Sentencia Social 163/2024 Juzgado de lo Social de Vigo nº 5, Rec. 62/2023 de 03 de abril del 2024

PRIMERO.- Recurre la empresa accionante la sanción pecuniaria impuesta por la autoridad laboral competente a instancias de la Inspección de Trabajo, al argumentar que no transgredido ninguna normativa disciplinada en materia de descanso entre jornadas, dado que el sistema organizativo implantado con el consenso de toda la plantilla tras la declaración del estado de alarma en el mes de marzo de 2020 perseguía crear grupos burbujas que atajasen el riesgo de contagio entre su masa de trabajadores y evitasen la adopción de medidas más gravosas en materia de ajuste de empleo. Subraya la empresa que ningún trabajador ha superado el tope máximo de horas estipulado en el artículo 19 del Convenio y que ese mismo precepto habilita otras fórmulas de distribución irregular acorde a lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 1561/1995. Por tales razones solicita un pronunciamiento judicial que le descargue de toda responsabilidad por los turnos de trabajo desenvueltos por sus trabajadores durante el período fiscalizado de julio de 2020 a abril de 2021, anulando la sanción establecida en vía administrativa o, subsidiariamente, propugnando una moderación al no concurrir en su conducta ninguna circunstancia cualificadora que justifique la imposición de la sanción en su grado máximo dentro de la horquilla barajada en la LISOS.

La Conselllería demandada solicita una resolución confirmatoria de la medida sancionadora impuesta a la empresa.

SEGUNDO.- El artículo 7.5 de la LISOS tipifica como infracción grave en materia de infracciones en materia de relaciones laborales la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos y, en general, el tiempo de trabajo a que se refieren los artícul os 12, 23 y 34 a 38 del Estatuto de los Trabajadores.

En referencia al descanso mínimo semanal, el artículo 37.1 del ET señala que "los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal, acumulable por periodos de hasta catorce días, de día y medio ininterrumpido que, como regla general, comprenderá la tarde del sábado o, en su caso, la mañana del lunes y el día completo del domingo. La duración del descanso semanal de los menores de dieciocho años será, como mínimo, de dos días ininterrumpidos. Resultará de aplicación al descanso semanal lo dispuesto en el artículo 34.7 en cuanto a ampliaciones y reducciones, así como para la fijación de regímenes de descanso alternativos para actividades concretas", al prever que "el Gobierno, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, podrá establecer ampliaciones o limitaciones en la ordenación y duración de la jornada de trabajo y de los descansos, así como especialidades en las obligaciones de registro de jornada, para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran."

Con rango de disposición reglamentaria, el artículo 6 del Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre sobre jornadas especiales de trabajo prescribe que "mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes legales de los trabajadores podrá establecerse en las actividades de comercio y hostelería la acumulación del medio día del descanso semanal previsto en el apartado 1 del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores por períodos de hasta cuatro semanas, o su separación respecto del correspondiente al día completo para su disfrute en otro día de la semana."

En el ámbito convencional, el artículo 19 del IV Convenio colectivo de empresas de centros de jardinería, marcaba que "la jornada ordinaria máxima anual será de 1.788 horas de trabajo efectivo, que se distribuirán entre los días de apertura del centro de trabajo, incluidos domingos y festivos. Se establecerá un día al año de permiso retribuido, a disfrutar de común acuerdo", que "la jornada ordinaria mínima diaria para los trabajadores con jornada anual de 1.788 horas se establece en cuatro horas y la máxima en nueve. En las jornadas continuadas de cinco horas de duración el trabajador disfrutará de veinte minutos de descanso durante la misma a cuenta de dicha jornada. Sin perjuicio de lo anterior, los días 25 de diciembre, 1 de enero y 6 de enero, los trabajadores no estarán obligados a prestar servicios en dichos días". Apropósito del calendario laboral anual, dicho artículo determina que se negociará con el delegado de personal o comité de empresa si lo hubiere, entre los meses de noviembre-diciembre del año anterior al de su ejecución. Por la peculiaridad de esta actividad, sujeta a una producción discontinua, las empresas podrán establecer jornadas de trabajo flexible de cómputo anual, distribuidas por cada empresa con arreglo a las necesidades del servicio. Compensándose de este modo, las épocas de menos trabajo con las de mayor trabajo siempre que el horario establecido no exceda de las 1.788 horas anuales de trabajo efectivo fijadas, respetando lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores. Y acerca del descanso semanal y del descanso por festivos trabajados el régimen convencional apunta que "todos los trabajadores tendrán derecho a un descanso semanal de dos días consecutivos. Dicho descanso podrá ser acumulable por períodos de hasta catorce días, si así se acordase entre los representantes de los trabajadores y la empresa. Cuando el descanso semanal de cualquier trabajador coincida con alguna festividad o víspera de su disfrute, éste tendrá lugar al día siguiente hábil", y que "si el trabajador trabaja alguno de los 14 festivos abonables y no recuperables, cada día festivo será compensado con un día de descanso específico. Estos días de descanso podrán acumularse de acuerdo con la empresa."

En sede de Derecho Comunitario podemos traer a colación el artículo 31.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que proclama el derecho de todo trabajador a la limitación de la duración máxima del trabajo y a períodos de descanso diarios y semanales, así como a un período de vacaciones anuales retribuidas. O los artículos 3 y 5 de la Directiva 2003/88 que «establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en materia de ordenación del tiempo de trabajo», que prevén que "los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos los trabajadores disfruten de un período mínimo de descanso diario de 11 horas consecutivas en el curso de cada período de 24 horas", y que "los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos los trabajadores disfruten, por cada período de siete días, de un período mínimo de descanso ininterrumpido de 24 horas, a las que se añadirán las 11 horas de descanso diario establecidas en el artículo 3.Cuando lo justifiquen condiciones objetivas, técnicas o de organización del trabajo, podrá establecerse un período mínimo de descanso de 24 horas."

En el presente caso, según las comprobaciones efectuadas por la Inspección de Trabajo de los registros de jornada del personal de la empresa impugnante, revestidas de una presunción de certeza ( artículos 151.8 de la LRJS, el artículo 23 de la actual Ley 23/2015, ordenadora de la inspección de trabajo y seguridad social, el artículo 53.2 del Real Decreto Legislativo 5/00, de 4 de agosto o el artículo 15 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo), queda patente que los trabajadores identificados en el acta han disfrutado del número de días de descanso que allí se computan, muy inferior en su duración al tolerado legal y convencionalmente, lo que evidencia una flagrante vulneración de los derechos de descanso mínimo y semanal garantizados tanto en el artículo 5 de la Directiva 2003/88, que tiene como fin promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores, como en los artículos 37 del ET y 19 de la norma paccionada vigente en la empresa, al no tener la oportunidad de disfrutar de ese tiempo mínimo de descanso delimitado en aquellos preceptos, los cuales se configuran como normas de derecho necesario y de naturaleza ininterrumpida que quedan fuera del poder de disposición de los trabajadores conforme al artículo 3.5 del ET.

Tampoco el artículo 19 del Convenio sobre distribución irregular de jornada o el artículo 6 del RD 1561/1995 sirven de salvoconducto a esa dinámica de trabajo que la empresa empezó a aplicar durante el período analizado por la Inspección de Trabajo, toda vez que esa dispensa del descanso semanal ininterrumpido queda condicionado a la técnica de acumulación en período de 14 días, que no aplicaba la empresa y a un acuerdo entre la Dirección y la RLT que en este caso no existe.

Por tanto, resulta palmaria la infracción achacada a la empresa demandante y su correcto encaje dentro de la figura punitiva contemplada en el artículo 7.5 de la LISOS.

Finalizando con la graduación de la sanción, el artículo 39.2 de la LISOS enuncia una serie de criterios al disponer que "calificadas las infracciones, en la forma dispuesta por esta ley, las sanciones se graduarán en atención a la negligencia e intencionalidad del sujeto infractor, fraude o connivencia, incumplimiento de las advertencias previas y requerimientos de la Inspección, cifra de negocios de la empresa, número de trabajadores o de beneficiarios afectados en su caso, perjuicio causado y cantidad defraudada, como circunstancias que puedan agravar o atenuar la graduación a aplicar a la infracción cometida."

Estos criterios, a tenor del apartado quinto del artículo 39 de la LISOS, no podrán utilizarse para agravar o atenuar la infracción cuando estén contenidos en la descripción de la conducta infractora o formen parte del propio ilícito administrativo, previendo el apartado siguiente que "el acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que inicie el expediente sancionador y la resolución administrativa que recaiga, deberán explicitar los criterios de graduación de la sanción tenidos en cuenta, de entre los señalados en los anteriores apartados de este artículo. Cuando no se considere relevante a estos efectos ninguna de las circunstancias enumeradas en dichos apartados, la sanción se impondrá en el grado mínimo en su tramo inferior." Por último, el apartado séptimo ordena que se sancione en el máximo de la calificación que corresponda toda infracción que consista en la persistencia continuada de su comisión.

A renglón seguido, el artículo 40 de ese mismo cuerpo legal concreta que las infracciones graves en materia de relaciones laborales y empleo se sancionarán con multa, en su grado mínimo, de 626 a 1.250 euros, en su grado medio de 1.251 a 3.125 euros; y en su grado máximo de 3.126 a 6.250 euros.

Si leemos el acta levantada por la Inspección de Trabajo, confirmada por la autoridad laboral, la medida correctora se ha concretado en su grado máximo y tramo superior de 6.250 euros ponderando la intencionalidad de la empresa y el carácter continuado de la infracción como circunstancias relevantes que abundarían en tal severa sanción que sirva de puntal para apreciar esta circunstancia de graduación de la sanción.

Acerca del elemento subjetivo de la intencionalidad, convenimos con la empresa demandante que el acta no refleja ningún aspecto o dato específico que permita apreciar esta circunstancia.

En cambio, ese acta de la Inspección de Trabajo sí muestra una sostenida práctica empresarial restrictiva de los derechos de descanso semanal de los miembros de su plantilla que se venía repitiendo todos los meses desde al menos el mes de julio de 2020 y hasta el mes abril de 2021 coincidiendo con la fecha girada por la Inspección, que por su intensidad ha de ser calibrada como un factor determinante para encuadrar la sanción en el máximo de la calificación conforme al mencionado apartado séptimo del artículo 39 de la LISOS; ergo, la sanción debe ser ratificada e íntegramente rechazada la pretensión revisora planteada en demanda.

TERCERO.- De conformidad con la letra g) del apartado tercero del artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, atendida la cuantía litigiosa ventilada, contra esta resolución no cabe interponer recurso de suplicación.

Por todo lo expuesto, vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, de conformidad con lo establecido por el artículo 117 de la Constitución, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español,