Sentencia Social 184/2024 Juzgado de lo Social de Valladolid nº 1, Rec. 927/2023 de 04 de junio del 2024

PRIMERO.-Los hechos declarados probados se han obtenido de la valoración conjunta de la prueba practicada de conformidad con las reglas de la sana crítica.

SEGUNDO.-El artículo 41 ET sujeta determinadas decisiones empresariales de modificación del régimen contractual del trabajador a los límites causales, materiales y procedimentales que en dicho precepto se contemplan; pero tal previsión no agota las posibilidades modificativas del contrato a instancias del empresario, ya que el ordenamiento jurídico ( artículos. 5.c y 20.1 y 2 ET )reconoce la capacidad empresarial de variar discrecionalmente las condiciones de trabajo, siempre que el cambio no haya de ser reputado sustancial; esto es, forma parte del poder de dirección empresarial un ius variandi o poder de modificación no sustancial del contrato, entendido como poder de especificación o concreción de la necesariamente genérica prestación laboral, sujeto, obviamente, a las exigencias derivadas del principio de buena fe. El problema subsiguiente es determinar cuándo una modificación debe ser considerada como sustancial y, por tanto, debe seguir para su aplicación el régimen previsto en el artículo 41 ET y cuándo no ostenta tal carácter y puede ser llevada a cabo a través del ejercicio regular del poder de dirección empresarial.

La jurisprudencia del TS, desde antiguo, ha venido señalando que, para determinar el carácter sustancial o no de la modificación, no puede acudirse a la lista que incorpora el apartado primero del artículo 41 ET , dado que se trata de una lista ejemplificativa y no exhaustiva de suerte que el mencionado listado no incorpora todas las modificaciones que pueden ser sustanciales ni tampoco atribuye el carácter de sustancial a toda modificación que afecte a alguna de las condiciones listadas; en definitiva, la aplicación del artículo 41 ET no está referida al hecho de que la condición sea sustancial, sino a la necesidad de que sea sustancial la modificación ( SSTS de 3 de abril de 1995, rec. 2252/1994 y de 9 de abril de 2001, rec. 4166/2000 , entre otras).

Es, por tanto, decisivo delimitar si la modificación operada cabe calificarla como sustancial o no. Para ello, hay que partir de la clásica afirmación jurisprudencial según la que "por modificación sustancial de las condiciones de trabajo hay que entender aquéllas de tal naturaleza que alteren y transformen los aspectos fundamentales de la relación laboral, entre ellas, las previstas en la lista "ad exemplum" del art. 41.2 pasando a ser otras distintas, de un modo notorio, mientras que cuando se trata de simples modificaciones accidentales, éstas no tienen dicha condición siendo manifestaciones del poder de dirección y del "ius variandi" empresarial". Añadiendo que "ha de valorarse la importancia cualitativa de la modificación impuesta, su alcance temporal y las eventuales compensaciones pactadas, pues de tales circunstancias dependerá que la intensidad del sacrificio que se impone al trabajador haya de ser calificado como sustancial o accidental" ( SSTS de 11 de diciembre de 1997, rec. 1281/1997 y de 10 de octubre de 2005, rec. 183/2004 ),lo que conlleva que, en cada caso habrá que analizar las circunstancias concurrentes. En efecto, nuestra jurisprudencia ha insistido en "destacar la imposibilidad de trazar una noción dogmática de "modificación sustancial" y la conveniencia de acudir a criterios empíricos de casuismo, sosteniéndose al efecto por autorizada doctrina que es sustancial la variación que conjugando su intensidad y la materia sobre la que verse, sea realmente o potencialmente dañosa para el trabajador; o lo que es igual, para calificar la sustancialidad de una concreta modificación habrá de ponderarse no solamente la materia sobre la que incida, sino también sus características, y ello desde la triple perspectiva de su importancia cualitativa, de su alcance temporal e incluso de las eventuales compensaciones" ( SSTS de 26 de abril de 2006, Rec. 2076/2005 y de 10 de noviembre de 2015, Rec. 261/2014 ).

Así pues, no toda decisión empresarial que altere la prestación de servicios del trabajador constituye una modificación sustancial. La configuración de lo que se entiende por tal se fundamenta en la delimitación del poder de gestión y organización empresarial, por lo que la limitación a las facultades del empleador tiene en cuenta, tanto el tipo de condición laboral afectada (partiendo de que la relación de condiciones de trabajo del párrafo primero del art. 41 es meramente ejemplificativa y no exhaustiva - STS/4ª de 9 abril 2001-rec. 4166/2000 -, 9 diciembre 2003 -rec. 88/2003 -, 26abril 2006 - rcud. 2076/2005 - y 22 enero 2013 -rec. 290/2011 ),como la intensidad misma de la modificación (no cualquier modificación de una de esas condiciones ha de ser necesariamente sustancial, sino que en cada caso se entra a analizar la medida empresarial adoptada para definir su naturaleza sustancial o no. Y no lo es cuando "la medida adoptada no supuso alteración valorable de las condiciones de trabajo o de la remuneración" ( STS/4ª de 22 enero 2013 -rec. 290/2011 -, citada).

Por tanto, no toda variación está constreñida a los límites del citado art. 41 ET ,sino que puede analizarse desde la óptica de el correcto ejercicio del ius variandi del empresario, lo que lleva a examinar si tal decisión se acomoda a la regulación específica de la condición de trabajo a la que afecta ( STS/ 4ª de 18 diciembre 2013 -rcud. 2566/2012 ).

TERCERO.-En el presente caso es evidente que nos encontramos ante una modificación sustancial de las condiciones de trabajo ya que se ha modificado el régimen de turnos, pasando el actor de realizar turno de noche a turnos rotativos de mañana y tarde.

En la comunicación remitida al trabajador se alega la existencia de necesidades productivas sobrevenidas para modificar el turno de trabajo ante la supuesta existencia de razones productivas derivadas de la bajada de pedidos recibidos del vehículo pesado que se envían a la planta de DIRECCION000 en Madrid como consecuencia de la bajada de velocidad en dicha planta desde el próximo 1 de enero de 2024, lo que hace que disminuya el número de vehículos de dicha gama a producir en el turno de noche y que, en la planta de Valladolid tendrá sus efectos desde el próximo 11 de diciembre de 2023.

Del citado contenido se deduce que no se concreta con claridad y precisión cuáles son las causas productivas alegadas por la empresa, ya que no constan cuántos vehículos se están producción en la actualidad y cuántos se van a producir, ni de qué forma repercute la bajada de velocidad en la planta de Madrid respecto de la planta de Valladolid.

Tampoco se concreta el número de trabajadores que se van a ver afectados y cómo afecta al puesto de trabajo que viene ocupando el actor.

Tampoco se especifican los criterios que se han seguido para mantener o modificar el turno de noche a unos trabajadores y mantenerlo a otros.

En el presente caso debemos estar a los hechos que se hacen constar en la comunicación remitida al trabajador. De los citados hechos no se pueden deducir las causas productivas que se alegan al carecer de datos objetivos que acrediten la concurrencia de causas productivas que justifiquen la decisión empresarial.

En consecuencia, la decisión empresarial constituye una clara modificación sustancial de las condiciones de trabajo porque afecta de manera frontal con el horario y distribución del tiempo de trabajo y con el régimen de trabajo a turnos, tal y como previene el artículo 41. 1. B) y C) del Estatuto de los Trabajadores.

Ello determina que deba reponerse al actor en sus anteriores condiciones de trabajo al ser injustificada la decisión empresarial adoptada por la empresa, así como al abono de los daños y perjuicios que la decisión empresarial hubiera podido ocasionar durante el tiempo en que ha producido efectos, tal y como dispone el artículo 138.7 de la LRJS.

CUARTO.-Contra esta sentencia no cabe el recurso de suplicación en virtud de lo dispuesto en los artículos hola 138.6 y 191. 2.e) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social.

Considerando los preceptos legales citados y el resto de normativa general aplicable