Sentencia Social 237/2023 Juzgado de lo Social de Burgos nº 2, Rec. 826/2022 de 01 de junio del 2023

PRIMERO.- Los documentos obrantes en los ramos de prueba de ambas partes y la testifical practicada en el acto de la vista de la auditora interna Dña. Montserrat y de una ex compañera Dña. Alicia constituyen los elementos de prueba que sustentan el anterior relato de hechos probados, a los efectos previstos en el artículo 97.2 LRJS.

SEGUNDO.- Se impugna por la actora el despido con fecha y efectos de 10/10/2.022, interesando como petición principal la declaración de nulidad del despido y, subsidiariamente, que sea declarado improcedente, alegando que no siendo ciertos los hechos que tipifica la carta. En síntesis, interesa la actora la nulidad por vulneración del derecho a la salud e integridad física, al deberse el despido a la situación prolongada de I.T. así como a la vulneración del art. 24 CE en su vertiente de garantía de indemnidad por haber reclamado el kilometraje a la empresa previamente, así como por sufrir acoso laboral con otro de los empleados. En segundo lugar, alega que el despido es improcedente por tramitación incorrecta y defecto formal dada la falta de audiencia previa y expediente contradictorio que exige el art. 7 del Convenio 158 de la O.I.T. y en su defecto, por no ser ciertos los hechos alegados en la carta de despido, toda vez que la contraseña USER de la actora la podía utilizar cualquier empleado y el sistema había sido hackeado, no habiéndose aplicado el criterio de la gradualidad y moderación de las sanciones resultando desproporcionado el despido. Se dan por reproducidas las alegaciones efectuadas en fase de conclusiones por escrito. A ello, se añaden como causa de oposición la alegación de prescripción de la falta muy grave atribuida por trascurso del plazo de 60 días; habiéndose discutido el Convenio colectivo aplicable y la categoría profesional (Dependiente de primera) y salario de la trabajadora (45,83 euros/día) que se aduce en base al Convenio de trabajo del comercio del metal de la provincia de Burgos y tablas actualizadas a fecha 12/1/23.

La entidad demandada se ha opuesto alegando primero que la relación laboral se rige por el Convenio colectivo de comercio varío de la Comunidad Autónoma de Madrid, cuestión resuelta por la STS nº 65/22, siendo pactado en contrato de trabajo; y en virtud de dicho convenio, la categoría de la actora es de Dependiente vendedor. Salario promedio de nóminas aportadas 35,83 euros. Se opone a la prescripción porque comienza el plazo cuando se comunica a la empresa el resultado de la investigación auditoria interna el 12/9/22. Y niega que exista causa alguna para declarar la nulidad del despido por las razones invocadas que se dan por reproducidas. Así, como que no se prevé la necesidad de expediente contradictorio para el presente caso. Por último, señala que los hechos de la carta de despido están acreditados y que constituyen una trasgresión de la buena fe y un abuso de confianza, que la actora conocía la operativa de la venta en seguros, "promo julio 2022", y de forma fraudulenta realizó 5 pólizas de seguros suscritas a nombre de 5 clientes distintos, (en fechas 4,7,8 y 18 de julio de 2022) en la tienda 7002, sita en CC el mirador de burgos, poniendo para todos ellos un número de cuenta bancaria( NUM001) siendo la cuenta bancaria que también utilizó su compañero de tienda D. Pedro cuyo despido ha sido declarado procedente, y que no habían sido consentidos ni autorizados por dichos clientes.

No se discute la antigüedad de la trabajadora.

TERCERO.- Centradas las alegaciones de las partes, en primer lugar, debe resolverse la cuestión objeto de debate consistente en determinar cuál es el convenio colectivo que rige la relación laboral entre las partes, habiéndose discutido y examinado la actividad principal preponderante de la mercantil demandada THE PHONE HOUSE SPAIN, S.L.

La parte actora insta la aplicación del Convenio colectivo de trabajo del comercio del metal de la provincia de Burgos, publicado en el B.O.P. de Burgos el 29/11/2017, por entender que la actividad desarrollada por la demandada se encuadra dentro del Acuerdo Marco del Comercio de 2/2/2012, alegando que el objeto social de la mercantil que "la compra, venta, alquiler, distribución y reparación de toda clase de aparatos de telefonía móvil convencional, telefax y centralitas telefónicas, así como equipos electrónicos y de telecomunicaciones." Acompañando ampliación del objeto social, según BORME de 23/7/2019 (doc.6) consistente en " la mediación como agente o distribuidor entre los diferentes operadores de telecomunicaciones y los clientes finales de los mismos para la realización de ofertas y tramitaciones de altas entre dichos operadores y clientes. (...)"; frente a dicha pretensión, la demandada sostiene que debe aplicarse el Convenio colectivo del comercio Varío de Madrid, por estar pactado en contrato de trabajo y no quedar fijar en otro convenio, siendo su actividad principal la intermediación en el comercio.

Es menester traer a colación la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 4ª, de lo Social, nº 65/2022 de 25 de enero de 2022 , la cual, en recurso de casación unificadora establece que: " la sentencia recurrida parte de un extremo perfectamente acreditado, según el cual la actividad preponderante de la empresa es la de comercializar e intermediar como agente distribuidor entre los diferentes operadores de telecomunicaciones y los clientes finales de los mismos para la realización de ofertas y tramitaciones de altas entre dichos operadores y clientes, mientras que la venta de terminales es una actividad secundaria (hecho probado tercero).

Concluye consiguientemente que, la actividad principal de la empresa no se subsume en ninguno de los convenios en liza, toda vez que, si bien la venta de terminales podría subsumirse en el convenio colectivo de comercio en general de Málaga y su provincia, en cuyo ámbito funcional (subsector III) incluye a las empresas dedicadas a la venta de material y máquinas de informática, pero no incluye a las empresas que comercializan e intermedian como agentes distribuidores entre los diferentes operadores de telecomunicaciones y los clientes finales de los mismos para la realización de ofertas y tramitaciones de altas entre dichos operadores y clientes, que tampoco está incluida en el ámbito funcional del convenio colectivo para el comercio vario de la Comunidad de Madrid.

Por esa razón, pone en valor que las partes convinieran en el contrato la aplicación de este último convenio, entendiendo que, en supuestos en los que no exista convenio colectivo de aplicación obligada a la relación laboral, por no encajar plenamente en el ámbito de aplicación de ningún convenio, el pacto entre los sujetos de la relación laboral en favor de que se aplique uno que, por su ámbito, no les incluía, no tiene ninguna restricción, desplegando toda su fuerza vinculante derivada de los artículos 1.089 y 1.091 del Código Civil .

4. La Sala considera, al igual que el Ministerio Fiscal, que la doctrina correcta corresponde a la sentencia recurrida, toda vez que, acreditado que la actividad preponderante de la empresa consiste en la comercialización e intermediación como agente distribuidor entre los diferentes operadores de telecomunicaciones y los clientes finales de los mismos para la realización de ofertas y tramitaciones de altas entre dichos operadores y clientes, es claro que dicha actividad no se subsume ni en el convenio colectivo para el Comercio Vario de la Comunidad de Madrid, ni en el convenio colectivo para el Comercio en General de Málaga y su provincia.

Consecuentemente, si no hay convenio de aplicación, nada impide que las partes acuerden libremente la aplicación de uno de esos convenios, de conformidad con lo dispuesto en el art. 3.1.c ET , en relación con los arts. 1089 , 1091 y 1255 CC , no vulnerándose, por tanto, lo dispuesto en el art. 37.1 CE , ni los arts. 82 y 85.1 y 2 ET , toda vez que, el pacto antes dicho tuvo un objeto lícito, al no ser aplicable ningún convenio, lo que impide por sí mismo, que en el mismo se estableciera condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos".

En el presente caso, partiendo de la lectura del art. 2 del Convenio del comercio del metal en Burgos, ámbito funcional, se desprende que no está recogida la actividad principal de la demandada en el mismo, indicando que: " los preceptos de este convenio obligan a las empresas cuya actividad exclusiva, principal o predominante sea la de Comercio del metal y están recogidos por el Acuerdo marco del comercio (AMAC)" Acuerdo marco en el cual se incluye la actividad consistente en " ofertar la venta de cualquier clase de artículos bien sea el destinatario final, (venta al detalle) o para su posterior venta (Comercio al por mayor), tanto en nombre propio o de terceros y que no estén afectadas por un ciclo de producción, aunque el producto pueda sufrir un acondicionamiento previo".

De la prueba practicada ha quedado acreditado que el objeto social de la demandada es " La mediación, como agente o distribuidor, entre los diferentes operadores de telecomunicaciones y los clientes finales de los mismos para la realización de ofertas y tramitaciones de altas entre dichos operadores y los clientes", basta apreciar el art. 2 de los Estatutos de la empresa (folio 420 de la prueba documental de la demandada) en relación con el epígrafe de actividad de la empresa 631 "intermediarios del comercio" y C.N.A.E. 4619, información oficial del Registro mercantil a fecha 26/5/21 " intermediarios del comercio de productos diversos" que acredita el mismo objeto social citado antes.

A mayores, las cuentas anuales registradas para los ejercicios 2019 a 2021 demuestran que la mayor parte de ingresos se obtienen en su total de la captación de clientes y fidelización. Así, para el año 2021 en "comisiones de operadores y otras conexiones" se obtienen 114.660 euros; "comisiones de seguros" 12.017 euros; y "captaciones de clientes energía y telefonía: 4.031", frente al resto de "otros ingresos" reducido pues a la venta de terminales 6.336 euros (folio 659 de la demandada). Y en el año 2020 la tónica es igual, la mayor actividad real preponderante como se expone en los estatutos y en el informe de auditoría interna realizado en 2022 por auditores independientes, doc. 34 de la demandada, proviene de la prestación de servicios de captación y mantenimiento de abonados para operadores nacionales de telefonía móvil, sin perjuicio de las actividades auxiliares que son complementarias.

Todo lo cual pone de manifiesto que la actividad principal no es la venta o comercialización de aparatos de telefonía móvil o relacionados, por lo que no se puede encuadrar en las actividades descritas en el citado comercio del metal de Burgos. Tampoco queda descrita la actividad principal de la demandada en el Comercio estatal de la industria, las nuevas tecnologías y los servicios del sector del metal publicado en el BOE 12/1/2022, porque no abarca a actividades de intermediación o mediación comercial.

En suma, habida cuenta de que se pactó en el contrato de trabajo de fecha 19/5/2014, en la cláusula Séptima que " En lo no previsto en este contrato, se estará a la legislación vigente que resulte de aplicación y particularmente, el E.T. y el Convenio Colectivo de Comercio Vario de la Comunidad de Madrid", no encajando plenamente la actividad laboral desarrollada por la demandada en el ámbito de aplicación de ningún convenio en concreto, despliega toda su fuerza vinculante el pacto entre los sujetos de la relación laboral en favor del citado Convenio de Comercio Vario de la Comunidad de Madrid.

Por lo que se desestiman las alegaciones de la demandante sobre el salario regulador y categoría profesional en base al convenio del comercio del metal de Burgos.

A tales efectos, el salario regulador a efectos indemnizatorios vendrá constituido por el percibido en el último mes, prorrateado con las pagas extraordinarias, salvo que concurran circunstancias especiales, como la oscilación de ingresos no ocasionales o puntuales ( STS 27/9/2004). En este caso, a efectos dialécticos y de dar respuesta a las cuestiones suscitadas, de acuerdo con el cómputo anual de las nóminas aportadas por la demandada, toda vez que la actora solo aporta nóminas de junio a octubre de 2022, y valoración global de los conceptos en los que se desglosa: salario base, 3 pagas extras prorrateadas mensualmente, participación en beneficios y comisiones, horas complementarias, sin incluir el plus de trasporte por tener carácter extrasalarial, procede considerar un salario anual bruto de 13.080,24 euros y día de 35,83 euros.

CUARTO.- Examinadas dichas premisas, procede analizar si concurre la excepción material de prescripción del art. 60.2 E.T.

En el presente caso, es palmario que no ha prescrito la falta muy grave que se imputa a la trabajadora del art. 69.3 del Convenio colectivo de aplicación, toda vez que su cómputo, tratándose de una falta continuada cometida entre el 4 y el 18 de julio de 2022, comunicada por correo de confidente el 13/8/2022, e iniciada una actuación inspectora por la empresa a través de una auditoria interna, cuyo informe obra al doc. 9 de la demandada, ratificado por su autora en el acto del juicio, que termina el 12/9/22, fija que es ese el momento en el que la empresa tiene conocimiento de la comisión de las irregularidades en suscripción de 5 pólizas de seguros sin conocimiento ni consentimiento de los clientes y con el mismo número de cuenta, no facilitado por éstos.

Es claro, pues, que el plazo de prescripción de 60 días debe empezar a computarse desde que la empresa tiene conocimiento de los hechos, esto es, cuando culmina la investigación interna efectuada por el departamento de auditoría, a fecha 12/9/22. De tal manera, que emitiéndose carta de despido en fecha 10/10/22, el plazo de prescripción para las faltas muy graves no ha trascurrido.

Por lo que se desestima la excepción de prescripción.

QUINTO.- Dicho lo cual, entrando ya en el análisis de las pretensiones ejercidas, partiendo de la primera pretensión de nulidad del despido, se desconoce en base a qué extremo se invoca, puesto que no se consideran vulnerados los derechos fundamentales de la actora, tampoco se aprecia que el despido obedezca a causa de discriminación prevista en la Constitución o en la ley, o esté encuadrado en alguno de los casos del art. 108.2 de la LRJS.

Convi ene resaltar, como ha reiterado la jurisprudencia, que, para que pueda prosperar la denuncia formulada de vulneración de derechos fundamentales, no basta con alegarla, sino que deben acreditarse, al menos, indicios de su existencia (Sala Social del TS, S. 4-3-2013).

Por ello, primero respecto de la supuesta lesión al derecho a la salud e integridad física, resulta que la actora estuvo en situación de I.T. desde el 24/2/21 al 24/11/21, como lo confirman los partes de baja y de alta aportados como doc. 21 de la actora y doc. 4 de la demandada); por tanto, si el despido es un año después de la reincorporación de la actora, a fecha 10/10/22, huelga decir que no existe conexión con la decisión extintiva empresarial.

En cuanto a la supuesta garantía de indemnidad que se alega vulnerada, solo consta un correo remitido desde el usuario "AS" a fecha 17 agosto, en el que se trasmite la solicitud de poder ingresar el dinero recaudado en cajero dentro del C.C. o bien, a través de taxi o que se regularice el plus trasporte (doc. 19 de la actora). No existe correo electrónico reivindicando una reclamación como consecuencia del kilometraje abonado previamente por la actora, aparte de que se desconoce el año de ese correo remitido, así como la identidad y destinatario real del mismo. Correo que puesto en contacto con el doc. 5 de la demandada, deja entrever que no se ha producido ninguna reclamación al departamento de RR.HH. sobre kilometraje. Por lo que, la impugnación de la demandada en cuanto al valor probatorio del mismo carece de virtualidad, ya que incumbe a dicha parte aportar los indicios racionales para invertir la carga de la prueba, ex art. 96.1 LRJS. Cabe añadir, que la reclamación instada por la actora para el abono de las diferencias salariales por convenio de aplicación invocado y vacaciones no retribuidas es de fecha posterior al despido, siendo la papeleta de conciliación de fecha 14/11/2022, y la demanda interpuesta a fecha 12/1/23 (doc. 22 de la actora). Por lo que decae la pretensión de nulidad por infracción del art. 24 C.E.

Otro tanto cabe decir respecto a la nulidad invocada por manifestar su denuncia de acoso laboral frente a otro compañero de trabajo D. Gregorio. La empresa instruyó protocolo de acoso laboral, practicó las comprobaciones y testificales pertinentes, resultando que un ambiente de tensión laboral, que no rebasaba el concepto de discriminación o acoso laboral, comprometiéndose la empresa a intentar restablecer el buen ambiente laboral, a fecha 15/9/22. La actora no ha acreditado la existencia de hechos posteriores relacionados con este asunto por el cual pueda extraerse la conclusión de que el despido obedece a móvil discriminatorio. Es más, ha efectuado cinco despidos más sobre la articulación del fraude denunciado con ocasión de correos electrónicos de mala praxis denominados confidentes. Por ello, no existe nexo causal alguno con la razón del despido.

SEXTO.- Sobre al estudio de la segunda pretensión de improcedencia del despido, corresponde a la empresa acreditar la causa del despido establecida en la carta de fecha 10/10/2022.

Se alega, en primer lugar, que concurren defectos formales de tramitación por infracción del art. 7 del Convenio 158 de la OIT al no haber procedido a la audiencia previa de la actora antes de emitir carta de despido, y que ello, conlleva la improcedencia del despido operado, aportando una sentencia del TSJ de Baleares de 13/2/2023.

En este sentido, debe indicarse que el Convenio OIT sobre la terminación de la relación de trabajo, (núm. 158) adoptado con fecha 22 de junio de 1982, contiene una serie de disposiciones que no son directamente ejecutables, sino a través de la legislación nacional, siendo indudable que nuestra legislación ha dado respuesta a las previsiones del Convenio; como ha dicho al respecto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en sentencia de 1 de marzo 2021 (JUR 2021, 122726), recurso 596/2020, " el Convenio no es una norma de directa aplicación (self executing)sino que ha de ser incorporado al ordenamiento por cada Estado mediante la legislación nacional", salvo, claro está, que se incorpore por Convenios colectivos, laudos arbitrales o decisiones judiciales, o incluso contrato individual, y siempre en consonancia con "la práctica nacional", lo que ha declarado el Tribunal Supremo respecto de este Convenio 158 en sentencias de 31 de enero de 1990 (RJ 1990, 801) ROJ: STS 17047/1990 y 4 de noviembre de 1987 ROJ: STS 16626/1987, confirmando que las normas del Convenio nº 158 de la OIT no son de directa aplicación en España al precisar su efectividad de un desarrollo normativo interno." En la legislación española está prevista la existencia previa del expediente contradictorio para los representantes sindicales, caso que no concurre en el supuesto de la actora, ( art. 55 ET).

Asimismo, atendiendo al Convenio colectivo de Comercio Varío de Madrid no se exige como presupuesto para imponer la sanción de despido por una falta muy grave. Por todo ello, no procede apreciar la causa de defecto formal e improcedencia del despido.

SÉPTIMO.- En este contexto, debe analizarse la causa de despido invocada por la empresa que ha determinado la extinción del contrato de trabajo por incumplimiento grave y culpable de la trabajadora tasada en el art. 69.3 del Convenio colectivo aplicable, en relación con el 54.2.d)ET " trasgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo", que queda acreditada con la prueba practicada como se expondrá más adelante.

Por transgresión de la buena fe contractual se ha de entender la actuación contraria a los esenciales deberes de conducta que debe presidir la ejecución de la prestación de trabajo y la relación entre las partes conforme a los artículos 5 y 20 párrafo 2º del Estatuto de los Trabajadores ( sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1991), deberes de conducta que imponen un comportamiento arreglado a valoraciones éticas que se traducen en directivas equivalentes a lealtad, honorabilidad, probidad y confianza ( sentencia de Tribunal Supremo de 4 de marzo de 1991).

Respecto a la trasgresión de la buena fe contractual, el Tribunal Supremo ha elaborado la siguiente doctrina:

a) la buena fe es consustancial al contrato, en cuanto por su naturaleza sinalagmática genera derechos y deberes recíprocos: el deber de mutua fidelidad entre empresario y trabajador es una exigencia de comportamiento ético jurídicamente protegido y exigible en el ámbito contractual, y la deslealtad implica siempre una conducta totalmente contraria a la que ha de observar el trabajador respecto de la empresa como consecuencia del postulado de fidelidad;

b) la buena fe como moral social, formadora de criterios inspiradores de conductas para el adecuado ejercicio de los derechos y fiel cumplimiento de los deberes, ha trascendido al ordenamiento jurídico, y en el Estatuto de los Trabajadores viene reflejado en los artículos 20 párrafo 2º, 50 párrafo 1º letra a ) y 54 párrafo 2º letra d ), expresamente;

c) es requisito básico que ha de concurrir para configurar la deslealtad, que el trabajador cometa el acto con plena conciencia de que su conducta afecta al elemento espiritual del contrato, consistiendo dicha deslealtad en laeliminación voluntaria de los valores éticos que deben inspirar al trabajador en el cumplimiento de los deberes básicos que el nexo laboral impone. También consiste en usar con exceso el empleado de la confianza que ha recibido de la empresa, en razón del cargo que desempeñaba rebasando los límites que el cargo ostentado tiene por su propia naturaleza y ello en provecho propio o de tercero, que no sea, naturalmente acreedor directo de las prestaciones empresariales;

e) la falta se entiende cometida, aunque no se acredite la existencia de lucro personal ni haber causado perjuicios a la empresa.

Aplicada dicha jurisprudencia a los hechos declarados probados queda probada pues la falta muy grave tipificada en el artículo 69.3 del Convenio Colectivo del comercio varío de Madrid y sancionada con el despido en el citado convenio colectivo según art. 71.3.

El despido se calificará como procedente cuando cumpla las exigencias legales de causa y de forma y quede acreditado el incumplimiento alegado en el escrito de comunicación. Estableciendo el art. 108 de la LRJS que, en caso contrario, o en el supuesto en que se hubieren incumplido los requisitos de forma establecidos en el nº 1 del art. 55 ET, será calificado como improcedente.

De la valoración de la prueba realizada se colige que quiebra la confianza y el principio de la buena fe contractual, ya que queda acreditado el hecho base de que la actora suscribiera 5 pólizas de seguros a nombre de 5 clientes, sin el conocimiento ni consentimiento de éstos, reflejando un número de cuenta igual, cuya titularidad se desconocía resultando que los recibos fueron devueltos por la aseguradora al estar la cuenta facilitada "bloqueada".

La empresa ha desarrollado una investigación interna a raíz de un correo electrónico de un confidente por un sistema de comunicación de quejas de malas prácticas que ofrece la empresa, de fecha 17/8/2022. Tras ello, y analizada la documentación por el Departamento de auditoría interna, como se expuso en el acto del juicio por la testigo y autora del informe Dña. Montserrat (doc. 9 de la demandada) se llegó a la conclusión de que la actora había realizado 5 suscripciones de pólizas de seguros sin conocimiento de sus condiciones por los clientes ni su consentimiento, siendo necesario introducir un nº de cuenta bancaria, que los clientes no facilitaron, como demuestra el correo de uno de esos compradores, (folio 144) en cual se expone con claridad que no contrató ningún seguro adicional que le ofrecieran. Ello concuerda con los datos de las facturas y de la contratación de ese terminal, y con las aplicaciones de la empresa. Aplicación de fichaje EVOTEMPO a través de la cual, queda constancia de que es, Dña. Carina, la que trabaja los días 4, 7, 8 y 18 de julio de 2022, a las horas concretas en que se efectúan esas pólizas, y que no ha desvirtuado la demandada con la testifical ofrecida de Dña. Alicia, anterior compañera, que no estaba prestando servicios para la empresa a esa fecha, declarando que fue despedida hace año y medio, testimonio que debe tomarse con cautela sin que coincidan sus afirmaciones con el resto de la prueba, pues tras mantener que ella podía utilizar el USER de Carina para terminar la contratación de servicios, y que se hacían los servicios unos por otros, para alcanzar unos mínimos en la tienda y poder cobrar las comisiones, no ha quedado corroborado por la prueba documental que las comisiones percibidas dependan de los objetivos del resto de compañeros, y menos que se repartan las comisiones entre ellos, porque eso lo ha negado la testigo, así que no se explica cómo es que estando trabajando en la tienda empleara el USER de una compañera que no estaba para formalizar sus contratos, siendo la comisión para la compañera y no para sí misma. En todo caso, la aplicación de EVOTEMPO con la imagen de la actora hace desvanecer cualquier excusa al respecto, y menos el argumento de la actora de que su USER era público, advirtiéndose que ella es responsable de su uso personal de forma fiel, y, por ende, consentidora de esas malas prácticas, si es que realmente, se trabajase del modo indicado por la testigo. Y es como declaró la testigo autora del informe de auditoria interna cada trabajador tiene un USER, una identificación personal. Debiéndose añadir, que la venta de terminales no genera comisiones, y sí la transacción de servicios, como la promoción de seguros, vigente en el mes de julio 2022 a 0 euros el primer mes, y después con pago trimestral. Que desconocían los clientes a los que se suscribe, y que, con ese mecanismo, fácilmente podía pasar desapercibida por los compradores, ya que no implicaba desembolso alguno y nada se les informó sobre sus condiciones.

Al hilo de lo anterior, no ha quedado acreditado que a la fecha de comisión de los hechos atribuidos se hubiera producido una caída del sistema informático que afectase a la contratación o pólizas suscritas/datos facilitados o para adjuntar documentación como se aduce en la demanda. Ello lo asevera los chats de soporte, soporte digital y alerta informática Acont. 56 a 58, lo cual es coherente con el certificado emitido por la empresa como doc. 26 de su ramo de prueba. Por lo que, decae la impugnación vertida por la actora, corroborado además por la testifical de la auditora, siendo innecesario abundar más en el chat de firma digital que no consta acompañado con la prueba documental anticipada. Por todo lo expuesto, no cabe dudar del sistema informático de registro de operaciones comerciales que tiene la empresa, y que ha quedado acreditado con el informe de auditoría realizado y ratificado en el acto de juicio.

La actora conocía el procedimiento de venta y suscripción de seguros, el cual estaba a su alcance en la intranet de la empresa, no se ha discutido lo contrario.

Todo lo cual acredita la atribución de la falta muy grave por trasgresión de la buena fe, yendo en contra de las gestiones encomendadas, haciendo quebrantar la confianza depositada.

La tipificación es correcta y ajustada a la sanción en la graduación del despido, sin estar amparada en causa justificada alguna a pesar de los esfuerzos de la actora, pues ha quedado probado que el USER es el de la actora y los contratos de seguro se suscriben mientras ésta desarrolla su jornada de trabajo, en tarde o mañana, los días 4, 7, 8 y 18 de julio de 2022, apreciándose a través de la aplicación TEMPO la imagen de la actora. Los clientes no facilitan nº de cuenta, pues abonan con tarjeta las compras realizadas y después el nº de cuenta es de titularidad desconocía con pago bloqueado y devuelto por la aseguradora.

La trasgresión de la confianza no admite distintos grados, o se tiene o no se tiene, y cuando se pierde por estar acreditados los hechos atribuidos, no es exigible al empresario un sacrificio tal por entender que ha sido desproporcionado en sus facultades sancionadores, habida cuenta del deber de lealtad infringido y las transacciones fraudulentas realizadas, con independencia del perjuicio económico sufrido, valorándose como perjuicio inherente, quizá si cabe más importante, la propia imagen de la empresa de cara al público o terceros implicados en el servicio contratado que trasmite sensación de desconfianza por realizar contrataciones a los clientes que éstos no autorizan con datos que no obedecen a sus compras.

OCTAVO.- Por todo lo expuesto, se ha acreditado la causa del despido invocada que justifica la extinción de la relación contractual, por lo que, de conformidad con los artículos 55.4 ET y 108.1 LRJS procede la declaración de procedencia del despido de la actora.

NOVENO.- Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación en virtud de lo establecido en el artículo 191 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.