Sentencia Social 58/2023 Juzgado de lo Social de Guadalajara nº 2, Rec. 603/2022 de 17 de abril del 2023

PRIMERO . - Los hechos declarados probados resultan de la valoración de las pruebas practicadas en el juicio, esencialmente la documental aportada por las partes, así como el interrogatorio de parte y la testifical solicitada por la parte demandante, valoración que se realiza con arreglo al artículo 97.2 de la L.R.J.S.

SEGUNDO . - Por la parte actora se solicita en el suplico de la demanda como pretensión principal que el despido sea declarado nulo y subsidiariamente improcedente, condenando a la demandada a que readmita a la trabajador a su puesto de trabajo, con los salarios dejados de percibir y salarios de tramitación y, subsidiariamente que se declare improcedente, de conformidad con el artículo 56 del E.T. procediendo a la readmisión de la demandante con el abono de los salarios dejados de percibir desde que el despido tuvo lugar o al pago de la indemnización legalmente establecida.

TERCERO . -La parte demandada ha alegado que no se trata de un despido sino de una rescisión del contrato de trabajo por no superación del periodo de prueba, no siendo necesario alegar ni probar causa alguna. Ha aducido igualmente que se cumplen los requisitos del artículo 5 del Convenio Colectivo de Grandes Almacenes y del artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores, no tratándose de un despido. Se alega asimismo, que respecto a la alegación de derecho fundamental nada se dice en cuanto a la discriminación en relación o con respecto a quién, ni siquiera de forma indiciaria, que permita la inversión de la carga de la prueba. También se alude a que no se alega el por qué de la improcedencia, siendo irrelevante la discapacidad, sin ser de aplicación el RD 1368/1985 de 17 de julio, de aplicación a las personas minusválidas contratadas por CEE. Respecto a que el contrato se rescinda cuando está próximo el fin del periodo de prueba se alega que la empresa demandada lo hizo para dar oportunidad a la demandante de demostrar sus capacidades.

CUARTO . - Según el Convenio Colectivo de Grandes Almacenes, de aplicación, en su artículo 5, relativo al período de prueba: "El ingreso de las personas trabajadoras se considerará hecho a título de prueba durante seis meses, debiendo constar por escrito en el contrato de trabajo".

El artículo 14.1 del E.T. dispone: "Podrá concertarse un periodo de prueba, con sujeción a los límites de duración, que en su caso se establezcan en los Convenios Colectivos. En defecto de pacto en Convenio, la duración del periodo de prueba no podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados, ni de dos meses para los demás trabajadores. En las empresas de menos de veinticinco trabajadores el periodo de prueba no podrá exceder de tres meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados.

El empresario y el trabajador están, respectivamente obligados a realizar las experiencias que constituyan el objeto de la prueba.

Será nulo el pacto que establezca un periodo de prueba cuando el trabajador haya ya desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la empresa, bajo cualquier modalidad de contratación.

2.- Durante el periodo de prueba, el trabajador tendrá los derechos y obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe como si fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución de la relación laboral, que podrá producirse a instancia de cualquiera de las partes durante su transcurso.

3.- Transcurrido el periodo de prueba sin que se haya producido el desistimiento, el contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios prestados en la antigüedad del trabajador en la empresa.

Las situaciones de incapacidad temporal, maternidad y adopción o acogimiento, que afecten al trabajador durante el periodo de prueba, interrumpen el cómputo del mismo, siempre que se produzca acuerdo entre ambas partes".

Esta redacción del texto legal exige para que opere el periodo de prueba en el contrato de trabajo, los siguientes requisitos: 1) Que se concierte por escrito en el contrato de trabajo. 2) Que en su caso, la duración del periodo de prueba esté dentro de los límites que establezcan los Convenios Colectivos ( STS de 5-10-2001, rec. 4438/2000).

En el presente caso se cumplen dichos requisitos. Además la regulación del Convenio corresponde a la libertad de negociación de trabajadores y empresarios que habrán tenido en cuenta las características o peculiaridades relevantes en la empresa ( artículo 82 del ET).

El núcleo de la regulación del periodo de prueba del contrato de trabajo es la facultad de "desistimiento" de la relación laboral atribuida durante su transcurso tanto al empresario como al trabajador ("cualquiera de las partes") ( artículo 14.2 ET), facultad que se ejercita en principio libremente y sin preaviso. Esta regulación especial de la extinción del contrato de trabajo en periodo de prueba es de aplicación cuando hubiera sido acordada como pacto "escrito" en el momento de la celebración del contrato ( art. 14.1 ET). La libertad de desistimiento durante el periodo de prueba supone que ni el empresario ni el trabajador tienen, en principio, que especificar los motivos del cese, ni acreditar los hechos o circunstancias determinantes del mismo, ni tampoco expresar la decisión extintiva mediante una forma preestablecida. Basta la mera manifestación de la voluntad de dar por terminada la relación contractual con sujeción a los límites de duración previstos en el pacto de prueba ( art. 14.1 ET), duración máxima cuyo cómputo puede interrumpirse" siempre que se produzca acuerdo entre las partes ( STS de 12/07/2012, recurso número 2789/2011).

La STS 12/07/2012 expresa que la finalidad o razón de ser del instituto del periodo de prueba del contrato de trabajo es facilitar un mecanismo ágil y eficaz de verificación tanto de las concretas condiciones de la ejecución del trabajo, como de la aptitud y de la adaptación del trabajador al trabajo contratado. En términos de gestión de recursos humanos, la función institucional del periodo de prueba podría formularse así: en lugar o además de la información adquirida por el empresario y el trabajador en los tratos preliminares a la iniciación de la relación laboral, las partes de la relación individual de trabajo pueden disponer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 ET, de un plazo o margen temporal para comprobar sobre el terreno que el contrato concertado satisface sus intereses respectivos. Mediante esta comprobación en el curso de la relación de trabajo se ahorran los "costes de transacción" (de tiempo, de esfuerzo y de dinero) que pudiera comprobar una comprobación o verificación exhaustiva antes de su conclusión. A tal efecto, durante el periodo de prueba, cuyo pacto cabe incardinar genéricamente entre "las causas (de extinción) consignadas válidamente en el contrato ( art. 49.1.b) ET) no rigen las reglas comunes del despido o de la dimisión del trabajador, ni se exige carta de despido ( art. 55.1 ET), ni el empresario ha de expresar o acreditar las causas que motivan su decisión ( art. 55.4 ET), ni tampoco el trabajador se encuentra vinculado por un deber de preaviso ( art. 49.1.d) ET).

Como dice la STSJ de Valencia de 7-9-2000: "el desistimiento unilateral permitido por el artículo 14 del ET no requiere una exigencia causal que la parte tenga que acreditar, pues cualquiera de las partes que intervienen en el contrato de trabajo, trabajador y empresario, pueden rescindir tal contrato unilateralmente, por su sola y exclusiva voluntad, sin necesidad de cumplir ninguna exigencia especial a tal respecto. Ciertamente que esta facultad no es omnímoda y, para que sea válida tal rescisión se precisa, por un lado que el periodo referido esté todavía vigente y, por otro, que no suponga un fraude de ley, sea discriminatorio o atente contra los dictados de la buena fe o suponga un ejercicio abusivo de la facultad de desistir, por cuanto, en tales casos, se estaría atentando contra normas imperativas que componen el orden público. Así, el Tribunal Supremo en numerosas sentencias como las de 14 de julio y 3 de diciembre de 1987 y 6 de julio de 1990 , ha mantenido que para rescindir el contrato de trabajo durante el periodo de prueba no se precisa, en absoluto, especificar la causa que ha determinado tal decisión extintiva, pues su motivación es meramente subjetiva de quien la adopta".

El Real Decreto 1368/1985 no es de aplicación, puesto que regula la relación laboral de carácter especial de los minusválidos que trabajen en centros especiales de empleo, que no es el caso presente.

QUINTO . - En el presente caso no se aprecia vulneración de derecho constitucional, sino una extinción del contrato al no superar el periodo de prueba.

La STC de 29-10-2001, núm. 241/2001, expresa que: "cuando se alegue que determinada decisión encubre en realidad una conducta lesiva de derechos fundamentales del afectado, incumbe al autor de la medida probar que obedece a motivos razonables y ajenos a todo propósito atentatorio a un derecho fundamental. Pero para que opere este desplazamiento patrimonial al demandado del "onus probandi" no basta que el actor la tilde de discriminatoria, sino que ha de acreditar la existencia de indicios que generen una razonable sospecha, apariencia o presunción a favor de semejante alegado y, presente esta prueba indiciaria, el demandado asume la carga de probar que los hechos motivadores de la decisión son legítimos o, aun sin justificar su licitud, se presente razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de los derechos fundamentales; no se le impone, por tanto, la prueba diabólica de un hecho negativo - la no discriminación- , sino la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada y su carácter absolutamente atentatorio de derechos fundamentales (por todas, SSTC 293/1993, de 18 de octubre ; 85/1995, de 6 de junio ; 82/1997, de 22 de abril ; 202/1997, de 25 de noviembre ; y 74/1998, de 31 de marzo ).

El desistimiento del contrato de trabajo en periodo de prueba es libre, dentro de los límites marcados por el respecto a los derechos fundamentales y a la lógica de economía de costes de transacción que inspira a este instituto jurídico. Por tanto, el control judicial de los actos de ejercicio de esta facultad de desistimiento se ha de ceñir únicamente a estos aspectos. Más allá de ellos la intervención judicial afectaría al derecho constitucional a la libertad de empresa ( artículo 38 CE), la cual impone al juez el respeto a las decisiones empresariales, siempre que tales decisiones hayan sido a su vez respetuosas con el marco legal y constitucional. De ahí que, una vez verificado que el cese del trabajador se ha producido durante el periodo de prueba, no resulte necesaria, ni siquiera pertinente, una indagación ulterior de los motivos de la decisión empresarial, salvo indicios de conducta inconstitucional, abusiva o fraudulenta.

En suma, con las salvedades señaladas, es el empresario, titular del derecho a la libertad de empresa, y no el juez garante de la legalidad y de los derechos de todos los ciudadanos, el que debe decidir si conviene o no a su legítimo interés contractual el mantenimiento de una determinada relación de trabajo en periodo de prueba. Justamente por ello el legislador ha exonerado al empresario en tal supuesto de la expresión y de la acreditación de los motivos de su decisión de desistimiento.

En el caso, la prueba desplegada justifica la decisión de la empresa y descarta la existencia de razones discriminatorias alegadas. Entiende esta juzgadora que no se ha aportado un solo indicio a favor de tal alegación por la parte actora, por lo que la parte demandante es quien ha de soportar las consecuencias de la falta de prueba de tal móvil odioso, al no proceder la inversión de la carga de la prueba a la que alude el artículo 96 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Partiendo de la prueba practicada ha de concluirse que se pactó válidamente la existencia de un periodo de prueba en el contrato de trabajo que unió a los litigantes y habiéndose extinguido por decisión de la empresa la relación laboral dentro de ese margen temporal precisamente alegando la no superación del mismo, debe concluirse que ha quedado probada la concurrencia de una serie de circunstancias en la prestación de servicios de la demandante que no la hacían apropiada para el cometido en el que fue contratada, con base en la prueba testifical, lo que anula cualquier indicio de discriminación por motivos de igualdad, debiendo concluirse que no ha existido atentado contra el derecho a la no discriminación por parte de la empresa demandada, sino el ejercicio de un derecho, poder desistir durante el periodo de prueba, sin tener que alegar hechos concretos ni acreditar los mismos, habiendo probado la empresa que en la realización de las tareas que constituían el objeto del contrato, la demandante no reunía las condiciones idóneas, a juicio de la empresa, para el puesto que figura en su contrato. Así se infiere de la prueba testifical de la testigo Doña Mariola, encargada de la actora, que expresó que según su valoración la demandante no era idónea para estar cara al público, relatando algún hecho concreto con una cliente en un probador e incluso quejas de delegados sindicales. No obstante, recalcó la testigo que ella no tiene competencia ni en contratar ni en despedir, habiendo declarado el responsable de Recursos Humanos Don Bartolomé, refiriendo que la decisión de prescindir de los servicios de la demandante Doña Guadalupe la adoptó él, con base en lo que había manifestado Doña Mariola, la responsable, puesto que la actora no había alcanzado los objetivos del periodo de prueba, expresando que había habido quejas por parte de los delegados sindicales por el clima laboral con compañeros y por el desempeño con algunos clientes.

Por último no son atendibles las alegaciones de la letrada de la parte demandante relativas a que según la vida laboral la actora ya trabajó en "Sphera Joven S.A." por cuanto es una empresa independiente de "El Corte Inglés, S.A.".

SEXTO . - En conclusión, no habiéndose aportado por la parte demandante indicio o prueba de discriminación de la demandante por parte de la actora, ni habiéndose concretado un derecho fundamental vulnerado, procede la desestimación de la demanda.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,