Sentencia Social 16/2023 Juzgado de lo Social de Vigo nº 5, Rec. 833/2021 de 01 de febrero del 2023

PRIMERO.- El trabajador demandante, con status de personal laboral indefinido de la Consellería demandada a través de Sentencia firme del año 2011, emprende el siguiente litigio al sentirse víctima de una situación de acoso atentatoria contra su dignidad personal llevada a cabo por la máxima autoridad del Jurado de Expropiación de Galicia, doña Julieta, a la que tacha como una persona conflictiva e irascible que tiene por tónica descargar toda su furia contra el personal dependiente a su cargo y, en particular, contra la persona del demandante, al que ha rebajado profesionalmente obligándolo a desempeñar cometidos típicos de operario u ordenanza, dispensándole un trato humillante bajo la velada o directa amenaza de retirarle o suspenderle la modalidad del teletrabajo o bien asediándole intempestivamente para el cumplimiento de múltiples tareas que debía llevar a cabo por encima de su horario laboral y empleando como conducto invasivo el teléfono móvil personal del actor, pese a que éste no había facilitado tal método de comunicación con sus superiores jerárquicos. Más tarde, en el cuerpo expositivo de su demanda se detiene en una serie de desagradables incidentes acaecidos en el curso del confinamiento, en donde la demandada comienza a enviarle continuos mensajes, tanto por correo electrónico como por la aplicación de mensajería WhatsApp, en que en un tono hiriente y coercitivo le critica su dedicación llegando a atacarle verbalmente con expresiones del todo punto ofensivas por no haberse conectado a una convocatoria o por pretender hacer valer sus derechos de conciliación, lo que le ha engendrado un cuadro anímico de ansiedad que acabó empujándole a coger una baja médica el día 11 de mayo de 2020 la cual se alargó hasta el mes de noviembre de 2021, sin que por parte de los cargos competentes para poner coto a esa clase desafueros se adoptara ninguna medida tendente a velar por la salud psíquica del actor o reprobar la conducta de doña Julieta con algún tipo de sanción o siguiera apercibimiento, pasividad que intuye responde a las buenas conexiones que ésta mantiene con las altas esferas del partido político que en la actualidad controla la administración gallega. En atención a esos comportamientos u otros, como las trabas impuestas para la concesión de las vacaciones de los años 2021 y 2022 o las irregularidades incurridas en el trámite de readmisión tras la sentencia de despido, impetra el auxilio judicial encaminado a declarar la violación de sus derechos proclamados en el artículo 15 de nuestra Carta Magna, el cese inmediato y definitivo de esas perturbaciones con reubicación de alguno de los agentes principales de este conflicto, junto con una exacción de daños y perjuicios que cifra en la suma de 60.191,80 euros tomando como guías orientativas la LISOS y el baremo de accidentes de tráfico.

De contrario, la defensa conjunta de la Consellería y de la funcionaria demandada repele categóricamente las infundadas acusaciones vertidas en demanda, sin base probatoria de ninguna índole y que no encajan en la definición de acoso moral que viene manejando la doctrina científica o forense. Rechazan la realidad de esos virtuales comentarios vejatorios o amenazantes que el actor atribuye a doña Julieta o que por parte de ésta u otro empleado de la Consellería se haya perpetrado algún tipo de abuso coactivo o degradante contra la integridad psíquica de don Aureliano, sin que las expresiones grabadas por éste en el curso de esas conversaciones o mensajes puedan calificarse, desde un plano estrictamente objetivo, como gravemente denigrantes o susceptibles de desencadenar una lesión o alteración en su equilibrio mental, razón por la cual ha de decaer la pretensión de amparo ejercitada en demanda y la indemnización que en ella se postula.

SEGUNDO.- En cumplimiento del mandato contenido en el artículo 97.2 de la LRJS, es menester poner de relieve que el anterior bloque fáctico se obtiene de la lectura de la prueba documental recíprocamente aportada a las actuaciones por cada de una las partes contendientes, toda ella aceptada a salvo un informe presentado por la Consellería en respuesta a la demanda entablada, la reproducción de los mensajes o correos y las conversaciones telefónicas entre el actor y doña Julieta del mes de abril de 2020, transcritos en los HDP 9º, 10º y 12º, junto con la valoración de las cinco testificales que han depuesto en el acto del juicio, en donde hemos de llamar la atención que ninguna de esas personas que comparten o han compartido dependencias administrativas con el actor han sido espectadores directos de ningún tipo de exabrupto o reacción verbal desmesurada, del tipo gritos u otra clase de improperios, proferidos por doña Julieta contra la persona del actor, ciñéndose a apuntar que la funcionaria demandada es una persona de un temperamento o carácter fuerte y que, en alguna puntual ocasión, dichos testigos -no el actor- habían sido sujetos pasivos de alguna airada reacción o reprimenda, pero sin que ninguno de ellos le diera la necesaria gravedad o relevancia como para formular alguna queja o denuncia por tales episodios descritos de un modo muy difuso, siendo rebatidas esas impresiones subjetivas por los dos testigos traídos por la Consellería quienes aseveran que el trato de doña Julieta es correcto con todo el personal, sin que hayan presenciado o fueran conocedores de alguna situación de conflicto entre el actor y doña Julieta.

Por lo demás, cumple significar que la denuncia formalizada por el actor el mismo día que cogió la baja con unos gratuitos excesos verbales (desequilibrada, clasicista, persona sin habilidades sociales) a la hora describir la personalidad de doña Julieta, ha sido archivada por unanimidad del Comité, de composición mixta, proceso de incapacidad temporal que al momento presente ha merecido el tratamiento de contingencia común por ese trastorno de ansiedad, escuetamente documentado por dos únicos partes aportados por el actor, en los que se vuelcan las genéricas referencias del actor acerca del origen de su cuadro clínico.

Asimismo, se ha dejado constancia de los términos en que el actor devino personal indefinido no fijo de la Consellería, de la solución adoptada para su readmisión, en el Jurado Provincial de Expropiación, sin que el actor, pese a lo indicado en el hecho primero de su escrito rector, haya impugnado esa decisión sea instando un incidente de ejecución de sentencia o una demanda sobre reconocimiento de derecho.

En cuanto al régimen horario del actor, en la documentación aportada queda patente que el actor lleva teletrabajando desde al menos el mes de julio de 2018, ajustándose a las condiciones decretadas en las sucesivas Ordenes administrativas como a su específico plan individual en cuyo diseño aparentemente no habría intervenido doña Julieta sino la Secretaría General Técnica, de igual modo que no se ha traído ninguna clase de dato o indicio que abone que detrás de la denegación de los permisos y vacaciones del año 2021 y 2022 o de la deducción de haberes se halle la figura de doña Julieta, a la que se pretende desacreditar sin ninguna justificación como una funcionaria de carrera arrimada al poder político que le sirve de cobertura.

Finalmente, debe descartarse que el actor asuma funciones de ordenanza, sin perjuicio de que alguna ocasión haya tenido que abrir la puerta o atender alguna llamada, como cualquier otro miembro de ese gabinete incluidos quienes ostentan su jefatura como, por ejemplo, doña Catalina, y respecto al elenco de funciones que en la actualidad tiene asignadas el actor, éstas aparecen detalladas en el plan individual de teletrabajo, en donde se alude a las funciones de preparación de equipamiento y material necesario para el correcto funcionamiento de las reuniones de la Sección y los Plenos del Jurado, con asistencia técnica in situ durante las reuniones, a fin de solucionar los problemas técnicos que pudiesen surgir o la gestión de las necesidades de índole tecnológica del personal del Jurado (configuración de VPN, correo móvil, sistemas de videoconferencia, preparación de otro software necesario para el desenvolvimiento del trabajo en las dependencias administrativas y de manera remota) así como el soporte en todas las demás incidencias que se puedan presentar de ofimática e informática del Jurado, siendo de resaltar que para obtener este beneficio del teletrabajo debe de aportar un teléfono móvil, y que su horario fijo de 09:00 a 14:30 horas debe completarse con otro horario flexible para estar en disposición de atender las necesidades del servicio.

TERCERO.- El acoso moral o mobbing entraña una violación de un derecho básico de todo trabajador consagrado en el artículo 4.2 e) del ET y citado en otros preceptos como los artículos 18, 20.3 y 39 del ET, teniendo su origen en la manera en que se desarrollan las relaciones interpersonales en el seno de las empresas, implicando un ataque frontal a la dignidad de la persona y del derecho a la integridad moral con interdicción de tratos inhumanos y degradantes que consagran los artículos 10 y 15 de nuestra Carta Magna. Así pues, a grosso modo, puede definirse el acoso laboral como un hostigamiento sistemático prolongado en el tiempo mediante la palabra o actitudes con la finalidad de menoscabar la personalidad o dignidad del trabajador que conducen a un aislamiento efectivo en el ámbito laboral y en el que la resistencia del trabajador ante tales maniobras dependen de su fortaleza psicológica y de su capacidad para sobreponerse a la adversidad.

Dentro de tal panorama en que se dan una serie de comportamientos tendenciosos hacia el sujeto pasivo, de carácter sutil, algunos aparentemente inocuos que concatenados o combinados entre sí denotan un claro ánimo de perjudicar al trabajador, la casuística ha incluido como ejemplos los siguientes: limitación de las comunicaciones por el acosado con sus compañeros, aislamiento, vaciamiento de funciones o desacreditación de su gestión laboral, crítica permanente al trabajo desarrollado, creación de rumores y su difusión en el centro de trabajo contra dicha persona, denegación de derechos básicos sin justificación aparente, variación repetida de funciones carentes de la más mínima explicación, imposición de tareas de imposible cumplimiento en el plazo dado, ignorar a un trabajador retirándole el saludo, no hablándole o no dirigiéndose a esa persona.

Por tanto, haciendo propia la Sentencia del TSJ de Madrid de 25 de enero de 2017 "sus elementos son, pues, los siguientes: 1.- Presión. Para que pueda hablarse de "mobbing" es necesario que se ejerza una presión y que la víctima sienta esa presión. Por presión se entiende toda conducta que desde un punto de vista objetivo puede ser percibida como un ataque. 2.- Laboral. La presión sufrida debe ser consecuencia de la actividad laboral que se realiza en el lugar de trabajo, lo que implica que debe ser cometida por miembros de la empresa. 3.- Tendenciosa. Lo que significa que la presión laboral debe responder a un plan, explícito o implícito. Dicho plan requiere una permanencia en el tiempo; para que se pueda hablar de un comportamiento tendente a algo es necesario que se repita a lo largo de un período, pues de lo contrario estaríamos ante un hecho puntual y no ante una situación de "mobbing".

Conforme a estos postulados y tomando como sustrato el relato fáctico previamente transcrito, valorado en el antecedente fundamento jurídico, el mismo de ninguna manera nos induce a concebir que la conducta imputada a doña Julieta o a la propia Consellería, como ente, configure un fenómeno de acoso laboral digno de recabar la protección por los tribunales de justicia, ya que si analizamos cada uno de los episodios relatados por el actor o si los ponderamos en su contexto unitario de ninguna manera podemos inferir un clima sistemático de ataques contra la dignidad personal del actor o de los derechos fundamentales que descienden de ella, como la integridad física o psíquica, el honor o la intimidad.

Al respecto, además de no contar esa acción con el respaldo ni del Comité de Intervención, que desechó su denuncia por unanimidad, o con una declaración administrativa que vincule su estado anímico con cualquier acto hostil nacido en su entorno laboral, tampoco la prueba desenvuelta refrenda la petición de la parte y ello por los siguientes motivos:

1.- La presente causa no es la sede idónea para hacer una causa general o evaluación acerca del talante, personalidad o carácter de doña Julieta, ni tampoco para valorar si ésta en el pasado haya podido extralimitarse en su poder de dirección con alguno de los trabajadores del Jurado, sin que el actor esté legitimado para la salvaguarda de los derechos o intereses de otros compañeros. Únicamente podría tener un interés relativo esa cuestión a modo de indicio tendente a apuntalar la versión del actor. Y en este caso, las manifestaciones de alguno de los testigos, sin pruebas acerca de un elevado índice de absentismo, no pasan de ser meras impresiones subjetivas con inconcretas referencias a algún episodio en el pasado, de las cuales no se puede obtener ninguna conclusión válida de cara a presumir el maltrato modal denunciado en demanda.

2.- Centrándonos en el actor y dejando al margen el contenido de esas comunicaciones de marzo a mayo de 2020, en la demanda no se especifica ningún incidente particular entre ambos. Es más, no se ha practicado ninguna solvente prueba que avale la existencia de alguna discusión o manifestación en que doña Julieta mínimamente hubiera desacreditado al actor, ni tampoco que de manera caprichosa o maliciosa le hubiera obligado a trabajar presencialmente para poder celebrar alguna reunión en el edificio, que constituye una de su principales tareas, o que hubiera puesto trabas o reparos a la concesión del teletrabajo, que ha ido obteniendo en cada una de sus solicitudes, o que se hubiera prevalido de ese sistema de trabajo como arma amenazadora para someter al trabajador.

3.- Respecto al puesto que desempeña el actor, aparte que doña Julieta no ha tenido ninguna participación en esa reubicación del año 2012, muy anterior a la incorporación de la demandada al Jurado de Expropiación a finales del 2016, habría que resaltar que el actor se aquietó con los términos de esa readmisión.

4.- En cuanto a la degradación por encomienda de tareas de inferior nivel, debemos descartar que la preparación de las reuniones se sitúe fuera de la órbita de las competencias encomendadas al actor o que la puntual colaboración en la apertura de la puerta como cualquier otro trabajador constituya un signo inequívoco de acoso con el ánimo de afrentar al actor.

5.- La denegación de las vacaciones o permisos por parte de la Secretaría General Técnica, avalada judicialmente respecto de la petición formulada tras el alta médica, se sitúa en el terreno de la legalidad ordinaria, a falta de cualquier dato que nos aliente a deducir que responda a una represalia por parte de la Consellería, siendo lógica esa detracción de haberes ante la reacción de autotutela del actor a la hora de no hacer acto de presencia en su puesto de trabajo.

6.- En lo tocante al contenido de los correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y conversaciones telefónicas entre doña Julieta y el actor, claramente no reúne los requisitos anteriormente enumerados para la apreciación de una situación de acoso sistemático o continuo, sin que de ellos se vislumbre un tendencioso objetivo de perjudicar la salud psíquica del actor, comprobado que en uno de ellos se le advierte que no puede desconectarse para ir a almorzar sobre las 14:26 horas en tanto no se resuelva una incidencia (el horario flexible en teletrabajo del actor más allá de las 14:30 horas está previsto para prestar soporte o atender a los requerimientos indicaciones del personal supervisor), con expresiones que esa conducta no era ni de medio recibo o en términos coloquiales que doña Julieta alucinaba muchísimo, o que en otro se le reprende, no sin razón, su falta de conexión a una reunión programada para las 10:00 horas del día 23 de abril, por no haber consultado correctamente el correo electrónico enviado el día anterior, retrasando el inicio de esa reunión a la que estaban convocados otros compañeros, mostrándose muy indignada doña Julieta con sus enérgicas y espontáneas expresiones pero sin que en ninguna de ellas trasluzca una intencionalidad de vejar o al menos de tener la potencialidad suficiente para ocasionar o comprometer la integridad psíquica del actor, aprovechando para recordarle acerca de su deber de estar conectado y de trabajar durante el confinamiento bajo el apercibimiento, que no amenaza, de dar cuenta de esa conducta no aislada (así lo confirma doña Catalina) a la Secretaría General Técnica. Por último, el correo de 7 de mayo es a todas luces inocuo como para interpretar la presencia de un acto de violencia psicológica.

Por cuanto antecede, no habiendo quedado patentizada una situación de hostigamiento objetivable y prolongada en el tiempo de la Presidenta del Jurado de Expropiación o de la Consellería demandada, debe sucumbir la pretensión de tutela de derechos fundamentales planteada en demanda, con absolución de ambas demandadas tanto de la pretensión declarativa como de condena al pago de algún tipo de indemnización o de traslado o remoción del actor o la demandada en sus actuales destinos.

CUARTO.- De conformidad con la letra f) del apartado tercero del artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, atendida la acción entablada en demanda, contra esta resolución cabe interponer, en todo caso, recurso de suplicación.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S.M. EL REY,