Sentencia Social 630/2022 Juzgado de lo Social de Ciudad Real nº 3, Rec. 706/2021 de 25 de noviembre del 2022

PRIMERO.- Con carácter previo se ha de destacar que la relación de hechos probados se infiere de la prueba obrante en la causa, destaca el expediente y la aportada por la demandante, la cual es documental, testifical por ratificación del acta de la Inspectora actuante y testifical de Aurelia.

Toda ella valorada conforme a las reglas de la sana crítica de conformidad con el artículo 97.2 LRJS que dispone que " La sentencia deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso. Asimismo, y apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión, en particular cuando no recoja entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados en documento público aportado al proceso respaldados por presunción legal de certeza. Por último, deberá fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo".

SEGUNDO.- Falta de legitimación pasiva de la Inspección.

Debe tenerse en cuenta que fue traída la Inspección a este procedimiento tras haberse estimado la excepción de litisconsorcio pasivo necesario de dicho organismo, a petición de la Consejería, entendiendo que el acta era impugnada expresamente por la parte actora.

Efectivamente, la pretensión ejercitada de modo alguno puede tener repercusión para la Inspección, y no tiene legitimación activa ad causam, sino ad procesum, en todo caso.

La demanda será desestimada respecto de la Inspección, pues la competencia de la sanción impuesta corresponde a la Consejería de la Junta, y sin perjuicio de que haberla traído al proceso únicamente se llevó a cabo de forma preventiva, para la correcta composición de la relación jurídico procesal.

TERCERO.- La controversia se centra en este procedimiento en determinar si la demandante, tal y como se desprende del acta de infracción y de la propia resolución, ha incumplido lo dispuesto en el artículo 11.2.d) del ET, en relación con lo establecido en el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, cometiendo de ese modo las infracciones reflejadas en la resolución impugnada.

Así, el primero de los preceptos citados, el artículo 11 del ET de 1995, aplicable al presente supuesto, en materia de contratos formativos, disponía en su apartado segundo que "el contrato para la formación y el aprendizaje tendrá por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo. El contrato para la formación y el aprendizaje se regirá por las siguientes reglas: (...) d) El trabajador deberá recibir la formación inherente al contrato para la formación y el aprendizaje directamente en un centro formativo de la red a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, previamente reconocido para ello por el Sistema Nacional de Empleo. No obstante, también podrá recibir dicha formación en la propia empresa cuando la misma dispusiera de las instalaciones y el personal adecuados a los efectos de la acreditación de la competencia o cualificación profesional a que se refiere el apartado e), sin perjuicio de la necesidad, en su caso, de la realización de periodos de formación complementarios en los centros de la red mencionada. La actividad laboral desempeñada por el trabajador en la empresa deberá estar relacionada con las actividades formativas. La impartición de esta formación deberá justificarse a la finalización del contrato".

Por su parte, el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, dispone en su artículo 14, apartado tercero que "se presumirán por tiempo indefinido y a jornada completa los contratos para la formación y el aprendizaje celebrados en fraude de ley"; el artículo 16 de la misma norma prevé que "la actividad formativa inherente al contrato para la formación y el aprendizaje, que tiene como objetivo la cualificación profesional de las personas trabajadoras en un régimen de alternancia con la actividad laboral retribuida en una empresa, será la necesaria para la obtención de un título de formación profesional de grado medio o superior o de un certificado de profesionalidad o, en su caso, certificación académica o acreditación parcial acumulable" (apartado primero), "la empresa estará obligada a proporcionar a la persona trabajadora un trabajo efectivo relacionado con el perfil profesional del título de formación profesional o del certificado de profesionalidad y a garantizar las condiciones que permitan su asistencia a los programas formativos determinados en el acuerdo para la actividad formativa anexo al contrato. Por su parte la persona trabajadora contratada para la formación y el aprendizaje estará obligada a prestar el trabajo efectivo y a participar de manera efectiva en la actividad formativa relacionada. Las faltas de puntualidad o de asistencia no justificadas de la persona trabajadora a las actividades formativas podrán ser calificadas como faltas al trabajo a los efectos legales oportunos" (apartado segundo) y "la actividad formativa inherente al contrato para la formación y el aprendizaje estará relacionada con la actividad laboral desempeñada en el puesto de trabajo que ocupe la persona trabajadora, la cual deberá reunir los requisitos de acceso establecidos en la correspondiente normativa para cursar las enseñanzas de dicha actividad formativa" (apartado tercero). Por su parte, el artículo 17 de este Real Decreto dispone en su apartado primero que "con el fin de facilitar su adecuación al régimen de alternancia con la actividad laboral en la empresa, las actividades formativas inherentes a los contratos para la formación y el aprendizaje se podrán ofertar e impartir, en el ámbito de la formación profesional para el empleo, en las modalidades presencial, teleformación o mixta, y en el ámbito educativo, en régimen presencial o a distancia, de acuerdo, en cada caso, con lo dispuesto en la normativa reguladora de la formación profesional de los certificados de profesionalidad o del sistema educativo. Asimismo dichas actividades formativas podrán concentrarse, en los términos que acuerden de forma expresa las partes contratantes, en determinados periodos de tiempo respecto a la actividad laboral durante la vigencia del contrato"; y el artículo 19 señala que "la duración de la actividad formativa será, al menos, la necesaria para la obtención del título de formación profesional, del certificado de profesionalidad o de la certificación académica o acreditación parcial acumulable, y se especificará en el acuerdo para la actividad formativa anexo al contrato. En todo caso se deberá respetar la duración de la formación asociada que se establece para cada uno de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas de los títulos en la norma que desarrolla el currículo correspondiente o la duración de los módulos formativos de los certificados de profesionalidad que se determina en los correspondientes reales decretos por los que se establecen los mismos" (apartado primero) y "el periodo de formación se desarrollará durante la vigencia del contrato para formación y el aprendizaje" (apartado segundo). Finalmente, el artículo 20 de la norma dispone que "la persona titular de la empresa deberá tutelar el desarrollo de la actividad laboral, ya sea asumiendo personalmente dicha función, cuando desarrolle su actividad profesional en la empresa, ya sea designando, entre su plantilla, a una persona que ejerza la tutoría; siempre que, en ambos casos, la misma posea la cualificación o experiencia profesional adecuada (...)" (apartado primero), "la persona que ejerza la tutoría en la empresa será responsable del seguimiento del acuerdo para la actividad formativa anexo al contrato, de la coordinación de la actividad laboral con la actividad formativa, y de la comunicación con el centro de formación; además, deberá elaborar, al finalizar la actividad laboral de la persona trabajadora, un informe sobre el desempeño del puesto de trabajo" (apartado segundo) y "el centro formativo designará una persona, profesora o formadora, como tutora responsable de la programación y seguimiento de la formación, así como de la coordinación de la evaluación con los Profesores y/o tutores que intervienen. Asimismo, esta persona será la interlocutora con la empresa para el desarrollo de la actividad formativa y laboral establecida en el contrato" (apartado tercero).

Junto a los anteriores preceptos sustantivos, y en relación con el contenido del acta de infracción, conviene recordar también que el artículo 151 de la LRJS, en su apartado octavo, establece que "los hechos constatados por los inspectores de Trabajo y Seguridad Social o por los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos legales pertinentes, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. El mismo valor probatorio tendrán los hechos constatados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes".

Como indica la Sala de lo Social del TSJ de Castilla-La Mancha en sentencia de 28 de junio de 2018 respecto al valor probatorio de las Actas de la Inspección de Trabajo "se acepta la razonabilidad de la presunción legal de certeza establecida a favor de las mismas, ya que encuentran su base en la imparcialidad y en la especialidad que, en principio, debe reconocerse al Inspector actuante en el desarrollo de su cometido profesional, siendo tal presunción compatible con el derecho fundamental a la presunción de inocencia que proclama el artículo 24.2 de la Constitución Española, conforme resulta de dos sentencias de la Sala tercera del Tribunal Supremo de fechas 18 de enero y 18 de marzo de 1991, una de fecha 12 de enero y tres de fecha 16 de abril de 1996.

También resulta incuestionable que esa presunción tiene impuestos unos límites que condicionan tanto su eficacia como su alcance.

Lo expuesto en esta sentencia del TSJ, implica atribuir presunción de veracidad a los hechos reflejados en las actas de la Inspección de Trabajo (presunción "iuris tantum" que, por tanto, permite prueba en contrario), lo que no quiere decir que se haya que dar validez a la calificación que el Inspector realiza de esos hechos. Asimismo, no se reconoce presunción de certeza a las apreciaciones globales, opiniones, juicios de valor o calificaciones del Inspector ( STS 18-12-95 ; 5- 3-90).

Por otro lado, en relación con la materia del fraude, que es en último término a donde se remite la resolución impugnada para imponer la sanción que ahora se cuestiona, debe recordarse que el Tribunal Supremo, en sentencia de 21 de junio de 2004 ya apuntaba que "(...) no puede olvidarse que el fraude no se presume sino que ha de ser acreditado por el que lo invoca (...) Esta doctrina vino a completarse con la establecida en la sentencia de 24 de febrero de 2003, donde reiterábamos que el fraude no puede presumirse, pero si puede llegar a acreditarse por presunciones". En efecto, en la citada sentencia de 24 de febrero de 2003, el Alto Tribunal se manifestaba que "ha sido afirmación constante que el fraude de Ley no se presume. (...) Pero naturalmente no excluye en absoluto la posibilidad de que el carácter fraudulento de una contratación pueda establecerse por la vía de la prueba de presunciones ... cuando entre los hechos demostrados (...) y el que se trata de deducir (...) hay «un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano». (...). Método lógico que no equivale a presumir el fraude"... En definitiva, que el fraude de ley que define el art. 6.4 CC es una conducta intencional de utilización desviada de una norma del ordenamiento jurídico para la cobertura de un resultado antijurídico que no debe ser confundida con la mera infracción o incumplimiento de una norma, o con una posible elección errónea del tipo contractual que corresponde a un determinado propósito negocial".

Pues bien, de la prueba practicada no puede sino refrendarse la sanción impuesta y acoger lo reseñado por la Inspectora de Trabajo en el acta que dio lugar al expediente sancionador.

El hecho de que la empresa de formación remitiese con posterioridad nueva información, sustitutiva de la anterior, afecta en su mayor parte a las calificaciones y tareas de los diferentes módulos, pero no explica la razón de dicha rectificación, esto es, si se debió a convocatorias extraordinarias, si se ofreció la información de otras trabajadoras, etc. Debe tenerse en cuenta que la inspectora de trabaja se comunicó telemáticamente con el centro y le ofreció la información que aquella solicitó, entre la que destaca el tiempo de conexión, correos de seguimiento con los tutores, etc.

Pues bien, esos correos o llamadas de seguimiento entre los tutores de formación teórica y las alumnas no dejan duda alguna de que las conexiones se realizaban fueran del horario previsto para la llevar a cabo la esa parte de la formación, se hacían a deshoras, incluso de madrugada. Era habitual que las trabajadoras solicitaran reactivación de módulos por no haber podido completarlos dentro de los plazos previstos, que los tutores les recordaran la necesidad de completar los tiempos de conexión, de entrega de tareas, y de realizarlo de forma asidua y ordenada.

Tal y como reseña el acta en una comunicación de fecha 17/6/2019 referida a Doña Aurelia se dice "hablo con la alumna y me comenta que está retomando la formación, que tiene un negocio familiar que le impide dedicarle todo el tiempo que necesita el proceso formativo".

En la documentación rectificativa de la inicial remitida a la inspección dichas conclusiones no varían. Con independencia de haberse superado los módulos, no se cumplió adecuadamente con la parte formativa del NUM001.

En segundo lugar, en el acto del juicio la inspectora de trabajo ha ratificado todo lo reseñado en su acta. Manifestó que recogió en aquella todos los apuntes que anotó relativos a lo expresado por las trabajadoras cuando se entrevistó con ellas, las cuales lo expusieron de forma espontánea. Es más, incidió en que las dos trabajadoras coincidieron en la existencia de unos turnos que se distribuían entre ellas y su madre. La propia empleadora se encontraba presente y no rectificó tales extremos.

No puede achacarse haber emitido tales declaraciones a confusión, nerviosismo o, tal y como relató Doña Aurelia a que fuesen unos turnos que no eran efectivos y que habían organizado las dos hermanas para exponerlo a su madre y empleadora.

Cabe destacar que la testigo y trabajadora en el acto del juicio incurrió en múltiples contradicciones, de forma titubeante y con un nerviosismo extremo intentó rectificar y explicar lo expuesto ante la inspectora en su día, así como el desarrollo de la actividad laboral, improvisando cuando era sorprendida en una contradicción manifiesta, lo cual no puede sino colegir que faltó a la verdad en su declaración ante esta juzgadora.

La inspectora declaró que la tutora de formación práctica, la empleadora y madre de las trabajadoras carecía de la experiencia laboral y formativa necesaria para desempeñar dicha tarea, pues únicamente contaba con la experiencia en elaboración de cerveza, no en hostelería, siendo el contrato de formación para cualificación en categoría de camarera.

El desempeño de la actividad laboral debe realizarse por la trabajadora en formación bajo la supervisión de la tutora, el hecho de que trabajasen a turnos impide per se que se produjese ese tutelaje. No es que la empleadora sea ausentase un breve periodo de tiempo para realizar algún tramite o recado, las tres se distribuyeron el tiempo de apertura del local en tres turnos rotativos, que explicaron con todo detalle a la inspectora.

Por otro lado las trabajadoras realizaban horas extras, horas en horario nocturno, más allá de las 22 horas, y no existía una distribución real entre la actividad formativa y la laboral. Dentro de la jornada de trabajo reflejada en el contrato debía llevarse a cabo la formación on line, sin embargo, tal y como se ha señalado, se realizaba fuera de ese horario, los días de descanso, en horas de madrugada, y se ejecutaba dentro del local de trabajo, cuando entraban clientes se dejaba la formación para atenderlos.

Todo ello implica que los contratos de las dos trabajadoras no respondían al espíritu de la norma que contempla la modalidad de contrato formativo, por el contrario, se trataba de contratos ordinarios a tiempo completo, jornada completa, enmascarados en esa formación para obtener los correspondientes beneficios fiscales y de Seguridad Social. Así lo explicó la propia trabajadora su tutor on line cuando dijo que no tenía tiempo porque debía atender un negocio familiar.

Es el conjunto de todos los indicios reseñados el que lleva a afirmar la existencia de fraude, no sólo si los módulos fueron o no superados, y en consecuencia la demanda ha de ser desestimada.

QUINTO.- La materia objeto de esta litis no es susceptible de recurso de suplicación conforme a lo preceptuado en el art. 191.2 g) LRJS de la LJS al tratarse de sanción en materia de Seguridad Social.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,