Sentencia Social 135/2022 Juzgado de lo Social de León nº 4, Rec. 24/2022 de 12 de julio del 2022

PRIMERO.- Se declara la competencia de este Juzgado para conocer de las cuestiones planteadas en el proceso tanto por la condición de los litigantes como por razón de la materia y el territorio, de conformidad con lo establecido en los arts. 1, 2.a), 6 y 10 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y arts. 9.5 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , se hace constar que los anteriores hechos probados son el resultado de la valoración de los medios de prueba practicados en el acto del juicio, concretamente de los que se han reseñado entre paréntesis en cada uno de los hechos.

TERCERO.- Entrando a analizar la acción de despido planteada en la demanda, la empleadora EMBUTIDOS RODRÍGUEZ S.L. ha reconocido la improcedencia del despido efectuado.

No obstante, discuten las partes la antigüedad que debe regir a efectos indemnizatorios ya que la parte demandante postula en la demanda una antigüedad de 14/05/2001, al considerar que la trabajadora ha venido prestando sus servicios profesionales desde el año 2001 sin solución de continuidad, siempre en el mismo centro de trabajo y bajo la misma dirección. Aunque no lo indique expresamente en su escrito inicial de demanda, la parte actora parte de la existencia de una cesión ilegal de trabajadores entre SERVICARNE, SOCIEDAD COOPERATIVA y EMBUTIDOS RODRÍGUEZ S.L.

La empleadora se opone a lo anterior y esgrime que la demandante tiene una antigüedad en la empresa de 02/03/2007 ya que al prestar esta última servicios del 01/12/2005 al 28/02/2007 como socia de la cooperativa de trabajo asociado SERVICARNE, S.C., se produjo una ruptura de la unidad esencial del vínculo contractual.

Sob re la figura de la cesión ilegal el Art. 43 del ET dispone lo siguiente:

"1. La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa sólo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas en los términos que legalmente se establezcan.

2. En todo caso, se entiende que se incurre en la cesión ilegal de trabajadores contemplada en el presente artículo cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario.

3. Los empresarios, cedente y cesionario, que infrinjan lo señalado en los apartados anteriores responderán solidariamente de las obligaciones contraídas con los trabajadores y con la Seguridad Social, sin perjuicio de las demás responsabilidades, incluso penales, que procedan por dichos actos.

4. Los trabajadores sometidos al tráfico prohibido tendrán derecho a adquirir la condición de fijos, a su elección, en la empresa cedente o cesionaria. Los derechos y obligaciones del trabajador en la empresa cesionaria serán los que correspondan en condiciones ordinarias a un trabajador que preste servicios en el mismo o equivalente puesto de trabajo, si bien la antigüedad se computará desde el inicio de la cesión ilegal".

Tal como señala el Tribunal Supremo en lo que puede considerarse doctrina reiterada: " Lo que contempla el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores es un supuesto de interposición en el contrato de trabajo. La interposición es un fenómeno complejo, en virtud del cual el empresario real, que incorpora la utilidad patrimonial del trabajo y ejerce efectivamente el poder de dirección, aparece sustituido en el contrato de trabajo por un empresario formal. Esto implica, como ha señalado la doctrina científica, varios negocios jurídicos coordinados: 1) un acuerdo entre los dos empresarios -el real y el formal- para que el segundo proporcione al primero trabajadores que serán utilizados por quien, sin embargo, no asume jurídicamente la posición empresarial; 2) un contrato de trabajo simulado entre el empresario formal y el trabajador y 3) un contrato efectivo de trabajo entre éste y el empresario real, pero disimulado por el contrato de trabajo formal. La finalidad que persigue el artículo 43 Estatuto de los Trabajadores es que la relación laboral real coincida con la formal y que quien es efectivamente empresario asuma las obligaciones, que le corresponden, evitando así que se produzcan determinadas consecuencias que suelen asociarse a la interposición, como son la degradación de las condiciones de trabajo, cuando la regulación profesional vigente para el empresario formal es menos beneficiosa para el trabajador que la que rige en el ámbito del empresario real, o la disminución de las garantías cuando aparecen empleadores ficticios insolventes. Pero ello no implica que toda cesión sea necesariamente fraudulenta o tenga que perseguir un perjuicio de los derechos de los trabajadores y de ahí la opción que concede el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores . Así lo ha reconocido la Sala en las sentencias de 21 de marzo de 1997 y 3 de febrero de 2000 , que señalan que en el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores bajo el concepto común de cesión se regulan en realidad fenómenos distintos y entre ellos, a los efectos que aquí interesan, debe distinguirse entre cesiones temporales de personal entre empresas reales que no tienen necesariamente la finalidad de crear una falsa apariencia empresarial para eludir las obligaciones y responsabilidades de la legislación laboral a través de una empresa ficticia insolvente y las cesiones en las que el cedente es un empresario ficticio. El fenómeno interpositorio puede producirse, por tanto, entre empresas reales en el sentido de organizaciones dotadas de patrimonio y estructura productiva propios" ( STS 14/06/2003, mencionada por STSJ de Catalunya 9/02/2010, entre otras).

Por otra parte, en un supuesto muy similar al planteado en la presente litis, el Tribunal Supremo en sentencia de 17/12/2001 con cita de la sentencia de la Sala IV de 27 de octubre de 1994 (recurso 3.724/1993) declaró que " el ordenamiento jurídico no contiene ninguna prohibición general que impida al empresario recurrir a la contratación externa para integrar su actividad productiva y así lo reconoce el artículo 42.1 del ET cuando se refiere a la contratación o subcontratación para "la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de la empresa", lo que supone que, con carácter general, la denominada descentralización productiva es lícita, con independencia de las cautelas legales e interpretativas necesarias para evitar que por esta vía puedan vulnerarse derechos de los trabajadores".

Por ello concluye el Alto Tribunal que la contrata de obras y servicios de la propia actividad no es una actuación tolerada, sino una actividad legalmente regulada en desarrollo del principio constitucional de libertad de empresa. En el litigio que dio lugar a la citada sentencia dictada en un caso muy similar, el Tribunal Supremo entiende que por ser SERVICARNE, SCCL una empresa real con una organización propia que se pone a disposición de la arrendataria; dado que las órdenes y coordinación de los socios cooperativistas que prestan servicios en la empresa principal, son impartidas por Jefes de Equipo de la cooperativa, aunque éstos, a su vez, reciban las directrices de los mandos de aquélla, siendo el utillaje titularidad de la empresa principal, con excepción de los de las herramientas propias de los socios; tales datos permiten concluir que estamos ante un supuesto de prestación de servicios en la contrata del Art. 42 del Estatuto de los Trabajadores.

El Tribunal Supremo en la sentencia de constante referencia pone de manifiesto que a pesar de la anterior conclusión, podría darse una situación de prestamismo prohibido si hubiera una explotación de mano de obra mediante la apropiación de parte de los beneficios por un tercero que nada aporte a la realización del servicio, aunque señala que "tal proceder no puede presumirse en una cooperativa de trabajo asociado en la que los resultados de la explotación han de recaer necesariamente sobre los socios y, en el supuesto que hoy resolvemos, no existen datos que llevaran a semejante conclusión".

Dicho esto, en el singular caso que nos ocupa, resulta acreditado que DOÑA Herminia prestó servicios para EMBUTIDOS RODRÍGUEZ S.L. del 14/05/2001 al 13/11/2001; para CÁRNICAS DEL ÓRBIGO, S.A. del 14/11/2001 al 13/11/2002; para EMBUTIDOS RODRÍGUEZ S.L. del 14/11/2002 al 13/05/2003; para CÁRNICAS DEL ÓRBIGO, S.A. del 14/05/2003 al 13/05/2004; para EMBUTIDOS RODRÍGUEZ S.L. del 14/05/2004 al 13/11/2004; para CÁRNICAS DEL ÓRBIGO, S.A. del 15/11/2004 al 14/11/2005; para EMBUTIDOS RODRÍGUEZ S.L. del 15/11/2005 al 29/11/2005.

Por su parte, SERVICARNE, S.C. suscribió en los años 1995 y 2015 sendos contratos con la empresa EMBUTIDOS RODRIGUEZ, S.L. para la realización del servicio de Matadero de porcino con sala de despiece y fábrica de embutidos.

Ha quedado también probado que del 01/12/2005 al 28/02/2007 la actora vino trabajando como socia de la cooperativa de trabajo asociado SERVICARNE, S.C. en el centro de trabajo de Soto de la Vega, titularidad de EMBUTIDOS RODRIGUEZ, S.L., en donde SERVICARNE, S.C. tenía alquilada una oficina en la planta baja de las instalaciones, por la que abonaba a la primera, en concepto de alquiler, la cantidad mensual de 200 €.

Las órdenes y coordinación de los socios que operaban en el centro de trabajo de la citada contratista eran impartidas por Jefes de Equipo de la Cooperativa. Así lo han reconocido los propios testigos que han depuesto en el acto del juicio a instancias de la parte demandante, Don Anton y Don Avelino, que también han reconocido que se les abonaba por la cooperativa el anticipo cooperativo y una remuneración variable (no fija) en función de las horas trabajadas.

El local, las instalaciones y maquinaria se ponían a disposición por EMBUTIDOS RODRIGUEZ, S.L. mientras que las herramientas, EPIS y formación se facilitaban por SERVICARNE, S.C. (o bien, en el caso de las herramientas de trabajo, por EMBUTIDOS RODRÍGUEZ S.L. que se las factura a la cooperativa).

De lo dicho hasta ahora no cabe calificar el modo en que la actora venía prestando sus servicios para SERVICARNE, S.C. como cesión ilegal de mano de obra.

En primer lugar, porque resulta probado que las funciones de organización y gestión del trabajo propias de la persona del empresario eran ejecutadas por la cooperativa de la que era miembro la demandante desde el 01/12/2005 al 28/02/2007.

En segundo término, porque no es suficiente el hecho de poner EMBUTIDOS RODRIGUEZ, S.L. a disposición de SERVICARNE, S.C. instalaciones y equipos de trabajo, para afirmar la existencia de cesión ilegal de mano de obra. Y ello toda vez que, dedicándose EMBUTIDOS RODRIGUEZ, S.L. a la actividad de matadero y despiece de ganado porcino, resulta admisible que cuente en sus instalaciones con equipos o maquinaria apropiados para tal fin, aportando la contratista (como en otros sectores caracterizados por ser la fuerza de trabajo esencialmente personal, tales como la seguridad y vigilancia, o limpieza) básicamente la mano de obra de quienes intervienen en tal proceso.

A lo anterior, cabe añadir que ha quedado probado que la cooperativa demandada cuenta con una organización y estructura propia como lo demuestra el hecho de que ejercía el poder disciplinario y facilitaba a sus socios las herramientas necesarias para el desempeño de su labor, formándoles en materia de seguridad y salud, y suministrándoles los preceptivos equipos de protección individual.

Asimismo, ninguna prueba permite acreditar que la actora fuese obligada por la empresa EMBUTIDOS RODRIGUEZ, S.L. a figurar formalmente adscrita a una determinada cooperativa de trabajo para trabajar en sus instalaciones, por lo que tampoco cabe presumir la concurrencia de vicio del consentimiento en la formación de la voluntad de la demandante en el momento de solicitar el alta en la cooperativa.

Por todo ello, cabe concluir que, dado que no existe ningún indicio suficientemente relevante que apunte a la cesión ilegal de trabajadores entre EMBUTIDOS RODRIGUEZ, S.L. y SERVICARNE, S.C., la actora desempeñó su trabajo del 01/12/2005 al 28/02/2007 bajo la dirección y organización de la compañía SERVICARNE, S.C. en los términos del artículo 20 de Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, lo que supone una ruptura de la unidad esencial del vínculo a los efectos de tener por acreditada la antigüedad postulada en la demanda.

Sobre este particular la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (Sala de lo Social) nº 2105/2015 de fecha 10 de diciembre.

Lo anteriormente expuesto determina que la antigüedad debe ser fijada en el 02/03/2007, al haber prestado servicios la actora del 01/12/2005 al 28/02/2007 como socia de la cooperativa de trabajo asociado SERVICARNE, S.C. y no haber quedado acreditada la vinculación directa de la demandante con EMBUTIDOS RODRÍGUEZ, S.L. durante ese periodo.

En virtud de lo razonado, por aplicación de lo dispuesto en el art. 53 y 55 del Estatuto de los Trabajadores procede declarar la improcedencia del despido con los efectos previstos en el art. 56 del ET y el art. 110 LRJS. Y puesto que la empresa ha anticipado su opción por la indemnización, procede condenar al empresario a abonar a la trabajadora la indemnización calculada con efectos de la fecha del despido por importe de 29.206,54 €.

CUARTO.- Por lo que se refiere a la existencia del grupo de empresas a efectos laborales, es preciso señalar que los criterios jurisprudenciales para derivar de la pertenencia a un grupo de empresas una responsabilidad solidaria respecto de obligaciones contraídas por una de ellas con sus propios trabajadores, pueden sintetizarse, según doctrina elaborada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en las siguientes notas: A) Confusión patrimonial. B) Funcionamiento integrado o unitario. C) Prestación de trabajo indistinta o común, simultánea o sucesiva, a favor de varios empresarios. D) La responsabilidad solidaria exige, además de la actuación unitaria del grupo de empresas con unos mismos dictados y coordenadas, con confusión patrimonial, la prestación laboral al grupo de forma indiferenciada y la utilización abusiva de la personalidad jurídica independiente de cada una de las empresas en perjuicio de los trabajadores. E) Es preciso que en el grupo se dé un nexo o vinculación que presente ciertas características especiales. F) Apariencia externa de unidad empresarial y unidad de dirección ( SSTSJ de Cataluña de 27 de noviembre de 2002 y 9 de febrero de 2010, entre otras).

Es doctrina jurisprudencial reiterada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que el grupo de empresas a efectos laborales no es un concepto de extensión equivalente al grupo de sociedades del Derecho Mercantil. El reconocimiento del grupo de empresas en el ordenamiento laboral, cuyos efectos se manifiestan sobre todo en la comunicación de responsabilidades entre las empresas del grupo, exige la presencia de una serie de factores atinentes a la organización de trabajo; y estos factores, sistematizados en la sentencia de 3 de mayo de 1990 y en otras varias posteriores como la de 29 de mayo de 1995, la de 26 de enero de 1998 y la de 26 de diciembre de 2001, configuran un campo de aplicación normalmente más restringido que el del grupo de sociedades. En concreto, estos factores específicos del grupo de empresas en el ordenamiento laboral consisten en la existencia de un funcionamiento integrado de la organización de trabajo, o en la prestación de trabajo indistinta o común a las empresas del grupo, o en la búsqueda artificiosa de dispersión o elusión de responsabilidades laborales" ( STSJ de Catalunya de 10/01/2011).

En el presente supuesto no concurren elementos fácticos de los que quepa deducir que las empresas demandadas constituyen un grupo de empresas "a efectos laborales" o Grupo patológico, entre otras cosas porque, si bien no se niega que se trata de un grupo mercantil, no existe dato alguno sobre confusión patrimonial, ni de plantillas. A lo sumo se aprecia una prestación de servicios sucesiva, que no simultánea, de trabajadores entre las diferentes empresas del grupo.

Por otra parte, cabe señalar que de la prueba documental aportada por las empresas codemandadas, que no ha sido desvirtuada de contrario, resulta que cada empresa cuenta con sus propios trabajadores y su propio patrimonio y registro sanitario. También cada empresa abona sus nóminas, seguros sociales e impuestos, cobra a sus clientes y paga a sus proveedores.

En consecuencia, la responsabilidad solidaria que se predica en la demanda respecto de todas las empresas del grupo debe ser desestimada por lo que únicamente ha de correr EMB UTIDOS RODRÍGUEZ S.L. con las consecuencias derivadas de la declaración de improcedencia del despido y la consiguiente estimación de la demanda en este punto.

QUINTO.- Con arreglo a lo dispuesto en el Art. 191 LRJS , contra la presente sentencia cabe interponer recurso de suplicación de lo que se advertirá a las partes.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación,