Sentencia Social 99/2023 Juzgado de lo Social de Ceuta Único, Rec. 200/2022 de 30 de marzo del 2023

PRIMERO.- La parte actora alegó como punto central de debate la vulneración por la empresa del derecho de libertad sindical, imponiendo al Sr. Pedro Miguel, miembro del Comité de empresa y representante de UGT como Delegado Sindical del traslado a las instalaciones de las naves del Tarajal gestionado por la Cruz Roja en represalia por la labor realizada con anterioridad en relación a la entrega de EPIS por la empresa.

Es un hecho no debatido que el Sr. Pedro Miguel es miembro del comité de empresa y representante sindical en la entidad demandada.

Como primera cuestión, la entidad demandada puso de manifiesto la falta de legitimación activa del sindicato accionante al entender que era procedente la aplicación del artículo 177.2 de la LRJS en lugar del 177.1 de la LRJS.

El artículo 177 de la LRJS señala " 1.Cualquier trabajador o sindicato que, invocando un derecho o interés legítimo, considere lesionados los derechos de libertad sindical, huelga u otros derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio y del acoso, podrá recabar su tutela a través de este procedimiento cuando la pretensión se suscite en el ámbito de las relaciones jurídicas atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional social o en conexión directa con las mismas, incluidas las que se formulen contra terceros vinculados al empresario por cualquier título, cuando la vulneración alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios.

2. En aquellos casos en los que corresponda al trabajador, como sujeto lesionado, la legitimación activa como parte principal, podrán personarse como coadyuvantes el sindicato al que éste pertenezca, cualquier otro sindicato que ostente la condición de más representativo, así como, en supuestos de discriminación, las entidades públicas o privadas entre cuyos fines se encuentre la promoción y defensa de los intereses legítimos afectados, si bien no podrán personarse, recurrir ni continuar el proceso contra la voluntad del trabajador perjudicado..."

Dicho precepto debe interpretarse a la luz de la LOLS 11/1985, específicamente del artículo 13 de dicho texto legal que al respecto indica "Cualquier trabajador o sindicato que considere lesionados los derechos de libertad sindical, por actuación del empleador, asociación patronal, Administraciones Públicas o cualquier otra persona, entidad o corporación pública o privada, podrá recabar la tutela del derecho ante la jurisdicción competente a través del proceso de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona..."

El TSJ de Andalucía en sentencia del 24 de noviembre de 2022, si bien en este caso, nos encontramos ante un supuesto en el que se estudia la conducta de una entidad respecto a un candidato de un sindicato; ha señalado, partiendo de una interpretación conjunta de la LRJS y la LOLS, que un sindicato tiene un específico interés respecto a la actividad de su representante. El sindicato debe garantizar una adecuada actuación de este, toda vez que dicha actividad afecta de modo directo al propio sindicato, ya que cualquier actividad obstructiva de la empleadora podría afectar a la libertad sindical por cuanto la actuación de los representantes sindicales podrían estar condicionada ante el miedo a la represalia de la empresa por dicha actuación.

Ello determina que el sindicato esté legitimado tanto para defender al trabajador que salió elegido por sus compañeros bajo unas siglas sindicales, como ocurre respecto al Sr. Pedro Miguel, que se ve limitado o atacado en el ejercicio regular de sus derechos como representante de los trabajadores o para defender su propio interés sindical, plasmado en la empresa a través tanto de la sección sindical, del que forma parte el Sr. Pedro Miguel.

SEGUNDO.- Entrando al estudio del fondo, debe tenerse en cuenta que puesto que en la mayoría de los casos resulta imposible acreditar cual ha sido la auténtica motivación de la conducta empresarial que se entiende vulnera un derecho fundamental, si el actor acredita una serie de indicios, es al empleador a quién le corresponde que la decisión adoptada se basa se razones que se encuentran totalmente desvinculados a un acto contrario a un derecho fundamental.

En el presente caso, correspondería a la empresa acreditar, de aportarse por la parte actora, los indicios exigidos; que el traslado no se adoptó como represalia por las quejas realizadas por el representante de UGT, el Sr. Pedro Miguel, sobre la insuficiencia o defectos en la entrega por la empresa de EPIS, concretamente de mascarillas.

Los indicios aportados por la parte actora y que estimo son adecuados para que se produzca la inversión de la carga referida; son las diversos correos electrónicos enviados por el actor a los representantes de la empresa, en el que se pone de manifiesto sus quejas sobre la falta de entrega de mascarillas por parte de la empresa, su opinión en relación a la calidad de las mismas, toda vez que desarrollaba funciones en el CETI o que tuvieran los trabajadores que acudir a la Delegación de la misma fuera de su horario de trabajo para recogerlas.

Todos estos correos electrónicos, que han sido aportados al procedimiento, acreditan que el debate se inició el 28 de julio de 2021, se contestó por la empresa el 6 de agosto, que el 4 de octubre de 2021 se envió nueva queja y se produjeron diversos correos el 5 de octubre de 2021.

Partiendo de dichos indicios, resulta significativo dicha fecha, por dos razones, la primera porque ese día, se produjo un incidente con el Sr. Pedro Miguel con relación a la mascarilla que portaba y que no correspondía con la suministrada por la empresa, a tenor de lo comunicación escrita remitida por la empresa y que se encuentra incorporada a las actuaciones, y que ocasionó que se le suspendiera de empleo, sin apertura de expediente disciplinario, pese a la condición de representante de los trabajadores del Sr. Pedro Miguel.

En segundo lugar, porque el Director del Centro, el Sr. Hermenegildo, persona que remitió una queja a la empresa en relación a un vídeo que grabó el Sr. Pedro Miguel y que estaba colgado en el estado de wasapp el 11 de octubre; y que habría ocasionado el traslado debatido, en virtud de las alegaciones realizadas por la entidad; afirmó en el acto del juicio que fue el 6 de octubre cuando por parte del Jefe de Seguridad de la empresa, se le enseño el referido vídeo, lo que le provocó dicha queja y que la empresa el 21 de octubre la empresa decidiera trasladar al actor de centro de trabajo.

La entidad demandada alegó que la única causa del traslado fue el vídeo grabado por el Sr. Pedro Miguel.

Como punto de partida, debe tenerse en cuenta que, en el presente procedimiento, no se debate si la entidad suministraba de forma adecuada los EPIS a sus trabajadores, ni que no había conflictos sobre dicha cuestión entre los trabajadores, ni siquiera que el propio compañero del Sr. Pedro Miguel del comité de Empresa estuviera de acuerdo o no con los diversos correos enviados por éste; que es lo que consideró necesario acreditar la empleadora.

Lo determinante, con independencia de la opinión sobre este respecto por en el presente caso, es que un representante del comité de empresa, que está integrado en el sindicato accionante, remitió varias quejas sobre el suministrado de mascarillas a los trabajadores y el sistema empleado y que inmediatamente después, tan solo un día más tarde, la propia empresa a través del Jefe de Seguridad, enseñara un vídeo que no era reciente, a tenor de lo manifestado por el Sr. Pedro Miguel y el Sr. Hermenegildo, sino que tenía aproximadamente unos dos años de antigüedad, al Director del CETI, siendo plenamente conocedores de que éste era el único que podía accionar la aplicación de la exigencia 2.2.10 contenida en el pliego de condiciones.

Resulta igualmente significativo, porque el propio Director del CETI indicó en el acto del juicio, que en una reunión que mantuvo con representantes de UGT, manifestó que "se sentía utilizado". Manifestó en la vista que reiteraba esta opinión, toda vez que se " se sintió engañado" en ese momento por la empresa al enseñarle un vídeo no reciente, como así lo fuera, aunque aclaró que, con independencia de su antigüedad, lo cierto es que los trabajadores tenían prohibido grabar imágenes del interior de las instalaciones y la antigüedad no afectaba a la realidad de dicho hecho.

Otra de los datos que acreditan que el traslado del Sr. Pedro Miguel no fue debido al vídeo sino a las quejas relativas a las mascarillas afectan al episodio ocurrido el 5 de octubre. En ese día, la empresa acordó la suspensión de empleo del actor, porque según refirió estaba utilizando una mascarilla no suministrada por la empresa. Ello resulta tremendamente sorprendente, porque es mismo día y antes de que se adoptara dicha decisión por la empleadora, el Sr. Braulio coordinador y gestor de Servicios de Ceuta de la sociedad, al indicar quedesde hacia unos meses los responsables de servicio tenían el material para su entrega, (mscariilas) añadió " otra cosa es que no halla querido recogerlo porque utilice sus propias mascarillas, que a eso no podemos a obligar a nadie a que utilice las nuestras". Esto es, la empresa parece que no obliga a que utilice las adquiridas de forma independiente por los trabajadores y no las suministradas por la empresa y en cambio ese mismo y por esa razón proceden a suspender al actor de empleo, para evitar que siga prestando servicios en el CETI.

Como dicha suspensión no tiene acomodo en el Convenio de aplicación, la propia empresa suministró a su cliente el video a efectos de que presentara una queja, de modo que ello permitiera aplicar los pliegos de prescripciones técnicas que rigen la relación entre la Administración y la entidad demandada y en virtud de lo dispuesto en el artículo 58 del Convenio de aplicación, trasladar al Sr. Pedro Miguel que en definitiva era lo que se pretendía.

En conclusión, si bien y desde una perspectiva estrictamente formal el traslado fue ocasionado por la queja del Director del CETI, ante el vídeo grabado por el Sr. Pedro Miguel, su exhibición al mismo por la propia empresa, tuvo su origen en las quejas o demandas efectuadas por aquel en relación a los EPIS que debía ser entregados a los trabajadores y que realizó en como Delegado Sindical de UGT en la empresa demandada.

Por tanto, debo considerar probado que el traslado efectuado se pretendía conculcar la función asignada al sindicato accionante, obstaculizando y vulnerando los derechos reconocidos en el artículo 28 de Constitución Española

SEGUNDO.- La entidad demandante instó una indemnización por daños morales de 7.501 euros.

Los daños morales deben ser calificados como aquellos que no son susceptibles de ser evaluados patrimonialmente por consistir en un menoscabo cuya sustancia puede recaer no sólo en el ámbito moral estricto, sino también en el ámbito psicofísico de la persona y consiste; en el caso del sindicato accionante en el perjuicios ocasionados al no desarrollar de forma adecuada su función informativa o de control respecto a la labora de la empleadora; que no tienen directa o secuencialmente una traducción económica.

El artículo 183 de la LRJS obliga al Tribunal, cuando declare la vulneración del derecho fundamental a pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización, atribuyendo al mismo plena responsabilidad en cuanto a su cuantificación, determinándolo "prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa".

Es jurisprudencia consolidada que la LISOS puede ser utilizada como criterio para cuantificar los daños morales; ello no dispensa a la parte actora a acreditar que se ha producido algún daño moral; teniendo en cuenta además que no existe automaticidad, ni una presunción a favor de la existencia de daños morales susceptibles de ser indemnizados.

Asimismo, la reciente sentencia del TS dictada el 20 de abril de 2022 dictada en unificación de doctrina, señala que la aplicación de la referida norma no es automática, sino que debe ir acompañada de una valoración de las circunstancias concurrentes en el caso concreto. Aspectos tales como la antigüedad del trabajador en la empresa, su persistencia temporal, la intensidad del quebrantamiento y las consecuencias que provoquen en la situación personal o social del trabajador, así como la posible reincidencia de conductas vulneradoras, deben valorarse a efectos de la cuantificación de la indemnización.

En el presente caso, debe tenerse en cuenta que la actuación de la empresa se produjo en relación a un miembro del Comité de Empresa y un Delegado Sindical que consideraba inadecuadas las mascarillas proporcionadas por la empresa, en un momento verano de 2021, en la que sufríamos gravemente las consecuencias de la pandemia iniciada en el 2020 y que lo hacía en relación a unos trabajadores que se encuentran en un centro de acogida a extranjeros no residentes legalmente en España, esto es en un centro de trabajo especialmente sensible, por lo que considero ajustada la indemnización solicitada por la parte actora.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente y general aplicación