Sentencia Social 21/2023 Juzgado de lo Social de Cartagena nº 1, Rec. 913/2022 de 15 de marzo del 2023

PRIMERO. En el presente procedimiento el demandante ejercita la acción de despido, y solicita que se califique como despido nulo o, subsidiariamente, improcedente la extinción de su contrato de trabajo. La pretensión de nulidad se basa en la alegación de que el despido del trabajador constituye una represalia por las reclamaciones, judicial y extrajudicial, planteadas anteriormente por aquel, y solicita por ello una indemnización de 15.000 € por los daños y perjuicios causados. Subsidiariamente, se solicita la declaración de improcedencia del despido.

SEGUNDO. Con carácter previo, hay que resolver la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por el Ayuntamiento de Molina de Segura, que no fue demandado inicialmente, pero frente al que se presentó escrito de ampliación de la demanda. Pues bien, esta excepción será estimada, puesto que el mencionado organismo, como titular del servicio contratado, carece de responsabilidad derivada de artículo 42.2 del Estatuto de los Trabajadores, que establece la solidaridad en relación con las deudas de naturaleza salarial, pero no respecto a las consecuencias del despido y tampoco respecto a una eventual indemnización por vulneración de derechos fundamentales.

Por tanto, el Ayuntamiento de Molina de Segura será absuelto de las pretensiones deducidas en su contra, ya que no se ha planteado la existencia de cesión ilegal ni ninguna otra circunstancia de la que pudiera derivar su responsabilidad respecto a los pronunciamientos de esta sentencia.

TERCERO. Pasando al estudio de la pretensión principal deducida en la demanda, como ha quedado apuntado, la parte actora alega que su despido constituye una vulneración de la garantía de indemnidad y, por ello, hay que comenzar por analizar el concepto y alcance de esta figura, que constituye una manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución. La vulneración de este derecho, como ha declarado el Tribunal Constitucional, entre otras, en sentencias 6/2011, de 14 de febrero, y 183/2015, de 10 de septiembre, no sólo se produce por irregularidades acaecidas dentro del proceso judicial que ocasionen privación de garantías procesales, sino que, asimismo, tal derecho puede verse también lesionado cuando su ejercicio, o la realización por el trabajador de actos preparatorios o previos necesarios para una acción judicial, produzca como consecuencia una represalia empresarial o, en todo caso, un efecto negativo en su posición y patrimonio de derechos. Las mismas sentencias señalan que, en el ámbito laboral, la garantía de indemnidad consiste " en la imposibilidad de adoptar medidas intencionales de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos [...] de suerte que una actuación empresarial que cause un perjuicio y esté motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido (en el sentido amplio anteriormente indicado) debe ser calificada como radicalmente nula, por contraria a ese derecho fundamental, ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar las acciones derivadas de su contrato de trabajo". Por su parte, el Tribunal Supremo ha precisado, en sentencia de 15 de noviembre de 2022 (rec. 2645/2021), que, con carácter general, las reclamaciones internas en el seno de la empresa no activan la garantía de indemnidad, cuyos efectos solo pueden extenderse a los actos preparatorios o previos necesarios para el acceso a la jurisdicción. Como excepción, esta sentencia aplica la garantía de indemnidad a un supuesto en que el despido se produce al día siguiente de la reclamación del trabajador, de manera que el carácter inmediato de la reacción empresarial impide al trabajador el ejercicio de acciones judiciales y también la realización de actos preparatorios para las mismas.

En el ámbito procesal, las sentencias citadas explican que: " Tal como dispone el artículo 181.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , en el ámbito de los derechos fundamentales, el legislador ha dispuesto un mecanismo de defensa del derecho fundamental relativo a la prueba, según el que, en el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. La evidente dificultad probatoria del móvil antisindical o discriminatorio en una conducta empresarial ha sido tenida en cuenta por el legislador, no para producir, de entrada, una inversión de la carga de la prueba, sino para provocar una aliteración de la misma a través de la exigencia, para el actor, de aportar únicamente indicios racionales de la lesión. Y, aunque el referido artículo 181.2 no provoca, en puridad, una traslación de la carga de la prueba, sí que produce determinados efectos en la posición procesal de las partes respecto de la actividad probatoria que conviene reseñar".

CUARTO. En el supuesto de autos, el estudio y valoración del resultado de la actividad probatoria desarrollada lleva a concluir, con total rotundidad, que la parte demandante no ha superado la exigencia que le impone el precepto antes transcrito, es decir, no ha aportado indicios de ningún tipo sobre los cuales poder sustentar su pretensión y aplicar la anterior regla probatoria con el efecto de imponer a la parte demandada la carga de justificar la decisión adoptada respecto al trabajador.

Así, la parte actora alega, como hechos supuestamente determinantes de la represalia empresarial, una demanda interpuesta en junio de 2021, en reclamación de derecho y cantidad, y una segunda reclamación, ésta extrajudicial, planteada en junio de 2022. Pues bien, en cuanto a la primera, una demanda que finalizó con un acuerdo extrajudicial, sin llegar a iniciarse el proceso judicial, no es suficiente para sustentar la sospecha racional de que pudiera ser el verdadero motivo de un despido disciplinario acordado en noviembre de 2022, es decir, transcurridos más de quince meses. Y, en cuanto a la segunda reclamación, basta con leer el correo electrónico que la parte demandante ha aportado para comprobar que se trató de una simple discrepancia sobre un ajuste de horario en virtud del cual el trabajador consideraba que le faltaban dos horas de trabajo el sábado, discrepancia que fue inmediatamente resuelta cuando la empresa recibió la comunicación y que en modo alguno puede considerarse como un acto preparatorio o necesario para el ejercicio de una futura acción judicial.

En este punto, la parte demandante alegó en el acto del juicio que no puede tenerse en cuenta el tiempo transcurrido entre esta reclamación interna y el despido, ya que es lógico que la empresa tomara la precaución de dejar pasar un tiempo prudencial antes de llevar a cabo el despido para tratar de disimular la relación de causa-efecto entre ambos hechos. Sin embargo, este argumento cae por su propio peso porque, precisamente, al haber transcurrido casi seis meses hasta el despido, el trabajador tuvo tiempo más que suficiente para ejercitar (o al menos preparar) la acción judicial, y el no haberlo hecho impide que se active la garantía de indemnidad, según los criterios jurisprudenciales anteriormente expuestos.

A mayor abundamiento, se aprecia otra circunstancia que priva de verosimilitud al planteamiento de la parte demandante y refuerza la conclusión de que no concurren indicios de vulneración de derechos fundamentales, y es que la decisión de despedir al trabajador tiene su origen en hechos ajenos al propósito de vulnerar los derechos fundamentales del trabajador, que son las quejas planteadas por un tercero ajeno a la relación laboral, Ayuntamiento de Molina de Segura, quejas expuestas en el informe que el jefe de servicio del Ayuntamiento remitió a la empresa y que fue ratificado en presencia judicial en prueba testifical.

Por todo lo expuesto, procede desestimar la pretensión de nulidad del despido, así como la solicitud de indemnización de daños y perjuicios vinculada a la aquella.

QUINTO. En cuanto a la pretensión subsidiaria, la aplicación de la regla probatoria contenida en el artículo 105 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que impone a la parte demandada la carga de probar los hechos expuestos en la carta de despido, lleva la conclusión de que el despido debe declararse improcedente porque no se han acreditado los hechos imputados al trabajador y tampoco su trascendencia para justificar el despido disciplinario. Así, se expone en la carta de despido que el velódromo en el que el actor presta servicios se encontró sin limpiar adecuadamente en dos ocasiones y que otro día se cerró antes de la hora prevista, pero estas imputaciones se basan exclusivamente en un informe que el coordinador de instalaciones deportivas redactó recogiendo quejas de usuarios e hizo llegar al jefe de servicio y éste, a su vez, remitió a la empresa, pero no ha aportado ninguna prueba directa de los hechos, ni el testimonio de ninguno de los usuarios que formularon las supuestas quejas, y ni siquiera de la persona que redactó el informe.

SEXTO. Por todo lo expuesto, procede declarar el despido improcedente y, en consecuencia, y condenar a la empresa demandada a readmitir al trabajador en su puesto de trabajo, con abono de los salarios dejados de percibir o, a elección de la propia empresa, a pagarle una indemnización equivalente a 33 días por año de servicio, prorrateando por meses los períodos inferiores al año, lo que supondrá la extinción de la relación laboral a la fecha del despido.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.