Sentencia Social 220/2023 Juzgado de lo Social de Ciudad Real nº 3, Rec. 912/2022 de 15 de junio del 2023

PRIMERO: Con carácter previo se ha de destacar que la relación de hechos probados se infiere de la prueba obrante en la causa, toda ella valorada conforme a las reglas de la sana crítica de conformidad con el artículo 97.2 LRJS que dispone que " La sentencia deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso. Asimismo, y apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión, en particular cuando no recoja entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados en documento público aportado al proceso respaldados por presunción legal de certeza. Por último, deberá fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo".

SEGUNDO: No es controvertida la existencia de la relación laboral, la antigüedad, ni la categoría de la trabajadora, así como tampoco el hecho extintivo, sí lo es el salario, así como la causa de despido alegada.

Respecto al salario, la parte actora entiende que debe fijarse como base la del salario a jornada completa, en ningún caso el que se deriva de la reducción, siendo, por tanto, de 47,68 euros diarios. En su caso, de los recibos de salario, señala que se desprende un salario diario de 41,85 euros.

La demandada alega que la trabajadora no venía percibiendo un salario de 43,25 euros diarios. En fecha 5/2/2022 inició periodo IT, la prestación en cuestión fue fijada en base a la mensualidad anterior, 41,85 euros diarios. Explica que la parte actora ha dividido entre 30 días el salario que se abonaba en un mes de 31 días, de ahí la diferencia a que se refiere en su demanda.

Ha quedado acreditado que la demandante tenía una jornada de 35 horas diarias por reducción de jornada por cuidado de menor. Resulta, por tanto, de aplicación la DA 19 ET: "1. En los supuestos de reducción de jornada contemplados en el artículo 37.4 en su párrafo final, así como en sus apartados 5, 6 y 8, el salario a tener en cuenta a efectos del cálculo de las indemnizaciones previstas en esta ley será el que hubiera correspondido a la persona trabajadora sin considerar la reducción de jornada efectuada, siempre y cuando no hubiera transcurrido el plazo máximo legalmente establecido para dicha reducción".

El salario según convenio para una jornada completa, nivel salarial 4 (dependienta 1ª) es de 1092,74, a lo que se suma 64,67 de complemento plus compensatorio y la parte proporcional de 2 pagas extraordinarias (salario base más complemento ad personam, esto no lo cobraba la demandante, 182,12 euros) asciende a 1.339,53 euros/mes, 44,65 euros/día.

TERCERO: La empresa demandada procedió al despido del trabajadorA alegando causas objetivas (amortización del puesto de trabajo debido a causas productivas), con fundamento en los hechos descritos en la carta de despido, a la que expresamente nos remitimos; es decir, estamos en presencia de una extinción de la relación laboral de las denominadas como "despidos objetivos"; al respecto, conviene recordar que en los procesos por despido, se produce una inversión en la carga de la prueba, de modo que corresponde al empresario la carga de probar la veracidad de los hechos imputados en la carta de despido como justificativos del mismo ( artículo 105.1 LRJS, al que se remite el 120 LRJS, relativo, entre otros, a los despidos por causas objetivas).

El art. 52 c) ET dispone que el contrato de trabajo podrá extinguirse cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 de dicha Ley y la extinción afecte a un número inferior al establecido en el mismo.

De acuerdo con el art. 51.1 ET, las causas de extinción objetivas pueden ser económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.

Ha venido a sentar la doctrina jurisprudencial que, en concreto cuando se alegan causas técnicas, organizativas o productivas no es necesario que la causa alegada " haya de ser valorada y contrastada en la totalidad de la empresa", bastando con que se acredite " exclusivamente en el espacio en el que se ha manifestado la necesidad de suprimir el puesto de trabajo" ( SSTS 13/02/2002 y 19/3/2002). Por otra parte, tiene establecida la doctrina jurisprudencial que la amortización de puestos de trabajo en que consiste el despido objetivo del artículo 52.c. ET tiene lugar cuando se produce una " disminución de los efectivos de la empresa por extinción de contratos de trabajo acordada por el empresario, aunque las funciones o cometidos laborales desempeñados antes por los trabajadores despedidos se asignen a otros trabajadores de la empresa o sean asumidos por el propio empresario". El artículo 52.c) ET se refiere por tanto a una amortización orgánica efectiva o propiamente dicha, relativa a un puesto de trabajo de la plantilla u organigrama de la empresa y no a una amortización funcional o virtual, concerniente a las concretas tareas o trabajos que se desarrollan en la misma.

La necesaria adecuación entre las causas del despido objetivo y la medida tomada, que obligará a utilizar técnicas de ponderación basadas en la razonabilidad y proporcionalidad de la medida, se refuerza significativamente en los arts. 22.3 y 24.4 del RD 1362/2012, de 17 de septiembre, por el que se regula la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, donde precisa que la comisión como tal, o el árbitro nombrado por esta, deberán pronunciarse, en primer término, sobre la concurrencia de causa y después sobre su adecuación en relación con la causa alegada y sus efectos sobre los trabajadores afectados, cuya aplicación analógica para el control judicial de los despidos colectivos es manifiesta.

La causa económica, anterior a las últimas reformas laborales, se identificaba necesariamente con la concurrencia de pérdidas actualizadas en la empresa (por todas STS 24/04/1996; 23/04/1997; 27/02/1998; 15/10/03; 11/06/2008), mientras que la causa productiva podía concurrir sin que la empresa arrojara pérdidas, porque sus finalidades eran distintas (por todas STS 31/05/06; 23/01/2008; 31/01/2008).

Una vez acreditada la concurrencia de las causas alegadas por la empresa, el control judicial de la medida extintiva objetiva, según la Sala Cuarta, es un juicio de "razonabilidad" que tendría una triple proyección: 1º) Sobre la «existencia» de la causa tipificada legalmente como justificativa de la medida empresarial [modificativa o extintiva]; 2º) sobre la «adecuación» de la medida adoptada, aunque en su abstracta consideración de que la medida se ajusta a los fines -legales- que se pretenden conseguir, bien de corregir o hacer frente -en mayor o menor grado- a la referida causa; y, 3º) sobre la «racionalidad» propiamente dicha de la medida, entendiendo que este tercer peldaño de enjuiciamiento hace referencia a que han de excluirse por contrarias a Derecho las medidas empresariales carentes de elemental proporcionalidad (en tal sentido, STS SG 17/07/14 -rco 32/14-, asunto «Sic Lázaro», FJ 5.3 y STS [Sala 4ª (SG)] de 20 de octubre de 2015, FJ 13.1 [rec. 172/2014]).

Pues bien, en el presente caso nos encontramos ante la alegación de la empresa de la aplicación de un nuevo método en los procesos productivos, una reorganización de los efectivos y la consecuente innecesariedad del puesto de trabajo de la demandante, el cual debía ser amortizado. Todo ello tenía su causa en los efectos de la pandemia por COVID-19 que al parecer la empresa vino arrastrando desde la declaración de estado de alarma en marzo de 2020.

De la prueba practicada no han quedado acreditadas de modo alguno las alegaciones de la parte demandada.

Se desconoce cuando la empresa tuvo que cerrar una de sus tiendas de DIRECCION001, no obstante, a la vista de la prueba practicada, encontramos que el año 2022 la única trabajadora que ha sufrido baja en la empresa ha sido la actora. Cuando inició su proceso de IT fue contratada para su sustitución Purificacion, la cual continúa prestando servicios en la empresa, en la misma tienda que los realizaba la demandante, la de DIRECCION000. Esa tienda no ha cerrado, continúa abierta, y quien la atendía hasta febrero de 2022 era la demandante. Por tanto, es incierto que el puesto de trabajo de la demandante haya sido amortizado, simplemente ha sido

sustituida. En caso de haberse cerrado alguna otra tienda, el puesto de trabajo que se habría amortizado hubiese sido el de las trabajadoras que atendían ese local, no el de DIRECCION000, el cual no ha sufrido modificación alguna.

En consecuencia, no se estima justificada la causa objetiva alegada y el despido ha de ser declarado improcedente.

CUARTO: La declaración del despido como improcedente obliga a calcular la indemnización extintiva de acuerdo con el artículo 110.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (Ley 36/2011, de 10 de octubre) y con el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 octubre), ascendiendo a "treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades". Ello significa que por cada mes de prestación de servicios laborales se devengan 2,75 días indemnizatorios (33 días de salario anuales divididos por los 12 meses del año), con el tope de 720 días.

El cálculo de esta indemnización debe hacerse sobre la base del periodo en que la parte actora ha prestado servicios laborales para el empleador, tomando como fecha inicial el día 03/04/2017 correspondiente a la antigüedad reconocida en esta resolución y como fecha final el día de extinción de la relación laboral 30/09/2022. El prorrateo de los días que exceden de un mes completo se computa como si la prestación de servicios se hubiera efectuado durante toda la mensualidad: se considera como un mes completo (sentencias del TS de 20 de julio de 2009, recurso 2398/2008, ECLI:ES:TS:2009:5261; 20 de junio de 2012, recurso 2931/2011 ECLI:ES:TS:2012:4645; y 6 de mayo de 2014, recurso 562/2013, ECLI:ES:TS:2014:2125).

Por consiguiente, debemos contabilizar 66 meses de prestación de servicios.

Aplicando el referido criterio, la indemnización total asciende a 8103,98 euros. De esa cuantía debe deducirse la indemnización que por cese del contrato haya podido percibir la parte demandante.

QUINTO: La materia objeto de esta litis es susceptible de recurso de suplicación conforme a lo preceptuado en el art.191 L.R.J.S.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,