Sentencia Social 124/2023 Juzgado de lo Social de Cartagena nº 1, Rec. 127/2023 de 24 de julio del 2023

PRIMERO. En el presente proceso la trabajadora demandante impugna su despido, acordado por la empresa demandada en base a razones disciplinarias, y solicita se declare la improcedencia de la decisión extintiva, reclamando además la cantidad de 337,50 € adeudada por vacaciones no disfrutadas.

Dado que las partes no han mantenido discrepancias sobre los datos de antigüedad y salario de la trabajadora ni han planteado otras cuestiones que deban ser resueltas con carácter previo, procede entrar directamente en el análisis del despido.

SEGUNDO. El despido disciplinario está previsto como causa de extinción del contrato de trabajo en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, que dispone que " el contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario, mediante despido basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador", y requiere, por un lado, el cumplimiento de los requisitos formales y de procedimiento establecidos en el artículo 55 y, en su caso, en los convenios colectivos, así como la prueba de los hechos imputados al trabajador que, conforme al artículo 105.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, corresponde al empresario.

Por otro lado, hay que tener en cuenta el llamado principio de proporcionalidad o teoría gradualista de las sanciones, consagrado en múltiples sentencias del Tribunal Supremo, según las cuales en la calificación de toda conducta susceptible de sanción, y con mayor razón en el enjuiciamiento de la de despido, cuya excepcional gravedad es incuestionable, los más elementales principios de justicia exigen una perfecta proporcionalidad entre el hecho, la persona y la sanción, valorando todas las circunstancias concurrentes en una tarea que ha de ser individualizada de cada caso, viniendo a puntualizarse, como doctrina general, que la imposición de la máxima sanción prevista en nuestro ordenamiento jurídico (el despido) ha de reservarse para aquellos incumplimientos dotados de una especial significación por su carácter grave, transcendente e injustificado ( STS de 26-4-2007, recurso 801/2006; 15-1-2009, recurso 2302/2007; y 19-7-2010, recurso 2643/2009, y las citadas en ellas).

TERCERO. En el presente supuesto, las imputaciones que la empresa dirige a la trabajadora se sustentan, de manera exclusiva, en la testifical de otro trabajador que presenció los hechos. Sin embargo, la valoración de la declaración del testigo lleva a la conclusión de que este medio de prueba no ha resultado suficientemente concluyente para considerar probado que la trabajadora ha cometido los hechos que se le imputan en la carta ni que estos revisten la gravedad suficiente para justificar la imposición de la sanción de despido disciplinario.

La primera conducta que se describe en la carta consiste en haberse acercado a la mesa en que su compañero (el testigo) estaba atendiendo a dos clientes y decir que la cocina estaba cerrada y ya no se atendía a más comensales, cuando aún faltaban quince minutos para el cierre de la cocina. Sin embargo, el testigo se mostró confuso y dubitativo al explicar estos hechos, afirmando que la actora le retiró la mano cuando estaba tomando nota del pedido, que le dijo a los clientes que pidieran tapas u otra cosa, y que se trataba de dos parientes de una de las empresarias (Dª Francisca) que siempre pedían bocadillos, lo que viene a dotar de verosimilitud a la versión de la parte demandante, según la cual lo que ocurrió en realidad es que en ese momento no quedaba pan, por lo que no se podía hacer bocadillos.

En segundo lugar, en la carta se expone que el mismo día, 23 de enero, cuando el testigo estaba hablando con Dª Francisca, se acercó la actora y le llamó "miserable" e "inmadura". En este sentido, hay señalar que la jurisprudencia considera que, para valorar una ofensa verbal a efectos de despido, no es suficiente con la contemplación de la expresión objetivamente proferida, sino que debe atenderse para determinar la gravedad de la expresión a los factores subjetivos que intervienen en el hecho, la intención del trabajador, que exige un claro ánimo de injuriar, el momento y circunstancias en que se llevan a cabo, pues una misma palabra, acto o gesto puede, revestir la máxima gravedad en una determinada situación y carecer absolutamente de ella en otras ( sentencia del Tribunal Supremo de 06-04-1990). Sin embargo, en este caso, la prueba testifical practicada no permite valorar todas esas otras circunstancias a que se refiere la jurisprudencia, pues el testigo solo escuchó estas palabras, y reconoció que entre la demandante y Dª Francisca había algún problema y se entabló una discusión, ante lo que decidió marcharse. Además, esa discusión debió de tener una cierta entidad, como prueba el hecho de que, al finalizar, la demandante fuese atendida por una crisis de ansiedad con náuseas y vómitos y permaneciese veinte días en situación de incapacidad temporal.

CUARTO. En conclusión, dado que la empresa demandada no ha acreditado la comisión por la trabajadora de ninguna falta muy grave que pudiera justificar la decisión extintiva, procede declarar improcedente el despido de conformidad con el artículo 108.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, con los efectos de condenar al empresario a readmitir a la trabajadora en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, con abono de los salarios dejados de percibir o, a elección del propio empresario, a abonar una indemnización de 33 días de salario por año de servicio, prorrateando por meses los períodos inferiores al año.

QUINTO. Por último, la empresa deberá abonar a la demandante la cantidad reclamada en la demanda, con el correspondiente incremento del 10% previsto en el artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores, al haber reconocido su impago.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.