Sentencia Social 164/2023 Juzgado de lo Social de Gijón nº 3, Rec. 82/2023 de 22 de junio del 2023

PRIMERO.- Por la parte demandante se ejercitó una acción de impugnación de despido con fundamento en los arts. 51.1 último párrafo, 53.3, 53.4 ET y demás concordantes, alegando, en síntesis, la nulidad del despido, pues la empresa pudo haber realizado un despido colectivo sin seguir los cauces legales, o subsidiariamente su improcedencia, pues la carta de despido no cumple los requisitos formales, no suministrando información suficiente y generando indefensión.

Por la empresa demandada se mostró conformidad con las condiciones laborales alegadas por la trabajadora y formuló oposición a la demanda, negando la existencia de despido colectivo e indicando la regularidad de la carta que contiene una causa de despido clara: los resultados negativos de la oficina de Gijón, que dieron lugar a que se terminara el contrato de alquiler, dejándose por la empresa una oficina por provincia, siendo la de Oviedo propiedad del grupo.

SEGUNDO.- Calificación del despido.

Sostiene la actora dos causas de impugnación. Por un lado, que podría haberse producido un despido colectivo por la empresa sin seguir el procedimiento legal, y por otro, la insuficiencia de la carta de despido.

Con relación a la causa de nulidad invocada, en ninguno de los extremos y hechos sostenidos en la demanda, se indica el motivo por el que se considera que la demandada ha procedido a un despido colectivo. No es posible estimar pretensiones ni diligencias de prueba que no tienen ninguna base fáctica, pues en la demanda únicamente se sostiene que la empresa "podría haber superado los umbrales del despido colectivo". Este procedimiento no tiene por objeto la investigación de la demandada sin más, a fin de examinar si concurren causas de despido o eventuales incumplimientos legales. Este procedimiento tiene por objeto la impugnación del acto extintivo por el trabajador, según las causas invocadas, y también, el examen de un supuesto fraude de ley en el procedimiento cuando se han superado los umbrales que para el despido colectivo se exigen, pero cuando la parte trabajadora aporte un fundamento en su petición, no a los meros efectos de investigación a ver si tuvo o no lugar.

En cuanto a la improcedencia del despido interesada por la parte trabajadora de forma subsidiaria.

De la lectura de la carta de despido se pueden leer como causas justificativas de la decisión extintiva, la organizativa y la productiva. Y de la misma, no se desprende ningún dato que avale dichas causas.

Las causas organizativas y productivas se conectan en el art. 51 al que remite el art. 52 c) ET, con la introducción de cambios en la empresa que pueden ser necesarios para su buena marcha o aconsejables desde la perspectiva empresarial, y su ámbito puede atender a entidades inferiores a la empresa, como es el centro de trabajo o a unidades productivas autónomas en las que se produzca el desajuste entre las necesidades organizativas o productivas y el volúmen de la mano de obra. La jurisprudencia ha precisado como causas organizativas, como ejemplos, la descentralización productiva mediante contratas si la contrata es un medio hábil para asegurar la viabilidad de la empresa y es una medida racional en términos de eficacia, mientras que las causas productivas, se refieren a la capacidad productiva de la empresa para ajustarla a los eventos del mercado, se refiere al resultado del proceso de trabajo, al bien o servicio producido por la empresa.

En la carta de despido, aún aludiéndose a causas organizativas y productivas, únicamente se contienen datos económicos, concretamente, respecto al resultado deficitario de la oficina de Gijón en los años 2021 y 2022, cuestión esta no organizativa ni productiva, insuficiente en su concreción, y cuyo ámbito, el de las causas económicas, es la empresa en su conjunto o globalidad, y del grupo, en caso de existir grupo de empresas a efectos laborales.

Atendidas dichas consideraciones, la calificación del despido ha de ser la de improcedente, pues efectivamente no se indican datos sobre las causas organizativas y productivas invocadas, y los económicos que contiene, se deben de analizar en el ámbito de la empresa y no de una determinada oficina o centro de trabajo.

Sobre la carta de despido, la doctrina judicial viene indicando de forma reiterada en relación con sus requisitos en cumplimiento del art. 53.1 a) del ET, que: "Sobre la alegada insuficiencia formal de la carta de despido es preciso recordar que la comunicación de un despido objetivo debe proporcionar por escrito al trabajador la información de los hechos motivadores de la decisión extintiva que sea suficiente para permitir al despedido conocer las circunstancias fácticas determinantes del despido y preparar los medios de defensa que permitan desvirtuar las afirmaciones de la empresa. Así pues, causa del despido no es la razón abstracta o genérica del mismo, sino los hechos concretos, económicos, productivos, de organización, etc., que han desencadenado la decisión empresarial. El Art. 53.1 a) del ET no exige una descripción pormenorizada o exhaustiva de los hechos determinantes del despido objetivo, sino el relato de los relevantes para trasmitir al trabajador los datos indispensables a fin de poder valorar el despido y, en su caso, preparar su reacción frente al mismo. La carta de despido cumple, asimismo, otra función, complementaria de las mencionadas: delimita los hechos a discutir en el proceso judicial y las posibilidades de defensa así como las cargas de la empresa: frente a la demanda impugnando el despido, al demandado le corresponde la carga de probar la veracidad de los hechos imputados en la carta de despido y para justificar su decisión extintiva, no se le admitirán en el juicio otros motivos de oposición que los contenidos en esa comunicación extintiva (Arts. 105 y 120 de la LJS)", STSJ de Asturias de 30 de diciembre de 2015, rec. 2231/15.

Más recientemente la STSJ de Andalucía, sede Granada, de 25 de junio de 2020, rec. 89/20, señala: "Al respecto la jurisprudencia recuerda en la STS de 8 de febrero de 2018 , que: "La referencia a la causa en la carta del despido objetivo - art. 53.1.a ET - es equivalente a hechos que lo motivan en la carta de despido disciplinario y debe consistir en los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a la pretensión extintiva empresarial, y, en el supuesto de despido objetivo, los datos fácticos suficientes que configuran el concepto de causas "económicas, técnicas, organizativas o de producción" establecido en el art. 51.1 ET al que también se remite el art. 52.c) ET ; la comunicación escrita debe proporcionar al trabajador un conocimiento claro, suficiente e inequívoco de las causas que se invocan como constitutivos del despido objetivo para que, comprendiendo sin dudas racionales el alcance de aquéllos, pueda impugnar la decisión empresarial y preparar los medios de prueba que juzgue convenientes para su defensa ( STS de 12 de mayo de 2015 -rcud 1731/14 -).

Y este último pronunciamiento, por su parte viene a determinar en lo que ahora interesa, que "En interpretación del art. 53.1.a) ET , en sus esenciales extremos, afectantes especialmente al contenido mínimo de la comunicación escrita de despido y la trascendencia de su exigencia, es reiterada la jurisprudencia de esta Sala, declarativa de que:

a) Los requisitos que haya de expresar la comunicación escrita al trabajador y la expresión de la "causa "indudablemente han de ser los mismos que se exigen para el despido disciplinario debiéndose entender que la expresión "causa" en este precepto utilizada es equivalente a "hechos" a los que se refiere el art. 55, una y otra determinantes, en definitiva, de la garantía que la Ley otorga al trabajador para que si impugna el despido lo haga con conocimiento de los "hechos" que se le imputan a fin de preparar su defensa como reiteradamente ha mantenido esta Sala, lo que obliga a exigir que el contenido de la carta o comunicación sea inequívoco, es decir, suficientemente claro y expresivo, para evitar toda duda o incertidumbre en cuanto a las imputaciones de la empresa" ( sentencia de 3- noviembre-1982 en interés de ley, lo que se reitera en la sentencia de 7-julio-1986 en interés de ley), resolviéndose que examinada comunicación escrita" no cumple el requisito del artículo 53.1.a) ET , es decir de expresión en la comunicación de la causa, que equivale a expresión concreta de los hechos que la constituyen en términos similares a los requeridos por el artículo 55.1 del mismo cuerpo legal "( sentencia de 10-marzo-1987 en interés de ley);

b) En interpretación del art. 55 ET , en el que se establece que "el despido deberá ser notificado por escrito al trabajador, habiendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos", se declara por nuestra jurisprudencia que esta exigencia aunque no se impone una pormenorizada descripción de aquéllos, sí exige que la comunicación escrita proporcione al trabajador un conocimiento claro, suficiente e inequívoco de los hechos que se le imputan para que, comprendiendo sin dudas racionales el alcance de aquéllos, pueda impugnar la decisión empresarial y preparar los medios de prueba que juzgue convenientes para su defensa y esta finalidad no se cumple, según reiterada doctrina de la Sala -Sentencias de 17 diciembre 1985 , 11 marzo 1986 , 20 octubre 1987 y 19 enero y 8 febrero 1988 -, cuando la aludida comunicación sólo contiene imputaciones genéricas e indeterminadas que perturban gravemente aquella defensa y atentan al principio de igualdad de partes al constituir, en definitiva, esa ambigüedad una posición de ventaja de la que puede prevalerse la empresa en su oposición a la demanda del trabajador", doctrina que se sintetiza en la STS/Social 3-octubre-1988 y se reafirma en las sentencias de fechas 22-octubre-1990 , 13-diciembre- 1990 , 9-diciembre-1998 (recurso 590/1997 ) y la ulterior de fecha 21-mayo-2008 (recurso 528/2007 ), entre otras;

c) Aun sin haber entrado en el fondo del asunto por falta del requisito de contradicción, se ha resaltado por la jurisprudencia social, para distinguir las exigencias y trascendencia de las comunicaciones escritas en los despidos colectivos y en los despidos objetivos ex art. 52.c) ET , la importancia de la expresión de la "causa" en estos últimos, afirmando que "El despido objetivo se lleva a cabo por decisión unilateral y exclusiva del empresario, sin que exista ningún control previo a ese acto extintivo sobre la concurrencia de las causas en que tal empresario basa ese despido; el control de la existencia o no de esas causas justificativas del mismo se lleva a cabo, después de que éste ha tenido lugar, mediante el proceso judicial iniciado por virtud de la demanda presentada por el trabajador cesado impugnando ese despido objetivo; de ahí que, para hacer posible la adecuada y correcta defensa jurídica de la pretensión impugnatoria del trabajador en ese proceso judicial, la Ley imponga como obligación esencial para la validez del despido objetivo que el empresario le comunique por escrito ese despido con expresión de sus causas"; aunque diferenciándolo entonces del despido colectivo al tratarse de un supuesto acaecido antes de la desaparición de la autorización administrativa recaída en expediente de regulación de empleo que en dichas fechas era de conocimiento por la jurisdicción contencioso- administrativa, pues entonces, a diferencia de lo que ahora acontece (citado art. 124.11 LRJS ), "el art. 51 del ET que regula con detalle todos los trámites que se han de cumplir en los despidos colectivos, no exige ni establece que el empresario entregue al trabajador una comunicación escrita expresiva de las causas del despido, como en cambio sí exige el art. 53-1-a) para el despido objetivo" ( STS/IV 20-octubre-2005 -rcud 4153/2004 ).

d) Respecto a la necesidad de comunicación clara escrita al trabajador expresando la causa, "es doctrina reiterada de esta Sala / IV contenida entre otras, en la STS de 1-julio-2010 (rcud. 3439/2009 ) que reproduce la de 30-marzo-2010 (rcud. 1068/2009) que señala que: "El significado de la palabra "causa" en el contexto de la regulación de las causas del despido objetivo por necesidades de la empresa se refiere normalmente no al tipo genérico de causa de despido (por ejemplo, la reestructuración de la plantilla, el cambio en los productos o en los procesos de producción) o a la causa remota que genera las dificultades o situaciones negativas de la empresa en la que se produce el despido (por ejemplo, la crisis económica o las nuevas tecnologías) sino precisamente, como dice repetidamente el art. 51 ET , a las concretas dificultades o situaciones económicas negativas de la empresa alegadas por el empresario para justificar su decisión extintiva. Son estas dificultades o situaciones económicas negativas las que constituyen, en terminología del art. 51 ET [al que, como ya se ha dicho, remite este aspecto de la regulación el art. 52 c) ET sobre el despido objetivo] las "causas motivadoras" ( art. 51.3 ET , art. 51.4 ET , art. 51.12 ET ) que pueden justificar el acto de despido. Por tanto, no es solamente una causa abstracta la que tiene que expresarse en la carta de despido, sino también la causa concreta y próxima motivadora de la decisión extintiva, que refleja la incidencia en la empresa de un determinado tipo de causa o de una posible causa remota. Así lo entendió tradicionalmente la jurisprudencia sobre causas de despido disciplinario ( STS 3-11-1982 ; STS 10-3-1987, Rº 1100/1986 ), y así lo ha entendido en general la doctrina científica en lo que concierne al despido objetivo por necesidades de la empresa", y que "Con arreglo a la anterior doctrina dicho razonamiento no queda invalidado por una supuesta virtualidad general de la vía del despido del art. 56.2 ET , resaltando que: "Este cauce especial está previsto en principio para el despido disciplinario y se extendería por remisión ... a las extinciones del contrato por causas objetivas reguladas en el art. 52 ET . Pero en lo que concierne particularmente a las extinciones objetivas por causas empresariales del art. 52.c) ET la remisión no debe alcanzar a la supresión del requisito de forma escrita "expresando la causa"( STS/IV 2-junio-2014 -rcud 2534/2013 )."

TERCERO.- Las consecuencias legales de la declaración de despido improcedente son las contenidas en el art. 53.5 en relación con el art. 56, ambos del Estatuto de los Trabajadores y 123 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, condenándose en consecuencia a la empresa a la readmisión de la parte demandante con abono de los salarios de tramitación desde la fecha del despido, o alternativamente y a su elección, al abono de la indemnización contemplada en el art. 56.1 ET. En el supuesto de opción por la readmisión, el trabajador o trabajadora deberá de reintegrar la indemnización percibida. En el caso de compensación económica se descontará la cantidad percibida por el trabajador como indemnización.

Con relación a la cuantía de la indemnización, atendida la fecha de antiguedad de la trabajadora en la empresa a 20 de octubre de 2006 y la despido el 13 de enero de 2023, con un salario módulo de 78,21 euros (2.346,38 euros/mes), asciende a la cantidad de 47.160,63 euros, calculada según la interpretación del TS (entre otras, STS número 118/2016, de 18 de febrero de 2016) de la actual D.Tª 11ª ET. De esta cuantía ha de descontarse la percibida y que asciende a 25.741,37 euros.

CUARTO.- A tenor de lo establecido en el art. 191.3 a) LRJS, contra la presente Sentencia puede interponerse Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

Vistos los artículos citados, y demás preceptos de general y pertinente aplicación,