Sentencia Social 86/2023 Juzgado de lo Social de León nº 3, Rec. 625/2022 de 03 de mayo del 2023

PRIMERO.- Los documentos obrantes en los respectivos ramos de prueba de ambas partes, particularmente la comunicación de despido, convenio colectivo, expediente sancionador, escritos al ayuntamiento, denuncia ante la Inspección de Trabajo, así como la prueba testifical practicada, constituyen los medios de prueba que avalan el anterior relato de hechos probados, a los efectos previstos en el artículo 97.2 LJS.

SEGUNDO.- En el presente procedimiento se ejercita por la parte demandante, al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 y 55 ET, una acción dirigida a que se declare improcedente, el despido disciplinario que ha afectado al trabajador demandante, por una falta muy grave en el art. 60 del V Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de la Bañeza, fraude, deslealtad, abuso de confianza en relación con el art. 95.2.n del TREBEP, el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello de lugar a una situación de incompatibilidad, con fecha de efectos 21 de octubre de 2022.

La procedencia del despido requiere, una vez cumplidos los requisitos formales de validez exigidos en el art. 55.1 del Estatuto de los Trabajadores, que queden acreditados los hechos motivadores expresados en la resolución extintiva y que tales hechos sean suficientes e integradores de la causa típica, legalmente prevista, que fundamenta la decisión sancionadora unilateral del empresario.

Por lo tanto, es preciso la demostración de los hechos motivadores del despido, y con arreglo al art. 105.1 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social "corresponde a la empresa la carga de probar la veracidad de los hechos imputados en la carta de despido como justificativos del mismo", y tales hechos acreditados deben integrar una causa típica de despido, y con arreglo al art. 54 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores "el contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario, mediante despido basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador, y en el párrafo 2 establece que se considerarán incumplimientos contractuales, en el apartado b) "La indisciplina o desobediencia en el trabajo" y d) la transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo, y en igual sentido en los artículos 66.4 y 67.4 del convenio de aplicación.

TERCERO.- Para la validez del despido, la constancia y expresión, como requisitos de forma, además de la fecha de efectos, de los hechos motivadores de la decisión extintiva unilateral, que han de ser narrados de manera suficientemente explícita y precisa, que permita al despedido un conocimiento pleno y perfecto de los hechos que se le imputan y la articulación de una adecuada defensa.

En el presente caso el expediente disciplinario, se entiende como suficiente pues en el mismo se realiza una imputación concreta, narrada de forma bastante, permitiendo el conocimiento y la defensa del demandante, cumpliendo de forma suficiente los requisitos formales del artículo 55.1 del Estatuto de los Trabajadores sin que provoque la indefensión del trabajador.

Debemos analizar los motivos de fondo, que se concretan en la falta de certeza de los incumplimientos imputados.

CUARTO.- De los hechos probados de la presente resolución se desprende que Oscar, comenzó a prestar servicios para el Ayuntamiento de La Bañeza desde el día 22 de enero de 2020; con la categoría de "Oficial Enterrador", y realizando sus funciones dentro del Cementerio Municipal de La Bañeza, percibiendo un salario de 1.277,66 €/mes (en el año 2022 no ha percibido complemento de productividad).

Con fecha 29/04/22 se notificó al trabajador resolución del Sr. Alcalde de fecha 29 de abril de 2022, por la que se acuerda incoar el correspondiente expediente disciplinario y nombrar como instructor a D. F.P.

En la resolución citada, (documento 3 de la demanda) se informa que el expediente sancionador se incoa por la comisión, en sustancia, de los siguientes hechos: "(...) el trabajador ...solicita el pago por la realización de determinados servicios, al margen de la nómina mensual recibida.... De manera que, aprovechándose del ejercicio ordinario de su trabajo, realiza actividades por la que recibe un beneficio económico".

Con fecha 20 de septiembre de 2022 se notificó al trabajador la propuesta de resolución dictada por el instructor del expediente disciplinario.

En la propuesta el instructor propone como sanción: "suspensión de empleo y sueldo de un mes", (Doc. núm. 4 de la demanda). En virtud, del artículo 96 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se propone que la sanción impuesta sea en virtud del artículo 60 del V Convenio Colectivo para los empleados públicos en régimen laboral del Ayuntamiento de La Bañeza, el alcance de cada sanción se establecerá teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia, así como el grado de participación, como reconoce el TREBEP, dada la naturaleza de la falta se propone que la sanción impuesta sea: Suspensión de empleo y sueldo de un mes.

Finalmente, con fecha 21 de octubre de 2022, el Excmo. Ayuntamiento de La Bañeza notificó al trabajador la extinción de su contrato de trabajo con efectos del mismo día 21 de octubre, considerando que los hechos antes descritos constituyen una trasgresión de la buena fe contractual y un abuso de confianza en el desempeño de sus funciones, y ello en aplicación del art. 96. l.b) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), art. 54 ET y art. 60 del Convenio Colectivo de aplicación. (Documento 6 de la demanda).

Es cierto que el trabajador no ha solicitado y por ende no ha recibido autorización del Ayuntamiento para realizar actividades compatibles.

Si bien por parte del Ayuntamiento no ha resultado probado que las actividades descritas y llevadas a cabo por el actor en el cementerio municipal, estén dentro del ámbito de sus funciones, en tanto en cuanto, las mismas corresponden con actividades de albañilería en las que no interviene de modo alguno el Ayuntamiento, ni son servicios ofrecidos por este.

El Ayuntamiento no ha acreditado que exista ningún tipo de incompatibilidad entre las funciones del trabajador como oficial enterrador, y las actividades de albañilería, que el actor desempeña fuera de su horario de trabajo y usando para ello sus propios medios.

A su vez y con carácter previo al inicio del expediente disciplinario, el trabajador, en fecha 18/05/22 presentó escrito ante el Exmo. Ayuntamiento de La Bañeza, solicitando una reunión urgente con el fin de solucionar su irregular situación en cuanto a su jornada de trabajo.

Asimismo, dado que la demandada no atendía la petición del actor, éste, nuevamente, en fecha 03/06/22, presentó otro escrito reiterando la petición de una reunión.

Por su parte, y viendo que ninguna de las peticiones obtiene respuesta, en fecha 16/09/2022, se presenta denuncia ante la Inspección de Trabajo.

Igualmente, a finales de agosto de 2022, el trabajador presentó un escrito ante el Ayuntamiento de La Bañeza en el que solicita, al amparo de sus derechos de guarda legal, la confección de un calendario de trabajo en el que se especifique el régimen de horarios, así como la confección de un calendario para el disfrute de las vacaciones.

El 20/09/22, el trabajador recibe una notificación de la demandada, requiriendo a éste para que indique duración y distribución de su jomada. Requerimiento que es contestado por el actor, mediante sendos escritos fechados el 26/09/22 y 04/10/2022. (Doc. núm. 6, copia de las comunicaciones y notificaciones y Doc. núm. 7, copia de la denuncia presentada ante la Inspección de Trabajo).

QUINTO.- El Ayuntamiento basa su decisión"(...) el trabajador ...solicita el pago por la realización de determinados servicios, al margen de la nómina mensual recibida.... De manera que, aprovechándose del ejercicio ordinario de su trabajo, realiza actividades por la que recibe un beneficio económico; considerando que los hechos antes descritos constituyen una trasgresión de la buena fe contractual y un abuso de confianza en el desempeño de sus funciones, y ello en aplicación del art. 96. l.b) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), art. 54 ET y art. 60 del Convenio Colectivo de aplicación.

El art. 60 del V Convenio del Personal Laboral de La Bañeza, dispone: Serán faltas muy graves: 1º. - El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones encomendadas, así como cualquier conducta constitutiva de delito, cometido en relación con el desarrollo de sus funciones. 2º. - La manifiesta insubordinación individual o colectiva.

C) Por faltas muy graves: - Suspensión de empleo y sueldo de un mes a tres meses. - Inhabilitación para el ascenso por período de dos a seis años. - Traslado forzoso sin derecho a indemnización.- Despido.

Por su parte el art. 95, 2,n) del TREBEP: será falta muy grave, n) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad.

Y el art. 96 REBEP: 1. Por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes sanciones:

a) Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comportará la revocación de su nombramiento, y que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves.

b) Despido disciplinario del personal laboral, que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban.

c) Suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duración máxima de 6 años.

d) Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cada caso se establezca.

e) Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria.

f) Apercibimiento.

g) Cualquier otra que se establezca por ley.

3. El alcance de cada sanción se establecerá teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia, así como el grado de participación.

Poniendo en relación los hechos que se imputan al trabajador y la calificación como falta muy graves, hemos de señalar que a pesar de que el trabajador no ha solicitado y por ende no ha recibido autorización del Ayuntamiento para realizar actividades compatibles; no consta por parte del Ayuntamiento resolución de incompatibilidad alguna.

Y por otra parte del Ayuntamiento no ha resultado probado que las actividades descritas y llevadas a cabo por el actor en el cementerio municipal, estén dentro del ámbito de sus funciones, en tanto en cuanto, las mismas corresponden con actividades de albañilería en las que no interviene de modo alguno el Ayuntamiento, ni son servicios ofrecidos por este. Ni tampoco ha acreditado que exista ningún tipo de incompatibilidad entre las funciones del trabajador como oficial enterrador, y las actividades de albañilería, que el actor desempeña fuera de su horario de trabajo y usando para ello sus propios medios.

Es por ello, que no podemos calificar los hechos descritos en las faltas impuestas en tanto en cuanto no existe un fraude o deslealtad en las funciones encomendadas pues no consta bajada de rendimiento por parte del trabajador ni que los hechos descritos se realicen en tiempo y lugar de trabajo, sin que por otra parte esos servicios sean ofrecidos por el ayuntamiento. Y tampoco se han incumplido las normas sobre incompatibilidad en tanto en cuanto no consta que las mismas sean incompatibles.

Así las cosas, no ha resultado probado que el trabajador de forma deliberada e incumplidora ejerciera unas funciones incompatibles.

La conducta del trabajador, que se imputa, no es subsumible en ninguna de las faltas muy graves tipificadas en el ET, ni en el convenio de aplicación, ni en le TREBEP, es por ello, que entendemos que la conducta del actor no supone una conducta grave y culpable, que justifique la sanción impuesta de despido disciplinario, debiendo ser declarado como improcedente.

SEXTO.- La declaración de improcedencia del despido conlleva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, que la empresa demandada, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, deberá optar entre la readmisión del trabajador , con abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido (21 de octubre de 2022), o el abono de una indemnización equivalente a 33 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos inferiores a un año, hasta un máximo de 24 mensualidades.

El abono de la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo.

En el supuesto de no optar el empresario por la readmisión o la indemnización, se entiende que procede la primera. De conformidad con el artículo 110.3 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social la opción deberá ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante la Secretaría del Juzgado de lo social, dentro del plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, sin esperar a la firmeza de la misma.

En consecuencia, la indemnización que correspondería percibir al trabajador, s.e.u.o, ascendería a tres mil ochocientos once euros con noventa y ocho céntimso (3.811,98).

SÉPTIMO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, contra la presente resolución cabe interponer recurso de suplicación.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación,