Sentencia Social 576/2022 Juzgado de lo Social de Burgos nº 2, Rec. 528/2022 de 12 de diciembre del 2022

PRIMERO.- Los documentos obrantes en los ramos de prueba de ambas partes, constituyen las fuentes de prueba que corroboran la anterior declaración de hechos probados, a los efectos previstos en el artículo 97.2 LJS.

SEGUNDO.- En el presente procedimiento se ejercita por la parte demandante una acción dirigida a que se declare improcedente el despido producido por la Administración demandada con fecha de efectos 30/6/2022, al no haberse cumplido las formalidades previstas legalmente, entendiendo que la relación que unía a las partes era una relación laboral indefinida no fija, dada su duración, que excede de los límites de los contratos temporales, habiéndose llevado a cabo la contratación en fraude de ley.

Subsidiariamente, interesa que, si se entiende que ha existido una extinción de contrato, se condene a la demandada al abono de una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, por importe de 20.246,21 euros, por tratarse de una relación laboral indefinida desde 12/2/2008.

Se plantea por la parte demandada, en cuanto al fondo del asunto, que no se ha producido un despido sino una extinción del contrato por cobertura reglamentaria de la plaza, que la actora voluntariamente decidió no participar en la convocatoria del proceso selectivo constituyendo una renuncia al contrato, sin que proceda por ello, derecho a la indemnización de acuerdo con el art. 2.6 de la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, según el cual "La no participación del candidato o candidata en el proceso selectivo de estabilización no dará derecho a compensación económica en ningún caso" y D.A. 17ª apartado 4. del ET " No habrá derecho a compensación en caso de que la finalización de la relación de servicio sea por causas disciplinarias ni por renuncia voluntaria".

Alega la parte actora, que no es de aplicación al presente caso dicha normativa, ya que según DF. 3ª entró en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el BOE, el día 29/12/2021, rigiendo para los procesos selectivos de cobertura de plazas a partir de ese momento, siendo la convocatoria de la actora de OEP de 2017 a 2019, anterior. Solicitando el abono de la indemnización de 20 días por año de servicio prestado de acuerdo con las STS de fecha 28/6/202118/1/22, 10/5/22 y 25/5/22, no conforme a la Ley 20/21.

TERCERO.- Entrando a valorar el fondo del asunto, se solicita en la demanda la declaración de improcedencia de la decisión extintiva, alegando que, nos encontramos ante una relación laboral que ha devenido indefinida por la existencia de contratos temporales suscritos en fraude de ley, debiendo declararse la improcedencia del despido al no haber seguido los trámites previstos en el artículo 51 y 52 del ET, amparándose en el art. 70 EBEP, interesando subsidiariamente una indemnización de 20 días por año de servicio conforme a la doctrina del TS, sentencias ya citadas y STSJ de Castilla y León (Burgos) de 24/11/2021.

El examen de la pretensión de declaración de improcedencia de la decisión extintiva exige con carácter previo, determinar la naturaleza jurídica de la relación laboral que unía a las partes.

Al respecto, cabe señalar que la relación laboral entre las partes se ha sustentado inicialmente en un contrato de trabajo por obra o servicio determinado de fecha 12/2/2008 hasta el 11/2/2010, fecha en que comienza un contrato de interinidad, para la cobertura de la plaza de Agente Ayudante de Recaudación hasta la cobertura reglamentaria de la misma, y que la extinción del contrato ha tenido lugar como consecuencia de la cobertura de la plaza por el procedimiento reglamentariamente establecido, como resulta acreditado con la resolución de 25/1/2022 del Tribunal Calificador de la Convocatoria para la provisión en propiedad de cinco plazas de Agente Ayudante, derivada de la Resolución de 10/2/2020 de la Viceconsejería Primera de la Entidad, publicada en el BOP de Burgos de 21/2/2020.

La actora ha venido ocupando este puesto desde el año 2008, y en la modalidad de interina desde el 2010, sin que la Diputación Provincial de Burgos haya convocado el proceso de selección para su cobertura definitiva en el plazo máximo de tres años desde que quedara vacante, por lo que, de conformidad con el artículo 70.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y el art. 4.2 b) del RD 2720/1998, la relación laboral del trabajador demandante habría devenido indefinida no fija. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo en sentencia de 24/4/2019, 28/6/2021, a partir de la STJUE de 3/6/2021.

No obstante, aun considerando que nos encontramos ante una relación laboral indefinida no fija, la adjudicación del puesto que venía ocupando la demandante a otro trabajador como consecuencia de la provisión reglamentaria de la plaza, integra un supuesto de finalización de la relación laboral por la llegada del término final contemplado legalmente, de manera que se trata de una válida extinción de contrato y no de un despido.

Esta cuestión viene siendo objeto de múltiples controversias, la mayoría de ellas ya abordadas por la Sala IV del Tribunal Supremo, que ya ha sentado doctrina y establecidos criterios a los que se debe estar con relación con las consecuencias del cese de los trabajadores indefinidos no fijos del sector público, habiéndose resuelto que corresponde el abono de la indemnización al amparo del art. 49-1-c) del ET.

CUARTO.- Así, acreditado que en el momento de la extinción del contrato a fecha 30/6/2022, la relación laboral de la demandante ha devenido indefinida no fija, que no se discute ni la antigüedad ni el salario, procede la aplicación de la doctrina del TS expresa en Sentencias de 28/3/2017, Rcud 1664/2015, seguida entre otras, por las SSTS de 9/5/2017, Rcud 1806/2015, de 12/5/2017, Rcud 1717/2015; 19/7/2019, Rcud 4041/2015, STS de 22/7/2021, recud 543/19 y se reitera en Sentencias de 19/10/2021 y en las invocadas por la parte actora, según las cuales la extinción del contrato del indefinido no fijo por cobertura reglamentaria de la plaza ocupada por la trabajadora, implica el reconocimiento a su favor de una indemnización de 20 días por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades.

El TS fija pues, criterio cuantitativo con base en las siguientes razones:

Primera. Porque la figura del indefinido no fijo, aunque es una creación jurisprudencial, ya es recogida en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), aprobado por RDL 5/2015, de 30 de octubre, cuyos artículos 8 y 11-1 nos muestran que la norma diferencia al personal laboral en función de la duración de su contrato en fijo, por tiempo indefinido o temporal, pues en otro caso no habría empleado el vocablo indefinido y sólo habría distinguido entre fijos y temporales, lo que conlleva que el personal indefinido no sea equiparable al temporal.

Segunda. Porque el origen de la figura del personal indefinido, no fijo, se encuentra en un uso abusivo de la contratación temporal por parte de algún órgano administrativo. Cuando ese uso abusivo de la contratación temporal se lleva a cabo por empresas privadas el contrato se convierte en fijo, ( art. 15, números 3 y 5, del ET), pero cuando lo hace la Administración, como el acceso a la función pública y a un empleo público en general debe hacerse con escrupuloso respeto de los principios de igualdad, mérito y capacidad ( artículos 103 de la Constitución y 9-2, 11-2, 55, 70 y demás concordantes del Estatuto Básico del Empleado Público), no puede imponerse esa novación sancionadora de la relación jurídica, por cuanto se facilitaría, igualmente, un acceso fraudulento a un empleo público, al eludirse la aplicación de las normas que velan por el acceso a esos puestos funcionariales y laborales, mediante concursos públicos en los que se respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Tercera. Porque, cual se deriva de lo señalado, la figura jurídica del contrato indefinido-no fijo es diferente del contratado temporal y del fijo, lo que plantea el problema de cuál debe ser la indemnización que le corresponda por la rescisión de su contrato por la cobertura reglamentaria de la plaza ocupada, por cuanto, al no tratarse de un contrato temporal, parece insuficiente la que hasta ahora le hemos venido reconociendo con base en el art. 49-1-c) del ET , pues, dadas las causas que han motivado la creación de esta institución, parece necesario reforzar la cuantía de la indemnización y reconocer una superior a la establecida para la terminación de los contratos temporales, pues el vacío normativo al respecto no justifica, sin más, la equiparación del trabajador indefinido-no fijo a temporal como hemos venido haciendo.

Cuarta. Tal como hemos señalado, la ausencia de un régimen jurídico propio del contrato indefinido no fijo, que el EBEP se ha limitado a reconocer sin establecer la pertinente regulación de sus elementos esenciales -en este caso, el régimen extintivo- obliga a la Sala a resolver el debate planteado en torno a la indemnización derivada de la extinción de tal contrato, cuando la misma se produce por la cobertura reglamentaria de la plaza. En este sentido, acudiendo a supuestos comparables, es acogible la indemnización de veinte días por año de servicio, con límite de doce mensualidades, que establece el artículo 53.1-b) del ET en relación con los apartados c) y e) del artículo 52 del mismo texto legal para los supuestos de extinciones contractuales por causas objetivas. La equiparación no se hace porque la situación sea encajable exactamente en alguno de los supuestos de extinción contractual que el referido artículo 52 ET contempla, por cuanto que ese encaje sería complejo, sino porque en definitiva la extinción aquí contemplada podría ser asimilable a las que el legislador considera como circunstancias objetivas que permiten la extinción indemnizada del contrato.

Conforme a dicha doctrina, aplicándola al caso de autos, cabe concluir que no es necesario que la administración cumpla las formalidades previstas para un despido objetivo, pues no nos encontramos ante un despido sino ante una extinción procedente de la relación laboral, si bien con derecho del actor a percibir una indemnización de 20 días por año de servicio, que, en este caso, asciende s.e.u.o., a 20.246,21 euros, debiendo condenar a la demandada a estar y pasar por dicha declaración, estimando en consecuencia, la pretensión subsidiaria de la demanda.

Es evidente que no procede la aplicación de la nueva normativa Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en la cual, solo se prevé una Disposición Transitoria para los procesos de estabilización empleo temporal ya convocadas pendientes de resolución que deben finalizar antes del 31/12/2024. Como indica la parte actora, su entrada en vigor, el día 29/12/21, afectaba a los procesos selectivos para la cobertura de plazas que pasen a publicarse en lo sucesivo, estando publicada la convocatoria del proceso selectivo de la OEP 2017 a 2019 que afectó a la actora, con carácter previo, en el BOP de 21/2/2020. Por lo que no procede acceder al motivo de oposición formulado de contrario.

QUINTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, contra la presente resolución cabe recurso de suplicación.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación,