Sentencia Social 311/2023 Juzgado de lo Social de Burgos nº 3, Rec. 782/2022 de 04 de septiembre del 2023

PRIMERO.- Los hechos que se declaran probados se han obtenido de la valoración conjunta de la prueba practicada, documental, conforme a las reglas de la sana crítica, concretamente de la documental obrante en las actuaciones y testifical practicada en el acto de la vista.

SEGUNDO.- Se impugna por la parte demandante el despido del que ha sido objeto considerando que la conducta de ambas empresas codemandadas, SIRIMIRI por darle de baja en la Seguridad Social sin cumplir requisitos formales y la empresa FORMACAL por negarle la subrogación, determinan que el despido deba ser declarado improcedente.

La empresa SIRIMIRI SERVICIOS SOCIOCULTURALES S.L. se opone a las pretensiones de la demanda planteando la excepción de caducidad de la acción al haber sido dada de baja en la TGSS en fecha 29-5-2020, no habiéndose presentado la papeleta de conciliación hasta octubre de 2022. En cuanto al fondo dela asunto, alega que ha existido sucesión empresarial del artículo 44 ET, así como vía convencional y que por tanto, la trabajadora debió ser subrogada en la empresa entrante en la prestación del servicio, esto es FORMACAL, con independencia de la interrupción en la prestación del mismo.

La empresa FORMACAL se opone a la estimación de la demandada planteando adhiriéndose a la excepción de caducidad de la acción de despido, planteando así mismo la excepción de prescripción frente a dicha empresa, porque entiende que, en cualquier caso, desde agosto de 2020 fecha de cierre del CSM de Miranda hasta septiembre de 2022 fecha de nueva apertura por su representada, ha transcurrido con creces el plazo de un año legalmente establecido para el ejercicio de la acción de despido, conforme al artículo 13 del Convenio Colectivo de aplicación, y que la dilación en la apertura del CSM no le es imputable.

El AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO se adhiere a las excepciones planteadas y plantea la excepción de falta de legitimación pasiva esgrimiendo que el Ayuntamiento no ha despedido a ningún trabajador y que en ningún caso el Ayuntamiento puede obligar a ninguna empresa adjudicatario de un servicio público a subrogarse, puesto que sacó al licitación el contrato.

TERCERO.- Con carácter previo a entrar a valorar sobre el fondo del asunto, debe resolverse sobre la excepción de caducidad planteada por las codemandadas.

Nos encontramos ante un contrato fijo discontinuo y respecto al plazo de caducidad para impugnar el despido se ha pronunciado el Tribunal Supremo en varias ocasiones, entre ellas en sentencia de 28-6-2018, que señala que "(..) publicado y conocido el orden de llamamiento al que debería atenerse la empresa, su elusión debe ser calificada como despidotal como inequívocamente se desprende del precepto legal transcrito que permite al trabajador afectado reaccionar demandando ante la jurisdicción competente para lo que dispone de un plazo de caducidad de veinte días que se inicia, precisamente, en la fecha en que el interesado tiene conocimiento de su falta de llamamiento".

Siguie ndo este mismo criterio la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 20-1-2022, rec. 2289/2019 dictada en unificación de dotrina, indica lo siguiente: "3. Doctrina de la Sala: Como recuerda la sentencia recurrida, el instituto de la caducidad, al estar vinculado al de seguridad jurídica de quien debe sufrir las consecuencias del éxito de la acción a la que se vincula, debe ser apreciada de forma razona y no arbitraria de manera que se eludan excesivos formalismo que lleven a una desproporción entre los fines preservados y los intereses sacrificados, tal y como ha venido marcando esta Sala, al decir que " El instituto de la caducidad sirve al principio de seguridad jurídica garantizado por el art. 9.3 de la Constitución Española , por lo que las normas que establecen determinados plazos para la caducidad de las acciones, transcurridos los cuales éstas desaparecen del tráfico jurídico, no pueden ser entendidas con un valor intranscendente, dada su repercusión en el tráfico jurídico" ( SSTS de 10 de mayo de 2005, rcud 4596/2003 y 18 de diciembre de 2008, rcud 838/2008 ). Criterio que sigue la doctrina constitucional cuando ésta señala que "los órganos judiciales quedan compelidos a interpretar las normas procesales no sólo de manera razonable y razonada, sin sombra de arbitrariedad ni error notorio, sino en sentido amplio y no restrictivo, esto es, conforme al principio pro actione, con interdicción de aquellas decisiones de inadmisión que, por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón, se revelen desfavorables para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva o resulten desproporcionadas en la apreciación del equilibrio entre los fines que se pretenden preservar y la consecuencia de cierre del proceso (por todas, SSTC 88/1997, de 5 de mayo , FJ 2 ; 252/2000, de 30 de octubre, FJ 2 ; 188/2003, de 27 de octubre, FJ 4 ; y 3/2004, de 14 de enero , FJ 3)", como recuerda la STS de 15 de marzo de 2005, rcud 1565/2004 .

En esa línea, la Sala siempre ha venido expresando que para apreciar la caducidad es necesario que la empresa manifieste su voluntad extintiva "mediante conducta inequívoca, expresada mediante actos claros y concluyentes, sin que pueda atribuirse este efecto a actuaciones ambiguas, pues la caducidad es una medida excepcional del ordenamiento jurídico que protege el interés general derivado de la pronta certidumbre de determinadas situaciones de pendencia que, por su propia naturaleza, no pueden ser objeto de interpretaciones extensivas, no favorecer a quienes, con incumplimiento del principio de buena fe que debe presidir la relación entre las partes del contrato de trabajo, generan una situación de inseguridad de la que no pueden luego prevalerse" ( STS de 22 de enero de 1987 y las que en ella se citan).

La caducidad de la acción de despido, tratándose de trabajadores fijos discontinuos, ha sido objeto de sentencia de esta Sala, tal y como se advierte en las sentencias aquí comparadas..."

Continúa la Sentencia en lo que aquí se entiende de aplicación:

" D.- La STS de 27 de marzo de 2002, rcud 2267/2001 , que es la base del pronunciamiento de la sentencia de contraste, también resuelve una demanda de por despido de unas trabajadoras que habían estado contratadas bajo la modalidad de contratos para obra o servicio determinado, para impartir clases durante cursos escolares, a cuya finalización se suscribían los correspondientes finiquitos. Al finalizar el último contrato y el mismo día en que cesaron, 30 de junio de 1999, la empresa les remitió una carta en la que les indicaba que se pondría en contacto con ellas con anterioridad al inicio del siguiente curso escolar para, caso de precisar sus servicios en razón al nuevo programa y estuvieran en posesión de la titulación exigible, comentar una nueva contratación. Las trabajadores desde el 1 de julio de 1999 y hasta unos días de septiembre de 1999 estuvieron percibiendo prestación por desempleo. Las actoras no fueron llamadas al inicio del curso escolar 1999/2000. La cuestión que es objeto del recurso es el día inicial del plazo de caducidad que la sentencia allí recurrida ubicaba al momento de la extinción de la relación laboral que bajo las circunstancias allí concurrentes, cualquier que hubiera sido la naturaleza de la relación -continua o discontinua. o en el de la falta de llamamiento. Esta Sala considera que para dar respuesta a ese debate lo primero que debe resolver es la naturaleza de aquellas relaciones laborales, llegando a concluir que no son de carácter temporal -obra o servicio determinado- sino de fijas discontinuas, por lo que la empresa debió llamarlas al inicio del curso escolar 1999/2000 y como no lo hizo incurrió en un despido que debe computarse desde que no fueron llamadas y no al finalizar el curso anterior, sin que la firma del finiquito ni la carta remitida por la empresa tengan relevancia para que el día inicial del plazo sea anterior.

En esa sentencia no se analiza en ningún momento el alcance de la situación de incapacidad temporal sobre el plazo de caducidad sino que se niega virtualidad alguna, de cara a entender la voluntad extintiva de la relación de trabajo, a la firma de un finiquito e incluso a las expectativas dadas de poder ser contratadas para el siguiente curso escolar, cuando la realidad fue que en el comienzo del nuevo curso no fueron llamadas, pudiendo y debiendo serlo, siendo en este instante en el que se considera manifestada la voluntad extintiva por parte de la empresa."

Aplica ndo la anterior doctrina al caso de autos, del informe de vida laboral de la parte demandante aportado a las actuaciones, resulta que la actora ha prestado servicios para la empresa SIRIMIRI desde diciembre de 2003, en virtud de un contrato fijo discontinuo y todos los años ha sido llamada en el mes de octubre para prestar servicios hasta finales de mayo o principios de junio el año siguiente. La empresa demandada dio de baja a la trabajadora el día 19-5-2020 sin haber hecho posterior llamamiento ni en octubre de 2020, ni en octubre de 2021, ni en octubre de 2022.

En el mes de octubre de 2020, al comprobar la actora que no había sido llamada para prestar servicios debería haber ejercitado las acciones correspondientes contra su empleadora, pero no ha sido hasta octubre del año 2022 cuando la actora ha presentado la papeleta de conciliación entendiendo que había tenido lugar un despido tácito, transcurrido con creces el plazo de caducidad de 20 días previsto para impugnar el despido.

Por tanto, procede estimar la excepción de caducidad de la acción de despido de conformidad a lo previsto en el artículo 59.3 ET, dejando imprejuzgadas el resto de cuestiones planteadas.

CUARTO.- En virtud de lo establecido en los artículos 190 y 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, contra esta sentencia cabe recurso de suplicación.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.