Sentencia Social 187/2024 Juzgado de lo Social de Toledo nº 4, Rec. 966/2023 de 28 de mayo del 2024

PRIMERO.- Prueba.En cumplimiento de lo exigido en el apartado 2) del art. 97 de la LRJS, debe hacerse constar que, los anteriores hechos, son el resultado de la falta de controversia el Hecho Probado Primero, de la testifical de Doña Tayra y del documento nº 2 de la actora el Hecho Probado Segundo, del informe del Comité de Empresa el Hecho Probado Tercero, del informe de la Inspección de Trabajo el Hecho Probado Cuarto, del documento nº 4 de la actora el Hecho Probado Quinto, de la falta de controversia el Hecho Probado Sexto y de la documental acompañada a la demanda el Hecho Probado Séptimo.

SEGUNDO.- Categoría profesional superior de supervisor.Se ejercita en estos autos una acción de reconocimiento de categoría profesional por indebido encuadramiento y reclamación de cantidad, reclamando el actor que pertenece al grupo profesional de auxiliar de PMR se le reconozca la categoría profesional de supervisor.

En primer lugar se ha de señalar que la relación laboral del trabajador está extinguida desde el 31.5.23 por fin de contrato temporal, fecha incluso anterior a la presentación de la demanda de clasificación profesional, por lo que no es posible reconocerle la superior categoría profesional que solicita cuando ya no presta servicios en la empresa, motivo por el que se ha de desestimar la pretensión principal de reconocimiento de categoría profesional. Desestimada dicha pretensión tan sólo resta determinar si desempeñó funciones de superior categoría para abonarle las diferencias retributivas. El actor en la demanda simplemente señala que desarrolló funciones propias de supervisor, pero no indica qué funciones considera que son de esa categoría superior de supervisor, omitiendo que la relación laboral duró 12 meses, un mes disfrutó de vacaciones y 5 meses permaneció en situación de IT, por lo que sólo prestó servicios efectivos seis meses.

El convenio colectivo aplicable en su artículo 13 establece el Grupo III-Personal auxiliar como aquel en el que: "Se encuadran aquellos niveles que requieren una formación de grado medio o elemental, no precisando detitulación profesional específica, salvo en lo relativo al conocimiento y dominio de idiomas en los casos que así se requiera expresamente, ejecutarán sus funciones bajo supervisión con un alto grado de autonomía y responsabilidad en el ejercicio de las mismas."

Incluyendo en el mismo:

Azafato/a (...)

Auxiliar taquillero (...)

Oficial de taquilla (...)

Agente de Aparcamiento(...)

Auxiliar PMR (...)

Auxiliar (...)

Auxiliar de servicios centrales (...)

Auxiliar administrativo (...)

Ordenanza (...)

Conductores (...)" como tareas específicas del auxiliar PMR señala que: "Es el/la empleado/a que colabora y realiza labores de orientación y asistencia al usuario, así como, ayuda al viajero/a, especialmente en el transporte de equipajes, cuando se trate de personas impedidas o con movilidad reducida (invidentes, lesionados o enfermos/as temporales, ancianos/as, embarazadas o personas acompañadas de niños o bebés, etc.). En el desarrollo de sus funciones utilizará los medios materiales y técnicos disponibles para lo que deberá recibir las instrucciones o, en su caso, formación correspondiente y contar con la autorización para el manejo de los medios motorizados si fuese necesario."

En el Convenio Colectivo no consta la categoría de supervisor reclamada por el actor.

Pues bien, para determinar qué funciones realizaba el trabajador demandante, la prueba practicada ha sido fundamentalmente el informe de la Inspección de Trabajo y la testifical del supervisor de la empresa en Castilla La Mancha, Don Lian. En el informe de la Inspección la empresa informa que el trabajador realizaba las siguientes tareas: 1.- Ejecución de las tareas necesarias para que la estación esté dispuesta para prestar el servicio normal 2.- Atención a clientes y gestión de servicios de estación específicos de ADIF. 3.- Atención medios de información a viajeros, incluyendo el manejo de distintos sistemas asociados que existan. 4- Control de actividades en la estación y atención servicios generales. 5.- Colaboración en situaciones de incidencias o emergencias (desfibriladores) 6.- Trabajo de entretenimiento para mantener la disponibilidad de los servicios de las estaciones y el buen funcionamiento de las instalaciones en situación de normalidad, situaciones extraordinarias por incidencia o como medida preventiva. 7.- Control y vigilancia del estado de activo y seguridad de la estación. Y el testigo manifestó que las funciones del trabajador demandante eran comprobar el estado de la estación del ave de Toledo, si había servicios activos, si no había pérdidas de agua, si algún viajero hacía una reclamación, disponiendo de libro de reclamaciones para cursar la reclamación y enviarla a Adif.

Estas funciones, si bien exceden de las que el convenio define como propias del auxiliar PMR, están incardinadas en las funciones de las categorías recogidas en el grupo profesional 3 del Convenio Colectivo, pero no en una categoría o nivel superior como sería la del Grupo profesional 2 de mandos intermedios en la que se realizan tareas con propia iniciativa y responsabilidad, de coordinación, y en la que se dirige a personal, resultando que ya existe un supervisor en Castilla La Mancha que es quien depuso como testigo, aclarando que el actor en ningún momento realizó funciones de supervisión, ya que realizó las mismas funciones que el resto de auxiliares de servicio, siendo el testigo quien supervisaba a todos los auxiliares porque entre ellos no había ningún encargado ni jefe de equipo.

Con tales datos, no acreditándose que haya realizado el actor funciones superiores durante los seis meses en que prestó servicios efectivos que puedan incardinarse en una categoría profesional de supervisor, y, no existiendo dicha categoría profesional en el Convenio Colectivo de aplicación, la reclamación de cantidad ejercitada carece de base fáctica y jurídica para poder prosperar, imponiéndose por lo razonado la desestimación íntegra de la demanda.

TERCERO.- Multa.El art. 97.3 de la LJS dispone: "La sentencia, motivadamente, podría imponer al litigante que obró de mala fe o con temeridad, así como al que no acudió al acto de conciliación injustificadamente, una sanción pecuniaria dentro de los límites que se fijan en el apartado 4 del artículo 75. En tales casos, y cuando el condenado fuera el empresario, deberá abonar también los honorarios de los abogados y graduados sociales de la parte contraria que hubieren intervenido, hasta el límite de seiscientos euros".

En el caso de autos esta Juzgadora no aprecia mala fe en el demandante, ya que ha quedado acreditado que realizaba funciones que excedían de las que el Convenio recoge como propias del Auxiliar PMR, categoría en la que estaba encuadrado.

Por otro lado, la posibilidad sancionadora debe reservarse a casos especialmente graves y significados de abuso de cauces procesales, por lo que no se impone la multa por temeridad interesada.

CUARTO.- Recursos.En virtud de lo dispuesto en el art. 191.2.d) y 137.3 de la Ley de Jurisdicción Social contra esta sentencia no cabe recurso alguno.