporcionalidad en relación con la sanción impuesta, lo que sería aplicable a los expedientes disciplinarios, y otra distinta es evitar que la discrecionalidad se convierta en arbitrariedad, de manera que se cese a un cargo unilateralmente y sin explicación ni razón aparente alguna; aunque tal falta de justificación, generalmente viene fundamentada en motivos que por diversas razones no se quiere o no conviene poner de manifiesto.

Al respecto, la STSJ Castilla-La Mancha de 18-03-22 expuso que " resulta imprescindible centrar el objeto de la discusión en este caso ya que, tratándose del cese de un trabajador en puesto de libre designación, la expresión de causa en el cese de dicho puesto no puede tratarse como la expresión de causa en un despido disciplinario, que es lo que parece pretender el recurso. Por el contrario, deberán aplicarse los criterios sentados para dicho tipo de cese de personal de confianza, que ha sido desarrollado de manera más completa por la jurisdicción contencioso-administrativa. En este sentido, y como ha señalado, entre otras, la STS (Sala III) de 19-9-19 (rec. 2740/2017 ): "La idoneidad para el puesto -luego también la no idoneidad para no ser nombrado- la aprecia libremente el órgano competente, juicio que debe ponerse en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto caracterizado por esa especial responsabilidad que justificó su clasificación como de libre designación y ese libre juicio de idoneidad es lo que integra la idea de confianza en que el designado realizará un buen desempeño del puesto".

Y por lo que respecta a la motivación del cese de una persona de libre designación, dice la misma sentencia, por referencia a los criterios sentados en relación con el nombramiento de cargos judiciales:

"1º Una vez superada la vieja doctrina que no exigía motivación expresa, la Sala viene considerando que es preciso motivar para así exteriorizar el cumplimiento de esos límites a los que está sujeto el acto de elección (respecto a los principios de igualdad, mérito y capacidad y el mandato de interdicción de la arbitrariedad).

2º La motivación así entendida tiene por objetivo que el acto de nombramiento no sea un mero acto de voluntarismo, sino que cumpla con el imperativo constitucional de interdicción de la arbitrariedad.

3º La motivación es adecuada si son bien visibles las razones, los criterios esenciales o fundamentales, por los que ha sido preferido un candidato frente a otros, razones reconducibles a mérito y capacidad. Para tal fin deben identificarse los méritos considerados como prioritarios para decidir la preferencia determinante del nombramiento".

De este modo, el TS recuerda, al hilo de un precedente de cese de un asesor en el Tribunal de Cuentas, que al cesado "... debe dársele razón de por qué las razones de oportunidad, basadas en la confianza e idoneidad apreciada para el puesto y que llevaron a su elección, ya no concurren o si concurren qué otra circunstancia objetiva determina la pertinencia del cese". De forma que "La razón o razones del cese no serán enjuiciables en lo que tiene de libre apreciación; ahora bien, es exigible que se explicite evitándose expresiones opacas, estandarizadas, que puedan encubrir una intención patológica por falsa, caprichosa o ajena a los requerimientos del puesto o a las exigencias de idoneidad profesional que llevaron a la elección. Esta exigencia de motivación se cualifica cuando se trata del cese de quien ejerce funciones de representación sindical".

Como puede observarse sin mayores esfuerzos, no se exige aquí una prueba exhaustiva de la causa del cese, sino una explicación mínimamente satisfactoria que excluya la arbitrariedad. En nuestro caso, tal exigencia de justificación y acreditación ha quedado colmada, desde el momento en que, tal como se informa en la instancia, el cese se produjo con expresión de causa, referida a: "la inobservancia de las instrucciones emitidas por el Equipo Directivo, la falta de eficacia y diligencia en el desarrollo de sus funciones y la obstaculización del desarrollo de proyectos conjuntos formativos con otros organismos ajenos al SESCAM y a la Consejería de Sanidad".

TERCERO.-Aplicando tal doctrina al caso de autos, debe decirse que la comunicación de cese contiene las razones que justifican tal decisión, y que las mismas se consideran suficientes y razonables para despejar las dudas de arbitrariedad en la decisión; así, en cuanto a la falta de cumplimentación de la orden de establecer los turnos que tenían que iniciarse el día 1 de julio, declaró en el acto del juicio el Jefe de Zona D. Roman, el que ratificó que el día 23 de junio todavía no habían recibido la orden para aplicar el nuevo sistema de horarios que debían entrar en vigor el día 1 de julio, que fue uno de los acuerdos alcanzados para poner fin a la huelga, por lo cual el testigo habló con los supervisores, que son sus superiores, manifestando estos no haber recibido orden alguna en tal sentido todavía, por lo que finalmente fueron ellos mismos los que dieron la orden para establecer el nuevo horario y turnos, ya que el incumplimiento de tal acuerdo podía poner en riesgo los acuerdos alcanzados; y en lo que se refiere a la segunda cuestión, declaró en primer lugar la que fue jefa del Servicio Jurídico-Económico y Administrativo durante dos años Dª. Covadonga, la que manifestó que mantenía reuniones habituales con el demandante y que el trato con él era muy difícil y denigrante enfadándose habitualmente y a la mínima ocasión, lo que provocó que varias trabajadoras de su Departamento le presentasen quejas por tal motivo, habiendo llegado incluso una de ellas a marcharse del organismo porque se le hacía insoportable el trato con él; comportamiento que además no era esporádico sino el habitual, y ello a pesar de que no era personal subordinado del demandante; declaró igualmente como testigo el Jefe de Logística del Area de Bomberos D. Teodosio, subordinado jerárquico del demandante, el que confirmó que el trato con él era totalmente irrespetuoso desde el primer momento y agresivo en varias ocasiones, tanto estando solos como en presencia de otras personas, comportamiento que era extensivo a otros compañeros de trabajo, habiendo presentado por tal motivo una queja por escrito a la Gerencia poniendo de manifiesto tales hechos.

Alega el demandante en su defensa que según consta en el informe obrante en el expediente acerca de una reunión celebrada en el despacho de la Gerencia el día 13-06-23, el trato de los intervinientes, entre los que se encontraba el demandante, fue correcto en todo momento; sin embargo lo que en el mismo figura no es exactamente eso, sino que "tuvo lugar un intercambio de pareceres entre los Jefes del Area de Bomberos y del Departamento de Logística, enzarzándose por razón de quién era el encargado de elaborar dicha documentación, elevando el tono el primer de ellos. A las 09:15 horas, me ausenté de la reunión por estar convocado ... . En las distintas reuniones que se han celebrado en el organismo autónomo en las que haya tomado parte, siempre se ha mostrado un respeto absoluto entre los participantes, incluyendo al Sr. Gerente, jefes de Area, Jefes de Departamento, Técnicos, etc., lo que no es óbice para que haya habido puntos de vista discrepantes sobre el enfoque que se ha de dar a los trabajos que se desarrollan en las distintas áreas de gestión del organismo, defendiendo los asistentes sus posturas de forma rigurosa y moderada". De lo que resulta que sí hizo constar el autor del informe que en esa reunión en concreto se produjo una elevación del tono de voz por parte del demandante, que indudablemente tuvo que ser de la entidad suficiente como para llamarle la atención y dejar constancia de ello por escrito, y además en presencia del Gerente; y el hecho de que esa persona (a la que tampoco se la llamó como testigo para corroborar el contenido del informe) no haya presenciado en otras reuniones comportamientos como los que se le atribuyen al demandante, no significa que no hayan sucedido, ya que cada uno es testigo de lo que ve u oye, pero no de lo que sucede en su ausencia, especialmente si tenemos en cuenta que la testigo que declaró en el acto del juicio Dª. Covadonga a la que se hizo referencia anteriormente, era la trabajadora que ocupó con anterioridad el puesto del autor del informe, aunque no consta hasta qué fecha, y en consecuencia tampoco consta desde qué fecha el citado informante puede dar testimonio de tales comportamientos.

En resumen, de las pruebas practicadas puede concluirse que realmente el demandante tenía un comportamiento no acorde con el que se espera de un cargo de libre designación con una importante carga de responsabilidad y jefatura, por lo que el cese acordado no infringe norma y ni doctrina jurisprudencial alguna, procediendo en consecuencia la desestimación de la demanda.

CUARTO.-A tenor de lo establecido en el artículo 191.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, contra la presente Resolución puede interponerse Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

Vistos los artículos citados, y demás preceptos de general y pertinente aplicación,