Sentencia Social 472/2022 Juzgado de lo Social de León nº 3, Rec. 380/2022 de 17 de noviembre del 2022

PRIMERO.- Los documentos obrantes en los respectivos ramos de prueba de ambas partes, particularmente la comunicación de despido, el atestado de la guardia civil y sentencia de condena, constituyen los medios de prueba que avalan el anterior relato de hechos probados, a los efectos previstos en el artículo 97.2 LJS.

SEGUNDO.- En el presente procedimiento se ejercita por la parte demandante, al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 y 55 ET, una acción dirigida a que se declare improcedente, el despido disciplinario que ha afectado al trabajador demandante, por trasgresión de la buena fe contractual, con fecha de efectos 27 de mayo de 2022.

La procedencia del despido requiere, una vez cumplidos los requisitos formales de validez exigidos en el art. 55.1 del Estatuto de los Trabajadores, que queden acreditados los hechos motivadores expresados en la carta y que tales hechos sean suficientes e integradores de la causa típica, legalmente prevista, que fundamenta la decisión sancionadora unilateral del empresario.

Por lo tanto, es preciso la demostración de los hechos motivadores del despido, y con arreglo al art. 105.1 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social "corresponde a la empresa la carga de probar la veracidad de los hechos imputados en la carta de despido como justificativos del mismo", y tales hechos acreditados deben integrar una causa típica de despido, y con arreglo al art. 54 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores "el contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario, mediante despido basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador, y en el párrafo 2 establece que se considerarán incumplimientos contractuales, en el apartado d) la transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo.

Es reiterada la doctrina jurisprudencial que señala que, puesto que el despido es la máxima sanción contemplada en el ordenamiento jurídico laboral, por la trascendencia y gravedad de tal medida para el sujeto infractor, solamente podrá imponerse cuando exista proporcionalidad y adecuación entre el hecho imputado, el comportamiento del trabajador y la sanción; debiendo basarse el despido en un incumplimiento contractual grave y culpable del trabajador, gravedad y culpabilidad de la infracción que implica que ésta ha alterado sustancialmente la relación entre las partes y ha deteriorado la convivencia necesaria en el seno de la empresa, hasta hacerla prácticamente imposible, por los incumplimientos del sujeto deudor del trabajo.

El artículo 54-2 d) del Estatuto de los Trabajadores tipifica como incumplimiento contractual del trabajador que justifica el despido la transgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza. Dicho precepto ha sido interpretado por la jurisprudencia en el sentido de que es fundamental en el tráfico jurídico que los sujetos acomoden su actuación a los deberes de lealtad y buena fe que deben presidir estas relaciones ( artículo 7-1 del Código Civil ) y con mayor razón las derivadas del contrato de trabajo, que es <>, según viene expresamente exigido por los artículos 5 a ) y 20-2 del Estatuto de los Trabajadores ; pudiendo incurrirse en el incumplimiento descrito en el mencionado artículo 54-2 d) del Estatuto tanto de forma intencional, dolosa, con ánimo deliberado y consciente de faltar a la lealtad depositada con el trabajador por quien lo ha empleado, como por negligencia o descuido imputable al mismo, de tal manera que se impone una diligencia y lealtad exigible con mayor rigor, de acuerdo con la responsabilidad del cargo desempeñado y la confianza depositada en quien lo ocupa, sin que para apreciar este tipo de falta sea necesario acreditar la existencia de un perjuicio económico para la empresa, pues basta para ello el simple quebrantamiento de los deberes de fidelidad y lealtad.

Por su parte, el artículo 77.3.7 del Convenio Colectivo de la Compañía Logística Acotral SAU, califica como falta muy grave la embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo. En el caso de conductores, bastará solo la superación de la tasa de alcoholemia fijada reglamentariamente en cada momento durante el trabajo, así como la conducción bajo los efectos de drogas, sustancias alucinógenas o estupefacientes.

El artículo 79.2 del referido Convenio Colectivo indica que por faltas muy graves la empresa podrá imponer al trabajador alguna de estas sanciones: suspensión de empleo y sueldo de diez a treinta días, postergación para el ascenso hasta cinco años, exclusión o suspensión de la bolsa de trabajo durante un año desde el hecho producido o despido disciplinario.

Por tanto, la mera conducción bajo los efectos de drogas, sustancias alucinógenas o estupefacientes es suficiente para que nos encontremos ante una falta muy grave sancionable con el despido disciplinario, lo que por otra parte es lógico y razonable pues ello constituye un riesgo objetivo en la conducción especialmente reprochable en alguien cuya labor profesional fundamental es la conducción de vehículos de motor.

TERCERO.- La parte demanda sustenta las imputaciones realizadas en el hecho acaecido el día 17 de mayo de 2022 en el que el trabajador tenía asignado el servicio con el vehículo ....FDD y remolque, consistente en un viaje procedente de Villadangos (León) con destino a Las Rozas (Madrid), donde efectuaba un cambio de remolque con un compañero de Flota Guadix. A las 19:20 horas, se dirigía de regreso al Bloque logístico de Villadangos circulando por la A-6, cuando fue interceptado por una patrulla de la Guardia Civil a la altura del PK 265, que detectó que estaba realizando una conducción negligente, motivo por el cual procedieron a darle el alto. En concreto, y de acuerdo con el boletín de denuncia Nº Expediente NUM005 expedido por el destacamento de Tráfico de Zamora, su comportamiento consistía en " Conducir sin la diligencia, precaución y no distracción necesarios para evitar todo daño propio o ajeno. Circula alternamente invadiendo carril izquierdo, derecho arcén".

Esta conducta dio lugar a una infracción administrativa sancionada con multa por parte de 'a autoridad del tráfico, por tratarse de una vulneración de las disposiciones contenidas en el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo y normas relacionadas.

La Guardia Civil, en vista de los síntomas que presentaba, le sometió a un control de alcoholemia. Como consecuencia del mismo, la autoridad de tráfico no le permitía continuar con la circulación del vehículo de la empresa por haber dado positivo el alcohol. En concreto, una tasa de 0,94 mg/l en aire espirado.

Todo ello queda probado tanto en el atestado policial, boletín de denuncia y sentencia de conformidad.

CUARTO.- Acreditados los incumplimientos imputados al trabajador, la siguiente cuestión que debe analizarse es si integran la infracción típica, prevista en los artículos 77.3.5.7.9 del Convenio Colectivo de aplicación.

Los hechos antes reseñados son manifiestamente claros en el sentido de que el actor conducía bajo la influencia de bebidas alcohólicas, como evidencia inequívocamente el que diese positivo en el test que le fue realizado al efecto, por lo que su conducta resulta perfectamente incardinable en el referido artículo 77.3.7 del Convenio Colectivo de la empresa demandada, el cual no exige ni la habitualidad en la conducta, ni que como consecuencia de la conducción bajo la influencia de sustancias tóxicas se haya producido una infracción de las normas de tráfico. Es simplemente el riesgo genérico que se crea con la conducción en dichas circunstancias la que el precepto convencional considera que debe calificarse como una falta muy grave.

La propia Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Real Decreto Legislativo 6/2015) viene a considerar la conducta de conducir con la mera presencia de drogas en el organismo como generadora de un riesgo muy importante para la circulación y, por ello, prohíbe expresa y taxativamente la conducción de cualquier vehículo con presencia de drogas en el organismo ( artículo 14.1 de dicha ley). Precisamente por ello, la propia ley prevé la inmovilización del vehículo en aquellos casos en que el conductor del mismo resulte positivo en el test de alcohol/drogas que se le realice, inmovilización que efectivamente se produjo en el presente caso, lo que obligó a la empresa a desplazar a otro trabajador para que se hiciese cargo del vehículo tras la superación del correspondiente test de alcohol/drogas.

En consecuencia, resultando incuestionado que el actor dio positivo en un test de alcoholemia que le fue practicado mientras conducía un camión propiedad de la empresa demandada, ello por sí mismo es constitutivo de la falta muy grave prevista en el artículo 77.3.7 del Convenio Colectivo de la empresa demandada, sin que se precise la producción de un concreto riesgo para la circulación, ni de un cuantificado daño para la empleadora, pues el mero resultado positivo en la prueba de drogas practicada es tipificable como falta muy grave y sancionable con el despido disciplinario.

QUINTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, contra la presente resolución cabe interponer recurso de suplicación.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación,