Sentencia Social 80/2024 Juzgado de lo Social de Toledo nº 4, Rec. 768/2023 de 19 de marzo del 2024

PRIMERO.- Prueba. Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 97.2 LRJS, la relación fáctica, contenida en los hechos probados, se ha deducido de la documental aportada por ambas partes.

SEGUNDO.- Excepciones procesales: inadecuación de procedimiento, falta de legitimación activa por ausencia de acción y falta de legitimación pasiva. Por la empresa demandada se plantean con carácter previo las excepciones de inadecuación de procedimiento e incompetencia de este Juzgado para conocer del asunto, falta de legitimación activa por ausencia de acción y falta de legitimación pasiva.

En cuanto a la inadecuación de procedimiento señala que no se aporta ninguna solicitud de reducción de jornada asociada a la presente demanda y lo que se invoca es el incumplimiento del acuerdo ante el LAJ aprobado por decreto de 5.3.20 tras una solicitud de reducción de jornada de la trabajadora en el año 2019, por lo que la única posibilidad es accionar a través de la ejecución del decreto conforme a lo dispuesto en el art. 68 LRJS, siendo competente el Juzgado de lo Social nº 2.

Pues bien, en el suplico de la demanda rectora de estos autos se solicita el derecho de la demandante a la reducción de jornada en la concreción horaria solicitada de 7 a 13 horas, con los días de descanso que la trabajadora venía disfrutando coincidentes con el sábado y domingo.

De la prueba practicada, principalmente del decreto de 5.3.20, de los registros y cuadrantes de trabajo, se extrae que la actora tiene reconocida la reducción de jornada en turno de mañana en horario de 7 a 13 horas, tal y como las partes acordaron en el acto de conciliación ante la LAJ del Juzgado de lo Social nº 2 de Toledo en los autos DFU 997/2019 en fecha 5.3.20, siendo aprobada la conciliación alcanzada entre las partes por decreto de la misma fecha.

Por tanto, teniendo la actora reconocida la reducción de jornada en la concreción horaria solicitada, la única discrepancia y, en consecuencia, el único objeto de esta demanda, es que los días de descanso de la trabajadora se correspondan con el sábado y domingo, cuestión que no es ajena a la conciliación aprobada en el decreto de 5.3.20, ya que su tenor literal es " desarrollar sus funciones en turno de mañana en horario de 7:00 a 13:00 horas de lunes a domingo, respetando los descansos que legal o convencionalmente correspondan".

Es por ello por lo que se entiende que lo que en realidad se está planteando en esta demanda es una ejecución de la conciliación alcanzada en el decreto de 5.3.20 del Juzgado de lo Social nº 2 de Toledo, habida cuenta que la actora sostiene que la empresa ha incumplido ese acuerdo porque tras el mismo la empresa " modificó los días de libranza a los que la trabajadora tenía derecho, pasando de disfrutar esos días de libranza durante el fin de semana (sábado y domingo de forma ininterrumpida) a tener que disfrutarlos cualquiera de los días que transcurren de lunes a viernes" (así se indica literalmente en el hecho noveno de la demanda).

Por lo expuesto, se ha de acoger la excepción procesal de inadecuación de procedimiento, así como la falta de competencia de este Juzgado, ya que se debería de haber ejecutado el decreto de 5.3.20 al constituir el mismo título para iniciar acciones ejecutivas conforme al art. 68.1 LRJS, pudiendo iniciarse la ejecución ante el Juzgado de lo Social nº 2 de Toledo en el que se dictó el decreto cuya ejecución se pretende por los trámites previstos en el Libro Cuarto de la LRJS. En suma, la reclamación del incumplimiento denunciado debería de haberse instado en un proceso ejecutivo, pero no en un proceso declarativo como el de autos.

Por último, y en íntima conexión con lo que se acaba de resolver, también han de tener acogida las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva planteadas por la empresa demandada por ausencia de acción, ya que el art. 139 LRJS que regula el procedimiento para el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral exige implícitamente una solicitud del trabajador y una negativa o disconformidad del empresario, al no poderse presentar la demanda sino en el plazo de veinte días a partir de esa negativa o disconformidad. Y en el caso de autos se inicia este procedimiento sin existir una previa solicitud de la trabajadora de su reducción de jornada, al sustentarse en una solicitud del año 2019 que dio lugar a los autos DFU 997/2019 del Juzgado de lo Social nº 2 de Toledo que concluyeron por decreto.

Al acogerse las excepciones procede la absolución de la empresa demandada sin entrar a conocer del fondo del asunto, sin perjuicio de dejar reseñado, que con la prueba practicada en estos autos no ha quedado acreditado incumplimiento alguno por parte de la empresa del acuerdo de 3.5.20, dado que en el mismo únicamente se acordó que se respetasen los descansos que legal o convencionalmente correspondan, pero no se acordó que se respetasen los descansos en sábado y domingo ininterrumpidos, ni tampoco los descansos que hasta ese momento hubiese venido disfrutando la trabajadora.

TERCERO.- Costas y sanción pecuniaria. Ambas partes solicitan la imposición de multa por temeridad, debiendo de resolverse esta cuestión partiendo del art. 97.3 LRJS que dispone: " La sentencia, motivadamente, podrá imponer al litigante que obró de mala fe o con temeridad, así como al que no acudió al acto de conciliación injustificadamente, una sanción pecuniaria dentro de los límites que se fijan en el apartado 4 del artículo 75. En tales casos, y cuando el condenado fuera el empresario, deberá abonar también los honorarios de los abogados y graduados sociales de la parte contraria que hubieren intervenido, hasta el límite de seiscientos euros".

Además deben recodarse dos cuestiones relevantes: la primera de ellas referida a las facultades ecisorias del juzgador de instancia en esta materia. En particular, y como tiene dicho el TS, entre otras, en sus sts. de 4-10-01 (rec. 4477/00), 27-6-05 (rec. 168/04), y 14-4-11 (rec. 164/10 ), el juzgador de instancia "tiene una cierta discrecionalidad para imponer la multa a que se refiere el citado artículo 97.3 de la LPL , valorando los factores que confluyen en la posición de la parte actora y motivando la decisión ( STC 41/1984 ), que naturalmente puede ser analizada y eventualmente anulada por el Tribunal de casación si se entendiera que la medida ha sido inadecuada o arbitraria, pero para ello es preciso que consten de forma fehaciente y clara elementos de los que se pueda desprender de manera objetiva que la aplicación de aquél precepto fue inadecuada". En segundo lugar y como señaló la STS 4-10-01 antes reseñada, en orden a la delimitación la mala fe o la notoria temeridad: " El razonamiento que determinará la sanción ha de apoyarse en la mala fe o en la temeridad del litigante, es decir, procederá cuando se ejerciten pretensiones absolutamente infundadas, con conocimiento de su injusticia, todo ello evidenciado manifiestamente por el comportamiento del litigante".

El caso considerado la imposición de multa sería desproporcionada, en cuanto lo conocido denota una defectuosa elección del procedimiento, pero no alcanza la gravedad requerida, debiendo reservarse la posibilidad sancionadora a casos especialmente graves y significados de abuso de los cauces procesales, entre los que no cabe incluir un supuesto como el presente que consiste más bien en el ejercicio de una acción declarativa en vez de ejecutiva.

A la vista de cuanto antecede, no se hace imposición de multa por temeridad.

CUARTO.- Recurso. En virtud de lo dispuesto en los artículos 139.1 b) y 191 de la Ley de Jurisdicción Social, contra esta Sentencia puede interponerse Recurso de Suplicación, de lo que se advertirá a las partes.

VISTOS, los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación,